Juana Hernández Lorenzo y Otros.

Expediente 704/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
704/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/10/2021

Partes del expediente

  • Juana Hernández Lorenzo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, con el cual transcribe el proveído dictado el siete de los corrientes, en el juicio de amparo ***, del que se observa que regularizó el procedimiento para el efecto de tener por recibido el expediente original relativo a este cuaderno de antecedentes y dejar sin efectos la solicitud del original de la demanda de amparo, realizada en proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno. Circunstancia de la cual se toma conocimiento. Finalmente, como se encuentra ordenado en autos, se ordena la devolución de este cuaderno al archivo definitivo para su resguardo. Cúmplase.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios provenientes del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, con los cuales remiten la literalidad de los proveídos dictados el uno y cinco de octubre de dos mi veintiuno, dentro de los juicios de amparo *** y ***, respectivamente, de los que se observa que se avocaron al conocimiento del asunto que les correspondió. Ahora, en relación con el requerimiento que realiza el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, relativo a que le sea remitida la demanda original y anexos, no ha lugar a emitir mayor pronunciamiento, en virtud de que los autos originales del presente asunto y anexos, fueron enviados por misiva 23129/2021 dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, a través del servicio de mensajería acelerada (ESTAFETA). Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la ley de la materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Bajo esas circunstancias, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el presente cuaderno de antecedentes, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 20, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 20. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *** y ***, firmado a ruego respecto de la segunda de los mencionados por ***, contra los actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juzgado de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo. 2. Comisionada de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal. De quienes reclamó: "De la primera autoridad reclamamos la omisión de notificarnos las resoluciones dictadas dentro de la carpeta administrativa *** del Juzgado de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad y con ello el impedirnos intervenir activamente en todas las etapas del proceso penal con el fin de garantizar nuestro derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. De la segunda autoridad reclamamos la omisión de otorgamos las ayudas provisionales de los Recursos de Ayuda de la COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO en términos de la Ley General de Víctimas y de Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo." DESIGNACIÓN DE TRADUCTOR En razón de que los quejosos precisaron que pertenecen a una comunidad indígena, de acuerdo con la fracción VIII del apartado A del artículo 2 de la Constitución, en el ámbito de la justicia estatal, es la prerrogativa de quienes se autoadscriben como indígenas, que sus especificidades culturales y sistemas normativos, costumbres o derecho consuetudinario sean tomados debidamente en consideración cuando les sea aplicada la legislación nacional. El capítulo I del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, denominado "Sobre el Protocolo", específicamente en el punto 4.11, establece: a) Antes de resolver se deben tomar debidamente en cuenta las particularidades culturales de los involucrados para los distintos efectos que pudieran tener lugar; b) En todos los juicios es prerrogativa del sujeto indígena hablar en su lengua materna, cualquiera que sea su identidad procesal, y con ello la correlativa obligación del Estado de proveer intérpretes y traductores. Asimismo en los juicios, los procesados tienen derecho a contar con defensores que conozcan de su lengua y cultura; (.) En ese sentido, en caso que les resulte alguna diligencia en que tengan que intervenir, se tomarán las medidas para garantizar que pueda comprender y hacerse comprender en el procedimiento. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 704/2021-4-A. SEPARACIÓN DE JUICIOS De lo antes destacado, se advierte que los actos reclamados por los quejosos no guardan relación entre sí, ya que uno de ellos lo hace consistir en la omisiones acaecidas en el proceso penal ***, de la estadística del Juzgado de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, mientras que el acto restante consiste en la omisión de otorgarles las ayudas provisionales por parte de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, que si bien pudieran derivar del carácter de víctima que ostenten en la aludida causa penal, dicho procedimiento es de carácter administrativo. En ese sentido, en términos de los artículos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, aplicados a contrario sensu, se estima procedente la separación de juicios. Cobra aplicación al respecto la tesis P./J. 76/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA". Ello, en razón de que los actos que reclama, no pueden estudiarse en forma conjunta, dado que se encuentran desvinculados entre sí; por tanto, deben valorarse en forma separada. En ese orden de ideas, este Juzgado de Distrito continuará conociendo del juicio de amparo 704/2021, respecto de los actos consistentes en la omisión de notificarles las resoluciones dictadas dentro de la causa penal *** de la estadística del 1. Juzgado de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo. Lo anterior, para generar un antecedente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45, fracción II y 46, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el catorce de marzo de dos mil dieciséis. Y por lo que hace al diverso acto reclamado que se hace consistir en la omisión de otorgarles las ayudas provisionales por parte de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, certifíquense las constancias que integran el presente juicio de amparo, y remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, para que, de forma aleatoria, la turne al órgano jurisdiccional correspondiente. La justificación para tramitar la separación de los juicios tiende en gran medida a que, cuando existen dos o más juicios que no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente. INCOMPETENCIA Este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, advierte que no es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado que corresponde conocer, consistente en la omisión de notificarles las resoluciones dictadas dentro de la causa penal *** de la estadística del 1. Juzgado de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, por los motivos que a continuación se exponen. En principio, cabe precisar que los lineamientos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en los juicios de amparo indirecto, están contenidos en el artículo 37, de la Ley de Amparo, que dice: "37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutado o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del artículo inserto se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: 1. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será el Juez ante quien se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular se considera materializada la primer regla de competencia, esto es, que el juez de Distrito que debe conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción debe tener ejecución el acto reclamado, a saber, el que ejerce jurisdicción en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Para evidenciarlo, conviene traer a cuenta que el acto reclamado es de naturaleza omisiva pero con efectos positivos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), ha sostenido que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En el caso, según lo señalado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, solo han tenido dos videoconferencias las cuales se realizaron el veintiséis de marzo y doce de julio de dos mil veintiuno, en las cuales se enteraron que habían encontrado la mochila de su hija y que se había librado una orden de aprehensión en contra de ***, por el feminicidio de su hija, que la carpeta de investigación *** y era conocida por la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Feminicidio de Quintana Roo, y que después se convirtió en la carpeta administrativa *** del Juzgado de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, y que es la que corresponde a la causa penal instruida, asimismo les comentaron que el seis de julio de dos mil veintiuno se cerraría instrucción, lo cual desconocen si ocurrió ya que nunca se les notificó. De lo anterior se sigue que, dicha omisión constituye un acto omisivo con efectos positivos, pues se erige en un acto de tal naturaleza capaz de producir, en el mundo fáctico o real, una consecuencia material, a saber, la violación al derecho humano de la parte quejosa de acceso a la justicia en uno de sus elementos integrales como es el de la tutela jurisdiccional efectiva. Razón por lo que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la presente demanda de amparo, es aquel que ejerza jurisdicción sobre la autoridad responsable; sobre aquella que habrá de proveer respecto la participación o no de los quejosos en la causa penal de la que deriva el acto reclamado. En efecto, como se hizo mención, la circunstancia de que el juez responsable no haya notificado a la parte quejosa respecto de las resoluciones dictadas en el proceso penal de origen, se considera una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la ley de la materia. Sirven de apoyo a lo anterior, por las razones que las informan, las tesis cuyos rubros y datos de localización a continuación se citan: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR. AL SER UN ACTO OMISIVO CON EFECTOS POSITIVOS, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE ÉSTA DEBA MATERIALIZARSE." "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE BRINDAR DIVERSAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SOLICITAR AL JUEZ DE CONTROL COMPETENTE PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE DICHAS OMISIONES SEAN EJECUTABLES MATERIALMENTE, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS." "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL)." En consecuencia, este Juzgado, resulta incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Por tal motivo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en turno, a efecto de que informe a este Juzgado si acepta o no la competencia planteada respecto del acto reclamado consistente en la omisión de notificarles las resoluciones dictadas dentro de la causa penal *** de la estadística del 1. Juzgado de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo. Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de Distrito declina su competencia legal por razón de territorio y ordena remitir el presente juicio de amparo promovido por *** y ***, firmado a ruego respecto de la segunda de los mencionados por ***, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. Hágase las anotaciones correspondientes; comuníquese lo anterior a la parte quejosa y fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a ***, y en términos restringidos del citado numeral a las diversas profesionistas que menciona, ya que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente, asimismo téngase por autorizada en términos restringidos a la persona que señala, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, no ha lugar a ordenar que las notificaciones en el presente juicio se practiquen a la parte quejosa en los números telefónicos que proporciona, ya que dicho medio de comunicación, no se encuentra establecido, ni reconocido en la Ley de Amparo, ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tales efectos. No obstante, se hace del conocimiento de los promoventes que en caso de solicitar que las notificaciones derivadas del presente asunto se le practiquen de manera electrónica, deberán sujetarse a las reglas previstas en los artículos 26 fracción IV y 30 de la ley de la materia. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento de los mismos, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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