JUANA FERNADA SALAS TAPIA y Otros.
Expediente 225/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- JUANA FERNADA SALAS TAPIA y Otros.
- Ma. del Rocio Rayas Hernandez
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, residente en la ciudad de Guanajuato, al que adjunta copia certificada del testimonio dictado el veintisiete de abril del año en curso, en el Recurso de Queja Laboral número 14/2017, de su índice, interpuesto en los autos del juicio de amparo 225/2017 Mesa I.1 del índice de este juzgado federal, promovido por ***, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: PRIMERO.- Es infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO.- Se desecha la demanda de amparo promovida por ***, contra la autoridad y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. Acúsese recibo de estilo a la superioridad, glósese el cuaderno de antecedentes al presente sumario. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Nueva Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, como asunto concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se desechó la demanda de amparo promovida, y la Superioridad determinó que fue infundado el recurso de queja promovido por la quejosa, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales el oficio 1688/2017, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, por el que solicita, en lo que aquí interesa, se regularice la situación advertida a fin de dar trámite al recurso de queja promovido y registrado como 14/2017, del índice del Tribunal de su adscripción. Como lo pide, se ordena rendir el respectivo informe justificado en términos de lo dispuesto en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo; haciendo del conocimiento de la Superioridad QUE ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Toda vez que la parte quejosa señaló las constancias con las que debe integrarse el testimonio correspondiente, en atención a lo señalado por artículo 100, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal oficiante copia fotostática certificada de las constancias que integral el sumario en que se actúa y que únicamente obran en éste, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales el escrito de cuenta signado por las quejosas ***, por el que interponen recurso de queja en contra del auto de fecha diez del presente mes y año, que desechó la demanda promovida y formulan los agravios que le irroga a su autorizante la resolución recurrida. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), y 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito. Por tanto, se ordena rendir el respectivo informe justificado en términos de lo dispuesto en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo; haciendo del conocimiento de la Superioridad QUE ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Toda vez que la parte quejosa señala las constancias con las que debe integrarse el testimonio correspondiente, en atención a lo señalado por artículo 100, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado Especializado en Materia de trabajo del Décimo Sexto Circuito en turno, con sede en Guanajuato, Guanajuato, copia fotostática certificada de las constancias que integral el sumario en que se actúa y que únicamente obran en éste, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***; contra los actos que reclaman de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Celaya, Guanajuato, que estiman violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 225/2017, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, del cuerpo de leyes invocado son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Celaya, Guanajuato; y hace consistir en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de ***, como el acuerdo de ***, celebrada y dictado respectivamente, dentro del Expediente Laboral ***; en la primera, por la que no tiene por emplazadas a las personas morales demandadas a través del codemandado físico, el segundo, por el que NO se acuerda favorable la solicitud de búsqueda administrativa del domicilio de las empresas referidas. En este orden, la parte promovente en el escrito de demanda que nos ocupa, a manera de antecedentes precisa que ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, demandó diversas prestaciones de "***", "***" y ***; siendo que solo se logró el emplazamiento del demandado físico. En audiencia de conciliación, demanda y excepciones de ***, celebrada dentro del Expediente Laboral ***; se tuvo por emplazado al demandado ***, siendo que el representante legal de la actora, solicitó que a través del referido demandado, se emplazara a las personas morales codemandadas; solicitud que negó la Junta de Conciliación y Arbitraje y requirió a la actora a proporcionar los domicilios para su localización. Derivado de la solicitud enderezada por las actoras, la junta emitió auto de ***, a través del cual negó la solicitud de las actoras de solicitar a autoridades administrativas informaran de los posibles domicilios donde pudieran localizarse a las personas morales codemandadas. Audiencia de veinte de enero y proveído de *** que las promoventes hacen consistir como el acto materia del reclamo Constitucional en el presente asunto. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contario sensu, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que la determinación tomada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de ***, como en el acuerdo de ***, celebrada y dictado respectivamente, dentro del Expediente Laboral ***; no son de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que emanan, aunque se obtenga resolución favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, ya sea durante el trámite; o bien, al momento de resolverse el expediente de origen. Empero, cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable en el juicio; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado que no pueden ser convalidados o reparados a través de la obtención de una resolución favorable; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, los cuales sí pueden ser reparados o convalidados, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida por ***; resulta improcedente, porque la determinación tomada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Celaya, Guanajuato, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de ***, como en el acuerdo de ***, celebrada y dictado respectivamente, dentro del Expediente Laboral ***; a través de las que, en la audiencia referida no accede primero a tener por emplazadas a las personas morales demandadas a través del codemando físico y en el proveído de ***, no accede a solicitar a autoridades administrativas el domicilio probable de las referidas empresas, no son de aquellos actos que la ley clasifique como de los que vulneran los principios fundamentales de las peticionarias de amparo, por no estar en presencia de actos dentro de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, en la especie, el acto reclamado no implica una violación de imposible reparación porque no afecta por sí solo y en forma inmediata los derechos fundamentales de la parte solicitante del amparo; esto es, la determinación que se reclama es un acto que en todo caso solo produce efectos de carácter intraprocesal, al no dejarlo sin defensa, coartarle o negarle derecho alguno dentro de ese procedimiento oral ordinario, puesto que no se le priva de intervenir en ese trámite, o en las siguientes etapas del procedimiento. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, página 291, del tenor literal siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." La causal de improcedencia abordada se materializa en la especia, aunado a que, de ser el caso, de conformidad con lo que establecen los artículos 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, la parte promovente podrá reclamar en Amparo Directo como violación procesal, el desechamiento de pruebas aludido. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***; contra los actos que reclaman de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en Celaya, Guanajuato. En la inteligencia de que la Tesis invocada es aplicable de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Toda vez que la parte promovente señaló los estrados de este Tribunal para recibir notificaciones, siendo que aquellos no constituyen un domicilio propiamente dicho, ésta y las subsecuentes notificaciones, incluso aquellas que tengan el carácter de personales, realícensele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto realice señalamiento al respecto, y téngase como su autorizado para ese efecto al licenciado ***, en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su Cédula Profesional si se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autorice a ejercer la profesión de abogado, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24 párrafo Segundo de la Ley de Amparo, a los diversos profesionistas, por incumplir con dicho requisito. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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