Juana Guadalupe López Barrón

Expediente 7/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 27 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
7/2018
Año
2018
Actuaciones
27
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • Juana Guadalupe López Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por Juana Guadalupe López Barrón, quejosa en el presente juicio, mediante el cual hace diversas manifestaciones y en esencia, solicita se requiera a la institución bancaria Scotiabank Inverlat, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple, para que se requiera a la citada institución bancaria manifieste el fundamento y motivo del congelamiento de la cuenta a su nombre, pues se duele de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ordenó la suspensión de dos cuentas bancarias sin mencionar los métodos jurídicos para ello. Atento a lo anterior, agréguese dicho ocurso a los autos sin realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo de este expediente; aunado a que el acto reclamado en el presente sumario consistió en la omisión en que incurrió la responsable en relación con los ocursos que la impetrante presentó en uno de junio y veintiuno de diciembre de la anterior anualidad. Notifíquese.(2)

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que por auto de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo 7/2018-2, sin que las partes legitimadas para ello hayan interpuesto el recurso de inconformidad a que se refiere el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, por tanto, queda firme el referido auto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro uno de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de depuración, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental (debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva). En su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa, los documentos que aportó en el presente juicio de derechos fundamentales consistentes en copia con firmas autógrafas de la constancia judicial número 298/2015 levantada ante el Juzgado Primero Menor Mixto del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (foja 5), y copia certificada del acta de nacimiento número 933, a nombre de la menor X.T.L. (foja 7), apercibida que de no hacerlo así dentro del término de noventa días, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, dichos documentos en su momento serán destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. (2)

  3. Incidental

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 7/2018-2, se considera que el duplicado de este expediente deberá destruirse por parte de este juzgado, una vez que transcurran más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria, en virtud de que existe el original, no tiene documentos originales exhibidos por las partes, y no es de relevancia documental, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por cuanto al original del cuaderno incidental, toda vez que se negaron las medidas suspensionales provisional y definitiva respecto de los actos reclamados, conforme a la fracción III del punto vigésimo primero del referido acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el original de este incidente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente, y procédase conforme al acuerdo señalado en este propio auto. Notifíquese. (2)

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR ESTA VÍA A LA PARTE QUEJOSA: Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido a las partes por auto de cinco de julio del año en curso (foja 234), para que realizaran manifestaciones respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector; por tanto, este juzgador procede a analizar si la sentencia de amparo ha sido cumplida o no, en su totalidad. De las constancias que integran el presente expediente se advierte lo siguiente: i) En sentencia de uno de marzo de dos mil dieciocho (fojas 54 a 63), este órgano jurisdiccional resolvió el presente juicio de amparo 7/2018-2, en el que se concedió la protección constitucional solicitada por la quejosa Juana Guadalupe López Barrón, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Coordinación General de Recaudación Fiscal, Gerencia SR de Recaudación y Cobranza Fiscal, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que realizaran lo siguiente: "para el efecto de que la autoridad responsable, en atención a las peticiones formuladas por la impetrante en los escritos recibidos el uno de junio y veintiuno de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, emita una contestación congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; hecho lo cual, la notifique como corresponda a la impetrante de garantías en breve término". ii) Por auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia emitida en este juicio, al no haber sido recurrida por las partes, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector (fojas 78 y 79). iii) En cumplimiento a lo ordenado, la responsable en oficio 4438/2018 de seis de abril y sin número, de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, remitió constancias con las cuales adujo dar cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 97 a 112 y 130 a 138). iv) En proveído de veinticinco de mayo del año que transcurre, se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de los actos emitidos por las responsables en acatamiento a la sentencia amparadora, sin que alguna de las partes lo haya hecho (foja 139). v) En acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, una vez analizadas las constancias remitidas por la responsable se determinó que el fallo protector no se encontraba cumplido en su totalidad, por lo que, en ese mismo acuerdo se requirió a la responsable para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación de ese proveído, realizara lo siguiente: (a) Dejara sin efecto el oficio de seis de abril de dos mil dieciocho, emitido en pretendido cumplimiento de esta sentencia. (b) Diera cumplimiento total a la sentencia amparadora dictada en el presente juicio, es decir, en atención a las peticiones formuladas por la impetrante en los escritos recibidos el uno de junio y veintiuno de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, emita una contestación congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada, hecho lo cual, la notifique como corresponda a la impetrante de garantías en breve término. (c) Remitiera copia certificada clara y legible de las constancias que acreditaran el cumplimiento de lo anterior. vi) En cumplimiento a lo anteriormente ordenado, la responsable en oficio sin número de cuatro de julio de dos mil dieciocho, remitió constancias con las cuales adujo dar cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 224 a 233). vii) En proveído de cinco de julio del año que transcurre, se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la responsable en acatamiento a la sentencia amparadora (foja 234). viii) En escrito recibido el seis de julio del año en curso, la quejosa realizó manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable y en el diverso recibido el once de los actuales, exhibió las constancias de notificación que le fue practicada por la autoridad responsable (fojas 235 y 242). En razón de lo anterior, al ser de orden público el cumplimiento de las sentencias de amparo, este juzgado de Distrito procede a resolver, de oficio, si con las constancias agregadas a los autos el fallo protector se encuentra cumplido. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número de tesis 247, en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Parte Jurisprudencia S.C.J.N., que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98 sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe de ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Como ya se anticipó, el efecto de la sentencia protectora concedida por este juzgado, fue para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "para el efecto de que la autoridad responsable, en atención a las peticiones formuladas por la impetrante en los escritos recibidos el uno de junio y veintiuno de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, emita una contestación congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; hecho lo cual, la notifique como corresponda a la impetrante de garantías en breve término." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Coordinación General de Recaudación Fiscal, Gerencia SR de Recaudación y Cobranza Fiscal, con residencia en esta ciudad en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se destacan: ? Citatorio dirigido al representante legal de Juana Guadalupe López Barrón en el que se le conmina a esperar al notificador del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el día cuatro de julio de dos mil dieciocho a las diez horas, mencionando como datos generales el oficio de fecha 2 de julio de dos mil dieciocho (respuesta a solicitud de 01 de junio y 21 de diciembre de 2017) (foja 225). ? Acta en la que el notificador de la responsable realiza diligencia de notificación el cuatro de julio de dos mil dieciocho, a las diez horas, en el domicilio ubicado en Avenida Leona Vicario número 3001, colonia Guerrero, de esta ciudad, la cual entiende con César Luciano García Ibarra, en su carácter de representante legal de la quejosa, en relación al oficio de fecha 2 de julio de dos mil dieciocho (respuesta a solicitud de 01 de junio y 21 de diciembre de 2017) (foja 226). ? Oficio de dos de julio de dos mil dieciocho, girado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dirigido a la quejosa Juana Guadalupe López Barrón, en el que le comunica el acuerdo recaído a sus escritos de solicitud ingresada el uno de junio y veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 227 a 233). De las referidas documentales se aprecia que la autoridad responsable, en atención a la solicitud realizada por la impetrante en sus escritos recibidos el uno de junio y veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete ante ese Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de esta ciudad, con apoyo en los artículos 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 del Código Fiscal de la Federación, dio contestación a los mismos y de manera detallada informó el estado de adeudo que existe a su cargo, no obstante lo anterior, le hizo saber que podía ingresar al portal empresarial de ese instituto a efecto de obtener el estado de adeudo que solicita, lo cual puede realizar con su número de registro patronal, su correo electrónico que haya registrado en dicho portal y su contraseña, proporcionándole los pasos a seguir para obtener dicha información. Además, dicha constancia fue notificada a la impetrante por conducto de su representante, en el domicilio, ubicado en Avenida Leona Vicario número 3001, colonia Guerrero, de esta ciudad (foja 226). Dichos documentos tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo con su numeral 2, y con lo cual se aprecia que las responsables han dado cumplimiento al fallo protector. Ello es así, ya que si los efectos de la concesión del amparo lo fueron para que la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Coordinación General de Recaudación Fiscal, Gerencia SR de Recaudación y Cobranza Fiscal, con residencia en esta ciudad, dejara sin efecto el oficio de seis de abril de dos mil dieciocho, emitido en pretendido cumplimiento de esta sentencia, diera cumplimiento total a la sentencia amparadora dictada en el presente juicio, es decir, atención a las peticiones formuladas por la impetrante en los escritos recibidos el uno de junio y veintiuno de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, emitiera una contestación congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada, hecho lo cual, la notificara como corresponda a la impetrante de garantías en breve término, debe decirse que la misma se encuentra cumplida. Se arriba a tal conclusión porque la autoridad responsable en atención a la solicitud realizada por la impetrante en sus escritos recibidos el uno de junio y veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en su oficio de dos de julio de dos mil dieciocho, emitió una contestación congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada, ya que con apoyo en los artículos 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 del Código Fiscal de la Federación, hizo saber a la quejosa, de manera detallada el estado de adeudo que existe a su cargo en esa dependencia, y además, no obstante lo anterior, le hizo saber que podía ingresar al portal empresarial de ese instituto a efecto de obtener el estado de adeudo que solicita, lo cual podría realizar con su número de registro patronal, su correo electrónico que haya registrado en dicho portal y su contraseña, proporcionándole los pasos a seguir para obtener dicha información; respuesta que se estima congruente debido a que precisamente versa sobre la petición de la quejosa, ya que en la misma solicitó que se le informara su estado de adeudo ante el instituto responsable, a fin de adherirse a un programa de regularización, lo que así aconteció según se pudo advertir; además la respuesta dada se encuentra fundada y motivada, pues en ella se citaron los numerales que se estimaron aplicables (artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 del Código Fiscal de la Federación) y se expusieron las razones para proceder en la forma en que lo hizo la autoridad responsable. Además, dicha determinación le fue notificada a la impetrante por conducto de su representante, en el domicilio, ubicado en Avenida Leona Vicario número 3001, colonia Guerrero, de esta ciudad, según la constancia que fue allegada en autos por la responsable, lo cual también exhibió la quejosa en su escrito de once de los actuales (fojas 242 a 251). Por todo lo anterior debe decirse que la finalidad de la sentencia protectora se cumplió en sus términos, pues la aquí quejosa recibió respuesta a su pretensión, de manera congruente, fundada y motivada ya que de las constancias remitidas así se aprecia; en tales condiciones, se determina que el fallo protector se encuentra cumplido. Además, debe destacarse que este juzgado considera que la responsable no incurrió en exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues no se extralimitó en su cumplimiento al ir más allá del alcance de los efectos concedidos, sino que llevó a cabo los actos necesarios para el cumplimiento de la sentencia protectora de garantías; es decir, se emitió un oficio congruente con lo peticionado por la quejosa, esto es, se le hizo saber el estado de adeudo existente en esa dependencia; además, esa respuesta se encuentra fundada y motivada y le fue notificada a la impetrante en el domicilio que proporcionó en su escrito de petición. Tampoco se aprecia defecto, porque a fin de cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable remitió a este juzgado, copia certificada de la constancias en las que da respuesta a lo peticionado por la quejosa y de la notificación efectuada de dicho documento. En otro orden, se advierte que la quejosa en su escrito recibido el seis de los actuales, hace diversas manifestaciones a través de las cuales considera que la sentencia no está cumplida, pues al efecto expone: 1. Que jamás fue notificada o requerida por parte de la responsable respecto de algún adeudo contraído. 2. Que la responsable ordenó la suspensión de las cuentas bancarias a que se ha referido en este juicio de garantías, pero no informa qué métodos legales utilizó para ordenar la suspensión de las mismas. 3. Que la responsable no señala qué tiempo se le otorgó para acudir a dichas instalaciones, actuando de mala fe y dejándola en estado de indefensión. 4. Que la responsable fue imprecisa al rendir su informe pues establece la presunción de ser totalmente cierto el acto reclamado y además fue omisa en precisar con claridad las cuestiones de hechos relativas, pues se abstiene de narrar hechos en que ha tenido intervención, por lo que -aduce-, deben de presumirse ciertas sus manifestaciones, pues de las constancias exhibidas por la responsable se advierte la existencia del acto reclamado, puesto que a la fecha de la presentación de la demanda la responsable no había dado respuesta clara y precisa a su petición, pues se duele de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda ordenó la suspensión de sus cuentas bancarias. Todo lo anteriormente expuesto resulta ineficaz. Se califican en tal sentido los motivos de inconformidad antes precisados, tomando en consideración que a través de los mismos la peticionaria de garantías pretende evidenciar que al emitir el oficio dictado en cumplimiento a la sentencia constitucional, el instituto responsable incurrió en diversas omisiones, sin embargo las mismas no formaron parte de la concesión del amparo. Ciertamente, los efectos de la sentencia dictada en el presente controvertido lo fueron en los siguientes términos: "para el efecto de que la autoridad responsable, en atención a las peticiones formuladas por la impetrante en los escritos recibidos el uno de junio y veintiuno de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, emita una contestación congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; hecho lo cual, la notifique como corresponda a la impetrante de garantías en breve término." De lo anterior se puede válidamente colegir que la responsable se encontraba obligada únicamente a hacer lo siguiente: 1. Emitir una contestación congruente, completa, rápida, fundada y motivada en relación con la petición realizada por la impetrante en sus escritos de uno de junio y veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Ahora, si la impetrante refiere que la autoridad responsable omitió i) notificarle o requerirla respecto de algún adeudo contraído; ii) informar qué métodos legales utilizó para ordenar la suspensión de las cuentas bancarias; iii) señalar qué tiempo se le otorgó para acudir a dichas instalaciones, actuando de mala fe y dejándola en estado de indefensión; y iv) en precisar con claridad las cuestiones de hechos relativas, pues se abstiene de narrar hechos en que ha tenido intervención, ya que se duele de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda ordenó la suspensión de sus cuentas bancarias; y dichos aspectos no formaron parte de los efectos de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, deben declararse ineficaces tales argumentos. Lo anterior es así, pues se reitera, los lineamientos que se establecieron a la autoridad responsable fueron relativos a dar contestación congruente, completa, rápida, fundada y motivada en relación con la petición realizada por la impetrante en sus escritos de uno de junio y veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en los que solicitó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, le fuera entregado su estado de adeudo ante ese instituto, para estar en posibilidad de adherirse al "Programa de Productos de Facilidades de Pago para la Regularización de Adeudos Fiscales 2017". Y si en el caso, las omisiones que precisa la solicitante de amparo no son relativas a los motivos que tomó en cuenta el instituto responsable para emitir su oficio en contestación a lo peticionado por la impetrante, deben calificarse las mismas como ineficaces. En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el entendido que de no hacerlo así se tendrá por consentida. Finalmente, gírese oficio a la autoridad responsable para su conocimiento y efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a las partes. (2)

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