Juana Leonarda Martínez Pech
Expediente 943/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Juana Leonarda Martínez Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese el oficio con anexo, mediante el cual, rinde su informe justificado, la autoridad responsable siguiente: N° AUTORIDAD SENTIDO 1 Juez de instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de esta ciudad. Oficio de referencia: 27523/2023 Acepta En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y anexo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia respectiva. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba las documentales que anexa al comunicado de cuenta [consistentes en copia certificada de las constancias relativas al juicio oral de divorcio unilateral 529/2023], sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta para ser tomadas en consideración y ser valoradas conforme a derecho en la audiencia constitucional correspondiente. Ahora, dado el considerable volumen de las constancias que acompaña la referida autoridad responsable a su oficio, las cuales dificultan el manejo del presente expediente principal, se ordena formar el anexo de pruebas correspondiente. De igual forma. se advierte que en el presente expediente se encuentran involucrados derechos de un adolescente y que la fracción III, del artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en relación con los diversos 121 y 122, Título Quinto, Capitulo Segundo del citado ordenamiento, prevé que las autoridades federales, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, cuando menos a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados en términos de lo dispuesto en el Título Quinto, Capítulo Segundo, de la presente Ley. Ahora, el artículo 121 del citado ordenamiento establece que para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduría de Protección; en la inteligencia que dicha procuraduría, entre otras, deberá prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales. De ahí que proceda la representación procesal del procurador el adolescente, pues ello daría a éste un mayor beneficio, sobre todo en asuntos en donde se requiere la especialización en menores de edad, lo que exige la representación oficial para asegurar los derechos fundamentales del adolescente involucrado. Máxime que al contar con una idónea representación en el juicio de amparo, podrá verse beneficiado con el litigio de un experto en la materia de derechos de la infancia, quien podrá aportar pruebas, formular alegatos e interponer los recursos respectivos, lo que llevará a una total defensa de sus intereses. Por tanto, gírese atento oficio al delegado y/o titular de la Procuraduría de Protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con sede en esta ciudad, con copia de la demanda, con la finalidad de establecer que el adolescente involucrado cuenten con un representante especializado en derecho que la represente en el juicio constitucional, a efecto de hacer efectiva su tutela y que se provea un patrocinio judicial adecuado para él, quien con dicho carácter [que previamente se justifique] quedará autorizado desde el momento de su designación, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para intervenir en el presente juicio constitucional en representación del adolescente involucrado. Es aplicable la tesis II.3o.P.5 K (10a.), de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y CONFLICTO DE INTERESES. PRINCIPIO-NORMA QUE DEBE OBSERVARSE AL DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE MENORES QUE PARTICIPAN DENTRO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE PUEDA AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el "interés superior del niño" implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben considerarse como criterios rectores para la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Luego, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, se logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de los elementos necesarios para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que es fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia, evitando un conflicto de intereses. Circunstancia que ocurre cuando, por ejemplo, uno de los progenitores de un menor que es parte en un procedimiento penal denuncia el hecho que lo origina, mientras que el otro, solicita la representación del infante siendo este último, familiar del inculpado, evidenciándose que quien pretende ostentar la representación del menor, reviste un doble carácter -progenitor del representado y familiar del acusado-, suponiendo un actuar tendencioso. Así, cuando un menor sea parte dentro de un juicio, es necesario que sea debidamente representado; en ese sentido, de acuerdo con la legislación civil, los progenitores, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores de edad son sus legítimos representantes; empero, si la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, se evidencia un conflicto de intereses, entendido como aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones, tiendan a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal; es decir, cuando en vez de cumplir con lo debido, guíen sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Por lo que, el principio de "interés superior del niño", concatenado con el "conflicto de intereses", al tener reconocimiento internacional universal, adquiere la condición de principio-norma a nivel del ordenamiento jurídico interno del país; considerado eje rector en materia de niños y adolescentes ostentando la categoría de un principio general de derecho, lo que le otorga una importancia legal y fáctica, justificando su aplicabilidad y validez en la resolución de controversias. Por tanto, uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica, atento a la protección de su interés superior, es designar a una persona que los represente, siempre que ello no genere un conflicto de intereses, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del menor en la litis planteada." Sin que obste la circunstancia de que en este asunto se designó asesor jurídico por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Cancún Quintana Roo, que representara los intereses del adolescente involucrado; porque la representación procesal del procurador sobre él, pues eso daría un mayor beneficio, sobre todo en asuntos en donde se requiere la especialización en menores de edad, además que de contar con una idónea representación en el juicio de amparo, podrá verse beneficiado con el litigio de un experto en la materia de derechos de la infancia. Pues se destaca, que la representación coadyuvante que debe ejercerse por profesionales con conocimiento del amplio espectro de derechos fundamentales de los menores de edad en sus contenidos y alcances, conforme al entendimiento constitucional y convencional; exige ser especializada en infancia, esto es, conforme a su interés superior al margen de cualquier otro derecho. Además, porque la fracción III, del artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, constriñe a las autoridades federales, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional en los que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes, actuar conforme a lo antes determinado. Finalmente, con fundamento en el artículo 117 mencionado, dese vista al aludido tercero interesado con el contenido del informe justificado y anexos que hoy se proveen, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por oficio al delegado y/o titular de la Procuraduría de Protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con sede en esta ciudad y por lista electrónica a las demás partes.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha en que se actúa no se encuentra debidamente integrado el presente juicio constitucional, en virtud de que transcurre el término de quince días contenido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a la autoridad señalada como responsable juez de Instrucción Familiar y Civil Oral de Primera Instancia de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad para que rinda su informe justificado, toda vez que fue notificada el seis de noviembre del año en curso, como se advierte de la constancia de notificación correspondiente que obra en autos. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva fecha y hora para su desahogo las once horas con diez minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
- Incidental
R E S U E L V E ÚNICO Se concede a la parte quejosa *********** y el adolecente O.L.V.M., la suspensión definitiva solicitada, respecto de los actos que reclama del juez de Instrucción Familiar y Civil Oral de Primera Instancia de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, de acuerdo a lo expuesto en el considerando cuarto apartado quinto de esta resolución. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades señaladas como responsables.
- Incidental
I- Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual, rinde su informe previo la autoridad responsable siguiente: N° AUTORIDAD SENTIDO OFICIO DE REFERENCIA 1 Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal. Acepta 4568/2023 En consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista con su contenido y anexo a las partes para los efectos legales conducentes. Por tanto, con fundamento en el artículo 143, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida y admitida la documental que exhibe la autoridad oficiante, misma que se tomará en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta al momento de celebrarse la audiencia incidental correspondiente. Notifíquese por lista a las partes.
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