Juana Irene Mendoza Sánchez

Expediente 556/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
556/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Juana Irene Mendoza Sánchez
  • Director General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito que suscribe José Wenceslao Hernández, autorizado de la quejosa Juana Irene Mendoza Sánchez, en términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en auto de nueve de agosto actual, exhibe una copia más del escrito de agravios para el recurso de revisión que interpone, en consecuencia: Recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse una copia del escrito de expresión de agravios entre las partes, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítanse estos autos, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la sustanciación del citado medio de impugnación. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. En ese orden de ideas, con la finalidad de que el tribunal revisor se encuentre en posibilidad de sustanciar el recurso interpuesto, de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el presente asunto se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución del expediente físico. Una vez que se cuente con el número de toca y que órgano colegiado conoce del citado medio de impugnación, realícese la vinculación correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito que suscribe la quejosa Juana Irene Mendoza Sánchez, para los efectos del recurso de revisión que interpone en contra de la sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 88, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba una copia más de su escrito de agravios, pues en el caso, solo exhibió dos, siendo que se necesitan tres, que se distribuyen de la siguiente forma: el escrito original se remite al Tribunal Colegiado que corresponda el conocimiento del asunto, una copia se glosa a este expediente, una se utiliza para correr traslado a la autoridad responsable, y una más para el Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal Colegiado respectivo; apercibida que de no cumplir con lo anterior en dicho lapso, se tendrá por no interpuesto tal recurso. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 556/2023; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Juana Irene Mendoza Sánchez, mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, que en el considerando segundo se precisarán, y que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 8°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de demanda. En proveído de nueve de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado; toda vez que se trata de un asunto en materia administrativa, atribuido a una autoridad que reside en el territorio donde este juzgado tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La falta de contestación a su petición realizada mediante escritos de fechas diecisiete de octubre de dos mil veintidós y tres de mayo de dos mil veintitrés, a través de los cuales solicitó la reimpresión de la cedula catastral, de la cuenta número 57379, a nombre de GERÓNIMO LÓPEZ TERESO generado por el instrumento 37679, volumen 453, de cinco de octubre de dos mil seis, relativo al contrato de compraventa en el que aduce aparecer como copropietaria junto con su extinto esposo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Director General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante haber quedado legalmente notificado de su petición, como se advierte de la constancia que obra en autos -foja 22-. Ahora, si bien es cierto que la autoridad responsable no rindió su informe con justificación, tal circunstancia no es suficiente para tener por presuntivamente cierta la conducta omisiva reclamada por la parte quejosa, porque aun cuando la carga de la prueba se constituye, por regla general, en contra de la autoridad responsable, no menos cierto es, que previo al estudio de tal abstención, debe considerarse la existencia de una condición de actualización, que coloque a la autoridad en la obligación de proceder conforme la exigencia del gobernado. En efecto, con independencia de lo afirmado por la parte quejosa, la existencia de la omisión debe originar de principio, una correlación entre la facultad y la obligación que tiene la autoridad, con la condición generada por el gobernado a través de un acto jurídico que origina esa relación. Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), determinó, que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva atribuida a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, si en el particular la relación jurídica entre la autoridad y el gobernado establecen efectivamente la condición que genera el acto reclamado. La citada jurisprudencia puede ser consultada en la página 926, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, registro 2018110, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." De esta forma, para que este juzgado se encuentre en aptitud de precisar la existencia de la conducta omisiva atribuida a la responsable, el quejoso debió acreditar, en principio, haber elevado una solicitud por escrito, bajo los parámetros del artículo 8º de la Constitución General, y que esa petición no le ha sido atendida, para entonces estar en condición de instar la acción constitucional. En el caso, la parte quejosa, anexó copia simple de sus escritos de diecisiete de octubre de dos mil veintidós y tres de mayo de dos mil veintitrés, lo cual solo hacen presumir la existencia de los hechos que contienen, con independencia que carecen de valor probatorio al tratarse de copias simples, pues no revisten las formalidades a que se refiere el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues ante la falta de informe justificado de la responsable, corresponde a la parte quejosa probar con documento fehaciente, la existencia del acto que reclama de inconstitucional. Por tanto, al no colmarse uno de los elementos esenciales que constriñen a la autoridad para atender el derecho previsto en el artículo 8º de la Constitución General, entonces resulta evidente que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de calificar la conducta omisiva reclamada. En virtud a lo anterior, al no estar acreditada la existencia del acto que se reclama a la aludida autoridad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Ilustra lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 351, Tomo VII, Junio de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder." Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juana Irene Mendoza Sánchez. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Quejosa señala autorizado. Agréguese el escrito signado por la quejosa Juana Irene Mendoza Sánchez, en atención a su contenido, téngasele autorizando en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a José Wenceslao Hernández, de conformidad con la certificación de cuenta. Notificaciones electrónicas. Asimismo, como lo solicita y toda vez que proporciona el nombre de usuario "CHAGOYA100"; por consiguiente, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo. Así también, se autorizan las notificaciones a la parte quejosa por vía electrónica, con el nombre de usuario que proporciona, por así solicitarlo expresamente; en el entendido que únicamente se notificarán por esa vía - electrónica- aquellas determinaciones o resoluciones de importancia o relevancia -con carácter de personales-; haciendo saber a la parte promovente que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Sin que las notificaciones electrónicas, puedan sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenen fijar en una lista que se publica en el local de este órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, con registro digital 2026122, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." En atención a lo anterior, se deja de tener como domicilio para recibir notificaciones el indicado en su demanda de amparo, debido a que ya se autorizó realizar las notificaciones relevantes, vía electrónica. NOTIFÍQUESE.

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