Juana Gómez Alvízar
Expediente 297/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juana Gómez Alvízar
Actuaciones
- Principal
"(...)Boca del Río, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. (...) DOCUMENTOS. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte impetrante. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. (...)".
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de abril de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Juana Gómez Alvízar, contra actos del 1. Delegado y/o Encargado de la Secretaría de Bienestar (SEDESOL), con residencia en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad. Regístrese con el número 297/2023-VII. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, del escrito de demanda se advierte la parte quejosa reclama: - La falta de respuesta y/o contestación a mis escritos presentados a las autoridades responsables en fecha nueve y trece de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. El artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente: "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Como se precisó, la parte quejosa manifiesta presentó escritos ante el Gerente y/o Encargado Banco Banorte Sucursal [el nueve de marzo del año en curso] y Delegado y/o Encargado de la Secretaría de Bienestar (SEDESOL) [el trece de marzo del presente año] señaladas como autoridades responsables, ambas con residencia en Veracruz, Veracruz, por el que les solicitó, a la primera: el por qué no le pagan sus depósitos que le ha hecho la Institución "Bienestar" (pensión para el bienestar de las personas adultas) y el detalle de depósitos referentes al pago que le ha hecho la referida institución y, a la segunda, la razón por la que no ha ordenado a la referida institución bancaria el pago de sus depósitos, el detalle de lo depositado a nombre de la parte quejosa al número de cuenta 5264-2470-1094-60890 y por qué no se la han pagado sus depósitos. De lo anterior se advierte que la peticionaria de amparo combate actos vinculados con el derecho de petición, de ahí que sea necesario precisar el contenido del artículo 8 constitucional, que establece: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Carta Magna trascrito, cuyo titular es el gobernado en general, es concebido como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo por escrito como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve, mismo que debe hacerse del conocimiento del mismo en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional, y para la correcta observancia de la ley. Resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación. Lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. En conclusión, el artículo 8 constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dictar el acuerdo correspondiente. b) Que se comunique en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Es ilustrativa la Jurisprudencia 352, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 375, del Apéndice 1917- Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, Novena Época, Registro 1002418, que establece: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Por otra parte, es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el "breve término" como aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Así lo estableció en la tesis localizada en la página 39, del tomo Tercera Parte, CXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Registro 268307, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." Ahora, no existe dispositivo legal alguno en la Carta Magna que especifique un plazo concreto por el cual deba entenderse el breve término con el que cuentan las autoridades para responder una petición. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el término de cuarenta y cinco días hábiles, establecido en el numeral 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, funge como un criterio válido para su cálculo. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 6/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 7, Registro digital: 2019190, Décima Época, Materia Constitucional, que reza: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación." Sentado lo anterior, si en la especie la parte quejosa reclamó la omisión de dar respuesta a sus peticiones presentadas por escritos de nueve y trece de marzo pasado, la acción de amparo deviene improcedente. La omisión atribuida a las autoridades responsables no se ha materializado. En consecuencia, a la fecha en que formuló la demanda (once de abril de dos mil veintitrés), únicamente han pasado dieciocho y dieciséis días hábiles, respectivamente, a partir de que presentó sus solicitudes y fenece tentativamente el veintidós y veinticuatro mayo próximo, respectivamente. Por lo que, es inconcuso se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y cinco días con que cuentan para dar respuesta a la petición formulada. Tal como se advirtió de la tesis citada en líneas precedentes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el significado de "breve término" como aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Sin soslayar que una de ellas se trate de una dependencia de carácter federal. Lo relevante para asumir el criterio plasmado es la calificativa que el Alto Tribunal dio para interpretar el breve término. Aunado a que esta decisión no veda el derecho de quien promueve para que, transcurrido el referido plazo, en caso de no obtener respuesta, intente una diversa instancia de amparo. En otro aspecto, se actualiza la diversa causal de improcedencia que surge de correlacionar lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. La improcedencia se sustenta en que el acto reclamado atribuido al Gerente y/o Encargado Banco Banorte Sucursal con sede en Veracruz, Veracruz, no proviene de autoridad, ni de algún particular que actúe con su emisión generando perjuicios equivalentes a los de aquéllas. Lo anterior es así, en virtud de que en términos de los artículos 1°, fracción I, 5°, fracción II, 61, fracción XXIII y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional sólo procede contra actos de autoridad, o bien, contra actos de particulares que produzcan una afectación equivalente a los de autoridad. Esto es, cuando provienen de una situación de ventaja fáctica y no cuando se enmarca en una relación bilateral de coordinación, los citados artículos disponen lo siguiente: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III.- La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)." De la interpretación sistemática de los numerales trascritos, se colige que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo es relevante tener presente el concepto de autoridad responsable. Mismo que converge en establecer, tiene ese carácter aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Dicho concepto, por disposición de la ley, se hace extensivo a los particulares cuando emiten actos "equivalentes" a los de autoridad, generando el mismo sentido de afectación que aquéllas, en ejercicio de funciones previstas en una norma general. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa de manera tal que produce una afectación equivalente a los de autoridad, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Pues, se reitera, el concepto de autoridad para efectos del amparo, excluye los actos de particulares cuando estos últimos no son equivalentes a los de aquéllas. Cabe afirmar que, en la especie, la parte quejosa designó como autoridad responsable al Gerente y/o Encargado Banco Banorte (sucursal Díaz Mirón), con residencia en Veracruz, Veracruz, porque aduce dicha institución bancaria no ha dado respuesta a una solicitud que le formuló por escrito. Sin embargo, no se advierte el actuar atribuido a dicha institución derive de una relación de supra a subordinación. Del escrito de demanda se aprecia el promovente es un usuario de la banca y desconoce el porqué de la falta de depósitos en su cuenta. Lo que deriva de una relación contractual con la institución financiera. A partir de la cual él puede revisar el estado de dicha cuenta, así como los movimientos en la misma [como se corrobora con el estado de cuenta que exhibe]. En este orden de ideas, es evidente la institución bancaria que la parte quejosa designó como autoridad responsable no se comporta como autoridad. Aunado a que para el caso que la impetrante estima no cumple con su obligación contractual en relación con la cuenta que tiene con la referida moral, tiene sus derechos expeditos para acudir a las instancias correspondientes para exigir que lo haga. Pero lo relevante para el amparo es que esa institución no actúa con imperio ni en ejercicio expreso de un mandato legal que le resultare irrenunciable. En efecto, la característica principal que cualquier acto de autoridad para que revista efectos en el juicio de amparo, radica en que sea emitido en atención a una facultad derivada de la ley y, por ende, su ejercicio resulte irrenunciable, precisamente por la naturaleza pública de dicha potestad legal. En esta tesitura, es evidente que la relación existente entre la institución bancaria y la aquí peticionaria de amparo, no es de supra a subordinación sino de coordinación, pues surgió en un plano de igualdad y no por disposición legal. Lo que pone de manifiesto que la institución financiera en cita no es autoridad para efecto del amparo. Así lo estableció la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 479 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 1002545, Novena Época, Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Partes en el juicio de amparo, página 520, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son los siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como la diversa tesis 496 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 901169, séptima época, Apéndice de 2000, Tomo I, Const., P.R. SCJN, página 353, cuyo rubro y texto son: "BANCOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD, PARA EL JUICIO DE AMPARO. El ir a comprar moneda extranjera a un banco y que niegue esta institución bancaria la venta de la mencionada moneda al precio que el comprador fija, en manera alguna puede considerarse que la citada transacción comercial deba considerarse como primer acto de aplicación de la Ley Monetaria, puesto que la compraventa se realiza entre dos particulares; y el que el banco, a través de sus funcionarios, haya dicho al ahora quejoso que el valor de la moneda para su compra y venta era diverso del que pretendía dicho quejoso, por existir nuevos precios basados en circulares que a los diversos bancos giró el Banco de México, S.A., en manera alguna pueda considerarse, como se dijo, como primer acto de aplicación de las leyes, puesto que el banco, aunque es una institución de crédito, con concesión federal para operar en materia bancaria, en sus operaciones de compraventa de moneda extranjera no tiene el carácter de autoridad, ni siquiera el de auxiliar de alguna autoridad, ni aun en el supuesto de que en dichas operaciones la mencionada institución se funde en las leyes impugnadas de inconstitucionales por el quejoso en el amparo." En consecuencia, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO. Se tiene como lugar de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el domicilio señalado al efecto. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a y con las restricciones que establece la parte final del segundo párrafo de dicho numeral a, por no tener su cédula capturada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, ni la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, doce de abril de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del 1. Delegado y/o Encargado de la Secretaría de Bienestar SEDESOL, con residencia en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad. Regístrese con el número 297/2023-VII. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora, del escrito de demanda se advierte la parte quejosa reclama: La falta de respuesta y/o contestación a mis escritos presentados a las autoridades responsables en fecha nueve y trece de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. El artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente:... Como se precisó, la parte quejosa manifiesta presentó escritos ante el Gerente y/o Encargado Banco Banorte Sucursal [el nueve de marzo del año en curso] y Delegado y/o Encargado de la Secretaría de Bienestar SEDESOL el trece de marzo del presente año señaladas como autoridades responsables, ambas con residencia en Veracruz, Veracruz, por el que les solicitó, a la primera: el por qué no le pagan sus depósitos que le ha hecho la Institución Bienestar pensión para el bienestar de las personas adultas y el detalle de depósitos referentes al pago que le ha hecho la referida institución y, a la segunda, la razón por la que no ha ordenado a la referida institución bancaria el pago de sus depósitos, el detalle de lo depositado a nombre de la parte quejosa al número de cuenta ********** y por qué no se la han pagado sus depósitos. De lo anterior se advierte que la peticionaria de amparo combate actos vinculados con el derecho de petición, de ahí que sea necesario precisar el contenido del artículo 8 constitucional... El derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Carta Magna trascrito, cuyo titular es el gobernado en general, es concebido como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo por escrito como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve, mismo que debe hacerse del conocimiento del mismo en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional, y para la correcta observancia de la ley. Resultando necesario para que se dé la legitimación de instar la existencia de una relación de supra a subordinación. Lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. En conclusión, el artículo 8 constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a Dictar el acuerdo correspondiente. b Que se comunique en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Es ilustrativa la Jurisprudencia 352, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 375, del Apéndice 1917- Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, Novena Época, Registro 1002418, que establece: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD... Por otra parte, es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el "breve término" como aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Así lo estableció en la tesis localizada en la página 39, del tomo Tercera Parte, CXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Registro 268307, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO... Sentado lo anterior, si en la especie la parte quejosa reclamó la omisión de dar respuesta a sus peticiones presentadas por escritos de nueve y trece de marzo pasado, la acción de amparo deviene improcedente. La omisión atribuida a las autoridades responsables no se ha materializado. En consecuencia, a la fecha en que formuló la demanda (once de abril de dos mil veintitrés), únicamente han pasado dieciocho y dieciséis días hábiles, respectivamente, a partir de que presentó sus solicitudes y fenece tentativamente el veintidós y veinticuatro mayo próximo, respectivamente. Por lo que, es inconcuso se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y cinco días con que cuentan para dar respuesta a la petición formulada... Lo anterior es así, en virtud de que en términos de los artículos 1°, fracción I, 5°, fracción II, 61, fracción XXIII y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional sólo procede contra actos de autoridad, o bien, contra actos de particulares que produzcan una afectación equivalente a los de autoridad. Esto es, cuando provienen de una situación de ventaja fáctica y no cuando se enmarca en una relación bilateral de coordinación, los citados artículos disponen lo siguiente:... De la interpretación sistemática de los numerales trascritos, se colige que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo es relevante tener presente el concepto de autoridad responsable. Mismo que converge en establecer, tiene ese carácter aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Dicho concepto, por disposición de la ley, se hace extensivo a los particulares cuando emiten actos "equivalentes" a los de autoridad, generando el mismo sentido de afectación que aquéllas, en ejercicio de funciones previstas en una norma general. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa de manera tal que produce una afectación equivalente a los de autoridad, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Pues, se reitera, el concepto de autoridad para efectos del amparo, excluye los actos de particulares cuando estos últimos no son equivalentes a los de aquéllas. Cabe afirmar que, en la especie, la parte quejosa designó como autoridad responsable al Gerente y/o Encargado Banco Banorte sucursal Díaz Mirón, con residencia en Veracruz, Veracruz, porque aduce dicha institución bancaria no ha dado respuesta a una solicitud que le formuló por escrito. Sin embargo, no se advierte el actuar atribuido a dicha institución derive de una relación de supra a subordinación. Del escrito de demanda se aprecia el promovente es un usuario de la banca y desconoce el porqué de la falta de depósitos en su cuenta. Lo que deriva de una relación contractual con la institución financiera. A partir de la cual él puede revisar el estado de dicha cuenta, así como los movimientos en la misma [como se corrobora con el estado de cuenta que exhibe]. En este orden de ideas, es evidente la institución bancaria que la parte quejosa designó como autoridad responsable no se comporta como autoridad. Aunado a que para el caso que la impetrante estima no cumple con su obligación contractual en relación con la cuenta que tiene con la referida moral, tiene sus derechos expeditos para acudir a las instancias correspondientes para exigir que lo haga. Pero lo relevante para el amparo es que esa institución no actúa con imperio ni en ejercicio expreso de un mandato legal que le resultare irrenunciable. En efecto, la característica principal que cualquier acto de autoridad para que revista efectos en el juicio de amparo, radica en que sea emitido en atención a una facultad derivada de la ley y, por ende, su ejercicio resulte irrenunciable, precisamente por la naturaleza pública de dicha potestad legal. En esta tesitura, es evidente que la relación existente entre la institución bancaria y la aquí peticionaria de amparo, no es de supra a subordinación sino de coordinación, pues surgió en un plano de igualdad y no por disposición legal. Lo que pone de manifiesto que la institución financiera en cita no es autoridad para efecto del amparo... En consecuencia, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo... USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal...".
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