Juana Lorena Márquez Luevano

Expediente 203/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
203/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
18/04/2017

Partes del expediente

  • Juana Lorena Márquez Luevano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.....EN VIRTUD QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, SE DETERMINA QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN....UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE ESTE AUTO, ESTE EXPEDIENTE ESTARÁ EN APTITUD DE DESTRUIRSE........ VISTO, EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE A LA FECHA NO SE INTERPUSO RECURSO DE REVISION, EN CONTRA DE DIVERSO PROVEIDO, EN EL CUAL SE TUVO POR NO INTERPUESTA DEMANDA DE GARANTIAS EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE DICHO PROVEIDO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LO EFECTOS LEGALES PROCEDENTES............

  2. Principal

    A las nueve horas del cuatro de abril de dos mil diecisiete, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo dictado(s) en catorce y diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, a la parte quejosa, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación de los referidos acuerdos, mismos que en lo conducente dicen: Vista, la demanda de amparo promovida por la quejosa, contra actos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Especial Cincuenta y Nueve de Tijuana, Baja California y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de juzgado que corresponda bajo el número 203/2017. Ahora bien, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa; asimismo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente reclama de la autoridad antes mencionada, lo siguiente: "Ciudad. IV. ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable ordenadora, reclamo la orden dada a la ejecutora para que me cause molestias en mi persona, y derechos, consistentes las molestias en la falta de RESOLUCIÓN DEFINITIVA y atención al contenido del escrito dirigido a la H. JUNTA FEDERAL DE Conciliación y ARBITRAJE DE LA ESPECIAL No. 59 DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, suscrito por mi, en el Expediente No. 1363/2013, de fecha 19 DE AGOSTO DE 2016. (OBRANTE A FOJAS 205, 206, 207)." En virtud del análisis realizado a la demanda de cuenta, y a fin de estar en aptitud de establecer el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, se procede a precisar los actos reclamados: 1.- La omisión de la autoridad responsable de dictar resolución definitiva dentro del juicio laboral 1363/2013 . Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso aduce, que el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en lo que interesa, se concluyó el procedimiento del juicio laboral. Por otra parte, la demanda de garantías de cuenta, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales, el trece de febrero de dos mil diecisiete, esto es cinco meses veinticinco días naturales posteriores a la mencionada diligencia. En las relatadas condiciones, es menester destacar que el artículo 107 de la Carta Magna, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Por su parte, el diverso numeral 107, de la Ley de Amparo, en su fracción V, clarifica cuáles son los actos de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de amparo: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Bajo ese contexto, para ponderar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. Sobre el asunto que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 377/2013, determinó que conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparable únicamente lo son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales, sin posibilidad de considerar dentro de ese concepto actos meramente formales o adjetivos. Lo anterior se desprende de las siguientes consideraciones, que se transcriben en lo conducente: "[.] De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de 'imposible reparación', dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. [Se transcribe.]. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios [.].". De la anterior determinación, derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 7, junio 2014, tomo I, página 39, con número de registro 2006589, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." El promovente se duele de la omisión de la autoridad responsable de emitir la resolución definitiva en el expediente laboral número 1363/2013, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no obstante refiere, ya transcurrieron los plazos contemplados para tal efecto, puesto que el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, la responsable en lo que aquí interesa, cerró la instrucción en el juicio laboral, sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, lo hubiera dictado, no obstante la solicitud del promovente en ese sentido. Por lo anterior, se advierte que ésta no queda comprendida dentro de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no tratarse de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, por lo que no afecta de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte promovente, ya que se trata de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, y aun cuando alega violaciones al artículo 17 constitucional, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma como lo pretende alegar el quejoso argumentando que en el caso se viola el artículo octavo de la constitución federal, sino contario a ello la violación procesal deriva dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general no es procedente el juicio de amparo. Por tanto, se tiene que el juicio de amparo promovido deviene improcedente, al no considerarse tal circunstancia como una violación que cause perjuicios irreparables a la parte quejosa, entendida como aquélla que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que no se trata de una violación de carácter autónomo que produzca afectación a sus derechos sustantivos de forma directa, ya que se da dentro de un procedimiento en el que el aquí promovente es parte. En virtud de lo anterior, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Sin que se concreten los casos de excepción para acudir al juicio de garantías en la vía indirecta consistentes en: a) la existencia de una abierta dilación del procedimiento; o b) la paralización total del mismo. Es así, porque si bien transcurrirá un término mayor al previsto en la ley obrera relativa para el dictado de la resolución definitiva, el lapso de cinco meses veinticinco días naturales no constituye una amplia demora en la prosecución del juicio o su paralización total, por lo siguiente: Porque dentro de ese periodo, la junta responsable disfrutó de su periodo vacacional del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, de conformidad con el boletín 221 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, publicado el quince de diciembre pasado en la página de internet de la referida junta, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También se encuentran los días veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis y uno de enero de dos mil diecisiete, que resultaron inhábiles, de conformidad con lo establecido por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Además, se toma en cuenta el cúmulo de asuntos de los que conoce la junta especial responsable, que es elevado, lo cual es un hecho notorio para quien aquí resuelve, por los juicios de amparo que se han tramitado ante este órgano de control constitucional. Circunstancias que evidencian que el transcurso de cinco meses veinticinco días naturales posteriores a la declaración del cierre de instrucción y turno de las constancias para la elaboración del proyecto del laudo, sin que se haya emitido la resolución definitiva no constituye una interrupción general del procedimiento de origen, máxime que no se advierte que con ello la petición del quejoso en ese sentido se haya negado a emitirlo con el propósito de paralizar el procedimiento de forma total o demorarlo injustificadamente. No pasa desapercibido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la tesis de antecedentes, expresamente indicó que la omisión de dictar laudo no formó parte de la citada contradicción. Lo que implica que no fue considerada explícitamente, pero no lleva a determinar que ese supuesto fue excluido de la regla general de improcedencia del juicio de amparo indirecto, ya que no es incompatible por ella, por el contrario no se ajusta a los casos de excepción que estrictamente se puntualizaron, por no tratarse de un acto de imposible reparación. Además, es importante precisar que no resulta aplicable en el caso concreto la jurisprudencia número 8/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LAUDO. OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO". Ello porque aun cuando se refiere específicamente a la omisión del dictado del laudo, acto reclamado en el amparo indirecto del cual deriva el presente asunto, debe decirse que se emitió conforme a lo que debía considerarse como "acto de imposible reparación" en términos de lo que establecía el artículo 114, fracción IV, de la anterior Ley de Amparo, criterio que se reformó a partir de la publicación de la actual y que ha sido interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 37/2014 de rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", en el sentido de que para ser calificado como irreparable un acto, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Además, la jurisprudencia 8/2004 referida, no puede aplicarse actualmente, sin analizar previamente si existe una abierta dilación del procedimiento laboral o su paralización TOTAL, en términos de la diversa jurisprudencia 48/2016 de la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes invocada. En efecto, mientras en la jurisprudencia 8/2004, se consideró que procedía el juicio de amparo contra la omisión del dictado del laudo, una vez transcurridos los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para tal efecto, al constituir una paralización del procedimiento, que conforme a los criterios establecidos en esa época por el Alto Tribunal de la Nación, era considerado un acto de imposible reparación; sin embargo, actualmente bajo los criterios fijados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 37/2014 y la propia Segunda Sala en la diversa jurisprudencia 48/2016, por regla general, las afectaciones relacionadas con omisiones o dilaciones cometidas dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando se aleguen violaciones, entre ellas al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, al no tratarse de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, resultando por ello, improcedente el amparo que se interponga contra ese tipo de actos, a menos que se advierta la existencia de una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo. Excepciones que como se destacó anteriormente, no se actualizaron en el caso concreto, de ahí que resulte desechar la demanda de amparo, por notoriamente improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario. Vista; agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar a la parte quejosa el auto de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dado que señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle F y Avenida Carpinteros, número 1380-A de la Colonia Industrial en Mexicali, Baja California. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27 fracción III de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al juez de Distrito en el Estado de Baja California en turno, con residencia en Mexicali, para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene a quien corresponda realice lo siguiente:  Se constituya en el domicilio ubicado en Calle F y Avenida Carpinteros, número 1380-A de la Colonia Industrial en Mexicali, Baja California y notifique personalmente, el auto de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictado por este juzgado a la parte quejosa.  La prevenga para que dentro del término de tres días, señale domicilio en esta ciudad de Tijuana, Baja California, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, se le practicarán por medio de lista, en los términos del artículo 26 fracción III de la ley de la materia. Solicitando que tan pronto sea diligenciado el exhorto ordenado lo devuelva en conjunto con las actuaciones practicadas; asimismo, se faculta al juez exhortado para que emita todos los proveídos necesarios, habilitando desde este momento días y horas inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de La ley de amparo.

  3. Principal

    SE ORDENA AGREGAR A LOS PRESENTES AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO QUE REMITE JUZGADO SEXTO DE DISTRITO, EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA, Y ATENTO A SU CONTENIDO SE LE TIENE ACUSANDO RECIBO DE EXHORTO 31/2017.

  4. Principal

    sE AGREGA CONSTANCIA ACTUARIAL DE RATIFICACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL.. SE LE VA VISTA A LAS PARTES

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