Juana Hernández Hernández

Expediente 1485/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1485/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
17/11/2016

Partes del expediente

  • Juana Hernández Hernández
  • Titular de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable Contralor Municipal del Municipio de El Marqués, Querétaro, devuélvase el tomo de pruebas que se formó con motivo de las constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación; sin que sea necesario requerir el acuse de estilo correspondiente, en la inteligencia de que la entrega de la presente constancia, hace las veces de acuse, lo que se asienta para los efectos legales conducentes...III-A

  2. Principal

    Incorpórese a los autos el oficio signado por el Contralor Municipal del Municipio de El Marqués, Querétaro, y en atención a su contenido se provee lo siguiente. Cabe precisar que de autos se advierte que la parte quejosa hace consistir esencialmente el acto reclamado en la orden de inhabilitación, así como su ejecución y consecuencias jurídicas. Empero de las constancias que remite la autoridad de mérito, documento público que merece pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte que respecto del acto reclamado de que se duele la parte quejosa, en once de octubre del año en curso, la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, admitió a trámite la demanda de juicio de nulidad presentada por la aquí quejosa en contra de la resolución administrativa emitida dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad CM/PAR/21/2016, en donde se le impuso la sanción que en la presente instancia combate. De ahí que es evidente que en el particular se actualiza una causal de improcedencia, en virtud de que se está tramitando ante un tribunal ordinario el juicio de nulidad propuesto por la parte quejosa, la cual puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en relación a los actos que se reclaman. Adicionalmente cabe dejar en claro que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, en la medida que aun cuando se tramitara hasta su conclusión el presente asunto, de todas formas se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias. Resulta aplicable, la tesis número (I Región)4o. 11 A (10ª.), visible en la página 1162, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL QUEJOSO, EN EL JUICIO DE NULIDAD, OPTÓ POR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y ÉSTE AÚN NO CONCLUYE. De la naturaleza jurídica y de las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establecidas, en términos generales, en los artículos 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 1o. de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que tiene plena autonomía para dictar sus fallos, así como para hacer efectivas sus determinaciones, con las atribuciones que la ley establece, a fin de dar cumplimiento al artículo 17 constitucional. En estas condiciones, el artículo 133 de la ley orgánica mencionada regula el procedimiento para cuando se considere que una resolución no ha quedado debidamente cumplida, en los casos de exceso o defecto, repetición de la resolución anulada, o bien, omisión en su cumplimiento, a lo cual, una vez sustanciado el recurso de queja, la Sala resolverá si la autoridad cumplió o no la sentencia y, si no lo hizo, la requerirá nuevamente para que la acate en un plazo de cinco días, también la amonestará y prevendrá y, en el supuesto de incumplimiento, le impondrá una multa. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo que se promueva cuando el quejoso, en el juicio de nulidad, haya optado por el procedimiento anterior y éste aún no concluya, en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ya que será hasta el momento en que se dicte la resolución en la cual se determine cumplida la resolución del juicio contencioso administrativo, o bien la imposibilidad jurídica o material para ello, que podrá promoverse la acción constitucional, pues el recurso ordinario establecido en el citado artículo 133 puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." En este orden de ideas, es inconcuso que se encuentra acreditada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIX, de la Nueva Ley de Amparo, pues, la parte quejosa, simultáneamente al presente juicio de amparo, interpuso demanda de nulidad ante el Juzgado Contencioso Administrativo en contra del acto que aquí reclama; medio de defensa que se estima idóneo para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado, que fue admitido y se encuentra en trámite, esto último, pues de autos no se desprende lo contrario. En ese tenor, se estima idónea la demanda de nulidad para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado y sus consecuencias, pues conforme al artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y en términos del artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, aplicado a contrario sensu, tal demanda de nulidad procede en contra del acto reclamado en el presente juicio de amparo y tiene por consecuencia: declarar la nulidad o reconocer la validez de la resolución reclamada, entre otras cosas; luego, de ser favorable a sus intereses la demanda de nulidad promovida por la aquí quejosa, la sanción impuesta en la resolución administrativa emitida dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad CM/PAR/21/2016, podrá ser declarada nula. En las condiciones apuntadas, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIX, en relación con el 63 fracción V, de la Nueva Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por lo que hace a dicho acto. Sirven de apoyo a las consideraciones expuestas, por las razones que las informan, la jurisprudencia siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Asimismo conviene precisar que aún cuando la parte quejosa se ostente como tercero extraña en ese juicio de nulidad puede ampliar su demanda en términos del artículo 64 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, con lo que se le permite controvertir los actos que estime ilegales a plenitud. "ARTÍCULO 64.- El actor tendrá el derecho de ampliar su demanda, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que surta efecto el acuerdo recaído a la contestación de la demanda. Para ello, deberá adjuntar al escrito de ampliación, las copias necesarias de ésta, así como de las pruebas y documentos que en su caso presente, a fin de correr el traslado respectivo a la demandada, para que formule su contestación dentro del plazo de cinco días posteriores a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación." Por lo expuesto en párrafos precedentes, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS...III

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 24/10/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA EL AUTO DE 21/10/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Incorpórese a los autos el oficio signado por el Contralor Municipal del Municipio de El Marqués, Querétaro, y en atención a su contenido se provee lo siguiente. Cabe precisar que de autos se advierte que la parte quejosa hace consistir esencialmente el acto reclamado en la orden de inhabilitación, así como su ejecución y consecuencias jurídicas. Empero de las constancias que remite la autoridad de mérito, documento público que merece pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte que respecto del acto reclamado de que se duele la parte quejosa, en once de octubre del año en curso, la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, admitió a trámite la demanda de juicio de nulidad presentada por la aquí quejosa en contra de la resolución administrativa emitida dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad CM/PAR/21/2016, en donde se le impuso la sanción que en la presente instancia combate. De ahí que es evidente que en el particular se actualiza una causal de improcedencia, en virtud de que se está tramitando ante un tribunal ordinario el juicio de nulidad propuesto por la parte quejosa, la cual puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en relación a los actos que se reclaman. Adicionalmente cabe dejar en claro que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, en la medida que aun cuando se tramitara hasta su conclusión el presente asunto, de todas formas se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias. Resulta aplicable, la tesis número (I Región)4o. 11 A (10ª.), visible en la página 1162, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL QUEJOSO, EN EL JUICIO DE NULIDAD, OPTÓ POR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y ÉSTE AÚN NO CONCLUYE. De la naturaleza jurídica y de las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establecidas, en términos generales, en los artículos 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 1o. de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que tiene plena autonomía para dictar sus fallos, así como para hacer efectivas sus determinaciones, con las atribuciones que la ley establece, a fin de dar cumplimiento al artículo 17 constitucional. En estas condiciones, el artículo 133 de la ley orgánica mencionada regula el procedimiento para cuando se considere que una resolución no ha quedado debidamente cumplida, en los casos de exceso o defecto, repetición de la resolución anulada, o bien, omisión en su cumplimiento, a lo cual, una vez sustanciado el recurso de queja, la Sala resolverá si la autoridad cumplió o no la sentencia y, si no lo hizo, la requerirá nuevamente para que la acate en un plazo de cinco días, también la amonestará y prevendrá y, en el supuesto de incumplimiento, le impondrá una multa. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo que se promueva cuando el quejoso, en el juicio de nulidad, haya optado por el procedimiento anterior y éste aún no concluya, en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ya que será hasta el momento en que se dicte la resolución en la cual se determine cumplida la resolución del juicio contencioso administrativo, o bien la imposibilidad jurídica o material para ello, que podrá promoverse la acción constitucional, pues el recurso ordinario establecido en el citado artículo 133 puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." En este orden de ideas, es inconcuso que se encuentra acreditada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIX, de la Nueva Ley de Amparo, pues, la parte quejosa, simultáneamente al presente juicio de amparo, interpuso demanda de nulidad ante el Juzgado Contencioso Administrativo en contra del acto que aquí reclama; medio de defensa que se estima idóneo para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado, que fue admitido y se encuentra en trámite, esto último, pues de autos no se desprende lo contrario. En ese tenor, se estima idónea la demanda de nulidad para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado y sus consecuencias, pues conforme al artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y en términos del artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, aplicado a contrario sensu, tal demanda de nulidad procede en contra del acto reclamado en el presente juicio de amparo y tiene por consecuencia: declarar la nulidad o reconocer la validez de la resolución reclamada, entre otras cosas; luego, de ser favorable a sus intereses la demanda de nulidad promovida por la aquí quejosa, la sanción impuesta en la resolución administrativa emitida dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad CM/PAR/21/2016, podrá ser declarada nula. En las condiciones apuntadas, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIX, en relación con el 63 fracción V, de la Nueva Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por lo que hace a dicho acto. Sirven de apoyo a las consideraciones expuestas, por las razones que las informan, la jurisprudencia siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Asimismo conviene precisar que aún cuando la parte quejosa se ostente como tercero extraña en ese juicio de nulidad puede ampliar su demanda en términos del artículo 64 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, con lo que se le permite controvertir los actos que estime ilegales a plenitud. "ARTÍCULO 64.- El actor tendrá el derecho de ampliar su demanda, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que surta efecto el acuerdo recaído a la contestación de la demanda. Para ello, deberá adjuntar al escrito de ampliación, las copias necesarias de ésta, así como de las pruebas y documentos que en su caso presente, a fin de correr el traslado respectivo a la demandada, para que formule su contestación dentro del plazo de cinco días posteriores a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación." Por lo expuesto en párrafos precedentes, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS...III

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se desprende que el diez y el catorce de octubre de dos mil dieciséis el Secretario de la Contraloría del Estado de Querétaro y el Controlador Municipal de el Marqués, Querétaro, rindieron sus informes justificados, y toda vez que se encuentra transcurriendo el termino de ocho días concedido a las partes respecto del informe rendido por las autoridades responsables en mención; en consecuencia y a fin de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, con fundamento en el artículo 117 en su párrafo segundo, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS...III

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