Juana Lazcano López
Expediente 1230/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1230/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Juana Lazcano López
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento que se actúa, en términos del numeral 2, de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es improcedente, lo que conduce a desecharla de plano. Ello en atención a que el artículo ***, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por lo que, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la interpretación del numeral transcrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, puesto que se entiende que un acto es consentido tácitamente por la parte quejosa cuando no promueve dentro del plazo establecido. En ese contexto, el artículo ***transcrito prevé que, por regla general, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, con las únicas excepciones allí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo ***, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, el término para promover la demanda de amparo se contará de la siguiente manera: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción ***, relativo a las normas de carácter heteroaplicativo. Entonces, de no instaurarse el juicio de amparo dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por consiguiente, que se surte la causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el presente juicio de amparo es de quince días, en cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo ***, debido a que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo ***, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, así también, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo ***. En esa tesitura, se advierte que en el presente juicio la quejosa reclama el emplazamiento al juicio ejecutivo hipotecario ***, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, promovido por ***; no obstante, la quejosa ***, tuvo conocimiento del acto reclamado desde el año dos mil dieciocho. Lo anterior, toda vez que del diverso juicio de amparo indirecto ***, del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la aquí quejosa presentó demanda de amparo en contra del remate de treinta de agosto de dos mil dieciocho llevado a cabo dentro del expediente ***, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala. Además, de la documental que acompañó a su escrito de demanda en dicho juicio de amparo, se advierte que la quejosa promovió ante la autoridad que señala como responsable, incidente de nulidad de actuaciones con suspensión del procedimiento, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho; es decir, para el momento en que fue interpuesta la demanda de amparo registrada con el número de juicio de amparo ***, la hoy quejosa tenía conocimiento pleno del acto que ahora reclama, consistente en la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo hipotecario ***, del índice de la autoridad responsable. Asimismo, en los antecedentes bajo protesta de decir verdad, plasmados por la quejosa en el escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo indirecto ***, referido en el párrafo que antecede, se advierte que esta tenía pleno conocimiento de la existencia del juicio ejecutivo hipotecario promovido por *** contra diversas personas, entre ellas la impetrante del presente juicio y, para tal efecto, manifestó que la data en que se enteró del mismo fue el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. En este orden de ideas, es evidente que la quejosa tuvo conocimiento del juicio de origen, desde la data referida; por tanto, contaba desde ese momento con quince días para promover la demanda que nos ocupa, sin que lo haya hecho dentro de dicho plazo, pues es a partir de ese momento en que tuvo conocimiento de la tramitación del juicio cuyo emplazamiento pretende combatir en este sumario constitucional. En efecto, el plazo previsto en el artículo ***, transcurrió del treinta y uno de agosto al veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, de ahí que resulta evidente que la presentación de la demanda que nos ocupa, se realizó fuera del término de quince días que al efecto prevé el transcrito artículo ***, ya que se hizo el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, según se desprende del sello de recepción inserto en la parte superior de la primera foja de la demanda del juicio de amparo, por lo que es inconcuso que transcurrió en exceso dicho plazo. Ante tal circunstancia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia citada, SE DESECHA DE PLANO la demanda constitucional promovida por ***, por propio derecho, respecto de los actos reclamados. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Se tiene por autorizadas en términos restringidos a ***, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; así como a las demás personas que menciona en su escrito de demanda, por así solicitarlo expresamente. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
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