Juana Fabiola Ángel Zavala

Expediente 412/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
412/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Juana Fabiola Ángel Zavala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el catorce de julio del año en curso declaró firme el auto en que se desechó el recurso de queja hecho valer contra la suspensión provisional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, pues éste se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado en cita, por lo que ahora ya se cuenta con los autos originales del presente asunto, de ahí que dicho cuaderno puede ser susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que se ordena glosar al presente juicio únicamente las constancias originales que obren en dicho cuaderno para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en La Piedad, Michoacán, mediante el cual remite el disco compacto que contiene la audiencia de ocho de junio de dos mil veintidós, celebrada dentro del expediente de origen. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 93, fracción VII, 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en comento, se tienen por admitidos dichos medios de prueba, los cuales se ordena relacionar al momento de la audiencia constitucional respectiva. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto 2013, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, atendiendo al contenido de las demás constancias que obran en autos, el acto reclamado por la quejosa consiste en el auto de ocho de abril de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario oral familiar 85/2022, en el que el juez responsable modificó el monto de la pensión alimenticia que se había fijado para las menores quejosas. Así se advierte de las copias certificadas que acompañaron las autoridades responsables como soporte de su informe justificado. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados precisados en esta consideración. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Este juzgador de manera oficiosa advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo [cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado], que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La hipótesis legal contiene la cesación de efectos del acto reclamado, la cual de manera abstracta consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: Por revocación; y Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. El segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto ulterior por el cual fue sustituido. Es aplicable, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicado en la página dos mil quinientos cuarenta y seis, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2013461, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Se sostiene lo anterior, en razón de que en la especie se reclamó al juez responsable el auto de ocho de abril de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario oral familiar 85/2022, en el que el juez responsable modificó el monto de la pensión alimenticia que se había fijado para las menores quejosas. Ahora, de las constancias de cuenta se advierte que en audiencia del ocho de junio del año que transcurre, el juez responsable modificó la cantidad fijada por concepto de alimentos provisionales. De esta manera, la determinación que la parte quejosa reclamó inicialmente, quedó sustituida procesalmente con la determinación emitida en audiencia de ocho de junio de dos mil veintidós; de suerte que, no es posible que este juzgador emprenda el estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso. Por tanto, este órgano de control constitucional considera que el juicio de amparo es improcedente ante la imposibilidad de analizar los actos reclamados que ya no surtirán sus efectos por haber sido substituido procesalmente por la diversa determinación antes referida. En consecuencia, al encontrarse probado en autos que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee el juicio de amparo contra el aludido acto reclamado. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la tesis I.3o.C.769 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, Registro 165869: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en el juicio de conformidad con el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Atento lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional, esto es, las diez horas del día de hoy y se reserva señalar nueva fecha hasta en tanto se levante la suspensión del procedimiento. Finalmente, agréguese el escrito signado por Olivia Benítez Reyes, en cuanto representante especial de las menores quejosas, mediante el cual pretende formular alegatos; de lo anterior no se hace mayor pronunciamiento en virtud de que en párrafos precedentes se resolvió el juicio de amparo que nos ocupa. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio remitido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en La Piedad, Michoacán, mediante el cual indica que en audiencia de ocho de junio de dos mil veintidós, celebrada dentro del expediente de origen, se determinó aumentar el monto por concepto de alimentos provisionales en favor de la parte quejosa; sin embargo, se reserva proveer lo que en derecho corresponda hasta en tanto el servicio postal entregue el original de dicha comunicación y este juzgado tenga a la vista el disco compacto que contiene la audiencia referida. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en La Piedad, Michoacán, mediante los cuales devuelve diligenciado el despacho 263/2022, remitido por este juzgado y acompaña las constancias de las que se advierte que el treinta de mayo del año en curso, verificó el emplazamiento del tercero interesado Alejandro Sánchez Bernal. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y se ordena dar de baja el despacho de referencia. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano