Juana Esperanza Bonilla Corral
Expediente 406/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 406/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juana Esperanza Bonilla Corral
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (fojas 22 a 23 y 61 a 62). Sin que obste a lo anterior el hecho de que en el informe justificado rendido con motivo de la ampliación de demanda, la responsable haya negado el citado acto, pues como se dijo en su primer informe aceptó la certeza de éste. Además, su existencia se corrobora con las constancias que acompañó en apoyo a su informe justificado, las cuales consisten en copias autenticadas de la carpeta de investigación **********; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se analizará la litis constitucional, debido a que se advierte la existencia de una causa de improcedencia. Ahora, de oficio, este juzgado considera que, en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la ley de la materia que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Del primer precepto se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, dispone que la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en Pleno o en Salas, será obligatoria, entre otros, para los Juzgados de Distrito. Cabe destacar que el dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual entró en vigor a partir del tres de abril siguiente, conforme a su primer transitorio, la cual en el artículo sexto transitorio establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva. En ese sentido, la jurisprudencia 17, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del tomo VI, parte SCJN, del apéndice de mil novecientos noventa y cinco, de la Quinta Época, con registro 393973, dispone: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." De la jurisprudencia transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se interponga contra actos que son consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Al respecto, el Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido como elemento principal para actualizar la causa de improcedencia de actos derivados de consentidos, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél, que no fue combatido en la vía de amparo o bien fue consentido expresamente, salvo que se reclame por vicios propios, como se advierte de la tesis del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Primera Parte, página 9, con registro 232011, que es del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen CXXXI, Tercera Parte, página 11, con registro 265101, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia." Los criterios del alto tribunal han previsto que la configuración de tal causa de improcedencia requiere dos supuestos: 1. La existencia de un acto anterior consentido que, por tanto, debe causar afectación a los intereses jurídicos de la quejosa para ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional; y 2. La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora, como se asentó en líneas que anteceden, en la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa se duele de la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitida en la carpeta de investigación **********, por la Agente de Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común de Romita, Guanajuato, en la que negó la devolución del vehículo **********, línea **********, modelo **********, con número de serie ********** placas **********, del que la quejosa aduce ser propietaria, y la consecuente retención del citado vehículo. Luego, de las constancias que acompañó la responsable en apoyo a su informe de ley se advierte que el acto reclamado en esta instancia derivó del acuerdo de aseguramiento decretado en la citada carpeta de investigación el doce de marzo de dos mil veinte, donde la fiscal responsable, emitió tal determinación debido a que consideró el citado bien mueble como instrumento del delito, a fin de evitar su ocultamiento, alteración o destrucción. Actuación que no fue combatida por la peticionaria del amparo, por lo que se tiene que ese acto se consintió tácitamente; lo anterior debe entenderse que implícitamente la promovente aceptó las consecuencias que derivaron de dicho aseguramiento. Ello es así, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que el diecisiete de marzo de dos mil veinte la quejosa acudió ante la representación social y en diligencia de esa misma fecha se llevó a cabo su entrevista, en la que incluso también formuló denuncia o querella; asimismo, en tal diligencia se le informó el acuerdo de aseguramiento de doce de marzo del año en curso, y posteriormente la quejosa, en la misma comparecencia, solicitó la devolución del vehículo que defiende aduciendo que es la propietaria; actuación en la cual obra la firma de la ahora promovente. Luego, en respuesta a la petición de la quejosa respecto a la devolución del vehículo, en la misma fecha (diecisiete de marzo de dos mil veinte) la autoridad responsable emitió la resolución reclamada, en la que determinó que el diecisiete de marzo del año en curso se le había notificado el aseguramiento del vehículo, por lo que no resultaba procedente acordar la devolución del vehículo en ese momento, dado que esa fiscalía se encontraba investigando el delito de daños, al contar con la denuncia del aquí tercero interesado y de la propia quejosa, por lo que resultaba indispensable contar con la valuación y fijación de los daños que presentan los vehículos involucrados como dato de prueba indispensable de la investigación. Entonces, se pone de manifiesto que, al menos desde esa data, la quejosa conoció el contenido del citado acuerdo de aseguramiento del vehículo que refiere es de su propiedad. Luego, de las actuaciones que allegó al juicio la autoridad responsable, como apoyo a su informe justificado, no se aprecia que la aquí quejosa haya combatido tal aseguramiento; por consiguiente, debe entenderse que consintió el referido acuerdo. Por ende, desde esa época, estuvo en aptitud de defenderse de la retención del vehículo que dice le pertenece, y por tanto, no existía justificación para esperarse hasta la resolución combatida; ya que de acontecer así, sería tanto como permitir que el juicio de amparo se utilizara en cualquier tiempo, a conveniencia de quien dice resentir un perjuicio, sin observar las reglas y tiempos para su instauración. Corolario de lo anterior, quedó demostrado que la quejosa tuvo conocimiento de la actuación que dio origen al acto del que ahora se duele; empero, no acudió a defender el derecho que consideraba vulnerado; por lo que, debe entenderse que consintió esas circunstancias. De ahí, que la determinación de la que ahora se duele la inconforme sea consecuencia directa del acuerdo de aseguramiento emitido en la carpeta de investigación de origen por la autoridad responsable. Luego, no es posible analizar en el presente juicio de amparo, actos que surgen de otros diversos que al haber sido consentidos, implica que también se consienten sus consecuencias. Suponer lo contrario equivaldría permitir a la quejosa que impugnara en cualquier tiempo los actos contra los que no se inconformó oportunamente, pues los actos que son consecuencia natural de éstos, se sustentan en las mismas bases jurídicas, de manera que al ser estudiados en una instancia de amparo, se estarían analizando aquéllos de los que surgen; de modo que la falta de impugnación del acto del que deriva el reclamado constituye una manifestación de la voluntad que entraña también la conformidad en éste, como consecuencia lógica y natural de aquél. De la que se aprecia que efectivamente la quejosa tenía conocimiento del acuerdo de aseguramiento del vehículo que dice es de su propiedad, el cual le fue notificado el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Por lo que se concluye que, si desde esa data conoció del aseguramiento que sirvió de base para emitir el acto que aquí reclama, y no lo combatió, se entiende que lo consintió, así como las consecuencias que de éste se originen. Sin que en el presente asunto se haya dado vista a la quejosa para ampliar la demanda por el citado acuerdo de aseguramiento, debido a que a la fecha de presentación de la demanda (seis de agosto de dos mil veinte) ya le había sido notificado (diecisiete de marzo de dos mil veinte) y por ende, ya tenía conocimiento del mismo y estuvo en aptitud de combatirlo. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO del presente juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente, no se inadvierte que mediante pedimentos 25/2020 y 9/2020, la Agente del Ministerio Público de la adscripción haya formulado alegatos, sin embargo, al no formar parte de la litis, no conlleva como obligación dar respuesta a los mismos . QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo.
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en acuerdo de veintinueve de octubre de los actuales, se tuvo a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común de Romita, Guanajuato, rindiendo su informe justificado respecto a la ampliación de demanda, por lo que, a la fecha, se encuentra transcurriendo el término de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia que se encontraba fijada para esta fecha, y en su lugar se señalan las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo...
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...Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido vía correo electrónico, signado por la Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Trámite Común de Romita, Guanajuato, mediante el cual, rinde su informe justificado, respecto de la ampliación de la demanda, en ese sentido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, del estado de autos se aprecia que en acuerdo de nueve de octubre del año en curso, se reservó efectuar la notificación del citado acuerdo, así como de la ampliación de demanda al tercero interesado *** hasta en tanto se contara con las constancias de diligenciación del despacho 628/2020 (841/2020), del índice de este órgano constitucional, por medio del cual se ordenó su llamamiento a juicio, o bien, señalara domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; aconteciendo lo primero, como se desprende del diverso proveído de veinte de los actuales, en el cual, incluso se determinó que las notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista. En tal virtud, se levanta la citada reserva y se ordena notificar al tercero interesado, por medio de lista, el acuerdo de nueve de octubre del año en curso, así como de la ampliación de demanda. Notifíquese, y por medio de lista al tercero interesado el presente acuerdo y el diverso de nueve de octubre del año en curso... En cumplimiento a lo anterior notifico al tercero interesado *** por este medio el diverso acuerdo de 09/10/2020, que en síntesis refiere: ...Téngase por recibido el escrito de cuenta, suscrito por la parte quejosa mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, y al respecto manifiesta que sí tiene interés en ampliar la demanda de amparo. Por tanto, se provee: ADMISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan a su desechamiento, así como tampoco de incompetencia que impidan a este juzgado conocer de la presente ampliación de demanda de amparo; en esas circunstancias, SE ADMITE, únicamente respecto a los conceptos de violación, dado que el acto relativo a la negativa de devolución del vehículo que dice la quejosa es de su propiedad ya fue reclamado desde el escrito inicial de demanda y se proveyó al respecto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y otorgar la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con oficio que contenga transcripción del presente proveído, al que se acompañe copia simple de la ampliación de demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En el ocurso que se recibe, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, en el caso, no ha lugar a ordenar que se provea al respecto, dado que, como se aprecia de líneas atrás, la ampliación de demanda se admitió solamente respecto a conceptos de violación, debido a que el acto reclamado relativo a la negativa de devolución del vehículo que dice la quejosa es de su propiedad ya fue reclamado desde el escrito inicial de demanda y en el acuerdo admisorio se ordenó proveer sobre la suspensión del mismo. INFORME JUSTIFICADO Se requiere a las autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en un plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que se le notifique este acuerdo y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, para que remita las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo. En el entendido, de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, por correo electrónico a la dirección institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, por vía ordinaria; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. En ese orden, con la finalidad de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se precisa a las autoridades responsables que pueden proporcionar una cuenta de correo electrónico a efecto de que se establezca como medio de contacto con el personal del juzgado, o bien, para la práctica de notificaciones judiciales. Asimismo, para facilitar la integración y consulta del expediente electrónico, se solicita que se envíe las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo, debidamente digitalizadas, a través de medios tecnológicos tales como discos magnéticos o memorias "USB" corroborando que los archivos electrónicos que se adjunten se encuentren libres de virus, o bien, de no ser posible, las remita de manera física. Se apercibe qué de no hacerlo, en la sentencia que se dicte en este asunto, se presumirá la certeza del acto reclamado y les será impuesta MULTA DE CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Contradicción de tesis 349/2012. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 10 de octubre de 2012. Cinco votos; votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. De la Luz Pineda Pineda. Tesis de jurisprudencia 176/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de noviembre de dos mil doce" OBLIGACIÓN DE INFORMAR CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Hágase saber a las partes que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán de comunicarlo de inmediato, en términos del numeral 64 de la Ley de Amparo; en el entendido que de ser omisas en realizarlo, se les impondrá una MULTA DE TREINTA VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se hace del conocimiento de las partes que se encuentran señaladas las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE MIL VEINTE, para que tenga verificativo. TERCERO INTERESADO Se reservar efectuar la notificación del presente auto, así como de la ampliación de demanda al tercero interesado *** hasta en tanto se cuente con las constancias de diligenciación del despacho 628/2020 (841/2020), del índice de este órgano constitucional, por medio del cual se ordenó su llamamiento a juicio, o bien, señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones...
- Principal
...Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Juez Único Menor Mixto de Romita, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 628/2020 (841/2020), del índice de este juzgado, enviado a fin de emplazar a juicio al tercero interesado; lo que aconteció el veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Dese de baja la referida comunicación en el libro de gobierno correspondiente, previas las anotaciones respectivas y desglósense del oficio de cuenta los anexos que le fueron remitidos a la autoridad oficiante, en virtud de ser innecesario su agregado en el presente expediente. En ese tenor, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido al tercero interesado *** en proveído de diez de septiembre pasado, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que desahogara la prevención ahí contenida; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, y se ordena realizarle las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado federal; lo anterior, con fundamento en el numeral 27 fracción II de la Ley de Amparo...
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