Juana Lilia Ramirez Ordoñez
Expediente 457/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juana Lilia Ramirez Ordoñez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente del amparo interpusiera recurso de queja contra el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el siete de junio de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, se dejan a disposición de la parte promovente, los documentos que anexó a su escrito de demanda, para que acuda por ellos; con el apercibimiento que, de no hacerlo en el término de noventa días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, seguirán la suerte del presente expediente, al ya obrar agregados, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora, debido a las medidas preventivas en relación a la materia de salubridad general para combatir el virus SARS-CoV2 (COVID-19), determinadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020, 8/2020, 13/2020 y 18/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron diversos lineamientos para las actuaciones judiciales, para así expedirse una impartición de justicia pronta y expedita en los juicios tramitados durante el periodo de suspensión de acuerdo al catálogo de tipo de asuntos a tramitarse que se fue ampliando, así como los juicios promovidos en línea. En el Acuerdo General 21/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, se determinó la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por dicho virus, abandonando las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda los plazos y términos procesales, y reactiva la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. En ese orden, para efectos de recibir los documentos que anexó a su escrito de demanda, el quejoso o sus autorizados, deberán ajustarse a los lineamientos establecidos este último acuerdo general, por lo que para acudir a este Juzgado de Distrito, deberán entrar al micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas, disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan a este juzgado, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Notifíquese personalmente a la promovente, y háganse las anotaciones correspondientes....
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 07-06-2022, POR NO ATENDER AL AVISO DE 08-06-2022: .. Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente del amparo interpusiera recurso de queja contra el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el siete de junio de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, se dejan a disposición de la parte promovente, los documentos que anexó a su escrito de demanda, para que acuda por ellos; con el apercibimiento que, de no hacerlo en el término de noventa días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, seguirán la suerte del presente expediente, al ya obrar agregados, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora, debido a las medidas preventivas en relación a la materia de salubridad general para combatir el virus SARS-CoV2 (COVID-19), determinadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020, 8/2020, 13/2020 y 18/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron diversos lineamientos para las actuaciones judiciales, para así expedirse una impartición de justicia pronta y expedita en los juicios tramitados durante el periodo de suspensión de acuerdo al catálogo de tipo de asuntos a tramitarse que se fue ampliando, así como los juicios promovidos en línea. En el Acuerdo General 21/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, se determinó la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por dicho virus, abandonando las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda los plazos y términos procesales, y reactiva la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. En ese orden, para efectos de recibir los documentos que anexó a su escrito de demanda, el quejoso o sus autorizados, deberán ajustarse a los lineamientos establecidos este último acuerdo general, por lo que para acudir a este Juzgado de Distrito, deberán entrar al micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas, disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan a este juzgado, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Notifíquese personalmente a la promovente, y háganse las anotaciones correspondientes....
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Boca del Río, Veracruz, veinte de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de demanda presentada por Juana Lilia Ramírez Ordoñez, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 457/2022-I que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone. En principio resulta conveniente destacar que el motivo de reclamo por el que la parte quejosa acude a esta vía constitucional, es el siguiente: "ACTO RECLAMADO: El oficio signado con fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, relativo al ajuste de facturación número 7029/2021, número de orden J0605097920, expedido por la ciudadana licenciada Mónica García Rojas Agente Comercial Responsable del Centro de Atención a Clientes del Departamento Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, Administrador de Servicios Básicos de la Zona Comercial de Veracruz, con domicilio ampliamente conocido en la Avenida Prolongación Díaz Mirón número 4835, colonia Las Antillas de la ciudad de Veracruz, donde se pretende cobrarme de manera más indebida la cantidad de $60,086.91 (sesenta mil ochenta y seis pesos 91/100 moneda nacional. Asimismo, solicita la suspensión del acto reclamado para que no le sea cortado el servicio de suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en la casa marcada con el número 607, ubicada en la calle 5 y 6 de Julio de la Colonia Zaragoza, en Veracruz, Veracruz. Así, la hipótesis de improcedencia que se considera actualizada está prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando así se disponga en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, Plenos de Circuito, así como Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora bien, la razón de ser de la causa de improcedencia anunciada se encuentra ilustrada en las jurisprudencias 2a./J.2/2019, 2a./J.30/2018 y 2a./J.156/2017, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, Décima Época, los viernes ocho de febrero de dos mil diecinueve, veinte de abril de dos mil dieciocho y doce de enero de dos mil dieciocho, con registros 2019230, 2016656 y 2015944, que dicen: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Así, es oportuno precisar el marco normativo aplicable para el caso concreto, para lo cual es destacable la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, a los artículos 25, párrafos primero, quinto y penúltimo, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, los cuales establecen: "Artículo 25. [.] Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. [.] La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución." "Artículo 27. [.] En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica." "Artículo 28. [.] No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia." De esos preceptos fundamentales se obtiene que la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones; sin embargo, podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. La reforma fue reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así como en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, donde se fijaron la naturaleza de los actos que emita o resulten imputables a la Comisión Federal de Electricidad, en el contexto mercantil, de la forma siguiente: Ley de la Industria Eléctrica "Artículo 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal." "Artículo 7. Las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades." Ley de la Comisión Federal de Electricidad "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios." "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable." "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte." De la interpretación sistemática de las normas transcritas, se constata que el legislador dispuso expresamente que el Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el Centro Nacional de Control de Energía, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En ese orden, la regla general implica que las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, compuesto por la red nacional de transmisión, redes generales de distribución, centrales eléctricas que entreguen energía eléctrica a las anteriores y equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía, adquieren la naturaleza de administrativos. Sin embargo, también se dispuso como excepción que en lo no previsto por la Ley de la Industria Eléctrica, es decir, los actos diversos a las actividades enumeradas con anterioridad, deben considerarse mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil Federal. De ese modo, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad prevé que a los actos que emita les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, los conflictos nacionales en que participe la Comisión, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos derivados de un procedimiento administrativo, se resolverán en vía mercantil o civil por los tribunales de la Federación, o bien, a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Concretamente, los conflictos en los que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad, por determinación del legislador, tienen naturaleza mercantil; en efecto, en el contrato de suministro de energía eléctrica dicha empresa productiva del Estado y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, de ahí que la relación jurídica existente entre las partes corresponde a la de una relación de comercial y de correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. Luego, tratándose de relaciones contractuales es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, pues los contratos, por regla general, se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad. En ese sentido, del contenido de la ejecutoria que originó la invocada jurisprudencia 2a./J.156/2017, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que contra los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica procede la vía ordinaria mercantil. Lo sostuvo así, al exponer que de la interpretación armónica de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, tal como lo sustentó la propia Sala al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014, del cual derivó la tesis 2a.XLII/2015 (10a), registro 2009410, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." En consecuencia, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como el Código de Comercio, el acto reclamado en la demanda de amparo deriva de una relación contractual entre el usuario (promovente) y la empresa productiva del Estado, es decir, dichos actos tienen origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial; por lo tanto, tales controversias derivadas de los derechos y obligaciones generadas con motivo y en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica, no son susceptibles de control constitucional, sino que deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Por consiguiente, si el acto reclamado deriva del contrato de suministro de energía eléctrica pactado entre el promovente con la Comisión Federal de Electricidad, entonces resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio. Se dice lo anterior, pues del propio escrito de demanda de derechos fundamentales, se advierte que la promovente aduce, bajo protesta de decir verdad, que la responsable Agente Comercial Responsable del Centro de Atención a Clientes del Departamento Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, Administrador de Servicios Básicos de la Zona Comercial de Veracruz, expidió el oficio de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, relativo al ajuste de facturación número 7029/2021, número de orden J0605097920, donde se le pretende cobrar la cantidad de $60,086.91 (sesenta mil ochenta y seis pesos 91/100 moneda nacional), por el adeudo que refleja la promovente en el domicilio ubicado en la casa marcada con el número 607, ubicada en la calle 5 y 6 de Julio de la Colonia Zaragoza, en Veracruz, Veracruz, como se advierte en el recibo de luz que anexa a su escrito de demanda, indicándole la citada autoridad que si no regulariza su pago en el término de tres días contados a partir de la notificación que le efectuaron, le suspenderán el servicio que deriva del contrato de suministro de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, anexando a su demanda el número el oficio de ajuste a la facturación ya indicado, del que se advierte le realizaron el ajuste al consumo de energía eléctrica facturada dentro del periodo comprendido del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete al diecinueve de octubre de dos mil veintiuno; lo anterior de conformidad con la cláusula novena del contrato con el que cuenta la promovente y dicha paraestatal. Cabe precisar que la posibilidad de que se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros. De lo anterior se tiene que el planteamiento reclamado guarda estrecha relación con la existencia de un contrato de suministro de energía eléctrica, toda vez que la promovente indica que es en su domicilio donde se realiza el ajuste de facturación de energía eléctrica, como se corrobora con la copia de su credencial de elector donde se aprecia la dirección de su domicilio y el recibo de luz que anexa al escrito de cuenta y según su dicho de que ha pagado la energía eléctrica con la regularidad, contrato que si bien debe estimarse como contrato de adhesión, no por ello se está en un plano de supra a subordinación, dado que no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que el contenido del referido contrato es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad; en ese tenor, se está en presencia de un contrato de coordinación. Así, Comisión Federal de Electricidad carece de la calidad de autoridad en el acto aquí señalado como reclamado, pues, lo pretendido es la revisión del sistema de medición e instalación eléctrica, así como la revisión física, lo que evidentemente constituye el ejercicio de la relación de coordinación entre la empresa productiva y el usuario del servicio y no un acto de imperio derivado de una relación de supra subordinación. En tal razón, al quedar establecido que el acto que se pretende combatir por esta vía constitucional, emana del contrato de suministro de energía eléctrica, el juicio de amparo deviene improcedente, por disposición de jurisprudencia obligatoria para quien esto resuelve, actualizándose la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la ley de la materia. Por lo expuesto anteriormente y, como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de esa la legislación, se desecha de plano de la demanda de amparo planteada. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala en el proemio de su demanda, asimismo, como autorizados para oír y recibir notificaciones a Demetrio García González y Jesús H. Espino Martínez, por haberlo solicitado así la promovente en el escrito de cuenta. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirva proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda el oficio signado por la Jefa de la Unidad Jurídica de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; sin embargo, no se emite mayor pronunciamiento, en virtud de que, acorde con lo asentado en la certificación secretarial que antecede, en proveído de veinte de mayo del año en curso, se tuvo por recibido dicho oficio vía telegráfica y se acordó lo conducente respecto de su contenido. Notifíquese.
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