Juana Diaz Victorino

Expediente 866/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
866/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Juana Diaz Victorino
  • César Martínez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    En veintiséis de julio de dos mil veintitrés, el licenciado Roberto Bravo Vargas, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, CERTIFICA: Que el presente asunto ha sido valorado con fundamento en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; asimismo, que hasta el día de hoy, no existe promoción alguna mediante la cual se interponga recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en la que se determinó sobreseer este juicio de amparo; asimismo, certifica que ya transcurrió el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de mérito, pues dicho término transcurrió de la siguiente manera: PARTE PROCESAL NOTIFICACIÓN SURTE EFECTOS TÉRMINO DÍAS INHÁBILES Quejoso 01 de octubre 2021 04 de octubre 2021 Del 05 al 19 de octubre 2021 09, 10, 12, 16 y 17 de octubre 2021 Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita 04 de octubre 2021 05 de octubre 2021 Del 06 al 20 de octubre 2021 09, 10, 12, 16 y 17 de octubre del 2021 Autoridad responsable 11 de octubre 2021 11 de octubre 2021 Del 13 al 26 de octubre 2021 16, 17, 23 y 24 de octubre 2021 Tercero interesado 19 de octubre del 2021 20 de octubre del 2021 Del 21 de octubre al 05 de noviembre del 2021 23, 24, 30, y 31 de diciembre al 1 y 2 de noviembre del 2021 Tercero interesado 20 de diciembre del 2022 21 de diciembre del 2022 22 de diciembre del 2022 al 4 de enero del 2023 24, 25 y 31 de diciembre del 2022 y 1 de enero del 2023 Lo que se certifica para los efectos legales correspondientes.- Doy fe. El Secretario. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos.- Conste. Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214 de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 19, del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente. Respecto al cuaderno incidental original, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 20, fracción III, de dicha normativa, destrúyase junto con el expediente principal, ello en razón de que la medida cautelar fue negada en definitiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido al TERCERO INTERESADO, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y en aras de una pronta y expedita administración de justicia instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que de inmediato notifique personalmente al tercero interesado, la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, instrúyase al personal de actuaria a fin de que se vincule al expediente electrónico la notificación personal realizada a la parte tercero interesada, correspondientes a la sentencia de referencia y para el caso de que no esté realizada, proceda de manera inmediata a realizar la misma. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO ANTERIOR SE NOTIFICA LA SENTENCIA DE FECHA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO: "... Por tanto al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el presente juicio de amparo en relación al reclamo del aludido numeral, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XVII 2 7 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION. LA AUSENCIA O FALTA DE. DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCION XVIII EN RELACION CON EL ARTÍCULO 166, FRACCION VI, DE LA LEY DE AMPARO. Si la quejosa en su demanda de garantías a manera de concepto de violación únicamente transcribe el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, dicha transcripción no reúne las condiciones necesarias que establece el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo para ser considerado como tal, pues éste consiste en la exposición del razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos del acto reclamado o contra la ausencia de ellos, para poner de manifiesto que dicho acto es contrario a la ley, o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó; o bien, porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, o porque la sentencia reclamada no se apoyó en principios generales del derecho, cuando no haya ley aplicable al caso; de donde se infiere que al no existir concepto de violación, requisito esencial en el juicio de garantías para establecer si el acto reclamado es o no constitucional, debe concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo que motiva el sobreseimiento del juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy treinta de septiembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe."

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y en aras de una pronta y expedita administración de justicia instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que de inmediato notifique personalmente al tercero interesado, la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, instrúyase al personal de actuaria a fin de que se vincule al expediente electrónico la notificación personal realizada a la parte tercero interesada, correspondientes a la sentencia de referencia y para el caso de que no esté realizada, proceda de manera inmediata a realizar la misma. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Juana Díaz Victorino solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes. Autoridades responsables. Juez Mixto de Cuantía Menor de la Segunda Demarcación Territorial en el Estado de Morelos y Actuario de su adscripción. Acto reclamado: ".a).- de ambas autoridades se reclama la violación de mi derecho de acceso a la justicia, al estarse desahogando en mi contra, un procedimiento judicial al cual no he sido oída y vencida previamente en un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. b).- del Juez Mixto. reclamó la tramitación en todas sus etapas, así como todas las actuaciones procesales desahogadas en el juicio ejecutivo mercantil identificada con el número 707/2019,. c).- De la Actuaria adscrita al Juzgado Mixto. reclamo el embargo llevado a cabo el veinticinco de septiembre de dos mil veinte...". SEGUNDO. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 866/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo emplazo a juicio al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El emplazamiento y embargo, practicados en el juicio ejecutivo mercantil 707/2019 y, en consecuencia, todo lo actuado con posterioridad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Mixto de Cuantía Menor de la Segunda Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, con residencia en Puente de Ixtla, Morelos, al rendir el informe justificado aceptó el acto reclamado, y remitió copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 707/2019, constancias allegadas que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, así como las constancias de emplazamiento a juicio. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte el actuario adscrito al juez responsable fue omiso en rendir el informe justificado no obstante de haberse girado el oficio 14953/2020, sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad ordenadora, se desprende su actuación al llevar a cabo las diligencias de emplazamiento y embargo, en el juicio ejecutivo mercantil 707/2019, en ese tenor se le tiene por cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, de oficio se advierte que respecto a los actos reclamados consistentes en la diligencia de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo al juicio ejecutivo mercantil 707/2019, del índice del Juzgado Mixto de Cuantía Menor, con sede en Puente de Ixtla, Morelos, promovido por Tzitlalli Rojas Pinzón, endosataria en procuración de Cesar Martínez González, contra Bruno Artemio Tafolla Tecomahua, en su carácter de deudor principal y Juana Díaz Victorino, en su carácter de deudora solidaria -aval- y como consecuencia de ello, todo lo actuado con posterioridad. Se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, estos últimos, interpretados a contrario sensu; ya que de autos se advierte que la promovente no tiene el carácter de tercero extraño a juicio por los motivos que a continuación se exponen. En principio, conviene transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El precepto transcrito si bien no establece una causa de improcedencia en concreto, lo cierto es que debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. En el caso, se aduce que la improcedencia del juicio de amparo promovido por la quejosa, se deduce del artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, éstos últimos interpretados a contrario sensu, los cuales prevén: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de derechos es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. Sobre ese tema, cabe destacar que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña a juicio, como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el proceso judicial o en el procedimiento como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: Personas que no son parte en el proceso las cuales sólo coadyuvan o participan en él; sin embargo, no tienen una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. Tercero extraño stricto sensu es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, a la persona que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. Tercero extraño por equiparación es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: a) Tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. b) Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: ( Aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; y, ( Quien fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En esa tesitura, debe considerarse tercero extraño al juicio stricto sensu para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquella persona que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio o procedimiento natural. Da sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/98 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así, la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio o al procedimiento, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del mismo, que va desde la demanda o escrito inicial hasta el cumplimiento de la sentencia o resolución; sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Por otra parte, debe decirse que en un caso análogo al del tercero extraño, se encuentra quien aun siendo parte formal en el procedimiento judicial, no fue emplazado o lo fue ilegalmente, a quien se le denomina como persona extraña a juicio por equiparación simple. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación simple, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: a) que sea parte formal en el procedimiento y; b) que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que la quejosa haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Es oportuno destacar, que la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, sólo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, con motivo de esa circunstancia se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, concomitantemente, haya provocado indefensión. De ahí que, para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño, no basta que el emplazamiento se realice de forma defectuosa o no se realice, sino que es necesario que tal circunstancia haya incidido en la posibilidad de la parte formal de ejercer su derecho a la defensa, precisamente, ante el grado de desconocimiento que tiene del procedimiento seguido en su contra, y que ya se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues de lo contrario, la persona que se ostente como tercero extraño podrá comparecer al mismo e imponerse de los autos a efecto de hacer valer sus derechos. Como ya se expuso, los actos que reclama la solicitante del amparo son el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 707/2019, del índice del Juzgado Mixto de Cuantía Menor, con sede en Puente de Ixtla, Morelos, y, como consecuencia de ello, todo lo actuado. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo en relación con las constancias que integran el juicio de origen, se desprende que la justiciable fue parte demandada en el juicio de origen, pues se aprecia que el juicio ejecutivo mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa, fue promovido por Tzitlalli Rojas Pinzón, endosataria en procuración de Cesar Martínez González, contra Bruno Artemio Tafolla Tecomahua, en su carácter de deudor principal y Juana Díaz Victorino, en su carácter de deudora solidaria -aval-. No obstante lo anterior, el juicio de amparo es improcedente, dado que la quejosa no puede tener la calidad de tercero extraño por equiparación, ya que de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable se observa que en el juicio de origen no se ha emitido la resolución definitiva, dado que se encuentra en trámite, esto es, aún no está concluido. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la tesis VI.2o.C.597 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 2270, tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2008, que dice: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. SI EL JUICIO DE ORIGEN NO HA CONCLUIDO POR RESOLUCIÓN FIRME, EN LA QUE SE APRUEBE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO PARA RECLAMAR LA FALTA O ILEGALIDAD DE AQUÉL, SI NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE LA DENUNCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 769, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. De las disposiciones normativas contenidas en el libro cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, intitulado "Procedimientos sobre cuestiones familiares", al tenor del cual habrán de sustanciarse los procedimientos hereditarios, concretamente los artículos 763 a 803, aplicables al juicio sucesorio, se advierte que éste se integra de tres etapas perfectamente diferenciadas entre sí: la primera relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea tanto provisional como definitivo, y de inventarios y avalúos; la segunda, correspondiente a la administración del patrimonio que la integra; y, por último, la resolución definitiva que se pronuncia en lo relativo a la partición y adjudicación del haber hereditario; de manera que la determinación que se emite al calificar los derechos de los herederos, instituirlos como tales, nombrar albacea definitivo y aprobar los inventarios y avalúos, no constituye una sentencia que pueda considerarse como aquella que pone fin al juicio, pues únicamente pone término a la primera de dichas etapas. Por tanto, si el juicio de origen no se encuentra concluido por resolución firme, en la que se apruebe la partición y adjudicación de los bienes, el amparo promovido por el quejoso para reclamar la falta o ilegal emplazamiento a aquél deviene improcedente, ya que tiene a su alcance la posibilidad de solicitar la nulidad de todo lo actuado, a partir de la denuncia de la sucesión." En efecto, de las constancias que obran en autos se observa que mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, Tzitlalli Rojas Pinzón, endosataria en procuración de Cesar Martínez González, promovió juicio en la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa contra Bruno Artemio Tafolla Tecomahua, en su carácter de deudor principal y Juana Díaz Victorino, en su carácter de deudora solidaria -aval-, que toco conocer al Juzgado Mixto de Cuantía Menor, con sede en Puente de Ixtla, Morelos, que previo auto aclaratorio, admitió por acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecinueve. Así, entre otras cosas, libró orden de requerimiento de pago o embargo y emplazamiento de los demandados respecto a la quejosa en el domicilio ubicado en calle calle av. Cuernavaca, número 10, colonia Los Pilares de Miacatlán, Morelos (foja 17 a 20 del anexo). En consecuencia el actuario responsable el diecisiete de enero de dos mil veinte, la actuaria responsable embargó una motoneta marca Italika modelo AA150 (C.C.) color rojo con negro año dos mil diecisiete y emplazó a juicio a la demandada Juana Díaz Victorino, en el domicilio ubicado en calle calle av. Cuernavaca, número 10, colonia Los Pilares de Miacatlán, Morelos (foja 17 a 20 del anexo), así como el diverso acuerdo ordenó requerir a la demandada la entrega del bien mueble embargado, lo que ocurrió el veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Con base en lo expuesto, es posible constatar que aún no ha concluido el juicio seguido ante la autoridad responsable, pues según las constancias remitidas únicamente se llevó a cabo el emplazamiento a juicio a efecto que dentro del plazo de ocho días de contestación a la demanda y, embargo de un bien mueble. Por lo tanto, dado que no se ha dictado la resolución definitiva en el juicio ejecutivo mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa de origen no puede revestirle el carácter de persona extraña al procedimiento a la parte quejosa y, por ende, el juicio de amparo que promovió respecto al emplazamiento a ese procedimiento y, en consecuencia, todo lo actuado resulta improcedente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 1a./J. 67/2013, consultable en la página 729, Libro XXXIII, Abril de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En efecto, para que pueda considerarse tercero extraño a la solicitante de amparo, es necesario que en el procedimiento en el cual pretende ser llamada de manera legal, exista resolución definitiva, pues de lo contrario estaría en posibilidad de comparecer al procedimiento para oponer las defensas que su caso sean procedentes. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, estos últimos, interpretados a contrario sensu; lo que conduce a sobreseer en el presente juicio constitucional, conforme a lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la propia legislación. En otro aspecto, la quejosa reclama la diligencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, donde a su consideración se embargó el bien mueble consistente en una cuatrimoto marca Italika modelo AA150 (C.C.) color rojo con negro año dos mil diecisiete, dicho acto también esta autoridad advierte se actualiza diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, referente a la ausencia de conceptos de violación. En efecto, se actualiza la referida causal de improcedencia atendiendo a que del contenido de la demanda se advierte que la quejosa no expuso conceptos de violación para evidenciar la inconstitucionalidad de la diligencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinte; pues, sus argumentos están encaminados a combatir la diligencia de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, sin embargo, respecto a la dicha diligencia, relativa a la actuación de la actuaria responsable para requerir la entrega del bien embargado en diligencia de diecisiete de enero de dos mil veinte, en ninguna de sus partes se expusieron argumentos para evidenciar su inconstitucionalidad, sino que todos los argumentos realizados por la peticionaria de amparo van encaminados a combatir la diligencia de emplazamiento. Por tanto al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el presente juicio de amparo en relación al reclamo del aludido numeral, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XVII.2o.7 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION. LA AUSENCIA O FALTA DE. DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCION XVIII EN RELACION CON EL ARTÍCULO 166, FRACCION VI, DE LA LEY DE AMPARO. Si la quejosa en su demanda de garantías a manera de concepto de violación únicamente transcribe el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, dicha transcripción no reúne las condiciones necesarias que establece el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo para ser considerado como tal, pues éste consiste en la exposición del razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos del acto reclamado o contra la ausencia de ellos, para poner de manifiesto que dicho acto es contrario a la ley, o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó; o bien, porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, o porque la sentencia reclamada no se apoyó en principios generales del derecho, cuando no haya ley aplicable al caso; de donde se infiere que al no existir concepto de violación, requisito esencial en el juicio de garantías para establecer si el acto reclamado es o no constitucional, debe concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo que motiva el sobreseimiento del juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy treinta de septiembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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