Juana Gabriela Tapia Guel

Expediente 483/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
483/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
31/05/2017

Partes del expediente

  • Juana Gabriela Tapia Guel

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió para la última de las partes en notificarse del diecisiete al treinta de mayo del año en curso, con exclusión de los días inhábiles, sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo vigésimo primero, en razón de que el nueve de mayo de dos mil diecisiete, se decretó el sobreseimiento. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica o histórica(I)

  2. Principal

    Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje en el Estado, por conducto de su Secretario General, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; y déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, visto el estado procesal de autos y del informe de ley de cuenta, se aprecia de su contenido que: a) El veintinueve de marzo del año en curso, Juana Gabriela Tapia Guel, presentó demanda de amparo en contra del Tribunal de Arbitraje del Estado, en el que reclamó en esencia la omisión de dictar el auto de radicación de demanda laboral. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 483/2017-I, se admitió en treinta de marzo del año en curso, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El ocho de mayo del año que transcurre se recibió en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el informe justificado de la autoridad responsable, en la que señala que ya dictó el auto de radicación de demanda laboral el dos de mayo de dos mil diecisiete, al que le asignó el expediente laboral... de su índice, remitiendo al efecto copia certificada de la misma. De los anteriores antecedentes se obtiene que en el caso concreto se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada. En efecto, el artículo en comento dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Dicha causal surge porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento de la actuación impugnada, cuando ésta es de carácter positivo; ya que tratándose de naturaleza omisiva, como el caso que nos ocupa, el efecto de la protección constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exige, esto es, a que actúe en términos legales. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para que surta la cesación de efectos del acto reclamado, es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; de ahí que la razón que justifica la improcedencia de mérito, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de dictar el auto de radicación de demanda laboral. Sin embargo, del análisis de las constancias que la responsable remite en apoyo a su informe justificado, se obtiene que en el dos de mayo del año en curso, dictó el auto de radicación de demanda laboral, al que le asigno el expediente laboral... de su índice. En ese sentido, queda de relieve que la actuación de la autoridad restituyó en el goce del derecho violado al solicitante del amparo, como se si se le hubiera otorgado la protección constitucional. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, ante la actualización de la causal de improcedencia descrita, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo para arribar a al anterior conclusión, el que el quejoso pretenda que se le conceda la protección constitucional para que se respeten los plazos legales en las siguientes etapas del juicio, al no ser preciso a que etapas se refiere y no advertirse que se hubieren incumplidos otros plazos o términos, por lo que no se tiene probada su existencia; además de que aun cuando se hubiese probado la misma, debe tomarse en consideración que son actos futuros e inciertos, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Se dice lo anterior, toda vez que fue superado el criterio contenido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 45/2007, de la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXV, Abril de 2007, materia laboral, registro 172677, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". En efecto, no asiste razón a la parte quejosa, pues el citado criterio jurisprudencial, que establecía la posibilidad de otorgar el amparo por omisiones y dilaciones subsecuentes, fue abandonado por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, del cual derivó la tesis 2a. CV/2013, publicada en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005150, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA "PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN "DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Como se observa, la Segunda Sala, explicó que una nueva reflexión sobre el tema de los alcances que pueden existir en la concesión del amparo en este tipo de asuntos, conlleva a considerar que estos alcances deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del año dos mil trece; lo que implica, la imposibilidad de otorgar el amparo contra omisiones o dilaciones subsecuentes, contrario a lo que se alega en el concepto de violación; lo cual es congruente, a juicio de este Juzgador, tomando en consideración que las omisiones o dilaciones subsecuentes, son actos futuros, inciertos e indeterminados. Refuerza la determinación, la tesis de jurisprudencia, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con número IX.1o.17 L (10a.), consultable en la página 835, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2008134, de rubro y texto: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007)". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con cinco minutos del veinte del quince de mayo de dos mil diecisiete.(I)

  3. Principal

    Se notifica por lista a la quejsa auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete...Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje en el Estado, por conducto de su Secretario General, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; y déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, visto el estado procesal de autos y del informe de ley de cuenta, se aprecia de su contenido que: a) El veintinueve de marzo del año en curso, Juana Gabriela Tapia Guel, presentó demanda de amparo en contra del Tribunal de Arbitraje del Estado, en el que reclamó en esencia la omisión de dictar el auto de radicación de demanda laboral. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 483/2017-I, se admitió en treinta de marzo del año en curso, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El ocho de mayo del año que transcurre se recibió en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el informe justificado de la autoridad responsable, en la que señala que ya dictó el auto de radicación de demanda laboral el dos de mayo de dos mil diecisiete, al que le asignó el expediente laboral... de su índice, remitiendo al efecto copia certificada de la misma. De los anteriores antecedentes se obtiene que en el caso concreto se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada. En efecto, el artículo en comento dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Dicha causal surge porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento de la actuación impugnada, cuando ésta es de carácter positivo; ya que tratándose de naturaleza omisiva, como el caso que nos ocupa, el efecto de la protección constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exige, esto es, a que actúe en términos legales. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para que surta la cesación de efectos del acto reclamado, es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; de ahí que la razón que justifica la improcedencia de mérito, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de dictar el auto de radicación de demanda laboral. Sin embargo, del análisis de las constancias que la responsable remite en apoyo a su informe justificado, se obtiene que en el dos de mayo del año en curso, dictó el auto de radicación de demanda laboral, al que le asigno el expediente laboral... de su índice. En ese sentido, queda de relieve que la actuación de la autoridad restituyó en el goce del derecho violado al solicitante del amparo, como se si se le hubiera otorgado la protección constitucional. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, ante la actualización de la causal de improcedencia descrita, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo para arribar a al anterior conclusión, el que el quejoso pretenda que se le conceda la protección constitucional para que se respeten los plazos legales en las siguientes etapas del juicio, al no ser preciso a que etapas se refiere y no advertirse que se hubieren incumplidos otros plazos o términos, por lo que no se tiene probada su existencia; además de que aun cuando se hubiese probado la misma, debe tomarse en consideración que son actos futuros e inciertos, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Se dice lo anterior, toda vez que fue superado el criterio contenido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 45/2007, de la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXV, Abril de 2007, materia laboral, registro 172677, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". En efecto, no asiste razón a la parte quejosa, pues el citado criterio jurisprudencial, que establecía la posibilidad de otorgar el amparo por omisiones y dilaciones subsecuentes, fue abandonado por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, del cual derivó la tesis 2a. CV/2013, publicada en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005150, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA "PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN "DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Como se observa, la Segunda Sala, explicó que una nueva reflexión sobre el tema de los alcances que pueden existir en la concesión del amparo en este tipo de asuntos, conlleva a considerar que estos alcances deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del año dos mil trece; lo que implica, la imposibilidad de otorgar el amparo contra omisiones o dilaciones subsecuentes, contrario a lo que se alega en el concepto de violación; lo cual es congruente, a juicio de este Juzgador, tomando en consideración que las omisiones o dilaciones subsecuentes, son actos futuros, inciertos e indeterminados. Refuerza la determinación, la tesis de jurisprudencia, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con número IX.1o.17 L (10a.), consultable en la página 835, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2008134, de rubro y texto: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007)". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con cinco minutos del veinte del quince de mayo de dos mil diecisiete.(I)

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado, toda vez que no ha transcurrido el plazo de quince días hábiles otorgados conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto. Por ende, a fin de evitar violaciones procesales, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con cinco minutos del quince de mayo de dos mil diecisiete, para su celebración.(I)

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