Juana García Ojeda

Expediente 1011/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1011/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Juana García Ojeda

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintiocho de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Juana García Ojeda. Por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo suscrita por Juana García Ojeda contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1011/2023-I. Desechamiento de plano. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". El acto reclamado es la falta de notificación de la resolución dictada el trece de los actuales en el toca de apelación 22/2023-E, del índice de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y su ejecución. En ese contexto, este juzgado advierte que en relación con el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acuda a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección constitucional. El Código de Nacional de Procedimientos Penales, prevé en sus numerales 88, 97, 98, 101 y 102: "Artículo 88. Nulidad de la notificación La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código. Artículo 97. Principio general Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este Código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente Capítulo. Artículo 98. Solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las formalidades La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. Si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. En caso de que el acto declarado nulo se encuentre en los supuestos establecidos en la parte final del artículo 101 de este Código, se ordenará su reposición. (.) Artículo 101. Declaración de nulidad Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el Órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. El Tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. Para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposición, no basta la simple infracción de la norma, sino que se requiere, además, que: I. Se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes, y II. Que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado. Artículo 102. Sujetos legitimados Sólo podrá solicitar la declaración de nulidad el interviniente perjudicado por un vicio en el procedimiento, siempre que no hubiere contribuido a causarlo. [.]" De la lectura de lo anterior, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para dejar sin efectos una notificación mal practicada u omitida, así como todo lo actuado con posterioridad a ésta. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 60/2023 (11a.), sostiene que la nulidad de la notificación prevista en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un medio ordinario de defensa idóneo para combatir las comunicaciones procesales que se practican en el proceso penal acusatorio y oral; y por tanto, debe agotarse previamente a promover el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse la causa de excepción al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo. La Corte mexicana refiere que la figura jurídica de la nulidad de la notificación ofrece seguridad jurídica porque no requiere que el justiciable acuda a algún ejercicio de interpretación adicional para entender, con suficiente claridad, sobre su procedencia. Ello, porque su sentido gramatical es simple, pues se desprende que su propósito es que las notificaciones que se realicen en el proceso penal acusatorio y oral, se declaren nulas cuando coloquen a los promoventes en estado de indefensión y no se ajusten a las correspondientes formalidades legales. La Primera Sala menciona que no se actualiza el supuesto previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que incorpora un régimen especial de excepción al principio de definitividad haciendo optativo para el justiciable hacer valer el medio ordinario de defensa, o bien, acudir directamente a la instancia constitucional porque el fundamento legal de la nulidad de la notificación, no es insuficiente para determinar su procedencia como medio ordinario de defensa y no requiere de una interpretación adicional para determinarla. Así, cuando alguna persona inmersa en un proceso penal acusatorio y oral pretenda impugnar una notificación que estima la coloca en estado de indefensión y no cumpla con las formalidades legales, previo a promover el juicio de amparo indirecto, le es obligatorio agotar el señalado medio ordinario de defensa, a fin de que su pretensión constitucional no se declare improcedente. En el caso la quejosa reclama la falta de notificación de la resolución dictada el trece de los actuales en el toca de apelación 22/2023-E, del índice de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y su ejecución. Por tanto, la solicitante del amparo debió promover en su momento en la vía incidental, la nulidad de actuaciones, de conformidad con los artículos 88, 98, 99, 101 y 102 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual podía obtener la anulación del acto reclamado. Como ya se mencionó, en el caso no operan las excepciones al principio de definitividad, a saber: a) No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como incorporación forzada a las fuerzas armadas. b) No se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. c) No se trata de actos en que sea tercero extraño a juicio, en virtud de que le asiste el carácter de demandado en el juicio del que deriva el acto reclamado. d) No se trata de auto de vinculación a proceso. Además, la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones está debidamente prevista en la legislación aplicable al caso, por tanto, no existe insuficiencia normativa que precise la procedencia de tal medio de defensa. En tales condiciones, se desprende que, en el caso, como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse previamente el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para cumplir con el principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Acorde con lo antes expuesto, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******************** Domicilio y autorizados. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica; asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a la diversa persona que menciona, pues no cuenta con dicho registro. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que bajo el usuario ********************, pueda consultar el expediente electrónico. Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES."

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