Juana Guzmán Alvaro
Expediente 723/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/12/2017
Partes del expediente
- Juana Guzmán Alvaro
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación del secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con domicilio en esta ciudad y anexo, con la que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro de la queja 180/2017, relativa al juicio de amparo 723/2017 del índice de este Juzgado, así como un tomo de copias certificadas. Acúsese recibo. Se ordena la destrucción de las copias certificadas remitidas, para evitar así dualidad de constancias innecesarias, toda vez que las mismas constan de las copias del expediente en que se actúa; por tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Ahora, de la ejecutoria que anexa al oficio de cuenta, se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto **************, contra el auto que desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en que se desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la comunicación del secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 17740/2017 del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto en este juicio, radicándolo con el número 180/2017. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de ****, apoderado legal de la parte quejosa ****, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de seis de julio de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de seis de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran este expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación de dicho recurso. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las demás partes la interposición del medio de impugnación en cita, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal de Alzada para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el desechamiento y, por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a seis de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ****, personalidad que acredita con la carta poder de treinta de junio de dos mil diecisiete, contra el acto reclamado a los Magistrados de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la única Autoridad Responsable en su carácter de Ordenadora, reclamo el auto de fecha 02 (dos) de junio del año 2017, mismo que surtió sus efectos el día 13 (trece) de junio del año en curso, dictado dentro de los autos del expediente número ****, en el que ES OMISA en imponer a la demandada ****, otras medidas de apremio diferentes a las multas ya impuestas, bajo el tenor de ".apercibiéndole a la demandada, que de no dar cumplimiento al laudo de referencia en el acto de la diligencia, se le aplicará como medida de apremio, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, multa consistente en 100 CIEN DIAS de salario mínimo vigente en la entidad.". Sin tomar en cuenta que ya ha impuesto a la demandada más tres multas". ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 723/2017-VIII. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. Los artículos mencionados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo no procede cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, prevé que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. Entonces, de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario (contrario sensu), se deduce que el juicio de amparo será improcedente: 1. Contra actos emitidos en ejecución de sentencia que no constituyan la última resolución dictada en los procedimientos respectivos. 2. Contra actos en procedimiento de ejecución de laudo, que no constituyan la resolución en la que se declare cumplido el laudo. El sentido de la fracción IV del precepto 107 en comento, radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibirse la promoción de amparos contra las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se evita la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que ahí se pronuncie, en virtud de que el perjuicio solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento respectivo o bien, la del procedimiento de ejecución en que se declare cumplida o no cumplida la sentencia. En el caso, el acto reclamado por la quejosa, parte actora en el juicio de origen, lo constituye la resolución de dos de junio de dos mil diecisiete, en que se apercibe a la demandada que de no dar cumplimiento al laudo, se le impondrá multa, pues alega la quejosa que es una omisión de imponer a la demandada ****, otras medidas de apremio diferentes a las multas ya impuestas, dentro del expediente laboral ****. Del contexto integral de la demanda se advierte que la aquí quejosa es parte actora en el juicio de origen y que las actuaciones reclamadas fueron emitidas en el periodo de ejecución de laudo y no gozan de autonomía propia y destacada, antes bien, son actos concomitantes al procedimiento mismo de ejecución, cuyo objeto es el cumplimiento del fallo, contra los cuales, el amparo indirecto sólo procederá cuando se emita la última resolución dictada en ese trámite. De ahí que el acto que por esta vía se combate no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución del laudo emitido en el juicio de origen. Con base a lo anterior, se afirma que los actos reclamados en la demanda que se analiza no son de los previstos por el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, pues el numeral de mérito acota la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados fuera de juicio o en su ejecución mediante los cuales la responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para llevar a cabo el cumplimiento u ordene el archivo definitivo del expediente. Así, cuando se reclaman actos dictados en la etapa de la ejecución, como sucede en la especie, no procede la acción constitucional en su contra, ya que la intención del legislador, contenida en el citado numeral, es que las sentencias y los laudos firmes sean cumplidos sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Improcedencia que se actualiza en relación con el acto reclamado en el presente juicio, en virtud de que la omisión de imponer a la demandada ****, otras medidas de apremio diferentes a las multas ya impuestas, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de laudo. Además, como se precisó, el acto reclamado no guarda autonomía propia y destacada en relación al procedimiento de ejecución de laudo, para que sea procedente el amparo biinstancial, en virtud de que tiene como efecto procurar el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral **** y, por tanto, ello implica que el acto reclamado está vinculado con el procedimiento de ejecución del laudo cuyo cumplimiento se pretende. Aunado a lo anterior, debe decirse que el acto reclamado tampoco es un acto que afecte de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, para que pueda ser procedente el amparo indirecto, pues no se afectan materialmente derechos sustantivos protegidos por la Carta Magna o los instrumentos internacionales ratificados, como pueden ser, verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la dignidad humana, la propiedad, la posesión, etcétera; ni tampoco se ve truncado el derecho fundamental de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, pues no se impide lograr el cumplimiento del laudo. Por tanto, las resoluciones o actos intermedios del periodo de ejecución de sentencia, por regla general, no pueden ser combatidos a través del juicio constitucional, salvo que se traten de actos que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado, como podrían ser aquellos que tiendan a detener o interrumpir su cumplimiento, situación que no se cumple en este caso. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación relacionada del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO ESTA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que al efecto indica en esta ciudad, y como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que designa en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
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