Juana Ivonne Balderas Cruz
Expediente 1189/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juana Ivonne Balderas Cruz
Actuaciones
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Aurora Cruz Cruz, en representación de 1) Juana Ivonne Balderas Cruz, 2) Juan Guillermo Cisneros Balderas,3) Ángel Eduardo Cisneros Balderas, 4) Miguel Ángel Cepeda Salgado y 5) Michelle Cepeda Salgado, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refieren. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1189/2020-I. Previo a acordar la demanda, se precisa que toda vez que fue presentada a través del portal de servicios en línea del poder judicial de la federación, sin embargo no obra la firma electrónica de la promovente, pero tomando en consideración la naturaleza del acto y que se trata de ataques a la libertad, que podrían poner en riesgo latente a la quejosa, se estima necesario hacer una interpretación de los artículos 109 y 15 de la ley de amparo, para proceder a su admisión Tales disposiciones normativas establecen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: I. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica." De su contenido se obtiene que el juicio de amparo puede ser promovido por cualquier persona, en nombre de otro, aunque sea menor de edad, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Para ello, bastará que se cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 109 de la propia ley, que en su fracción IV, exime del cumplimiento el requisito de la firma electrónica, FIREL, (equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia, entre otros, de los Juzgados de Distrito), en tratándose de los casos en que la demanda de amparo sea promovida por este medio. Por tanto, el requisito consistente en la firma electrónica es innecesario cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida, como en el caso, en que el promovente acude al amparo en nombre de diversa persona, reclamando entre otros, la incomunicación, lo que realizó vía electrónica. Sirve de apoyo, la jurisprudencia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, Tomo I, Abril de 2019, página 79, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." III. Precisión. Del contenido de la demanda, se desprende que los actos que se reclaman respecto de Juana Ivonne Balderas Cruz y Juan Guillermo Cisneros Balderas son los siguientes: La incomunicación. Detención fuera de procedimiento judicial. ) Desaparición forzada de personas. Respecto de Ángel Eduardo Cisneros Balderas, Miguel Ángel Cepeda Salgado y Michelle Cepeda Salgado, son los siguientes; a) Desaparición forzada de personas. IV. Hecho notorio. Ahora bien, es menester señalar, como hecho notorio, la existencia del juicio de amparo 1188/2020-VII, del índice de este juzgado, recibido en la misma fecha, promovido por Aurora Cruz Cruz, a nombre y representación de 1) Juana Ivonne Balderas Cruz, 2) Juan Guillermo Cisneros Balderas,3) Ángel Eduardo Cisneros Balderas, 4) Miguel Ángel Cepeda Salgado y 5) Michelle Cepeda Salgado, en el que se aprecia del escrito de demanda que la promovente es madre de la primera y abuela de los demás directos quejosos. Del contenido de la demanda, se desprende que los actos que se reclaman respecto de Juana Ivonne Balderas Cruz y Juan Guillermo Cisneros Balderas son los siguientes: La incomunicación. Detención fuera de procedimiento judicial. ) Desaparición forzada de personas. Respecto de Ángel Eduardo Cisneros Balderas, Miguel Ángel Cepeda Salgado y Michelle Cepeda Salgado, son los siguientes; a) Desaparición forzada de personas. Lo anterior, se invoca como hecho notorio la existencia del juicio de amparo 1188/2020-VII, del índice de este juzgado, recibido en la misma fecha, promovido por Aurora Cruz Cruz, en representación de 1) Juana Ivonne Balderas Cruz, 2) Juan Guillermo Cisneros Balderas,3) Ángel Eduardo Cisneros Balderas, 4) Miguel Ángel Cepeda Salgado y 5) Michelle Cepeda Salgado, en el que se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO, de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, detención fuera de procedimiento judicial y desaparición forzada de personas. Lo anterior, toda vez que no pasa inadvertido la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2017844 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 25/2018 (10a.) Página: 827 SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido." Sin embargo, la misma no es aplicable al caso que nos ocupa, toda vez que como ya se dijo, se encuentra el diverso juicio de amparo 1188/2020-VII, promovido por la misma ocursante y por los mismos quejosos y mismos actos, en dicho juicio de amparo, se concedió la suspensión de plano. V. Prevención. Continuando con el análisis de la demanda, se advierte que la promovente promovió el diverso juicio de amparo 1188/2020-VII, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la promovente, para que bajo protesta de decir verdad, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído: a) Aclare qué acto distinto de los señalados como actos reclamados en el juicio de amparo 1188/2020-VII, se duele en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, la tesis XX.57 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de 1996, página 871, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En el entendido que conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de la ley de la materia, la parte quejosa deberá exhibir las copias de su escrito con el que cumpla con la presente prevención, para distribuirlas de la siguiente manera: una para la responsable, dos para el incidente de suspensión que solicita y una para el agente del Ministerio Público de la adscripción. Tiene aplicación, la jurisprudencia P./J. 36/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 79, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibida que de no desahogar los requisitos expuestos, se acordará lo procedente atendiendo lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda respecto de los actos que fueron motivo de prevención. VII. Domicilio procesal y autorizados. Se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que notifique el presente proveído a la promovente en el domicilio ubicado en calle, Sauce, casa cuatrocientos tres (403), colonia Geovillas de Santa Bárbara, municipio de Ixtapaluca, Estado de México. VIII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. IX. Se exhorta para tramitación de juicio de línea. Atendiendo al contenido del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en cuanto a que debe buscarse que los juicios en línea puedan seguirse de manera remota de forma que no sea de manera que no sea necesaria la presencia física del personal para la práctica de actuaciones; se exhorta a la parte promovente para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, soliciten la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la práctica de notificaciones consulta de expediente electrónico y presentación de promociones y escritos. Asimismo se insta las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y números telefónicos, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Lo anterior, en el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. X. Copias y reproducción de constancias. a) Expedición de Copias. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento constitucional, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b) Reproducción electrónica de las constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". XI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. XII. Compensación. Asimismo, al haberse recibido la demanda de amparo en guardia, requiérase a la JEFA DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, para que se sirva hacer la compensación que legalmente corresponda.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · 9,414 expedientes
- Juana Galicia Uribe553/2019
- Juana Garcia Yañez1355/2022
- Juana García Yañez384/2023
- Juana Hernández Leyva1061/2021
- Juana Hernández Leyva909/2021
- Juana Isabel Ramírez Rangel1056/2018
- Juana Ivonne Balderas Cruz1188/2020
- Juana Ivonne Balderas Cruz1190/2020
- Juana Jaramillo Palomar561/2023
- Juana Jiménez Soto148/2023
- Juana Leticia Gonzalez Godinez844/2023
- Juana Leticia Gonzalez Godinez655/2023