JUANA GUADALUPE PORRAS CARRETERO y Otros.

Expediente 22/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
22/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • JUANA GUADALUPE PORRAS CARRETERO y Otros.
  • Juana Guadalupe Porras Carretero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A QUEJOSO DE AUTO DE 06 DE JULIO DE 2022.

  2. Principal

    Se reenvía oficio. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 6519/2022 dirigido a la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se le comunicó el auto dictado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, por lo que a fin de evitar mayores dilaciones, reenvíese vía estafeta el referido oficio al domicilio oficial de la citada autoridad responsable. Cúmplase.

  3. Principal

    Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, en específico las constancias que remitió al sumario constitucional el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", en representación de la autoridad responsable, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, capital, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En este caso, el acto reclamado consiste en la omisión de incluir a los niños, niñas y adolescentes entre las edades de doce a diecisiete años (grupo etario al que pertenece el menor de edad quejoso), a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, lo que constituye una discriminación, así como sus consecuencias, que se traducen en la omisión de ser llamado a efecto de ser vacunado contra dicho virus que causa la enfermedad del COVID-19. Ahora, de las documentales remitidas por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", en representación de la autoridad responsable, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, capital, se advierte que, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada el diez de enero de dos mil veintidós, exhibió la nota médica de nueve de febrero de dos mil veintidós, así como dos comprobantes de vacunación, relativos a la aplicación de la primera y segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, al menor de edad quejoso; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, con las cuales se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se toma en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa, o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, esto es así cuando la autoridad emisora lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así pues, conviene precisar que para que sea aplicable la causal de improcedencia aludida, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado; en consecuencia, para considerar estrictamente que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, es decir, el acto debe quedar destruido. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación, se reponga a la parte promovente del amparo en el goce del derecho violado. Por lo que podemos concluir que, para que en el juicio de amparo se actualice la causal de improcedencia por cesación de efectos, se requiere: a) que el acto reclamado sea revocado o derogado, b) que la cesación sea inmediata y no surja a condición de ninguna especie, y c) que la parte quejosa sea restituida en el goce del derecho subjetivo que consideró vulnerado. Causal que en el caso se estima actualizada, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional es la omisión de incluir a los niños, niñas y adolescentes entre las edades de doce a diecisiete años (grupo etario al que pertenece el menor de edad quejoso), a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, lo que constituye una discriminación, así como sus consecuencias, que se traducen en la omisión de ser llamado a efecto de ser vacunado contra dicho virus que causa la enfermedad del COVID-19; pues, es evidente que los efectos de dicho acto han cesado, al haber acreditado el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", en representación de la autoridad responsable, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, capital, que el nueve de febrero de dos mil veintidós, se realizó la valoración médica al menor quejoso para determinar la viabilidad y seguridad de aplicarle la vacuna Pfizer-BioNTech, cuya primera dosis se le aplicó en esa misma data, mientras que la segunda dosis de dicho biológico se le suministró el tres de marzo del año en curso, las cuales requiere para su protección contra el virus SARS-Cov2. Se afirma lo anterior, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda y durante su tramitación -conforme con la causa de pedir- existía la omisión reclamada, cierto es que dejó de existir el tres de marzo de dos mil veintidós, fecha en que se suministró la segunda dosis de la vacuna solicitada. Por tanto, la omisión reclamada cesó en sus efectos y, por ello, el juicio constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objeto, como en el caso, volviendo las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, pues resulta contrario a la naturaleza del mismo que fuera seguido sin ninguna finalidad práctica. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." De igual manera, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales correspondientes; asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado.

  4. Principal

    Autoridad informa sobre vacunación de menores. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguense a los autos el oficio y anexo remitido por Pedro Arturo Ramírez Ramírez, apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", en representación de la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual cumple con el requerimiento de once de marzo del año en curso y remite el comprobante certificado del que se advierte que el menor de edad quejoso P.U.L.P., fue inmunizado con la segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech; de lo anterior, se toma el debido conocimiento para los efectos legales conducentes. Con apoyo en los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su especial naturaleza, la documental que anexa, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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