Juana Flores Flores

Expediente 438/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
438/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/07/2019

Partes del expediente

  • Juana Flores Flores

Actuaciones

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, quince de julio de dos mil diecinueve. Acusa recibo. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de acuerdos interino adscrito a la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia, por medio del cual acusa recibo del oficio 15630, por medio del cual se devolvieron los autos del expediente 535/2012 y el Toca Civil de Apelación 63/2019-III.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, treinta de mayo de dos mil diecinueve.  Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de mayo del año en curso (fojas 42 a 48), en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Juana y Teresa ambas de apellidos Flores Flores. En consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.  Se ordena archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al presente juicio de amparo, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes.  Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse los autos originales del expediente 535/2012 y toca familiar de apelación 63/2019-III a los Magistrados integrantes de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los cuales obran por separado al expediente que se actúa, y que remitió dicha autoridad en su informe justificado, rendido al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve.  Radicación de demanda de amparo. Visto el oficio de cuenta remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, del que se advierte el contenido del proveído de catorce de mayo del año en curso, dictado dentro de los autos del juicio de amparo directo 368/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, promovido por Juana y Teresa ambas de apellidos Flores Flores, contra actos de los Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; y en el que la autoridad oficiante declaró carecer de competencia para conocer de la demanda constitucional planteada ante él. Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo de estilo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 438/2019-VII.  Desechamiento. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que por indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis 2ª. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro: 186605, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, al analizar la expresión manifiesta e indudable, se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro: 188643, de rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En el caso, en relación con el acto reclamado, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" El primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país. Lo anterior, implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material a derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. En el caso concreto, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca de apelación 63/2019 del índice de la autoridad señala como responsable, que desechó por improcedente dicho recurso que fue interpuesto por las aquí promoventes, contra la sentencia que resuelve la primera junta de herederos en el juicio intestamentario 535/2012, del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Ahora bien, de lo informado por la superioridad, así como de los anexos adjuntados se advierte que el acto reclamado emana de un juicio sucesorio, por lo tanto resulta pertinente destacar los artículos 1167 a 1172 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, los cuales prevén la tramitación de esos procedimientos, mismos que disponen: "Artículo 1167.- En todo juicio hereditario se formarán cuatro secciones, compuestas de los cuadernos necesarios. Artículo 1168.- La primera sección se llamará "de sucesión", y contendrá, en sus respectivos casos: I.- El testamento o el testimonio de su protocolización; II.- La denuncia del intestado; III.- Las citaciones de los herederos y la convocación de los que se crean con derecho a la herencia; IV.- Las actas de las juntas relativas a nombramiento y remoción de albaceas, declaración de herederos, albaceas o interventores, y el reconocimiento de derechos hereditarios; V.- Los incidentes que se promuevan sobre nombramiento de tutores; VI.- Testimonio de las sentencias que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar, preferencia de derechos y calidad de herederos. Artículo 1169.- La segunda sección se llamará "de inventarios", y contendrá, en sus casos: I.- La solicitud en que se pida la licencia para formación de inventarios, si no estuviere ya concedida, o el escrito acompañando éstos; II.- Los inventarios provisionales y los definitivos; III.- Los avalúos; IV.- Los incidentes y las resoluciones relativas a los mismos; V.- El auto aprobatorio del inventario y avalúo. Artículo 1170.- La tercera sección se llamará "de administración", y contendrá: I.- Todo lo relativo a la administración, tanto de los interventores, como de los albaceas; II.- Las cuentas, su glosa y calificación; III.- Los comprobantes de pago de las contribuciones y cargas hereditarias que se causen; IV.- La resolución o resoluciones que aprueben las cuentas. Artículo 1171.- La cuarta sección se llamará "de partición", y contendrá: I.- El proyecto de partición; II.- Los incidentes que sobre él se promuevan; III.- Los arreglos relativos; IV.- Las sentencias; V.- La aplicación de los bienes. Artículo 1172.- Si durante la tramitación de un intestado, apareciere un testamento o se comprobare la existencia de un juicio testamentario, se dejará sin efecto aquél, para tramitarse sólo la testamentaría." Conforme con los artículos transcritos, el juicio sucesorio es de naturaleza especial y está constituido por cuatro etapas, por lo cual, el amparo indirecto procede limitativamente contra la resolución conclusiva de cada una de las tres primeras fases, al generar efectos de imposible reparación por su emisión, momento en que podrán reclamarse también las violaciones procesales relacionadas con cada una de dichas etapas. Asimismo, del capítulo III, Título X, Libro Segundo, del citado código procesal se desprenden "reglas especiales para el juicio intestado". De los artículos 1198, 1199 y 1200 del mencionado ordenamiento legal se advierte que, una vez radicado un juicio sucesorio intestamentario, el juez del conocimiento deberá citar a una primera junta, la cual estará sujeta a las reglas siguientes: a) A dicha junta se citará a los presuntos herederos que aparecieren de la denuncia o a sus representantes legítimos, así como también al Ministerio Público. b) Si los presuntos herederos residen en el lugar del juicio, la junta se verificará dentro de los ocho días que sigan a la fecha del auto; si residen fuera, el Juez señalará un término prudente, atendidas las distancias. c) Si en dicha junta, acreditaren debidamente los presuntos herederos su derecho hereditario, el Juez los declarará herederos en la forma y porciones a que tuvieren derecho, y se procederá al nombramiento de un albacea provisional, conforme a los artículos 2969 a 2976 del Código Civil, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 1208. Ahora, con independencia de lo anterior, de los artículos 1202 al 1207 del código adjetivo en cita, resulta la obligación del juez de la causa de citar a una segunda junta, en la cual resolverá en definitiva acerca: a) De la declaración de herederos; y, b) La elección o nombramiento de albacea definitivo. En el caso concreto, no obstante advertirse que el acto reclamado consiste en la resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca de apelación 63/2019 del índice de la autoridad señala como responsable, que desechó por improcedente dicho recurso interpuesto por las aquí promoventes, contra la sentencia que resuelve la primera junta de herederos en el juicio intestamentario 535/2012, del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; el juicio natural se encuentra en la primera sección, llamada "de sucesión". En ese sentido, se concluye que el acto aquí reclamado no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino únicamente derechos adjetivos que pueden ser reparados al dictarse resolución definitiva en la sección primera del juicio sucesorio intestamentario 535/2012. Lo anterior es así, pues el hecho de que el acto reclamado se haya dictado en segunda instancia, no lo hace procedente, pues todo ello se ventila en la "primera sección" del aludido juicio sucesorio, lo cual no es impugnable en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo, es decir, contra la resolución que ponga fin a la sección correspondiente, ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución correspondiente; por lo que resulta inconcuso que no se viola algún derecho sustantivo de las promoventes del amparo, sino únicamente genera una violación procesal, y en todo caso podrán alegar la contravención a las leyes que regulan el procedimiento sucesorio de que se duelen cuando recurran la resolución conclusiva de la etapa respectiva. Máxime a lo anterior, que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que dentro del juicio natural si se reconocieron los derechos hereditarios de las aquí promoventes. Por lo que los actos que las impetrantes de amparo pretendieron impugnar a través del recurso que les fue desechado por improcedente (aquí reclamado), son de naturaleza provisional, ya que éstos serán resueltos en definitiva cuando se lleve a cabo la segunda junta que prevén los artículos 1202 al 1207 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa; de tal suerte que las violaciones procesales de que se duelen las promoventes podrán ser reclamadas cuando impugnen, en su caso, la resolución definitiva con que concluya la primera sección denominada "de sucesión". De ahí que, se considera, no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional, establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis I.3º.C.439 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1546, Tomo XIX, Enero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro: 182385, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia VI.3o. J/20, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 789, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro: 194833, de rubro y texto siguiente: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." En consecuencia, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA origen del presente juicio.  Constancias. En cuanto a los anexos que adjunta la superioridad, guárdense como anexos por separado en la secretaría de este juzgado, para un mejor manejo del expediente.  Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos -las listas que se publica en los estrados de este juzgado-, teniéndose como autorizada en términos amplios a Grisel Rodríguez Netzahual, toda vez que cuenta con Cédula Profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito.  Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna.  Supresión de datos Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto. Lo anterior, sin perjuicio que conforme al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, aun cuando no ejerzan la oposición de que se trate, en la versión pública de la resolución que se dicte, no se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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