Juana Isela Hernández Díaz

Expediente 1504/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1504/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Juana Isela Hernández Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector; por lo cual, lo conducente, en el caso, es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda y el fallo relativo, mismos que deberán conservarse en términos del numeral vigésimo primero del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Incidental

    Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende se ordenó el archivo definitivo del citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Del mismo modo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, de conformidad con el considerando vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión. Sin que hubiere lugar a proveer respecto del duplicado del incidente de suspensión, toda vez que se determinó lo relativo en resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa. Certificación. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por las autoridades responsables, sin que lo hicieran; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración, en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "El Tesorero Municipal de Gómez Palacio, Durango, deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución instaurado contra la quejosa, desde la diligencia de emplazamiento hasta su última actuación; debiendo restituirle a la peticionaria de amparo la propiedad del inmueble ubicado en lote 16, finca número 204, manzana 27, Fraccionamiento Nuevo Castillo de Gómez Palacio, Durango. Efectos amparatorios los que abarcan dejar sin efecto la escritura pública nueve mil ciento dos, volumen ciento noventa y seis, realizada por el notario público número cuatro, licenciado Francisco Javier Morales Fernández, mediante la cual se procedió a formalizar la adjudicación del inmueble en comento a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores". Por auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria de la sentencia y se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por las autoridades responsables en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso las autoridades responsables cumplieron o no con la ejecutoria de amparo, deben analizarse en su integridad las determinaciones que constituyen la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hubieren sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Este juzgado federal estima que, en el caso, se cumplió con la ejecutoria de amparo, pues en primer lugar, la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, dejó insubsistente la notificación realizada al quejoso, la diligencia de requerimiento de pago y embargo, el acta de cumplimiento de mandamiento de ejecución derivado del crédito fiscal fincado al quejoso, así como todos los actos subsecuentes como fue el embargo, remate y adjudicación, realizados dentro del procedimiento administrativo de ejecución de origen, incluso realizó el cambio de nombre del propietario del inmueble afecto dentro del sistema de ingresos y catastro municipal. Documentales, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia. Por su parte, la diversa autoridad responsable Oficial del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, con residencia en Gómez Palacio, remitió las constancias que acreditan el asiento registral de la cancelación de las anotaciones realizadas al bien inmueble de referencia, así como la diversa documental que corrobora que el citado bien inmueble, se encuentra inscrito en los asientos registrales a nombre de la parte quejosa. De lo anterior, se patenta que la quejosa Juana Isela Hernández Díaz fue reparado en el pleno goce del derecho del que fue violado; pues como quedó apuntado, le fue restituida la propiedad del bien inmueble ubicado en calle Castillo Arévalo número 204, lote 16, manzana 27, fraccionamiento Nuevo Castillo, Municipio de Gómez Palacio, Durango, acto el cual, fue registrado bajo la partida 3396, Tomo Legajo-2008, sección escrituras públicas- Gómez, en el Registro Público de la Propiedad de Gómez Palacio, Durango. Sin que pase inadvertido que, en el caso, uno de los efectos de la sentencia que otorgó la protección constitucional a la parte quejosa, fue para que la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, dejará sin efecto la diversa escritura pública nueve mil ciento dos, volumen ciento noventa y seis, realizada por el notario público cuatro, licenciado Francisco Javier Morales Fernández, mediante la cual se procedió a formalizar la adjudicación del inmueble en cuestión a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. No obstante ello, en el caso particular, debe decirse que ese documento público contiene una operación de trasmisión de dominio que trata un acto entre particulares; por lo que, para tener cumplida la ejecutoria de amparo en el presente asunto, en cuanto a este efecto del fallo protector se refiere, basta con que la autoridad responsable Oficial del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, con residencia en Gómez Palacio, hubiere realizado la cancelación de la anotación realizadas al bien inmueble de referencia, y haberlo inscrito en los asientos registrales a nombre de la parte quejosa. Además, el notario público en cuestión no fue señalado como autoridad responsable en este juicio de amparo, pues se estima que no tiene tal carácter, incluso, ni siquiera de un particular que pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable, en términos de la contradicción de tesis 423/2014, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que, tampoco resultó procedente vincularlo para que cumpla con esa parte del fallo constitucional. Por tanto, como se refirió con antelación, la parte quejosa fue reparada en el pleno goce del derecho constitucional transgredido, pues le fue restituida la propiedad y posesión del bien inmueble ubicado en calle Castillo Arévalo, número 204, lote 16, manzana 27, fraccionamiento Nuevo Castillo, en Gómez Palacio, Durango; por lo que, se materializaron los deberes impuestos a las autoridades responsables en la sentencia protectora. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 6, mayo de 2014, tomo II, página 741, que dispone lo siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio". Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas por las responsables, mediante proveídos de quince de abril y veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dejó sin efectos todo lo actuado a partir de la notificación del procedimiento administrativo de ejecución de origen; asimismo, giró las ordenes a fin que se dejara sin efectos la adjudicación del inmueble materia de la litis ubicado en calle Castillo Arévalo, número 204, lote 16, manzana 27, fraccionamiento Nuevo Castillo, en Gómez Palacio, Durango. Vista a las partes. Por lo anterior, no hay duda que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo; por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa. Oficio. Agréguese a sus antecedentes, el oficio y anexo signado por el Delegado Jurídico de la Tesorería Municipal del Republicano Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa y al tercero interesado, con el oficio que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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