Juana Domínguez López

Expediente 152/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
152/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Juana Domínguez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicha resolución ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, puesto que se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 7.5 y punto 3 del artículo 8.1.2, ambos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el diecisiete de junio de dos mil veintidós. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, las copias que anexo a su informe justificado, el que resulta innecesario en el presente juicio de garantías, del cual se ordenó formar cuaderno de pruebas. Notifíquese.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, y recibido al día siguiente en la Oficialía de Partes de este Juzgado, Juana Domínguez López, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y actos detallados en el escrito de demanda. Segundo. Previa prevención, por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno se desechó parcialmente la demanda en contra del acto reclamado al Secretario del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, y se admitió respecto a la restante autoridad, se solicitó informe justificado, se dio intervención a la Fiscal de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y previos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero (Competencia). Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo; y por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo (Precisión de los actos reclamados). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y escritorio aclaratorio, se advierte que la quejosa reclama del Juez Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, la retención, bloqueo o embargo de la cuenta bancaria 800-310057-5 del Banco Nacional de Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., ordenada en el juicio ejecutivo mercantil 1406/2015, promovido por Víctor Manuel Carlebache y Gabriela Pérez Carrasco, endosatarios en procuración de Leticia Galloso Cano; cuenta que aduce la quejosa es producto de una pensión de viudez que recibe por parte de su fallecido esposo Pedro Salmerón Ortíz. Tercero (Existencia de los actos reclamados). Son ciertos los actos reclamados al Juez Sexto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, tal como se advierte de su informe justificado (foja 33); lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada acompañó consistentes en el juicio ejecutivo mercantil 1406/2015-VIII, con las cuales se formó un tomo de prueba; documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento público cuyo contenido no se encuentra contradicho con otras pruebas. Cuarto (Causales de improcedencia). Previamente al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, debe examinarse lo relativo a la procedencia del presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, el suscrito advierte, como lo hace valer la parte tercera interesada (fojas 50 a 52), que la demanda de amparo es improcedente al haber sido consentidos los actos reclamados, por lo que se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. ARTÍCULO 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. ARTÍCULO 19.- Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento [.]" De los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo acorde a la temporalidad general para la interposición de la demanda que es de quince días, contados a partir de los siguientes supuestos: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, 3. Desde el día siguiente al en que se haya ostentado sabedor de su existencia o de su ejecución. Así, el indicado artículo 18 hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y, no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo se hiciera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis, en el plazo genérico de quince días respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en el numeral 17 en relación con el diverso 18 del aludido ordenamiento legal. En ese contexto, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama del Juez Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, la retención, bloqueo o embargo de la cuenta bancaria 800-310057-5 del Banco Nacional de Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., ordenada en el juicio ejecutivo mercantil 1406/2015, promovido por Víctor Manuel Carlebache y Gabriela Pérez Carrasco, endosatarios en procuración de Leticia Galloso Cano. Ahora, de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 1406/2015 se aprecia, en lo que interesa, que el veintisiete de octubre de dos mil veinte, a solicitud de la parte actora, se ordenó por el Juez responsable requerir en forma personal a la demandada a fin de que cubra la cantidad de $2´094,423.78 (dos millones noventa y cuatro mil cuatrocientos veintitrés pesos 78/100 moneda nacional), a fin de cubrir el pago de la cantidad adeuda, con apercibimiento que de no hacerlo se le embargarían bienes de su propiedad y suficientes para garantizar el adeudo (foja 75 del juicio y 335 del tomo de prueba); diligencia que se verificó el once de noviembre de dos mil veinte y en la que se solicitó el embargo de cuentas cuentas bancarias a nombre de la demanda librándose los oficios correspondientes a diversas instituciones bancarias (foja 339 a 351 del tomo de prueba); posteriormente, el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno el Juez tuvo por recibido, entre otros escritos de la aquí quejosa datado el siete de diciembre de dos mil veinte y presentado ante dicho órgano jurisdiccional el nueve de ese mes y año, donde solicita, esencialmente, se libere el embargo del importe retenido en la cuenta bancaria 800-310057-5 del Banco Nacional de Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. (fojas 87 a 88 del juicio y 358 a 359 del tomo de prueba). De lo anterior, se advierte que la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, cuando menos, desde el siete de diciembre de dos mil veinte (y no en la fecha en que bajo protesta de decir verdad señaló en su escrito aclaratorio de demanda - veinticinco de febrero de dos mil veintiuno - (foja 19), y la demanda de amparo se presentó hasta el uno de marzo de dos mil veintiuno, según consta en el sello de recibo de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río (foja 3), con lo que se hace patente que el juicio, en cuanto a la oportunidad de su promoción, es extemporáneo, por lo que es inconcuso que se hizo fuera del término previsto por el artículo 18 invocado, además, que el mismo no se ubica en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido numeral 17 de la ley de la materia; actualizándose en este caso la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XIV, párrafo primero de la nueva Ley de Amparo. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero 2011, Tomo XXXIII, página 5, con número de registro 163172, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Sin que deba considerarse como obstáculo para la anterior afirmación, que por regla general, los Juzgados del Poder Judicial del Estado de Veracruz hayan gozado de su segundo periodo vacacional del año dos mil veinte del catorce de diciembre de dos mil veinte al cinco de enero de dos mil veintiuno, durante el cual para ellos no corrieron plazos procesales. Pues aun descontando ese periodo, si la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el siete de diciembre de dos mil veinte, el cómputo para la presentación de la demanda comenzó a correr al día siguiente, es decir del ocho al once de ese mes y año y del seis al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, con descuento de los días sábados y domingos. Por lo que al haberse presentado la demanda hasta el uno de marzo de dos mil veintiuno es inconcuso que ya se encontraba vencido dicho plazo, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2014199, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." Lo anterior es así, ya que conforme con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo, en este caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días. Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años. Menos aún se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años. Asimismo, el acto reclamado no constituye un acto que ataque la libertad personal fuera de procedimiento judicial; tampoco se advierte que con la emisión del mismo, exista en perjuicio de la parte quejosa, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Por lo que se evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas por el citado precepto legal. En ese orden de ideas, al tener el acto reclamado en este juicio la calidad de consentido tácitamente al no haberse combatido dentro del término establecido de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la misma Ley, razón por la cual, con fundamento en lo dispuesto por el diverso artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de amparo. Finalmente, el suscrito se encuentra impedido jurídicamente para analizar los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, en términos de la jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página trescientos treinta y cinco, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Quinto (Forma de publicación). Por otra parte, en atención a que durante la integración del expediente, las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, 117, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, publíquese la presente sentencia con supresión de datos sensibles, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. Sexto (expedición de copias). Ahora bien, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la sentencia, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, expídase a costa de las partes una copia certificada o simple, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juana Domínguez López, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese el fallo que ahora se dicta en términos del considerando quinto. Tercero. Expídase a costa de las partes copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, por correo electrónico a la Fiscal de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma electrónicamente Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2839/2021, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del propio Consejo, que reglamenta su organización y funcionamiento, a partir del trece de agosto de dos mil veintiuno y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba Titular, ante Cutberto Infante Suarez, secretario con quien actúa y da fe, hasta hoy diez de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, fecha en que las labores del Juzgado lo permitieron; con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia, y las personas en situación de vulnerabilidad, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe. Certificación: El secretario certifica que la promoción, documento, auto y/o resolución que antecede, coinciden en su totalidad con el expediente electrónico e impreso, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe. CIS/avh* En la misma fecha, se libra el oficio correspondiente, al tenor de la minuta que se agrega. Conste. CIS/avh* Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz Juicio de Amparo 152/2021-II 3574-II Juez Sexto de Primera Instancia Veracruz, Veracruz. Por vía de notificación, para su conocimiento y efectos legales del caso, con el presente remito a usted, copia de la sentencia pronunciada el día de hoy en el juicio de amparo número anotado al rubro, promovido por Juana Domínguez López, contra actos de usted. Protesto a usted mi atenta consideración. Atentamente. "2021, Año de la Independencia" Boca del Río, Veracruz, 10 de noviembre de 2021. Lic. Cutberto Infante Suárez Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. (Firma Electrónica) "Vistos; los autos para resolver el juicio de amparo número 152/2021-II; y R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, y recibido al día siguiente en la Oficialía de Partes de este Juzgado, Juana Domínguez López, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y actos detallados en el escrito de demanda. Segundo. Previa prevención, por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno se desechó parcialmente la demanda en contra del acto reclamado al Secretario del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, y se admitió respecto a la restante autoridad, se solicitó informe justificado, se dio intervención a la Fiscal de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y previos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero (Competencia). Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo; y por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo (Precisión de los actos reclamados). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y escritorio aclaratorio, se advierte que la quejosa reclama del Juez Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, la retención, bloqueo o embargo de la cuenta bancaria 800-310057-5 del Banco Nacional de Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., ordenada en el juicio ejecutivo mercantil 1406/2015, promovido por Víctor Manuel Carlebache y Gabriela Pérez Carrasco, endosatarios en procuración de Leticia Galloso Cano; cuenta que aduce la quejosa es producto de una pensión de viudez que recibe por parte de su fallecido esposo Pedro Salmerón Ortíz. Tercero (Existencia de los actos reclamados). Son ciertos los actos reclamados al Juez Sexto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, tal como se advierte de su informe justificado (foja 33); lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada acompañó consistentes en el juicio ejecutivo mercantil 1406/2015-VIII, con las cuales se formó un tomo de prueba; documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento público cuyo contenido no se encuentra contradicho con otras pruebas. Cuarto (Causales de improcedencia). Previamente al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, debe examinarse lo relativo a la procedencia del presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, el suscrito advierte, como lo hace valer la parte tercera interesada (fojas 50 a 52), que la demanda de amparo es improcedente al haber sido consentidos los actos reclamados, por lo que se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. ARTÍCULO 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. ARTÍCULO 19.- Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento [.]" De los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo acorde a la temporalidad general para la interposición de la demanda que es de quince días, contados a partir de los siguientes supuestos: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, 3. Desde el día siguiente al en que se haya ostentado sabedor de su existencia o de su ejecución. Así, el indicado artículo 18 hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y, no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo se hiciera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis, en el plazo genérico de quince días respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en el numeral 17 en relación con el diverso 18 del aludido ordenamiento legal. En ese contexto, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama del Juez Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, la retención, bloqueo o embargo de la cuenta bancaria 800-310057-5 del Banco Nacional de Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., ordenada en el juicio ejecutivo mercantil 1406/2015, promovido por Víctor Manuel Carlebache y Gabriela Pérez Carrasco, endosatarios en procuración de Leticia Galloso Cano. Ahora, de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 1406/2015 se aprecia, en lo que interesa, que el veintisiete de octubre de dos mil veinte, a solicitud de la parte actora, se ordenó por el Juez responsable requerir en forma personal a la demandada a fin de que cubra la cantidad de $2´094,423.78 (dos millones noventa y cuatro mil cuatrocientos veintitrés pesos 78/100 moneda nacional), a fin de cubrir el pago de la cantidad adeuda, con apercibimiento que de no hacerlo se le embargarían bienes de su propiedad y suficientes para garantizar el adeudo (foja 75 del juicio y 335 del tomo de prueba); diligencia que se verificó el once de noviembre de dos mil veinte y en la que se solicitó el embargo de cuentas cuentas bancarias a nombre de la demanda librándose los oficios correspondientes a diversas instituciones bancarias (foja 339 a 351 del tomo de prueba); posteriormente, el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno el Juez tuvo por recibido, entre otros escritos de la aquí quejosa datado el siete de diciembre de dos mil veinte y presentado ante dicho órgano jurisdiccional el nueve de ese mes y año, donde solicita, esencialmente, se libere el embargo del importe retenido en la cuenta bancaria 800-310057-5 del Banco Nacional de Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. (fojas 87 a 88 del juicio y 358 a 359 del tomo de prueba). De lo anterior, se advierte que la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, cuando menos, desde el siete de diciembre de dos mil veinte (y no en la fecha en que bajo protesta de decir verdad señaló en su escrito aclaratorio de demanda - veinticinco de febrero de dos mil veintiuno - (foja 19), y la demanda de amparo se presentó hasta el uno de marzo de dos mil veintiuno, según consta en el sello de recibo de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río (foja 3), con lo que se hace patente que el juicio, en cuanto a la oportunidad de su promoción, es extemporáneo, por lo que es inconcuso que se hizo fuera del término previsto por el artículo 18 invocado, además, que el mismo no se ubica en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido numeral 17 de la ley de la materia; actualizándose en este caso la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XIV, párrafo primero de la nueva Ley de Amparo. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero 2011, Tomo XXXIII, página 5, con número de registro 163172, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Sin que deba considerarse como obstáculo para la anterior afirmación, que por regla general, los Juzgados del Poder Judicial del Estado de Veracruz hayan gozado de su segundo periodo vacacional del año dos mil veinte del catorce de diciembre de dos mil veinte al cinco de enero de dos mil veintiuno, durante el cual para ellos no corrieron plazos procesales. Pues aun descontando ese periodo, si la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el siete de diciembre de dos mil veinte, el cómputo para la presentación de la demanda comenzó a correr al día siguiente, es decir del ocho al once de ese mes y año y del seis al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, con descuento de los días sábados y domingos. Por lo que al haberse presentado la demanda hasta el uno de marzo de dos mil veintiuno es inconcuso que ya se encontraba vencido dicho plazo, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2014199, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." Lo anterior es así, ya que conforme con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo, en este caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días. Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años. Menos aún se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años. Asimismo, el acto reclamado no constituye un acto que ataque la libertad personal fuera de procedimiento judicial; tampoco se advierte que con la emisión del mismo, exista en perjuicio de la parte quejosa, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Por lo que se evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas por el citado precepto legal. En ese orden de ideas, al tener el acto reclamado en este juicio la calidad de consentido tácitamente al no haberse combatido dentro del término establecido de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la misma Ley, razón por la cual, con fundamento en lo dispuesto por el diverso artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de amparo. Finalmente, el suscrito se encuentra impedido jurídicamente para analizar los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, en términos de la jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página trescientos treinta y cinco, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Quinto (Forma de publicación). Por otra parte, en atención a que durante la integración del expediente, las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, 117, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, publíquese la presente sentencia con supresión de datos sensibles, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. Sexto (expedición de copias). Ahora bien, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la sentencia, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, expídase a costa de las partes una copia certificada o simple, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juana Domínguez López, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese el fallo que ahora se dicta en términos del considerando quinto. Tercero. Expídase a costa de las partes copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, por correo electrónico a la Fiscal de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma electrónicamente Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2839/2021, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del propio Consejo, que reglamenta su organización y funcionamiento, a partir del trece de agosto de dos mil veintiuno y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba Titular, ante Cutberto Infante Suarez, secretario con quien actúa y da fe, hasta hoy diez de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, fecha en que las labores del Juzgado lo permitieron; con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia, y las personas en situación de vulnerabilidad, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe.." Dos firmas electrónicas. P. A. Reyes O - C. Infante S. - Rúbricas. Es copia fiel sacada de su original. Doy fe. Atentamente. "2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA" Boca del Río, Veracruz, 10 de noviembre de 2021. Lic. Cutberto Infante Suárez Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. (Firma Electrónica)

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL 10/11/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C...Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juana Domínguez López, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese el fallo que ahora se dicta en términos del considerando quinto. Tercero. Expídase a costa de las partes copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, por correo electrónico a la Fiscal de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable...

  4. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para las nueve horas con cuarenta minutos de esta fecha; sin embargo, la Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia este día, habilitando al licenciado Pedro Alberto Reyes Ochoa, como secretario encargado del despacho por ministerio de ley, únicamente en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, para practicar diligencias y dictar providencias de mero trámite, así como resoluciones de carácter urgente; en consecuencia, al no encontrarse en alguno de los supuestos antes transcritos este asunto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas del veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno para su celebración. Asimismo, hágasele saber a las partes que, de ser su deseo, pueden estar presentes, vía remota, en la audiencia respectiva, ello, tomando en cuenta el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con motivo del fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, y atendiendo a que el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en su artículo 5, fracción II, se establece que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias. Lo anterior siguiendo los lineamientos establecidos en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por tanto, de conformidad con el artículo 27, fracciones III y IX del Acuerdo General 12/2020 ya mencionado, la suscrita determina que se cumplen las condiciones para la utilización de este método de comunicación y que se cumplen los principios rectores del procedimiento. Así las cosas, es dable precisar que para el desahogo de la audiencia de mérito a través de videoconferencia en tiempo real deberán de observarse las reglas establecidas en el artículo 28 del Acuerdo General indicado... Entonces, para poder desahogarse la diligencia a través de ese recurso se necesita que las partes cuenten con alguno de estos dispositivos y enlaces de telecomunicación. - Tipos de dispositivos: Codec, Computadora Pc o Laptop, tableta, smarthphone (teléfonos inteligentes). - Tipos de enlace o telecomunicación: MPLS, satelital, celular (mínimo 4g), Wireless (inalámbrica) o DSL (residencial). O, en caso de no contar con alguno de dichos dispositivos y/o enlaces, que cuenten con algún teléfono fijo ya sea de casa u oficina, pues a través de ellos, se desahogará la diligencia. Asimismo, se necesita que proporcione un correo electrónico a donde se le puedan mandar los datos y la liga para poder enlazarse a la videoconferencia. En el entendido que la participación de las partes por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos de la audiencia que se realice con presencia física en los órganos jurisdiccionales conforme a la normativa aplicable. De tal manera que, de ser el deseo de las partes tener participación en la diligencia de mérito, se les requiere para dado el caso de que sí cuenten con lo peticionado en el párrafo que antecede, expresen su interés, como máximo, diez días antes de la fecha fijada para el desahogo de la audiencia de mérito, a efecto de realizar la organización respectiva, proporcionando para ello un correo electrónico y número telefónico con la finalidad de que se le haga llegar, como ya se dijo, los datos y liga para poder enlazarse a la videoconferencia.

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