Juana Guadalupe Escalante Zapata
Expediente 1959/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1959/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 26/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juana Guadalupe Escalante Zapata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial de la que se observa que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por otra parte, como de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Juana Guadalupe Escalante Zapata; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase a la Juez Sexto de Primera Instancia de la Ciudad de Veracruz, la copia certificada del expediente 1856/2009, relativo al juicio ejecutivo mercantil, en dos tomos, como anexos a su informe justificado, constancias que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.
- Incidental
MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
MESA 5 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1959/2019-5, promovido por Juana Guadalupe Escalante Zapata. A continuación, la secretaria certifica: que en proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa Juana Guadalupe Escalante Zapata, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al que en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, compareciera a recibir los edictos, bajo apercibimiento que de no comparecer a recibirlos, o bien, hecho lo anterior no acreditara haberlos entregado para su publicación dentro del término de veinte días siguientes al en que se le pusieran a su disposición, se sobreseería el presente juicio, acorde a lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, última parte, en relación con el diverso 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; dicha determinación le fue notificada personalmente, por conducto de su autorizada, en el domicilio señalado en autos el veinte del citado mes y año, por lo que el término de veinte días siguientes al en que se pusieron a su disposición los referidos edictos, transcurrió del veintidós de octubre al uno de diciembre de dos mil veinte, con excepción de los días inhábiles que dispone el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el dos de noviembre del año actual, el cual se declaró día no laborable mediante circular 17/2020 y por oficios 004/2020-CM, 006/2020-CM y 007/2020-CM, emitidos por el Coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de Villahermosa, al considerar que se actualizaba el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, se ordenó suspender las actividades jurisdiccionales declarando inhábiles los días treinta de octubre del año actual y del nueve al trece de noviembre citado mes y año; sin que lo hubiere hecho, lo anterior, para los efectos legales conducentes. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial consistentes en: Copia certificada de la escritura pública número 2845, de doce de mayo de mil novecientos ochenta y siete, que contiene el contrato de compra-venta entre la Comisión para el Desarrollo Urbano de Tabasco CODEURTAB (TABASCO 2000) y Leonel Guadalupe Fajardo Pérez. Copia certificada del acta de matrimonio 01074, expedida por la Dirección General del Registro Civil, celebrado por Leonel Guadalupe Fajardo Pérez y Juana Guadalupe Escalante Zapata. Copia simple del recibo de pago de impuesto predial de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve expedido a nombre de Leonel Guadalupe Fajardo Pérez por el Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Así como con las exhibidas por las autoridades responsables Juez Sexto de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz, Veracruz y actuario de su adscripción, consistente en copias certificadas deducidas del expediente 1856/2009 (dos tomos), relativas al juicio ejecutivo mercantil, promovido por la sociedad mercantil denominada Materiales Aceros Tucán, sociedad anónima de capital variable, en contra de la empresa LAFE Construcciones y Mantenimiento Especializados, sociedad anónima de capital variable, representada por Leonel Armando Fajardo Escalante (deudor principal); así como de Leonel Armando Fajardo Escalante y Leonel Guadalupe Fajardo Pérez (aval), las que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta debido a su voluminosidad. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1959/2019-5, promovido por Juana Guadalupe Escalante Zapata, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en la ciudad de Veracruz, Veracruz y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional en esa propia fecha, Juana Guadalupe Escalante Zapata, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La cancelación de sus derechos de propiedad y desposeimiento del predio embargado al codemandado Leonel Guadalupe Fajardo Pérez, identificado como lote 5, manzana XXIII, de la zona Residencial Campestre del complejo urbanístico de Tabasco 2000, del cual le corresponde el 50% (cincuenta) por ciento en virtud del matrimonio celebrado con dicha persona. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez Sexto de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz, Veracruz. 2 Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz, Veracruz. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1959/2019-5; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se ordenó emplazar a la tercera interesada, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Posteriormente, en Acuerdo General 10/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el día de su aprobación veinticinco de mayo de dos mil veinte, se reformó el párrafo primero del artículo 1 del Acuerdo General 8/2020, para dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales del período del seis de mayo al quince de junio de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como urgentes, de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante titulares), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo. En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. CUARTO. REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES, PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Por acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte, se hizo saber a las partes del presente juicio la reanudación de las actividades jurisdiccionales, plazos y términos procesales; asimismo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA MATERIALES ACEROS TUCÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. En auto de catorce de octubre de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de dicha tercera interesada por medio de edictos, dado que se agotó el procedimiento de investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registro 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: LA orden de cancelación de sus derechos de propiedad y desposeimiento del predio embargado al codemandado Leonel Guadalupe Fajardo Pérez, identificado como lote 5, manzana XXIII, de la zona Residencial Campestre del complejo urbanístico de Tabasco 2000, del cual le corresponde el 50% (cincuenta) por ciento en virtud del matrimonio celebrado con dicha persona. teRCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez Sexto de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz, Veracruz y actuario de su adscripción, al rendir el informe justificado, admitieron la existencia del acto que se les reclama, lo que se corrobora con en copias certificadas relativas al expediente 1856/2009 (dos tomos), relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por la sociedad mercantil denominada Materiales Aceros Tucán, sociedad anónima de capital variable, en contra de la empresa LAFE Construcciones y Mantenimiento Especializados, sociedad anónima de capital variable, representada por Leonel Armando Fajardo Escalante (deudor principal); así como de Leonel Armando Fajardo Escalante y Leonel Guadalupe Fajardo Pérez (aval), las que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta debido a su voluminosidad. Documentales a las cuales se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. De igual forma, sirve de apoyo, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto lo procedente es analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o bien, aquellas que el suscrito advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia II.1°.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, Octava Época, Registro 222780, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En ese sentido, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b) de la ley de la materia, todos en relación con el numeral 17 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. [.]". Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo a las siguientes reglas: [.] II. Cuando no conste en autos domicilio para oír y recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto: .] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo". El artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, establece los supuestos en que debe ordenarse la notificación personal, entre otros, el del tercero interesado; empero, cuando no conste en autos domicilio de éste, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones, previa razón en autos del diligenciario, se dará cuenta al juez a fin de que se dicten las medidas necesarias con el propósito de investigar el citado domicilio; si a pesar de esa investigación no se llega a conocer su paradero, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. Además, el quejoso tiene la obligación de acreditar ante el órgano judicial de amparo haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. Por lo que, si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado, por medio de edictos a costa del quejoso, y éste no acude a recibirlos, ni paga su publicación, ni exhibe ésta, ello implica que la litis constitucional no llega a integrarse, ante la renuencia del accionante constitucional. En ese contexto, el emplazamiento del tercero interesado permite tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, y así, éste se condiciona a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, o bien, manifieste la imposibilidad que tiene para ello, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio constitucional a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio de amparo, por falta de integración. Ahora, tomando en cuenta las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el emplazamiento al juicio constitucional de una de las partes contendientes constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento atribuible al quejoso por la falta de pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad de acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En el caso, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, se advierte que en auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 20 a 24), se ordenó emplazar a la tercera interesada Materiales y Aceros Tucán, sociedad anónima de capital variable, para lo cual se libró el exhorto 167/2019-5, orden número 759/2019, al Juez de Distrito de Xalapa, Veracruz, en turno. En proveído de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la citada comunicación oficial, remitida por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, misma que le remitió el Juez Primero de Distrito en ese Estado, con sede en Xalapa-Enríquez, del que se advierte que el actuario de la adscripción hizo constar su imposibilidad para emplazar a juicio a la tercera interesada Materiales y Aceros Tucán, sociedad anónima de capital variable. Por acuerdo de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el informe justificado de las autoridades responsables, se requirió a la ordenadora remitiera la totalidad de las constancias del expediente 1856/2009 y se requirió a la quejosa para que dentro del plazo de tres días, proporcionara el domicilio actual y correcto de la tercera interesada, a fin de emplazarla a juicio. Posteriormente, en auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa señalando su nuevo domicilio y autorizados para citas y notificaciones y en virtud de que no dio cumplimiento al requerimiento que se le ordenó dar en el auto de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó la investigación del domicilio de la tercera interesada; en consecuencia, se solicitó a diversas autoridades y empresas prestadoras de servicios para que dentro del término de cinco días hábiles informaran si en sus registros obra alguno a nombre de Materiales y Aceros Tucán, sociedad anónima de capital variable y de ser así, proporcionaran el domicilio de ésta a fin de emplazarla a juicio. Asimismo, le hizo del conocimiento a la parte quejosa que en el supuesto de que las citadas autoridades y empresas proporcionaran los domicilios donde pudiera ser localizada la citada tercera interesada, se ordenaría su emplazamiento en dichos domicilios, pero de no corresponder, no existir o ser imprecisos, se ordenaría el emplazamiento por edictos a cargo de la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por la fracción III incido B del Articulo 27 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El veintitrés de enero de dos mil veinte, se tuvo a la Directora General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, informando que no localizó registro de algún domicilio a nombre de la tercera interesada y se tuvo al Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente Tabasco "1", proporcionando el domicilio encontrado en sus registros, por lo que se libró exhorto 10/2020-5, orden número 35/2020, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, a fin de emplazarla a juicio. El veinticuatro de enero de dos mil veinte, se tuvo al Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, informando que no encontró registro alguno del domicilio de la tercera interesada. Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, se tuvo al Director de Afiliación y Operaciones del REPSS, Régimen Estatal de la Protección Social en Salud de Tabasco y Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos, informando que en su base de datos no encontraron registro alguno sobre el domicilio de la tercera interesada. Asimismo, en auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, se tuvo al Administrador de Soporte Comercial de Teléfonos de México, sociedad anónima bursátil de capital variable, Directora de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco y representante de TV Cable de Oriente, sociedad anónima de capital variable, informando que no encontraron dato de algún domicilio a nombre de Materiales Aceros Tucán, sociedad anónima de capital variable. Por otro lado, en proveído de seis de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el exhorto 10/2020-5, remitido por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, sin diligenciar, del que se advierte que no fue posible emplazar a la tercera interesada según constancia actuarial de veintinueve de enero de ese mismo año y se ordenó emplazar a la sociedad mercantil Materiales Aceros Tucán, sociedad anónima de capital variable, en el domicilio señalado por el Director Técnico de Recaudación de la Secretaría de Finanzas, sin lograr dicho emplazamiento, como se advierte de la constancia actuarial de diez del citado mes y año (foja 143). Por acuerdo de once de febrero de dos mil veinte, se proveyó en relación al domicilio proporcionado por la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República y Director Técnico de Recaudación de la Secretaría de Finanzas, por lo que ordenó emplazar a la tercera interesada y se libró despacho 33/2020-5, al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, en turno. El catorce de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la Oficina Jurídica de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, informando que no encontró domicilio a nombre de Materiales Aceros Tucán, sociedad anónima de capital variable. En proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo al Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, devolviendo sin diligenciar el despacho 33/2020-5, en el cual obran las razones actuariales de veinticinco de febrero, tres de marzo y uno de septiembre, todos del presente año (fojas 185 y 186) en la que la fedataria hizo constar la imposibilidad de emplazar a la tercera interesada Materiales y Aceros Tucán, sociedad anónima de capital variable. En razón de lo anterior, por proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, se determinó lo siguiente: VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el dieciséis de enero de dos mil veinte, se ordenó la investigación del domicilio de la parte tercero interesada MATERIALES ACEROS TUCÁN, sociedad anónima de capital variable, a efecto de emplazarla al presente juicio de amparo. Lo anterior, a fin de agotar los medios necesarios para el emplazamiento del tercero interesado mencionado, sin que se haya podido localizar dato alguno En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en concordancia con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE ORDENA SU EMPLAZAMIENTO POR MEDIO DE EDICTOS A COSTA DE LA PARTE QUEJOSA, los que contendrán una relación sucinta del escrito inicial de demanda y que se publicarán por tres veces, de siete en siete días (naturales) en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en el país (Excelsior, El Universal, etc.), haciéndole saber a la parte tercero interesada de mérito que deberá presentarse ante este órgano jurisdiccional a defender sus derechos y a señalar domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término de treinta días contados a partir del siguiente día al de la última publicación, las subsecuentes notificaciones se harán por lista de estrados que se publican en este Juzgado de Distrito, fíjese además en los estrados de este Juzgado una copia íntegra del auto de inicio del presente juicio, por todo el tiempo del emplazamiento. De lo anterior, se desprende que la secretaria certificó que se agotaron los medios necesarios para el emplazamiento de la tercera interesada, sin que se le haya podido localizar, por lo que se ordenó su emplazamiento por edictos a costa de la parte quejosa. Asimismo, se hizo saber a la parte quejosa que quedaban a su disposición en la secretaría de este juzgado los edictos de referencia para su publicación, los cuales debería comparecer a recibir en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, con el apercibimiento que de no acreditar haberlos entregado para su publicación dentro del término de veinte días siguientes al en que se pusieron a su disposición, se sobreseerá en el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, última parte, en relación con el diverso 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Dicha determinación fue notificada personalmente a la parte quejosa, por conducto de su autorizada Lourdes Samantha Durán González, en el domicilio señalado en autos, para tales efectos, el veinte de octubre de dos mil veinte (foja 199). Por lo que, el término de veinte días concedido a la parte quejosa Juana Guadalupe Escalante Zapata, para que compareciera ante este juzgado a recibir los edictos ordenados en el auto de catorce de octubre de dos mil veinte, entregarlos para su publicación y acreditar ante este juzgado su entrega, esto es que efectuó las gestiones tendentes para publicarlos, transcurrió a partir del siguiente al en que se pusieron a su disposición los referidos edictos; es decir, del veintidós de octubre al uno de diciembre de dos mil veinte, con excepción de los días inhábiles que dispone el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el dos de noviembre del año actual, el cual se declaró día no laborable mediante circular 17/2020 y por oficios 004/2020-CM, 006/2020-CM y 007/2020-CM, emitidos por el Coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de Villahermosa, al considerar que se actualizaba el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, se ordenó suspender las actividades jurisdiccionales declarando inhábiles los días treinta de octubre del año actual y del nueve al trece de noviembre citado mes y año; sin que a la fecha lo hubiere hecho. Cabe citar la jurisprudencia P/J. 27/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 27, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia: Común, registro digital: 2009915, Décima Época, bajo el siguiente rubro y texto: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición, ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley debe computarse a partir de día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la ley de Amparo. En ese contexto, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el presente juicio pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercero interesada, debe estimarse que su emplazamiento al controvertido constitucional constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento atribuible a la parte quejosa por su omisión de recibir y publicar los edictos en el Diario Oficial de la Federación, impide, como ya se dijo, que este juzgador federal pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a las partes que tienen derecho en intervenir en él, cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no comparecer la quejosa ante este juzgado dentro del plazo que le fue concedido para recibir los edictos y realizar el trámite de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y así lograr el emplazamiento de la tercera interesada, o en su caso, manifestar la imposibilidad que tiene para realizar el pago de la publicación del edicto, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia peticionaria del amparo, cuyo interés particular, se insiste, no puede estar por encima del interés público, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes; pues como se vio, con la omisión de la impetrante del amparo se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. No se realizará mayor pronunciamiento respecto de los conceptos de violación, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto. Cabe citar la jurisprudencia II.3º. J/58, Registro 214593, Materia: Común consultable en la página 57, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, núm 70, octubre de 1993, bajo el siguiente rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juana Guadalupe Escalante Zapata, contra los actos de las autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término de veinte días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de catorce de octubre del año en curso, para efecto de que acredite la publicación de los edictos ordenados en el citado auto a fin de lograr el emplazamiento de la parte tercero interesada Materiales Aceros Tucán, sociedad anónima de capital variable, transcurre del veintidós de octubre al uno de diciembre de dos mil veinte, con excepción de los días inhábiles que dispone el artículo 19 del citado ordenamiento legal, así como el dos de noviembre del año actual, el cual se declaró día no laborable mediante circular 17/2020 y que mediante oficios 17/2020, 004/2020-CM, 006/2020-CM y 007/2020-CM, emitidos por el Coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de Villahermosa, al considerar que se actualizaba el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, ordenaron suspender las actividades jurisdiccionales el treinta de octubre último, dos de noviembre actual y del nueve al trece del citado mes y año. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.
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