Juana Garcia Garcia
Expediente 53/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 45 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juana Garcia Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Incidental
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial, se advierte que en el juicio de amparo 53/2022, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales archívese el asunto como concluido. Cabe precisar, que en términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, el presente juicio de amparo no contiene documentos originales. Por otra parte, en términos del capítulo 7 del Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la medida cautelar provisional y definitiva, el cuaderno incidental original es destruible después de tres años. Asimismo, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, se precisa que el presente juicio de amparo no contiene documentos originales; asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el asunto se sobreseyó en el juicio de amparo a la parte quejosa, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase al Juez Primero de lo Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, las documentales que anexaron a su informe justificado, dado que carece de relevancia que permanezcan en este Juzgado, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese y cúmplase.Así lo proveyó y firma electrónicamente Rodolfo Sánchez Zepeda, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante José Alberto Morelos Gómez Secretario de Juzgado que autoriza la actuación y da fe. Doy fe. JAMO
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 53/2022, promovido por JUANA GARCÍA GARCÍA, contra actos del: Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. 2. Alcalde Constitucional de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de Amparo. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el dieciocho de enero de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el mismo día, JUANA GARCÍA GARCÍA solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y el 2. Alcalde Constitucional de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca. SEGUNDO. Actos reclamados y derechos fundamentales que estima vulnerados. De las autoridades señaladas como responsables reclamó la orden de desalojo y despojo de su domicilio conyugal, así como la privación de sus bienes, y su ejecución. Actos que estima vulneran los derechos humanos contenidos en el artículo 14, segundo párrafo y 16 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión a trámite de la demanda. En proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, seguido el trámite del juicio, la audiencia constitucional se celebró en esta fecha, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia expresó. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: 1.- La orden de desalojo de su domicilio conyugal. 2.- La privación de sus bienes. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado la 1. Juez Primero Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, acepto parcialmente la existencia de los actos atribuidos; y el 2. Alcalde Único Constitucional del Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca, aceptó la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número ochocientos catorce, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Respecto del acto reclamado consistente en la orden de desalojo de su domicilio conyugal, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, según la cual, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en él sin afectar la nueva situación jurídica. Así, de lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se advierte que rige el cambio de situación jurídica que, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en razón del acto que reclamó en el amparo. c. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es aplicable la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página doscientos diecinueve, tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, materia común, Novena Época, registro 199808, que enseguida se cita. "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora, de las constancias que remitió la Juez responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, y de lo propio manifestado, se advierte: 1.- La existencia del expediente familiar 412/2021, relativo a la separación de cónyuges, promovido por Abelardo Nuñez García (actor) contra la aquí quejosa JUANA GARCÍA GARCÍA (demandada), en el cual se solicitó la separación de la demandada del domicilio conyugal. 2.- La responsable ordenó la separación de JUANA GARCÍA GARCÍA, del domicilio ubicado en calle trece de mayo, número veinte, barrio la Candelaria, San Dionisio Ocotepec, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; para ello, giró despacho al Alcalde Único Constitucional de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca, para llevar a cabo la separación de cónyuges. 3.- Tuvo por recibido un escrito del actor en el que manifestó que ya se había llevado acabo la diligencia de separación de cónyuges, el veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, mediante oficio 898/2022, recibido en este Juzgado el ocho de julio de este año (R.E. 9589) la responsable informó que debido a que la autoridad municipal expuso haber perdido las constancias relativas a la diligencia de separación de cónyuges, dejó sin efectos tal diligencia En ese orden de ideas, la orden de separación de JUANA GARCÍA GARCÍA, del domicilio ubicado en calle trece de mayo, número veinte, barrio la Candelaria, San Dionisio Ocotepec, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca , fue sustituida con el auto de ocho de julio de dos mil veintidós en donde la responsable declaró legalmente separados a los concubinos, quedando en el domicilio conyugal el señor Abelardo Núñez García; por lo tanto el acto que se reclamó en primer término sufrió un cambio de situación jurídica, el cual no es materia del presente asunto. Ahora, tocante al acto reclamado consistente en la privación de bienes, en la especie, el acto reclamado no afecta los derechos subjetivos públicos de la quejosa, lo que ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." Lo anterior es así, pues de las constancias que remitió la Juez responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, se advierte: 1.- En auto de ocho de julio de dos mil veintidós (R. E. 9589), la responsable determinó dejar sin efectos la diligencia de separación de concubinos realizada por el Alcalde Municipal el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, por no haberse realizado con las debidas formalidades y porque dicha autoridad municipal perdió las constancias correspondientes, por lo que declaró legalmente separados a los concubinos, quedando en el domicilio conyugal el señor Abelardo Núñez García; ello en razón de que únicamente se levantó un informe de cuyo contenido se aprecia que realizó la diligencia de separación ordenada. 2.- Con motivo de lo anterior, en auto de catorce de julio de dos mil veintidós (R. E. 9997), la responsable comisionó a la Actuaria de ese Juzgado para que en compañía de la quejosa se constituya en el domicilio ubicado en calle Trece de Mayo número veinte, Barrrio la Candelaria, San Dionisio Ocotepec, Tlacolula Oaxaca y requiera a Abelardo Núñez García, y requiriera a Abelardo Núñez García, para que en el acto de la diligencia hiciera entrega inmediata y en forma voluntaria a la quejosa de objetos de uso personal y documentos de identidad. 3.- En auto de once de agosto de dos mil veintidós (R. E. 10985), se señalaron las diez horas del seis de septiembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la diligencia en la que se devuelvan los objetos de uso personal y documentos de identidad a la parte quejosa. 4.- En proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós (R. E. 12269), la responsable informó que hubo imposibilidad para llevar la diligencia ordenada, debido a que la quejosa no acudió a la diligencia y dado que no tenía certeza de que la quejosa haya sido notificada; señaló las nueve horas con treinta minutos del catorce de septiembre de dos mil veintidós para que se lleve a cabo la diligencia en la que se hiciera entrega a la quejosa de sus objetos de uso personal y de sus documentos de identidad, ordenando notificar tanto a la quejosa como a Abelardo Núñez García. 5.- Y en catorce de septiembre de dos mil veintidós (R. E. 12662), la responsable informó que dada la imposibilidad de la Actuaria adscrita a ese Juzgado, de llevar a cabo la diligencia debido a que la quejosa no compareció, nuevamente señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de septiembre del presente año para que se lleve a cabo la diligencia en la que se haga entrega a la quejosa de sus objetos de uso personal y de sus documentos de identidad. 6.- En auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, y dada la imposibilidad manifiesta por parte de la responsable para notificar a la parte quejosa, este órgano jurisdiccional comisionó al Actuario en turno para que notificara a la quejosa la fecha y hora de la diligencia, notificación que se realizó al día siguiente; es decir, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, a través del autorizado de la quejosa. 7.- Finalmente, en proveído de veintiséis de septiembre del presente año (R. E. 13119), el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, informó que la quejosa JUANA GARCÍA GARCÍA, no compareció a la diligencia de devolución de objetos de uso personal y documentos de identificación, programada para las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, remitiendo para tal efecto, copia certificada de la razón levantada por la ejecutora adscrita a ese juzgado. Por tanto, se aprecia que la quejosa ha tenido la oportunidad en diversas ocasiones para llevar a cabo la diligencia de la entrega de sus pertenencias, sin embargo no ha comparecido; por tanto, la quejosa esta en aptitud de acudir ante el Juez de la causa a solicitar nueva fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de devolución de objetos de uso personal y documentos de identificación Así al actualizarse las citadas causales de improcedencia, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Publicación de datos personales. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por el JUANA GARCÍA GARCÍA, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese y regístrese.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinte de septiembre de dos mil veintidós. Glósense a los autos los oficios del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por medio de los cuales, en el primero informa la imposibilidad de notificar a la parte quejosa por parte de la Jueza Octavo Familiar y de Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, por tanto, n o acudió a la diligencia de devolución de sus objetos personales y documentos de identidad. Asimismo, respecto al segundo oficio, la autoridad responsable señaló el veintiséis de septiembre del presente año para que se lleve a cabo la referida diligencia de devolución en compañía de la parte quejosa y al efecto ordenó la notificación a JUANA GARCÍA GARCÍA para que acuda a dicha diligencia. Bajo esas circunstancias, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de veinticuatro horas, siguientes al en que se lleve a cabo la diligencia indicada, informe el resultado de la misma y remita las constancias respectivas. Apercibido que de no cumplir, en términos del artículo 237 fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cien Unidades de Medida y Actualización Vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $ 96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), que constituye la Unidad de medida referida. Por otra parte, glósese a los autos el escrito de la parte quejosa, mediante el cual señala como domicilio para recibir notificaciones en la calle Manuel Doblado número ochocientos veintidós, interior siete, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, asimismo, informa que a las diez horas del seis de septiembre del presente año, estuvo presente en el que era su domicilio con el fin de realizar la diligencia de devolución de sus pertenecías; sin embargo, nadie llegó. Atento a lo anterior, comuníquese a la parte quejosa que el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de septiembre del presente año para que se lleve a cabo la referida diligencia de devolución de sus pertenencias y documentos de identidad, por lo que deberá acudir a dicha diligencia en la fecha y hora señaladas. Por otra parte, respecto a la amenaza a que hace mención dígasele que deberá hacerla valer ante el juez civil responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase
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