Juana Guadalupe Martínez Mares
Expediente 295/2016 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/07/2018
Partes del expediente
- Juana Guadalupe Martínez Mares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe. Kpfr.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos en el presente asunto en etapa de cumplimiento, del que se advierte que solamente la parte quejosa ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de seis julio de dos mil diecisiete, este Tercer Tribunal Colegiado resolvió conceder la protección constitucional a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "(.) En las condiciones relatadas, ante lo fundado del concepto de violación analizado, procede conceder el amparo y la protección a la quejosa, para que la sección responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y para los efectos siguientes: a) Emita una nueva resolución, en la cual reitere el tema respecto del cual se declaró infundado el primer concepto de violación. b) Determine que los efectos señalados en la ejecutoria de amparo 609/2015, fueron para que: 1) dejara insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil quince, dictada en el juicio administrativo 928/2014; 2) se pronuncie con relación a la denuncia de violación a la suspensión decretada el veintinueve de octubre de dos mil catorce, y deje sin efectos la notificación de la resolución administrativa de veintiuno de octubre de dos mil catorce, dictada en el procedimiento administrativo DGJC/PA/14/2014, y las consecuencias de esa notificación. c) Hecho que sea lo anterior, precise que la violación advertida en el procedimiento administrativo (notificación a la interesada de la resolución que decreto su separación del cargo y las consecuencias de la notificación), es suficiente para declarar injustificada la baja decretada en la resolución administrativa. d) Deberá conminar al Director General Jurídico y Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de México, a resarcir el derecho privado a la actora hoy quejosa, mediante el pago de la indemnización respectiva y de las prestaciones a que tenga derecho, ya que sólo de esa manera se compensa el que no sea posible reinstalarla. e) De igual manera, ordenará a dicha autoridad la anotación en el expediente del servidor público, de que fue separado de su cargo de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no fue posible reinstalarla en su cargo." . Para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio TJA/SS/III/07864/2017 , el Secretario General de Acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, remitió copia certificada de la sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el recurso de revisión 1583/2015. Sin embargo en el proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el magistrado presidente de este tribunal colegiado determinó que no estaba cumplida la ejecutoria de amparo. Esto, porque aun cuando, la sala administrativa, determinó que los efectos del amparo 609/2015, consistieron en: 1) se dejara insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil quince, dictada en el juicio administrativo 928/2014; 2) se pronunciara sobre la denuncia de violación a la suspensión decretada el veintinueve de octubre de dos mil catorce; y, 3) se deje sin efectos la notificación de la resolución administrativa de veintiuno de octubre de dos mil catorce, dictada en el procedimiento administrativo DGJC/PA/14/2014, y las consecuencias de esa comunicación (efecto que se indicó en el inciso b) de la ejecutoria de amparo; y, Además que resolvió que la violación en el procedimiento administrativo (notificación a la interesada de la resolución que decreto su separación del cargo y las consecuencias de la notificación), era suficiente para declarar injustificada la baja decretada en la resolución administrativa; y conminó a la autoridad demandada a resarcir a la quejosa, mediante el pago de la indemnización respectiva y demás prestaciones a que tiene derecho (lo cual ordenó cuantificar mediante una liquidación a la sala de origen); además, hiciera la anotación correspondiente en el expediente de la servidora pública (efectos precisados en los incisos c), d) y e) de la ejecutoria de amparo. Sin embargo, la responsable fue omisa en dejar sin efectos la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis dictada en el recurso de revisión 1583/2015, materia de esta ejecutoria de amparo; aunado a que tampoco reprodujo las consideraciones que sustentaron el sobreseimiento decretado en la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, respecto del acto consistente en los resultados de la evaluación de control de confianza (efecto este último al que se le conminó en el inciso a) de la ejecutoria de amparo y no acató). Del mismo modo, se estimó que asistía razón a la quejosa en su argumento relativo a que la responsable había sido omisa en conminar a la demandada para que una vez que se estableciera la cantidad líquida a pagar a la quejosa, dentro del término de tres días hábiles debería realizar el pago correspondiente, el cual se incrementaría hasta el día que lo realizara, así como efectuar la anotación en el expediente de la servidora pública en el sentido de que fue separada injustificadamente, pero que derivado de la restricción establecida en el artículo 123, Apartado B, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no fue posible su reinstalación. De ahí que, como se dijo, se determinó que la ejecutoria de amparo, no se encontraba totalmente cumplida, dadas las omisiones destacadas. Luego, mediante oficio TJA/SS/III/2327/2018 , de ocho de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, remitió copia certificada de la sentencia de esa misma fecha, de la que se advierte lo siguiente: En el Considerando TERCERO, señaló lo siguiente: "procede a dejar sin efectos la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictada en los autos del recurso de revisión número 1583/2015. En el Considerando CUARTO, precisó lo que sigue: ".Consecuentemente, se procede a emitir una nueva resolución, dejando sin efectos la diversa sentencia del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revisión 1583/2015, materia de la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, reiterando únicamente el tema respecto el cual se declaró infundado el primer concepto de violación de la quejosa en la sentencia de seis de julio de dos mil diecisiete que se cumplimenta, por lo que debe subsistir el sobreseimiento en el juicio administrativo 928/2014 del índice de la Cuarta Sala Regional de este Tribunal decretado en la sentencia del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis por esta Tercera Sección de la Sala Superior, por cuanto hace al acto impugnado consistente en los resultados de la evaluación de control de confianza, consideraciones que se reproducen a continuación: (.) ". se procede al análisis de la causal de improcedencia que hace valer el representante legal del Centro de Control de Confianza del Estado de México; consistente en que la evaluación de control de confianza." "Causal de improcedencia que se considera fundada, para los efectos pretendidos." (.) "En estas condiciones, los actos emitidos dentro de los procesos de evaluación de control de confianza como en este caso lo es el reporte de resultados de fecha doce de mayo de dos ml catorce emitido por el Centro de Control de Confianza del Estado de México, no tiene, por sí solo, una ejecución de imposible reparación, porque su contenido será desvirtuado o no en la secuela procedimental en la que falta se emita la resolución decisoria; por tanto, debe sobreseerse en el juicio administrativo 928/2014 instaurado en su contra por Juana Guadalupe Martínez Mares, en términos de la fracción IV del artículo 267 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México." Asimismo, en el Considerando QUINTO de la sentencia, la responsable, estimó fundado el primer agravio del recurso y revocó el fallo de primera instancia, para luego, precisar que los efectos del juicio de amparo 609/2015, consistieron en: 1) que se dejara insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil quince, dictada en el juicio administrativo 928/2014; 2) que se pronunciara sobre la denuncia de violación a la suspensión decretada el veintinueve de octubre de dos mil catorce; y, 3) que se dejara sin efectos la notificación de la resolución administrativa de veintiuno de octubre de dos mil catorce, dictada en el procedimiento administrativo DGJC/PA/14/2014, y así como las consecuencias de esa notificación. Del mismo modo, en examen de la litis expuesta en el juicio de nulidad 928/2014 y su acumulado 1101/2014, la sección responsable, en el Considerando OCTAVO y NOVENO, sostuvo que la violación advertida en el procedimiento administrativo sancionador (notificación a la actora de la resolución que decretó su separación del cargo y las consecuencias de la notificación), era suficiente para declarar injustificada la baja del cargo que desempeñaba, motivo por el cual declaró su invalidez. A continuación, la responsable precisó, que toda vez que no era posible ordenar la reinstalación de la entonces actora en el empleo que ocupaba en términos de lo dispuesto por el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces debía declarar para el efecto de que el Director General Jurídico y Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de México, le pagara una indemnización y prestaciones a que tuviera derecho; además, hiciera la anotación en su expediente personal de que fue separada injustificadamente, pero que derivado de la restricción establecida en el precepto citado no era posible su reinstalación. En el Considerando DÉCIMO, la autoridad responsable consideró lo siguiente: ".se condena al Director General Jurídico y Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de México, a pagar a Juana Guadalupe Martínez Mares, la indemnización consistente en tres meses del sueldo que percibía en el empleo, cargo o comisión que desempeñaba, más veinte días por año efectivo de servicio; así como al pago de la remuneración diaria ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía la servidor público por la prestación de sus servicios, desde el momento en que se concretó la separación en fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce y hasta que se realice el pago correspondiente; y, en ese sentido, dado que las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, también deben cubrirse al demandante las cantidades que por esos conceptos pudo percibir, desde el momento en que se concretó la separación injustificada y hasta que se realice el pago a las demás prestaciones a que tenga derecho." (.) "D. Debiendo conminar a la autoridad demandada Director General Jurídico y Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de México (ahora Fiscalía General de Justicia de la Entidad Federativa), para que una vez que se establezca la cantidad líquida a pagar a la actora, deberá dentro del término de tres días hábiles realizar el pago correspondiente, el cual se incrementará hasta el día que lo realice, así como efectuar la anotación de que fue separada injustificadamente, pero que derivado de la restricción establecida en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no fue posible su reinstalación." Texto del que se advierte que la responsable actuó conforme a los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo de seis de julio de dos mil diecisiete, dictada por este tribunal, pues hizo lo siguiente: a) Dejó insubsistente la sentencia reclamada (treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revisión 1583/2015). b) Emitió una nueva resolución en la que reiteró que declaró infundado el primer concepto de violación. c) Precisó que los efectos señalados en la ejecutoria de amparo 609/2015, que antes quedaron señalados. d) Precisó que la violación advertida en el procedimiento administrativo (notificación a la interesada de la resolución que decretó su separación del cargo y las consecuencias de la notificación), es suficiente para declarar injustificada la baja decretada en la resolución administrativa. e) Conminó a la autoridad demandada a resarcir a la quejosa, mediante el pago de la indemnización respectiva y de las prestaciones a que tuviera derecho. f) Ordenó a la autoridad la anotación en el expediente del servidor público, de que fue separado de su cargo de manera injustificada; asimismo, reprodujo las consideraciones que sustentaron el sobreseimiento decretado en la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Por otro lado, en cuanto a la manifestaciones realizadas por la quejosa en sus escrito, por los que solicita que se tenga por no cumplida la sentencia de mérito, en el sentido de que no se desprendía que la sala responsable hubiera conminado al Director General Jurídico y Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de México a dar cumplimiento al pago y demás prestaciones a las que tenía derecho, ni mucho menos que procediera a requerir a la Sala Regional de origen realizara el ejercicio de dicha atribuciones ello en virtud de que la misma resultaba ser una autoridad vinculada. En atención a las citadas manifestaciones, no le asiste la razón a la quejosa, en virtud de que la sala responsable sí dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que como quedó referido en párrafos que anteceden, sí conminó, a la autoridad demandada, al pago y demás prestaciones como lo refiere la propia quejosa, ya que precisó en el considerando "Décimo" que para hacer efectiva esa condena, la magistrada del conocimiento, debería conminar a la demandada para que una vez que se estableciera la cantidad líquida a pagar a la actora, deberá realizar el pago correspondiente, en el término de tres días, el cual se incrementará hasta el día que lo realizara, y además que efectuara la anotación de que fue separada injustificadamente, pero que derivado de la restricción establecida en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no fue posible su reinstalación, con lo que se evidencia que la autoridad responsable sí requirió a la sala regional y conminó a la demandada al pago y demás prestaciones a las que tiene derecho la quejosa. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo; sin que en su cumplimiento se advierta que se incurrió en exceso o defecto en la ejecución de la sentencia. Por otra parte, hágase saber a la parte quejosa y al tercero interesado, que cuentan con un plazo de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágaseles de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Lo anterior, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 197 y 214 de la ley de la materia.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de Juana Guadalupe Martínez Mares, por conducto de su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Janeth Velásquez Pineda, realizas diversas manifestaciones; asimismo, solicita se dicte la resolución de cumplimiento en el presente juicio de amparo directo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 275 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen por formuladas sus manifestaciones. Finalmente, dígasele a la ocursante que una vez que lo permita la carga de trabajo de este tribunal colegiado, se dictará la resolución de cumplimiento que en derecho corresponda. Finalmente, pasen los autos al dictado de la resolución correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de marzo dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el escrito de la quejosa Juana Guadalupe Martínez Mares, por conducto de su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Janeth Velásquez Pineda; atento a su contenido con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se le tiene desahogando la vista concedida mediante auto doce de marzo de dos mil dieciocho. Finalmente, pasen los autos al dictado de la resolución correspondiente.
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