Juana Ferrer Pérez
Expediente 738/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 738/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juana Ferrer Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que este juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para su envío al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para sustanciar el recurso de revisión interpuesto en autos, contra la sentencia de diez de agosto de dos mil veintitrés; pues ya obran en autos las constancias de notificación de dicha resolución, así como del proveído de veintiocho de agosto de esta anualidad, en el que se tuvo por interpuesto el medio de impugnación referido. En tales condiciones, se ordena la remisión de las presentes actuaciones. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa *****; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN, contra la sentencia emitida el diez de agosto de dos mil veintitrés. Distribúyanse entre las demás partes copia del referido escrito; fórmese cuaderno de antecedentes respectivo con copia simple del escrito de cuenta y, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para el ulterior trámite del medio de impugnación de mérito. Notifíquese personalmente; por lista electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 738/2023, que promovió ******************** por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Datos de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de junio del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec y, que, por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ******************** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por propio derecho, contra actos de autoridad. Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1o. 5o., 14, 16, y 123, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite y admisión de la demanda de amparo. 1. Por acuerdo de veinticinco de julio de esta anualidad, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en este Municipio, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, por conocimiento previo de este órgano jurisdiccional. 2. En consecuencia, mediante proveído de veintisiete julio de dos mil veintitrés, se ordenó su registro en el libro electrónico con el número 738/2023 y se aceptó la competencia declinada, se continuó con el trámite del juicio y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo 23/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se promueve contra actos de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste, atendiendo a la integridad de la demanda, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. La resolución contenida en el oficio ********************, de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en el cual, se aplica en su perjuicio, el contenido de los artículos 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y 12 del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que le informa que no puede disfrutar de una pensión por viudez, el encontrarse en incompatibilidad de pensiones, al estar desempeñando un trabajo remunerado que implica su incorporación al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Sirve de apoyo, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado (foja 81). No obstante, tal negativa queda desvirtuada de las documentales que exhibió la quejosa con su escrito de demanda, donde se aprecia la existencia del oficio reclamado número ******************** de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. De ahí, que se tenga por cierto el acto de autoridad que se le reclama. Por otra parte, la diversa autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, omitió rendir su informe justificado que le fue solicitado, no obstante haber quedado notificado desde el seis de julio del año en curso (foja 74), por ello, con fundamento en el artículo 117 tercer párrafo, de la Ley de Amparo, procede presumir la certeza del acto que se le atribuye. Sobre el particular, es aplicable la tesis aislada II.1o.P.35 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD.". CUARTO. Causas de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, toda vez que en contra del acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo. Es infundada dicha causal de inejercitabilidad. En efecto, el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. El precepto legal citado, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, aquellos contra los que no promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el diverso numeral 17 de la Ley de la Materia. Ahora, en el caso en concreto, la quejosa reclama la resolución contenida en el oficio ******************** de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en el cual, se aplica en su perjuicio, el contenido de los artículos 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y 12 del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; acto del cual tuvo conocimiento el nueve de junio de dos mil veintitrés, como se advierte de la cédula de notificación que adjuntó la quejosa con su escrito de demanda (foja 22). En ese orden, si la demanda de amparo se presentó el treinta de junio de dos mil veintitrés, es inconcuso que la demanda de amparo fue presentada dentro del plazo legal de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo. De ahí, que es claro que no se actualiza la causa de improcedencia hecha valer. Inclusive, contrario a lo sostenido por la citada responsable, según el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, la quejosa no se encuentra obligada a agotar el juicio contencioso administrativo federal previo a la promoción del juicio de amparo, puesto que al establecer la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo mayores requisitos para otorgar la suspensión, que los que prevé la Ley de Amparo, con independencia de que el acto sea suspendible o no de acuerdo con dicha Ley, es claro que se actualiza a su favor la excepción al principio de definitividad. Por ello, tampoco se actualiza la causa de improcedencia que refirió. Luego, al no existir diversa causa de improcedencia o sobreseimiento alegada por las partes ni este Juzgado de Distrito advierte de oficio alguna causa de improcedencia o sobreseimiento; se procede al análisis de la litis constitucional. QUINTO. Conceptos de violación. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en razón a que no existe disposición en la Ley de Amparo, que obligue a realizarlo; al respecto, se cita la jurisprudencia 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda se estiman esencialmente fundados, cuyo estudio se efectuará en suplencia de la deficiencia de la queja en caso de ser necesario, al actualizarse los supuestos previstos en el artículo 79, fracciones I y V, de la Ley de Amparo. Ello, por reclamarse normas generales consideradas inconstitucionales por jurisprudencia y en virtud de que la quejosa es pensionada, con apoyo en la tesis en materia común 2a. XCV/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS". Sustancialmente, la parte quejosa aduce que se viola su perjuicio la garantía social prevista en el artículo 123, apartado "B", fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al restringir su derecho de recibir una pensión por viudez, dado que dicho derecho no es incompatible o antagónico con el hecho de desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique su incorporación al régimen obligatorio previsto en la ley de la materia; aplicando en su perjuicio los artículos 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y 12 del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tales argumentos, como se anticipó, son sustancialmente fundados. Es así, porque en cuanto al tema de estudio, existe la jurisprudencia 1a./J. 66/2009 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 333, Tomo XXX, Julio de 2009, Materias(s): Laboral, Registro digital: 166890, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL RESTRINGIR EL DERECHO A RECIBIRLA, VIOLA LA GARANTÍA SOCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). El artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de marzo de 2007, al restringir el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario a recibir la pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador o trabajadora, durante el lapso que desempeñe un trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen obligatorio de dicha Ley, viola la garantía social prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el derecho aludido no es incompatible o antagónico con el de desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique su incorporación al régimen obligatorio previsto en la Ley de la materia. Así, resulta inconcuso que recibir un salario por un empleo o cargo desempeñado por un pensionado y su inscripción al régimen obligatorio del aludido instituto son contraprestaciones que no se oponen al derecho de recibir diversas pensiones, entre ellas, la de viudez; máxime que del proceso legislativo que originó el apartado B del indicado precepto constitucional, se advierte que el poder reformador de la Carta Magna dispuso que las garantías sociales en ningún caso pueden restringirse. Ello es así, en primer lugar, porque ambos derechos tienen orígenes diferentes, pues el de la pensión por viudez surge por la muerte del trabajador, es decir, es una prestación establecida en favor de la esposa o concubina, esposo o concubinario y no del extinto trabajador, aun cuando su fuente es la relación laboral existente entre éste y la entidad gubernamental respectiva; en segundo lugar, porque el hecho de que los viudos pensionados desempeñen un cargo que conlleve la incorporación al régimen obligatorio citado y, por ende, el acceso -por cuenta propia- a los beneficios de seguridad social derivados de ese régimen no excluye al derecho de seguir recibiendo el pago de la pensión por viudez sino que, por el contrario, la conjugación de los derechos derivados del nuevo empleo y de la referida pensión coadyuva a hacer efectiva la garantía social de mérito, orientada a garantizar el bienestar de los familiares del trabajador fallecido. Además, la pensión mencionada no es una concesión gratuita o generosa, sino un derecho gestado con las aportaciones efectuadas por el trabajador durante su vida productiva con el objeto de garantizar, aunque sea en parte, la subsistencia de sus beneficiarios". Conforme a dicho criterio, el artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de marzo de 2007, al restringir el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario a recibir la pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador o trabajadora, durante el lapso que desempeñe un trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen obligatorio de dicha Ley, viola la garantía social prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, ya que el derecho aludido no es incompatible o antagónico con el de desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique su incorporación al régimen obligatorio previsto en la Ley de la materia; por lo que resulta inconcuso que recibir un salario por un empleo o cargo desempeñado por un pensionado y su inscripción al régimen obligatorio del aludido instituto son contraprestaciones que no se oponen al derecho de recibir diversas pensiones, entre ellas, la de viudez. Máxime que del proceso legislativo que originó el apartado B del indicado precepto constitucional, se advierte que el poder reformador de la Carta Magna dispuso que las garantías sociales en ningún caso pueden restringirse, ya que en primer lugar, porque ambos derechos tienen orígenes diferentes, pues el de la pensión por viudez surge por la muerte del trabajador, es decir, es una prestación establecida en favor de la esposa o concubina, esposo o concubinario y no del extinto trabajador, aun cuando su fuente es la relación laboral existente entre éste y la entidad gubernamental respectiva; en segundo lugar, porque el hecho de que los viudos pensionados desempeñen un cargo que conlleve la incorporación al régimen obligatorio citado y, por ende, el acceso por cuenta propia a los beneficios de seguridad social derivados de ese régimen no excluye al derecho de seguir recibiendo el pago de la pensión por viudez sino que, por el contrario, la conjugación de los derechos derivados del nuevo empleo y de la referida pensión coadyuva a hacer efectiva la garantía social de mérito, orientada a garantizar el bienestar de los familiares del trabajador fallecido. Además, la pensión mencionada no es una concesión gratuita o generosa, sino un derecho gestado con las aportaciones efectuadas por el trabajador durante su vida productiva con el objeto de garantizar, aunque sea en parte, la subsistencia de sus beneficiarios. Criterio que es de aplicación obligatoria para este juzgado, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 129/2016 (10a.), visible en la página 1033, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Materias(s): Constitucional, Laboral, Registro digital: 2012981, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, también determinó que es inconstitucional el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto que expide la Ley del ISSSTE, conforme al cual, la pensión por viudez sólo puede coexistir con el desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior, ya que viola el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia que textualmente señala: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, INCISO C), DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. El precepto citado, al prever que la pensión por viudez sólo puede coexistir con el desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, viola el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual, los beneficiarios del trabajador fallecido tienen derecho a recibir diversas pensiones, entre ellas, la de viudez, así como a seguir desempeñando, al servicio del Estado, un empleo remunerado, aun cuando esto implique su inscripción al régimen indicado, pues sólo así se protege su bienestar. Ello es así, porque el artículo 12, fracción II, inciso c), referido niega el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario, a recibir la pensión mencionada derivada de la muerte del trabajador o trabajadora en activo, pensionado o pensionada, según sea el caso, durante el lapso que desempeñe un trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen obligatorio aludido por considerarlo incompatible con dicha pensión, sin atender a que tiene características diversas, toda vez que la pensión por viudez surge con la muerte del trabajador en favor de su beneficiario; quien pretende esa pensión se encuentra desempeñando un cargo incorporado al régimen obligatorio, accediendo por cuenta propia a los derechos que de éste deriven; y la pensión indicada no es una concesión gratuita, ya que se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido, mientras que la percepción de un salario es una contraprestación que recibe el trabajador por el trabajo que desempeña para el Gobierno Federal, que conlleva la obligación de ser inscrito en el régimen de la ley invocada; de lo que se concluye que las prestaciones no se oponen ni excluyen entre sí, por lo que son compatibles". Ahora bien, el oficio ******************** de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el encargado del despacho de la Jefatura de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es del tenor siguiente: "C. * * * * * * * * * PRESENTE En uso de las facultades que me conceden los artículos 1, 2, 5, 6, 10 fracción III,19 fracción XIII, 26 inciso A fracción II y XXVI y 29 fracción X y fracción XII, del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales Del Instituto De Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores Del Estado; en relación con los artículos 1, 2, 60 fracción II, 79, 80, 81, del Estatuto Orgánico de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que seda (sic) contestación a los escritos de petición de fechas veintisiete de octubre de dos mil veintidós ante el Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo adscrito a la esta Subdelegación de Prestaciones Económicas del ISSSTE en Oaxaca. A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez analizado su escrito de petición, seda (sic) contestación en los siguientes términos: En virtud de la solicitud la transmisión de pensión por muerte del pensionado o trabajador, realizada por la peticionaria, derivada del fallecimiento del C. * * * * * * * , con Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C) * * * * * * el cual feneció como trabajador activo afiliado esta Institución por lo que una vez realizados ante el Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo los trámites correspondientes, para la transición de pensión por muerte del trabajador o pensionado; con fundamento en los artículos 52 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, y artículo 51 fracción II, inciso c), y párrafo segundo, artículo 57 y artículo 15 último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a hasta el 31 de marzo de 2007, en relación con el artículo 12, fracción I, inciso a), segundo párrafo, y fracción II, Inciso c) del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicado en el Diario Oficial el 21 de julio de 2009; hago de su conocimiento que después de haber realizados una búsqueda en el Sistema Administrador para el Otorgamiento de Pensiones o por sus siglas (S.A.O); se detectó que se encuentra dada de alta con el estatus de trabajadora activa, adscrita a la dependencia o entidad pública denominada Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO); por lo que no puede disfrutar del beneficio de una pensión por Viudez por ahora, debido a que se encuentra en INCOMPATIBILIDAD DE PENSION, ya que por ser trabajadora activa; y estar desempeñando un Trabajo Remunerado que implica al incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se suspende temporalmente la pensión viudez; y una vez cese la causal que genero la incompatibilidad de pensión, se activara de nueva cuenta su derecho a recibir la pensión por Viudez, siempre que no contraiga matrimonio nuevamente o viva en concubinato, como lo establece el artículo 79 de la ley (sic) la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que a la letra dice: (transcribe)" Como se aprecia, del contenido del oficio ******************** de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se advierte que la autoridad responsable le indicó a la aquí quejosa que no puede disfrutar del beneficio de una pensión por viudez por ahora, debido a que se encuentra en INCOMPATIBILIDAD DE PENSION, por ser trabajadora activa en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y estar desempeñando un trabajo remunerado que implica su incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que le suspendió temporalmente dicha pensión por viudez y le indicó que una vez que cesara la causal que generó la incompatibilidad de pensión, se activará de nueva cuenta su derecho a recibir la pensión. Ahora, como ya quedó precisado anteriormente, el Máximo Tribunal del País ha declarado inconstitucional, los artículos que invoca como fundamento la autoridad responsable en la resolución contenida en el oficio que en esta instancia se impugna, por considerar lesivo de los derechos humanos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales. En ese sentido, la autoridad responsable debe acatar ese discernimiento en cualquier otro acto presente o futuro que emita, pues sólo de esta manera se reconoce el efecto de garantía que tienen las decisiones de los tribunales nacionales. En esa medida, a la luz de las jurisprudencias que declaran la inconstitucionalidad de los artículos 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de marzo de 2007 y 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto que expide la Ley del ISSSTE; las cuales son de observancia obligatoria para este juzgado de distrito, deben permear en el ámbito de aplicación que corresponde a las autoridades administrativas, no sólo para los actos presentes, sino para los futuros. Bajo ese contexto, ya que la responsable aplicó los artículos 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de marzo de 2007 y 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto que expide la Ley del ISSSTE, declarados inconstitucionales por las jurisprudencias 1a./J. 66/2009 y 2a./J. 129/2016 (10a.), sustentadas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (anteriormente transcritas), lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En las condiciones relatadas, a efecto de restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía constitucional transgredida, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables: a) Subdelegado de Prestaciones Económicas y b) encargado del despacho de la Jefatura de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, una vez que cause ejecutoria esta sentencia deberán proceder como sigue: Dejen sin efecto el ******************** de ********************. Emitan otro oficio en el que no apliquen a la quejosa en lo presente ni en lo futuro, los artículos 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de marzo de 2007 y 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto que expide la Ley del ISSSTE. En consecuencia, el encargado del despacho de la Jefatura de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá resolver lo procedente respecto al pago de la pensión por viudez solicitada por la quejosa, sin tomar en consideración las normas declaradas inconstitucionales. OCTAVO. Transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sustenta a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." NOVENO. Jurisprudencia y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas que se hubieran citado en esta ejecutoria, anteriores a la Onceava época del Semanario Judicial de la Federación, siguen siendo aplicables en términos de los artículos Décimo y Décimo Primero transitorios, respectivamente, del Decreto por el cual, entre otras cosas, se reforma la Ley de Amparo, publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. DÉCIMO. Anotaciones y firma de oficios. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Asimismo, se faculta al actuario adscrito para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 77, y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** por las consideraciones establecidas en el considerando sexto, para los efectos precisados en el diverso considerando séptimo, de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los considerandos octavo y décimo de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a las autoridades correspondientes.
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EN ESTA FECHA SE PUBLICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DEBIDO A QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ AL ORGANO JURISDICCIONAL. ++San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Registro de demanda Se agrega el oficio número 13833/2023, signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al cual anexa el juicio de amparo número 667/2023, de su índice, relativo a la demanda de amparo que promovió *****, contra actos del Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 738/2023, y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Se acepta competencia Ahora bien, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, declaró carecer de competencia legal por conocimiento previo de éste órgano jurisdiccional, para seguir conociendo del juicio de amparo 667/2023 de su índice, promovido por *****, contra actos del Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y otra autoridad, por los motivos que expone en el oficio de cuenta. En esa tesitura, este Juzgado comparte el criterio del homólogo federal y, SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA; acúsese el recibo correspondiente. Vinculación electrónica. En razón a la competencia aceptada, solicítese atentamente a la autoridad declinante tenga a bien realizar la vinculación electrónica del juicio de amparo 667/2023 de su índice, de manera permanente a este expediente. Compensación De igual forma, envíese atento oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, para que este asunto sea contabilizado y realice la compensación correspondiente, por el sistema computarizado; por ello, solicítese la boleta correspondiente. Convalidación de actuaciones Hágase del conocimiento de las partes, que se convalidan todas las actuaciones dictadas por la autoridad declinante en el juicio de amparo número 667/2023. Continuación del juicio. Al ser aceptada la incompetencia planteada se continúa el trámite del juicio de amparo promovido por *****, contra actos del Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y otra autoridad. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a la suspensión del acto reclamado, toda vez que el juez declinante no lo tramitó por no haberse solicitado expresamente por la parte quejosa. Audiencia Constitucional Con apoyo en el numeral 118 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional, la cual será por videoconferencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; salvo que este órgano jurisdiccional estime necesaria la presencia física de las partes. Hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 27, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán asistir virtualmente a la citada audiencia, para lo cual, en preparación para ello, deberán: a) Manifestar su deseo de hacerlo a más tardar cinco días antes de dicha celebración; b) Contar con algún dispositivo (computadora, Tablet o teléfono inteligente), con acceso a internet (satelital, red 4G, inalámbrico o residencial) que pueda ser utilizado en el desahogo de la diligencia; y, c) Proporcionar un correo electrónico y número telefónico, a fin de agilizar el trámite para el desahogo de la diligencia señalada. Asimismo, hágase saber a las partes que si consideran estrictamente necesario acudir a este órgano jurisdiccional, su participación en la audiencia será mediante videoconferencia, a través del equipo de cómputo destinado para tal efecto, acorde con lo dispuesto en el artículo 261 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En el entendido que, de no manifestar su voluntad expresamente, se entenderá que no es su deseo estar presentes en la audiencia constitucional y se desahogará sin su asistencia. Solicitud de informes justificados. Sin que sea necesario solicitar a las autoridades responsables sus informes justificados, puesto que ya fueron requeridos por la autoridad judicial declinante; advirtiéndose que a la fecha en que se actúa únicamente obra en autos el informe justificado rendido en representación del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca. Se hace del conocimiento a las autoridades responsables que pueden remitir información mediante el uso de firma electrónica, a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, manifiesten bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitadas para firmar electrónicamente y se cuenten elementos suficientes para tener por acreditada la autenticidad del escrito, acorde con lo establecido en el artículo 52 Bis, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo; debiendo confirmar la recepción del mismo al número telefónico 9515023565 ext. 2101, a fin de evitar dilaciones innecesarias. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las autoridades responsables que sólo le serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. Causales de sobreseimiento Comuníquese a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento en relación al acto reclamado, la deberán comunicar de inmediato, y de ser posible acompañarán las constancias que lo acrediten, con el apercibimiento que de omitir hacerlo, se les impondrá una multa de treinta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo. Intervención al Agente del Ministerio Público adscrito. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la ley en mención, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de publicación de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento del representante social, que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la Actuaría de este juzgado. Domicilio, autorizados y consulta de expediente Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***** y *****, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", y por así haberse solicitado; en tanto que únicamente en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a *****, ***** y *****, por no encontrase registrada su cédula en el registro referido ni ser proporcionada la misma por la parte quejosa. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Asimismo, se toma nota de los números telefónicos proporcionados, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo serán necesarios para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de la parte quejosa las que anexa a su escrito inicial de demanda; las que se desahogan por su propia y especial naturaleza sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno. Respecto a la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que refiere, ténganse por anunciadas, sin que haya lugar a perfeccionarlas, ya que derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos; por lo que, prácticamente no tienen desahogo, es decir, que no tienen vida propia; como así lo ilustra la tesis aislada XX. 305 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, registrada con el número 209572, visible en la página 291, tomo XV, Enero de 1995, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Envío de oficios Se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario firme los oficios derivados de este juicio y, en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, de ser el caso. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades correspondientes.
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