Juana Gonzalez Bermeo

Expediente 390/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
390/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Juana Gonzalez Bermeo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. CAUSA ESTADO. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda. (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 390/2021-I. DESECHAMIENTO. En ese orden, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: Lo actuado en el expediente 1602/2020 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues en torno al acto que por esta vía se combate, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En efecto, la fracción X del artículo en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." La causa de improcedencia de mérito es lo que comúnmente se denomina litispendencia, y para que se actualice se requiere la existencia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de dictar sentencia. Su finalidad es evitar la emisión de resoluciones contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. En síntesis, para que se verifique la causa de improcedencia de que se trata, es necesario que exista identidad en los amparos respecto de: quejoso, acto reclamado y autoridades responsables. Ahora bien, constituye un hecho notorio para el suscrito que la inconforme promovió diverso juicio de amparo contra los mismos actos reclamados, esto es todo lo actuado en el expediente 1602/2020, atribuidos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el Estado de México (misma autoridad señalada en la demanda que provee) y otras autoridades (SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO) (SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO) (SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y/O DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES AL PERSONAL) (AUXILIAR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE) (SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE) y (SECRETARIO GENERAL OPERATIVO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE), registrado bajo el número 377/2021-II, del índice de este órgano de control constitucional, el cual el día de la fecha se encuentra en trámite al haberse prevenido a la parte quejosa. Al caso se invoca la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (junio de 2007), página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Por ende, se pone en evidencia que en el juicio de amparo 377/2021-III, del índice de este Juzgado de Distrito, así como en el que se actúa, a saber, 390/2021-I, existe litispendencia, toda vez que fueron promovidos por la misma quejosa Juana González Bermeo, contra los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades responsables. Por ello, en el presente asunto 390/2021-IV, se actualiza la causa de improcedencia examinada, pues se insiste, la quejosa se duele de los mismos actos que reclamó en el diverso juicio de amparo 377/2021-III. Sirve de apoyo la tesis I.11o.C.31 K (10a.), de la Décima Época, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo II (febrero de 2019), página 3029, que establece: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Así, ante la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso 113 de la misma legislación, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Juana González Bermeo, por notoriamente improcedente. Estimar lo contrario, es decir, de admitir la demanda, motivaría la proliferación de juicios con identidad en sus partes y litis planteada, arriesgando con ello la seguridad de la institución del amparo, debido a la posible emisión de fallos contradictorios respecto del mismo asunto. Conviene precisar que los criterios citados en esta determinación fueron emitidos durante la vigencia la Ley de Amparo abrogada, empero al caso resultan aplicables por no oponerse con lo previsto en la vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, de conformidad con su transitorio sexto. AUTORIZADO. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Miranda Vallejo por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos a las diversas personas que autoriza en su escrito de demanda hasta en tanto acrediten tener su cedula registrada en el aludido sistema, lo cual deberán hacer del conocimiento a este juzgado mediante nueva promoción. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. CONSULTA ELECTRÓNICA. En atención a la certificación de cuenta, en términos del ordinal 3° de la legislación de amparo se autoriza la consulta del expediente electrónico así como las notificaciones electrónicas al usuario "MIRVALFER87" por lo que se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para la apertura de campos necesarios para tal fin. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, pero se informa que deberán conducirse con lealtad procesal y que no se podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por la autoridad responsable clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

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