Juana Delia Sánchez Montes
Expediente 774/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/08/2021
Partes del expediente
- Juana Delia Sánchez Montes
- Agente del Ministerio Público Adscrito
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de agosto de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles1 , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 212 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AVISO DE 03/08/2021, QUE CONTIENE LA RESOLUCION DE 29/07/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Querétaro, Querétaro, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. I. Recepción. Téngase por recibido el oficio 24221/2021, proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sus respectivos anexos, entre ellos, se hace notar la copia certificada de la demanda de amparo promovida por.., por propio derecho, contra actos del Juez Menor Mixto de Colón, Querétaro y otras autoridades, así como del auto de .., a través del cual el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, determinó la separación de autos. En efecto, el citado Juzgado Cuarto de Distrito, por auto de.., decretó la separación de autos, toda vez que la autoridad responsable Juez Menor Mixto de Colón, Querétaro, al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados, y refirió que en su índice se encuentran radicados diversos juicios ejecutivos mercantiles en ejercicio de la acción cambiaria directa, que.; los cuales se encuentran desvinculados entre sí, por ello dicho órgano jurisdiccional arribó a la determinación ya referida. Por tanto, el juicio que por razón de turno toco conocer a este Juzgado es el siguiente: Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido en ejercicio de la acción cambiaria directa número ., del índice del Juzgado Menor Mixto de Colón, Querétaro y otra autoridad, que promovió .., en contra de. , en su carácter de deudora y su ejecución. Sin que haya lugar acusar el recibo correspondiente, toda vez que el referido homólogo no lo consideró necesario. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 774/2021; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. III. Desechamiento. Ahora tomando en consideración lo establecido por el artículo 44 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por. , contra actos del Juez Menor Mixto de Colón, Querétaro y otras autoridades, por lo que este Juzgado provee: Como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." IV. Acto reclamado. De una la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama esencialmente: Auto de exequendo -requerimiento de pago, embargo y emplazamiento-, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil., así como su ejecución, consistente en la desposesión de bienes propiedad de la quejosa. En la especie, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.) Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". De la interpretación de la porción normativa del precepto legal transcrito, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y establece como excepciones a dicha regla, las que se enuncian: a) Tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado pueda afectar la libertad personal del quejoso; c) En caso de que quien acude al amparo sea una persona extraña al procedimiento; d) Además, prevé que es optativo para la parte quejosa interponer el medio ordinario de defensa, cuando su procedencia se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Luego, como se adelantó, en el caso se actualiza la causa de improcedencia ahí prevista, esto es así, pues del informe justificado rendido por el Juez Menor Mixto de Colón, Querétaro, se revela la existencia de un juicio ejecutivo mercantil instado contra la quejosa (en su carácter de parte demandada), con número .en el que el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se ejecutó el auto de exequendo en donde se ordenó requerir de pago y/o embargo a la demandada aquí quejosa, así como la práctica del emplazamiento al juicio relativo. Luego, si como en el caso ocurre, la parte quejosa reclama tal tipo de determinación, esto es, la desposesión de bienes realizados en la citada diligencia, no debe perderse de vista que al llevar aparejado, el auto reclamado, una ejecución, la legislación adjetiva de la materia y fuero permite la impugnación de ese tipo de actuaciones a través de la interposición del recurso de revocación que se haga valer en términos del artículo 1334 del Código de Comercio. De ahí que sea inconcuso que la promovente del amparo, previo a acudir a esta vía extraordinaria, se encontraba obligada a agotar el referido medio ordinario de defensa que la legislación en consulta contempla y con el cual es dable lograr la modificación, revocación o anulación del acto reclamado, máxime que al ser parte formal en el juicio de donde deriva la materia de reclamo, estaba en la aptitud legal de hacerlo. Es así, porque del precepto legal transcrito se advierte que procede el recurso de revocación contra autos emitidos en procedimientos mercantiles que no sean apelables y contra los decretos. Luego, si del diverso artículo 1339 del mismo Código vigente a la fecha de la emisión del acto reclamado, se dispone que: "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $....por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente." En el caso se hace patente que contra la determinación contenida en los autos de exequendo dictados por el Juez Menor Mixto de Colón, Queretaro, con sede en esta ciudad, en términos del artículo 1334 del Código de Comercio, procede el recurso de revocación, a través del cual puede ser revocado, modificado, o nulificado, tomando en consideración que constituye un auto que atañe a una cuestión que trae aparejada ejecución y, por tanto, puede ser recurrido mediante el recurso de revocación. Lo anterior es así, toda vez que la suerte principal de lo demandado en el juicio de origen se erige en cantidad de $...), monto que no rebasa el establecido en el citado artículo 1339 del Código de Comercio, para la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones o la sentencia dictadas en juicios cuya cuantía es superior a la ahí prevista, y por ende hace procedente por exclusión el de revocación. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), publicada en la página 401, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil,cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Asimismo, es aplicable la diversa jurisprudencia del mismo órgano de justicia federal, identificada con el número 1a./J. 59/2010, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Asimismo, precisa destacar que si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante el recurso de revocación de que se ha hablado, no pueden ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Sin que importe en contrario la naturaleza irreparable del acto combatido (auto de exequendo), de tomar en cuenta que ello no constituye una excepción a la observancia del principio de definitividad en la forma analizada en el presente asunto. Es aplicable al respecto, por analogía, la jurisprudencia 113/2013 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". De esta suerte, si la parte promovente del amparo, según se revela de las constancias allegadas, instó el presente juicio constitucional no obstante encontrarse obligada a agotar el medio de defensa ordinario la legislación mercantil le concede (recurso de revocación), es decir, le asistía la carga procesal de observar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción constitucional, es inconcuso que al no haberlo hecho, deviene improcedente el presente juicio de derechos humanos. Ello es así, pues se insiste, aun cuando el acto pudiera catalogarse de ejecución irreparable, ello no exime a la parte quejosa que deba agotar el recurso previsto por la ley previamente a intentarse el juicio de derechos humanos, y así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, ya que el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, señala expresamente que el amparo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia que corresponde a la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página: 8, del siguiente contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Además, en actos como el reclamado, el Máximo Tribunal del País, ha sustentado que previo a la promoción del juicio de amparo contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil, debe observarse el principio de definitividad; al menos así se advierte al haber resuelto la contradicción de tesis 146/2015, que dio origen a la jurisprudencia que corresponde a la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página: 979, del siguiente contenido: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente." Lo anterior es así, pues con independencia que en la jurisprudencia de trato, la referida Sala del Alto Tribunal del País no haya distinguido si quien pretende acudir a esta sede extraordinaria a combatir actos como los aquí reclamados se trata de persona extraña a juicio o tercero extraño en su carácter de equiparado, lo cierto es que los asuntos que dieron origen a los criterios contendientes en la jurisprudencia mencionada, aluden a ambos supuestos relacionados con la calidad del promovente dentro del amparo promovido (tercero extraño lato sensu o equiparado). En efecto, de los antecedentes que informan la contradicción de tesis 146/2015, la Sala del máximo Tribunal que la resolvió, dejó en claro lo siguiente: ".TERCERO. Criterios contendientes. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma. I. El veintitrés de abril de dos mil quince, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa resolvió el amparo en revisión **********, correspondiente al diverso ********** del índice del Tribunal Colegiado en materia Civil del Decimo Segundo Circuito, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes: 1. **********, por conducto de su representante demandó en la vía ejecutiva mercantil de **********, ********** (aval) y ********** (aval), el pago de US$********** (********** americanos) como suerte principal del documento base de la acción, el pago de intereses moratorios, gastos y costas. 2. De esa demanda conoció el Juez Décimo Primero Civil del Distrito Federal, quien previo requerimiento y su respectivo desahogo, admitió la demanda y dictó auto con efectos de mandamiento, para lo cual giró exhorto al Juez Civil competente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en atención a que el domicilio de los codemandados se encontraba fuera de su jurisdicción. 3. Dicho exhorto fue turnado al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, quien ordenó su diligenciación, y al efecto, ordenó remitir el instructivo de notificación a la Central de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de ese distrito judicial; dicho emplazamiento, fue realizado mediante diligencia de la actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios referida. 4. Inconforme con esa diligencia, **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra del auto de exequendo, el auto en el que se ordenó dar cumplimiento al citado exhorto, así como la diligencia en la cual se cumplimentó el referido exhorto y el embargo ordenado como acto futuro e inminente. 5. Correspondió conocer de esa demanda al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, quien resolvió sobreseer en el juicio de amparo al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo,1 ya que estimó que si bien el auto de exequendo, por su naturaleza y efectos jurídicos 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.- Se exceptúa de lo anterior:- a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;- b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;- c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.- Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" es trascendente y puede causar un daño de imposible reparación; atendiendo al monto de la suerte principal y a lo dispuesto por el artículo 1339 del Código de Comercio, antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso debió interponer recurso de apelación, y no estaba exento de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. 6. En desacuerdo con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, el que lo admitió y en cumplimiento al oficio **********, suscrito por la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el que confirmó la sentencia recurrida con base, en lo que interesa, en las siguientes consideraciones: Confirmó que en el caso efectivamente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en razón de que contra el acto reclamado, consistente en el auto de exequendo emitido en el juicio ejecutivo mercantil de origen y su ejecución, materializada en diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, procede el recurso de apelación a que se refiere el artículo 1339 del Código de Comercio.2 2 Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $562,264.43 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la Señaló que si en contra del auto reclamado existe un medio ordinario de defensa en virtud del cual era factible modificarlo, revocarlo o anularlo, es evidente que para cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, era indispensable que el quejoso agotara previamente ese medio ordinario de defensa. En ese sentido, aclaró que el actor demandó por concepto de suerte principal, la cantidad de US$********** (********** americanos), equivalentes a $********** (********** pesos 00/100 moneda nacional), cantidad superior a la que estipula el artículo 1339 del Código de Comercio para determinar el monto de los juicios mercantiles, por lo que era procedente el recurso de apelación, con independencia de que el acto reclamado pueda ocasionar al quejoso perjuicios de imposible reparación, circunstancia que no constituye una excepción al principio de definitividad, que necesariamente debe observarse. Lo anterior, porque la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos; es decir, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Adujo que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el auto de exequendo, es un acto de ejecución irreparable, toda vez que sólo puede reclamarse, en su caso, a través del amparo indirecto; tal circunstancia no pugna con el hecho de que en contra de dicho auto, previo a instar el amparo, deba interponerse el recurso de apelación, y la sentencia que lo resuelva sea impugnable a través del amparo, puesto que a través de dicho recurso, se analiza el cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, lo que no se examina en otro momento del juicio. Máxime que el recurso de apelación cumple con los requisitos de ser idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado, además de eficaz para repararlo en un notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. plazo razonable pues acorde con el artículo 1165, último párrafo, del Código de Comercio3, es de tramitación inmediata por lo que no hay que esperar a la conclusión del proceso; acorde con el diverso 1336 de la misma ley,4 se persigue que el tribunal de alzada confirme, reforme o revoque la resolución del inferior y, finalmente, el diverso 1345 bis 8 de la misma ley5 se refiere a la suspensión del acto. Por otra parte, calificó de inoperantes los agravios relativos a que el sobreseimiento trasgrede lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 217 de la Ley de Amparo al contradecir la jurisprudencia de rubro "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL 3 "Artículo 1165. El documento privado que contenga deuda líquida y sea de plazo cumplido, permitirá al acreedor, promover medios preparatorios a juicio, exhibiendo el documento al juez a quien se le hará saber el origen del adeudo, solicitándole que ordene el reconocimiento de la firma, monto del adeudo y causa del mismo.- Para tal fin, el juez ordenará al actuario o ejecutor que se apersone en el domicilio del deudor para que se le requiera que bajo protesta de decir verdad, haga reconocimiento de su firma, así como del origen y monto del adeudo, y en el mismo acto se entregue cédula de notificación en que se encuentre transcrita la orden del juez, así como copia simple cotejada y sellada de la solicitud.- De no entenderse la diligencia personalmente con el deudor cuando se trate de persona física o del mandatario para pleitos y cobranzas o actos de dominio tratándose de personas morales o del representante legal, en otros casos, el actuario o ejecutor se abstendrá de hacer requerimiento alguno, y dejará citatorio para que ese deudor, mandatario o representante legal, lo espere para la práctica de diligencia judicial en aquellas horas que se señale en el citatorio, la que se practicará después de las seis y hasta las setenta y dos horas siguientes. También el actuario o ejecutor podrá, sin necesidad de providencia judicial, trasladarse a otro u otros domicilios en el que se pueda encontrar el deudor, con la obligación de dejar constancia de estas circunstancias. Si después de realizadas hasta un máximo de cinco búsquedas del deudor éste no fuere localizado, se darán por concluidos los medios preparatorios a juicio, devolviéndose al interesado los documentos exhibidos y dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda.- Cuando fuere localizado el deudor, su mandatario o representante, e intimado dos veces rehuse contestar si es o no es suya la firma, se tendrá por reconocida, y así lo declarará el juez.- Cuando reconozca la firma, más no el origen o el monto del adeudo, el actuario o ejecutor lo prevendrá para que en el acto de la diligencia o dentro de los cinco días siguientes exhiba las pruebas documentales que acredite su contestación. De no exhibirse, el juez lo tendrá por cierto en la certeza de la deuda señalada, o por la cantidad que deje JUICIO"6; así como que el sobreseimiento también viola los artículos 228, 229 y 230 de la Ley de Amparo, al no haber sido interrumpida esa jurisprudencia y que el artículo 62 de la Ley de Amparo, no permite desatender o desobedecerla. Lo anterior, porque la parte recurrente no señala las razones del porqué se violan los citados preceptos, ni porqué el sobreseimiento recurrido, contradice la jurisprudencia señalada. Por lo tanto, confirmó la sentencia y sobreseyó en el juicio. II. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió el ocho de julio de dos mil diez, el amparo en revisión **********, ejecutoria de la que se desprenden los siguientes antecedentes: 1. **********., por conducto de su administrador único, promovió juicio de amparo indirecto en contra del auto dictado por el Juez Primero de lo Mercantil de Guadalajara, Jalisco, en el juicio ejecutivo mercantil **********, en el que se ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento a la empresa quejosa, ahí demandada. de acreditarse que no se adeuda, al igual que cuando reconozca la firma origen o monto del adeudo.- Cuando el deudor desconozca su firma se dejarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma correspondiente pero de acreditarse la falsedad en que incurrió el deudor, se dará vista al Ministerio Público.- Lo mismo se hará con el mandatario o representante legal del deudor que actúe en la misma forma que lo señalado en el párrafo anterior.- Cuando se tenga por reconocida la firma o por cierta la certeza de la deuda, se ordenará la expedición de copias certificadas de todo lo actuado a favor del promovente y a su costa.- El actor formulará su demanda en vía ejecutiva, ante el mismo juez que conoció de los medios preparatorios acompañando la copia certificada como documento fundatorio de su acción, copias simples de éstas y demás que se requieran para traslado al demandado, y se acumularán los dos expedientes y en su caso se despachará auto de ejecución.- Cuando se despache auto de ejecución, se seguirá el juicio en la vía ejecutiva como marca la ley para los de su clase. La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata." 4 "Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes." 5 "Artículo 1345 Bis 8. De los autos y de las sentencias interlocutorias de tramitación inmediata, de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación.- Con vista a lo solicitado el juez deberá resolver, y si la admite en ambos efectos señalará el monto de la garantía que exhibirá el apelante dentro del término de seis días para que surta efectos la suspensión.- La garantía debe atender a la importancia del negocio y no podrá ser inferior a seis mil pesos; y será fijada al prudente arbitrio del juez, cantidad que se actualizará en forma anualizada que deberá regir a partir del primero de enero de cada año, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México, o aquel que lo sustituya. Si no se exhibe la garantía en el plazo señalado, la apelación sólo se admitirá en efecto devolutivo.- En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, procede el recurso de revocación en los términos previsto en el Capítulo XXIV de este Código." 6 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 114. 2. De esa demanda conoció el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, quien la admitió y posteriormente, sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo,7 pues el acto que se reclama es impugnable a través del recurso de apelación previsto en el numeral 1341 del Código de Comercio,8 por lo que previamente al amparo, se debió promover dicho recurso. 3. Inconforme, el quejoso interpuso el recurso de revisión del que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el que revocó la sentencia recurrida y ordenó la prosecución del juicio de amparo, con base en las siguientes consideraciones. Consideró sustancialmente fundados los agravios hechos valer en el recurso. Adujo que del artículo 1339 del Código de Comercio9 se desprende que en materia mercantil el recurso de alzada que se interpone contra un auto emitido durante el curso del procedimiento, debe sustanciarse conjuntamente con el 7 Ley de Amparo abrogada. "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:.. XIII.- Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 Constitucional dispone para los terceros extraños.- Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución;" 8 "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." 9 Vigente en julio de 2010: "Artículo 1339. Sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el último párrafo de la fracción VI del artículo 1253.- Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo.- Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.- El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante.- Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley.- La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.- Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." trámite de la apelación de la misma parte apelante contra la sentencia definitiva, por lo que a pesar de que proceda dicho medio de impugnación, el inconforme debe esperar la conclusión del proceso y, de ser desfavorable la sentencia, recurrirla y junto con ella tramitar la apelación que hubiera interpuesto contra cualquier acuerdo previo. Señaló que la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (actualmente abrogada)10 dispone que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que sean de imposible reparación, pues tratándose de actos en los que se ponen en juego los derechos fundamentales, procede analizar de inmediato la constitucionalidad de lo reclamado, sin necesidad de esperar el resultado del fallo. Por otro lado, consideró que uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consagrado en el párrafo primero de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del juicio de amparo contra resoluciones respecto de las que la ley ordinaria conceda recurso o medio de defensa, por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, de forma que si mediante el juicio de garantías se pretende combatir un acto dictado dentro de un juicio mercantil contra el que procede recurso de apelación en términos del artículo 1339 del Código de Comercio, es indudable que se surte una excepción al principio de definitividad, dado que tal medio no revocaría, nulificaría o modificaría la determinación recurrida, habida cuenta que debe tramitarse de manera conjunta con la apelación que en su caso se haga valer contra la sentencia definitiva que se emita en el proceso. Concluyó que exigir en ese supuesto que se agote el recurso ordinario, desatendería la urgencia del análisis constitucional de un acto que requiere ser estudiado con prontitud, y no basta que la ley prevea la existencia de un medio de defensa, sino que el mismo debe ser apto para modificar, anular o revocar la determinación recurrida sin mayor dilación que su propia tramitación, lo que no sucede si se posterga su sustanciación para que sea simultánea a la de la impugnación de la resolución definitiva, dado que implicaría tolerar la eventual afectación durante todo el tiempo que dure el proceso. Por lo que revocó el auto recurrido y ordenó al juez 10 Ley abrogada "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:.. IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;" federal continuar con el trámite del juicio constitucional.". Luego, como se ve de lo transcrito, en uno de los asuntos que dieron origen a los criterios contendientes, se revela que el quejoso respectivo acudió al amparo indirecto con motivo de la ejecución del auto de exequendo girado en su contra dentro de un juicio ejecutivo mercantil donde le devino el carácter de parte demandada; en tanto que en el segundo de aquéllos, se trató de un quejoso que con el mismo carácter acudió a la vía constitucional a combatir el sólo dictado de un auto idéntico, sin que se hubiere llevado a cabo su ejecución, o al menos, así se desprende de su lectura. De esta suerte, se tiene que si la Primera Sala del Alto Tribunal del País al resolver la contradicción de mérito, en el mismo sentido adoptado en este fallo (atinente a que previo a acudir a la vía extraordinaria para combatir el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil es condición necesaria agotar el principio de definitividad), no realizó distinción alguna en el carácter con que pudiera ostentarse la parte promovente en los juicios constitucionales de origen (tercero extraño lato sensu o equiparado); es inconcuso que tal cuestión no fue materia del tema toral debatido, y en esa virtud, si como en el caso ocurre la parte aquí quejosa acude a esta sede extraordinaria a combatir un auto de exequendo dictado en su contra, dentro de un procedimiento mercantil donde le deviene el carácter de parte demandada, pero que aún no se ha logrado ejecutar, tal circunstancia además de ubicarla dentro de uno de los supuestos contenidos como antecedentes del criterio jurisprudencial que rige esta resolución, haciendo idónea su aplicabilidad, no puede hacer pasar inadvertido el hecho de que contra un auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede amparo indirecto de conformidad con lo previsto en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque constituye un acto de ejecución irreparable dentro de juicio, pero de ejecutarse la orden de embargo inmersa en él no es factible analizar su legalidad, ya que en su caso, tal perjuicio no puede repararse dentro de juicio ni con el dictado de una sentencia favorable; de ahí que casos como en el que se ubica la parte aquí quejosa, si bien reclama un acto de esa naturaleza, en modo alguno, como se dijo, la exenta de agotar el principio de definitividad antes de acudir al amparo. De ahí que, se reitera, si la parte quejosa omitió agotar dicho principio que rige en el juicio de amparo, consistente en hacer valer contra la materia de reclamo a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, previo a la promoción de esta instancia constitucional; lo actualiza, de manera clara e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ahora, no pasa inadvertido para este juzgado que en la demanda de amparo, de manera destacada, se reclama el cambio de depositario de los bienes embargados en el juicio natural; sin embargo, se trata de un acto futuro y de realización incierta, pues como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, las que gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la parte actora no ha presentado promoción en tal sentido, por lo que, ante la falta de solicitud de parte interesada, es claro que no se trata un acto inminente; además, aun en el supuesto de que dicho acto se hubiera emitido, sería improcedente su reclamo directo en esta instancia constitucional, ya que, como se expuso en parágrafos, la parte quejosa está obligada a agotar los medios ordinarios de defensa que procedan contra dicha determinación, a fin de satisfacer el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Sin que sea dable considerar que dicha orden de cambio de depositario pueda acreditarse durante la sustanciación del juicio, ya que, como se indicó al inició del presente auto, su trámite inició ante Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante el que se rindió el informe justificado relativo, por lo que se tiene conocimiento sobre el estado que guarda hasta el momento el procedimiento de origen. En ese sentido, de conformidad con el marco normativo expuesto, procede DESECHAR POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por .. V. Captura de Proveído. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. VI. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VII. Atención presencial. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubre bocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VIII. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. IX. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda; y, como autorizada en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a.., y únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del citado artículo 12 de la citada Ley, a la diversa persona que refiere en su escrito de demanda, hasta en tanto acredite ante este Juzgado ser licenciada en derecho, con cédula profesional debidamente inscrita en el Sistema respectivo. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. X. Consulta de expediente electrónico. Vista la certificación de cuenta que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", se encontró el siguiente: . ".." Consecuentemente, con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el citado nombre de usuario. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. XI. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. XII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XIII. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XIV. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XV. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."
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Querétaro, Querétaro, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. I. Recepción. Téngase por recibido el oficio 24221/2021, proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sus respectivos anexos, entre ellos, se hace notar la copia certificada de la demanda de amparo promovida por.., por propio derecho, contra actos del Juez Menor Mixto de Colón, Querétaro y otras autoridades, así como del auto de .., a través del cual el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, determinó la separación de autos. En efecto, el citado Juzgado Cuarto de Distrito, por auto de.., decretó la separación de autos, toda vez que la autoridad responsable Juez Menor Mixto de Colón, Querétaro, al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados, y refirió que en su índice se encuentran radicados diversos juicios ejecutivos mercantiles en ejercicio de la acción cambiaria directa, que.; los cuales se encuentran desvinculados entre sí, por ello dicho órgano jurisdiccional arribó a la determinación ya referida. Por tanto, el juicio que por razón de turno toco conocer a este Juzgado es el siguiente: Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido en ejercicio de la acción cambiaria directa número ., del índice del Juzgado Menor Mixto de Colón, Querétaro y otra autoridad, que promovió .., en contra de. , en su carácter de deudora y su ejecución. Sin que haya lugar acusar el recibo correspondiente, toda vez que el referido homólogo no lo consideró necesario. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 774/2021; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. III. Desechamiento. Ahora tomando en consideración lo establecido por el artículo 44 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por. , contra actos del Juez Menor Mixto de Colón, Querétaro y otras autoridades, por lo que este Juzgado provee: Como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." IV. Acto reclamado. De una la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama esencialmente: Auto de exequendo -requerimiento de pago, embargo y emplazamiento-, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil., así como su ejecución, consistente en la desposesión de bienes propiedad de la quejosa. En la especie, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.) Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". De la interpretación de la porción normativa del precepto legal transcrito, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y establece como excepciones a dicha regla, las que se enuncian: a) Tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado pueda afectar la libertad personal del quejoso; c) En caso de que quien acude al amparo sea una persona extraña al procedimiento; d) Además, prevé que es optativo para la parte quejosa interponer el medio ordinario de defensa, cuando su procedencia se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Luego, como se adelantó, en el caso se actualiza la causa de improcedencia ahí prevista, esto es así, pues del informe justificado rendido por el Juez Menor Mixto de Colón, Querétaro, se revela la existencia de un juicio ejecutivo mercantil instado contra la quejosa (en su carácter de parte demandada), con número .en el que el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se ejecutó el auto de exequendo en donde se ordenó requerir de pago y/o embargo a la demandada aquí quejosa, así como la práctica del emplazamiento al juicio relativo. Luego, si como en el caso ocurre, la parte quejosa reclama tal tipo de determinación, esto es, la desposesión de bienes realizados en la citada diligencia, no debe perderse de vista que al llevar aparejado, el auto reclamado, una ejecución, la legislación adjetiva de la materia y fuero permite la impugnación de ese tipo de actuaciones a través de la interposición del recurso de revocación que se haga valer en términos del artículo 1334 del Código de Comercio. De ahí que sea inconcuso que la promovente del amparo, previo a acudir a esta vía extraordinaria, se encontraba obligada a agotar el referido medio ordinario de defensa que la legislación en consulta contempla y con el cual es dable lograr la modificación, revocación o anulación del acto reclamado, máxime que al ser parte formal en el juicio de donde deriva la materia de reclamo, estaba en la aptitud legal de hacerlo. Es así, porque del precepto legal transcrito se advierte que procede el recurso de revocación contra autos emitidos en procedimientos mercantiles que no sean apelables y contra los decretos. Luego, si del diverso artículo 1339 del mismo Código vigente a la fecha de la emisión del acto reclamado, se dispone que: "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $....por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente." En el caso se hace patente que contra la determinación contenida en los autos de exequendo dictados por el Juez Menor Mixto de Colón, Queretaro, con sede en esta ciudad, en términos del artículo 1334 del Código de Comercio, procede el recurso de revocación, a través del cual puede ser revocado, modificado, o nulificado, tomando en consideración que constituye un auto que atañe a una cuestión que trae aparejada ejecución y, por tanto, puede ser recurrido mediante el recurso de revocación. Lo anterior es así, toda vez que la suerte principal de lo demandado en el juicio de origen se erige en cantidad de $...), monto que no rebasa el establecido en el citado artículo 1339 del Código de Comercio, para la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones o la sentencia dictadas en juicios cuya cuantía es superior a la ahí prevista, y por ende hace procedente por exclusión el de revocación. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), publicada en la página 401, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil,cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Asimismo, es aplicable la diversa jurisprudencia del mismo órgano de justicia federal, identificada con el número 1a./J. 59/2010, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Asimismo, precisa destacar que si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante el recurso de revocación de que se ha hablado, no pueden ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Sin que importe en contrario la naturaleza irreparable del acto combatido (auto de exequendo), de tomar en cuenta que ello no constituye una excepción a la observancia del principio de definitividad en la forma analizada en el presente asunto. Es aplicable al respecto, por analogía, la jurisprudencia 113/2013 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". De esta suerte, si la parte promovente del amparo, según se revela de las constancias allegadas, instó el presente juicio constitucional no obstante encontrarse obligada a agotar el medio de defensa ordinario la legislación mercantil le concede (recurso de revocación), es decir, le asistía la carga procesal de observar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción constitucional, es inconcuso que al no haberlo hecho, deviene improcedente el presente juicio de derechos humanos. Ello es así, pues se insiste, aun cuando el acto pudiera catalogarse de ejecución irreparable, ello no exime a la parte quejosa que deba agotar el recurso previsto por la ley previamente a intentarse el juicio de derechos humanos, y así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, ya que el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, señala expresamente que el amparo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia que corresponde a la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página: 8, del siguiente contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Además, en actos como el reclamado, el Máximo Tribunal del País, ha sustentado que previo a la promoción del juicio de amparo contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil, debe observarse el principio de definitividad; al menos así se advierte al haber resuelto la contradicción de tesis 146/2015, que dio origen a la jurisprudencia que corresponde a la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página: 979, del siguiente contenido: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente." Lo anterior es así, pues con independencia que en la jurisprudencia de trato, la referida Sala del Alto Tribunal del País no haya distinguido si quien pretende acudir a esta sede extraordinaria a combatir actos como los aquí reclamados se trata de persona extraña a juicio o tercero extraño en su carácter de equiparado, lo cierto es que los asuntos que dieron origen a los criterios contendientes en la jurisprudencia mencionada, aluden a ambos supuestos relacionados con la calidad del promovente dentro del amparo promovido (tercero extraño lato sensu o equiparado). En efecto, de los antecedentes que informan la contradicción de tesis 146/2015, la Sala del máximo Tribunal que la resolvió, dejó en claro lo siguiente: ".TERCERO. Criterios contendientes. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma. I. El veintitrés de abril de dos mil quince, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa resolvió el amparo en revisión **********, correspondiente al diverso ********** del índice del Tribunal Colegiado en materia Civil del Decimo Segundo Circuito, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes: 1. **********, por conducto de su representante demandó en la vía ejecutiva mercantil de **********, ********** (aval) y ********** (aval), el pago de US$********** (********** americanos) como suerte principal del documento base de la acción, el pago de intereses moratorios, gastos y costas. 2. De esa demanda conoció el Juez Décimo Primero Civil del Distrito Federal, quien previo requerimiento y su respectivo desahogo, admitió la demanda y dictó auto con efectos de mandamiento, para lo cual giró exhorto al Juez Civil competente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en atención a que el domicilio de los codemandados se encontraba fuera de su jurisdicción. 3. Dicho exhorto fue turnado al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, quien ordenó su diligenciación, y al efecto, ordenó remitir el instructivo de notificación a la Central de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de ese distrito judicial; dicho emplazamiento, fue realizado mediante diligencia de la actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios referida. 4. Inconforme con esa diligencia, **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra del auto de exequendo, el auto en el que se ordenó dar cumplimiento al citado exhorto, así como la diligencia en la cual se cumplimentó el referido exhorto y el embargo ordenado como acto futuro e inminente. 5. Correspondió conocer de esa demanda al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, quien resolvió sobreseer en el juicio de amparo al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo,1 ya que estimó que si bien el auto de exequendo, por su naturaleza y efectos jurídicos 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.- Se exceptúa de lo anterior:- a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;- b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;- c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.- Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" es trascendente y puede causar un daño de imposible reparación; atendiendo al monto de la suerte principal y a lo dispuesto por el artículo 1339 del Código de Comercio, antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso debió interponer recurso de apelación, y no estaba exento de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. 6. En desacuerdo con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, el que lo admitió y en cumplimiento al oficio **********, suscrito por la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el que confirmó la sentencia recurrida con base, en lo que interesa, en las siguientes consideraciones: Confirmó que en el caso efectivamente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en razón de que contra el acto reclamado, consistente en el auto de exequendo emitido en el juicio ejecutivo mercantil de origen y su ejecución, materializada en diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, procede el recurso de apelación a que se refiere el artículo 1339 del Código de Comercio.2 2 Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $562,264.43 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la Señaló que si en contra del auto reclamado existe un medio ordinario de defensa en virtud del cual era factible modificarlo, revocarlo o anularlo, es evidente que para cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, era indispensable que el quejoso agotara previamente ese medio ordinario de defensa. En ese sentido, aclaró que el actor demandó por concepto de suerte principal, la cantidad de US$********** (********** americanos), equivalentes a $********** (********** pesos 00/100 moneda nacional), cantidad superior a la que estipula el artículo 1339 del Código de Comercio para determinar el monto de los juicios mercantiles, por lo que era procedente el recurso de apelación, con independencia de que el acto reclamado pueda ocasionar al quejoso perjuicios de imposible reparación, circunstancia que no constituye una excepción al principio de definitividad, que necesariamente debe observarse. Lo anterior, porque la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos; es decir, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Adujo que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el auto de exequendo, es un acto de ejecución irreparable, toda vez que sólo puede reclamarse, en su caso, a través del amparo indirecto; tal circunstancia no pugna con el hecho de que en contra de dicho auto, previo a instar el amparo, deba interponerse el recurso de apelación, y la sentencia que lo resuelva sea impugnable a través del amparo, puesto que a través de dicho recurso, se analiza el cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, lo que no se examina en otro momento del juicio. Máxime que el recurso de apelación cumple con los requisitos de ser idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado, además de eficaz para repararlo en un notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. plazo razonable pues acorde con el artículo 1165, último párrafo, del Código de Comercio3, es de tramitación inmediata por lo que no hay que esperar a la conclusión del proceso; acorde con el diverso 1336 de la misma ley,4 se persigue que el tribunal de alzada confirme, reforme o revoque la resolución del inferior y, finalmente, el diverso 1345 bis 8 de la misma ley5 se refiere a la suspensión del acto. Por otra parte, calificó de inoperantes los agravios relativos a que el sobreseimiento trasgrede lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 217 de la Ley de Amparo al contradecir la jurisprudencia de rubro "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL 3 "Artículo 1165. El documento privado que contenga deuda líquida y sea de plazo cumplido, permitirá al acreedor, promover medios preparatorios a juicio, exhibiendo el documento al juez a quien se le hará saber el origen del adeudo, solicitándole que ordene el reconocimiento de la firma, monto del adeudo y causa del mismo.- Para tal fin, el juez ordenará al actuario o ejecutor que se apersone en el domicilio del deudor para que se le requiera que bajo protesta de decir verdad, haga reconocimiento de su firma, así como del origen y monto del adeudo, y en el mismo acto se entregue cédula de notificación en que se encuentre transcrita la orden del juez, así como copia simple cotejada y sellada de la solicitud.- De no entenderse la diligencia personalmente con el deudor cuando se trate de persona física o del mandatario para pleitos y cobranzas o actos de dominio tratándose de personas morales o del representante legal, en otros casos, el actuario o ejecutor se abstendrá de hacer requerimiento alguno, y dejará citatorio para que ese deudor, mandatario o representante legal, lo espere para la práctica de diligencia judicial en aquellas horas que se señale en el citatorio, la que se practicará después de las seis y hasta las setenta y dos horas siguientes. También el actuario o ejecutor podrá, sin necesidad de providencia judicial, trasladarse a otro u otros domicilios en el que se pueda encontrar el deudor, con la obligación de dejar constancia de estas circunstancias. Si después de realizadas hasta un máximo de cinco búsquedas del deudor éste no fuere localizado, se darán por concluidos los medios preparatorios a juicio, devolviéndose al interesado los documentos exhibidos y dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda.- Cuando fuere localizado el deudor, su mandatario o representante, e intimado dos veces rehuse contestar si es o no es suya la firma, se tendrá por reconocida, y así lo declarará el juez.- Cuando reconozca la firma, más no el origen o el monto del adeudo, el actuario o ejecutor lo prevendrá para que en el acto de la diligencia o dentro de los cinco días siguientes exhiba las pruebas documentales que acredite su contestación. De no exhibirse, el juez lo tendrá por cierto en la certeza de la deuda señalada, o por la cantidad que deje JUICIO"6; así como que el sobreseimiento también viola los artículos 228, 229 y 230 de la Ley de Amparo, al no haber sido interrumpida esa jurisprudencia y que el artículo 62 de la Ley de Amparo, no permite desatender o desobedecerla. Lo anterior, porque la parte recurrente no señala las razones del porqué se violan los citados preceptos, ni porqué el sobreseimiento recurrido, contradice la jurisprudencia señalada. Por lo tanto, confirmó la sentencia y sobreseyó en el juicio. II. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió el ocho de julio de dos mil diez, el amparo en revisión **********, ejecutoria de la que se desprenden los siguientes antecedentes: 1. **********., por conducto de su administrador único, promovió juicio de amparo indirecto en contra del auto dictado por el Juez Primero de lo Mercantil de Guadalajara, Jalisco, en el juicio ejecutivo mercantil **********, en el que se ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento a la empresa quejosa, ahí demandada. de acreditarse que no se adeuda, al igual que cuando reconozca la firma origen o monto del adeudo.- Cuando el deudor desconozca su firma se dejarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma correspondiente pero de acreditarse la falsedad en que incurrió el deudor, se dará vista al Ministerio Público.- Lo mismo se hará con el mandatario o representante legal del deudor que actúe en la misma forma que lo señalado en el párrafo anterior.- Cuando se tenga por reconocida la firma o por cierta la certeza de la deuda, se ordenará la expedición de copias certificadas de todo lo actuado a favor del promovente y a su costa.- El actor formulará su demanda en vía ejecutiva, ante el mismo juez que conoció de los medios preparatorios acompañando la copia certificada como documento fundatorio de su acción, copias simples de éstas y demás que se requieran para traslado al demandado, y se acumularán los dos expedientes y en su caso se despachará auto de ejecución.- Cuando se despache auto de ejecución, se seguirá el juicio en la vía ejecutiva como marca la ley para los de su clase. La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata." 4 "Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes." 5 "Artículo 1345 Bis 8. De los autos y de las sentencias interlocutorias de tramitación inmediata, de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación.- Con vista a lo solicitado el juez deberá resolver, y si la admite en ambos efectos señalará el monto de la garantía que exhibirá el apelante dentro del término de seis días para que surta efectos la suspensión.- La garantía debe atender a la importancia del negocio y no podrá ser inferior a seis mil pesos; y será fijada al prudente arbitrio del juez, cantidad que se actualizará en forma anualizada que deberá regir a partir del primero de enero de cada año, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México, o aquel que lo sustituya. Si no se exhibe la garantía en el plazo señalado, la apelación sólo se admitirá en efecto devolutivo.- En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, procede el recurso de revocación en los términos previsto en el Capítulo XXIV de este Código." 6 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 114. 2. De esa demanda conoció el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, quien la admitió y posteriormente, sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo,7 pues el acto que se reclama es impugnable a través del recurso de apelación previsto en el numeral 1341 del Código de Comercio,8 por lo que previamente al amparo, se debió promover dicho recurso. 3. Inconforme, el quejoso interpuso el recurso de revisión del que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el que revocó la sentencia recurrida y ordenó la prosecución del juicio de amparo, con base en las siguientes consideraciones. Consideró sustancialmente fundados los agravios hechos valer en el recurso. Adujo que del artículo 1339 del Código de Comercio9 se desprende que en materia mercantil el recurso de alzada que se interpone contra un auto emitido durante el curso del procedimiento, debe sustanciarse conjuntamente con el 7 Ley de Amparo abrogada. "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:.. XIII.- Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 Constitucional dispone para los terceros extraños.- Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución;" 8 "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." 9 Vigente en julio de 2010: "Artículo 1339. Sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el último párrafo de la fracción VI del artículo 1253.- Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo.- Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.- El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante.- Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley.- La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.- Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." trámite de la apelación de la misma parte apelante contra la sentencia definitiva, por lo que a pesar de que proceda dicho medio de impugnación, el inconforme debe esperar la conclusión del proceso y, de ser desfavorable la sentencia, recurrirla y junto con ella tramitar la apelación que hubiera interpuesto contra cualquier acuerdo previo. Señaló que la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (actualmente abrogada)10 dispone que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que sean de imposible reparación, pues tratándose de actos en los que se ponen en juego los derechos fundamentales, procede analizar de inmediato la constitucionalidad de lo reclamado, sin necesidad de esperar el resultado del fallo. Por otro lado, consideró que uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consagrado en el párrafo primero de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del juicio de amparo contra resoluciones respecto de las que la ley ordinaria conceda recurso o medio de defensa, por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, de forma que si mediante el juicio de garantías se pretende combatir un acto dictado dentro de un juicio mercantil contra el que procede recurso de apelación en términos del artículo 1339 del Código de Comercio, es indudable que se surte una excepción al principio de definitividad, dado que tal medio no revocaría, nulificaría o modificaría la determinación recurrida, habida cuenta que debe tramitarse de manera conjunta con la apelación que en su caso se haga valer contra la sentencia definitiva que se emita en el proceso. Concluyó que exigir en ese supuesto que se agote el recurso ordinario, desatendería la urgencia del análisis constitucional de un acto que requiere ser estudiado con prontitud, y no basta que la ley prevea la existencia de un medio de defensa, sino que el mismo debe ser apto para modificar, anular o revocar la determinación recurrida sin mayor dilación que su propia tramitación, lo que no sucede si se posterga su sustanciación para que sea simultánea a la de la impugnación de la resolución definitiva, dado que implicaría tolerar la eventual afectación durante todo el tiempo que dure el proceso. Por lo que revocó el auto recurrido y ordenó al juez 10 Ley abrogada "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:.. IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;" federal continuar con el trámite del juicio constitucional.". Luego, como se ve de lo transcrito, en uno de los asuntos que dieron origen a los criterios contendientes, se revela que el quejoso respectivo acudió al amparo indirecto con motivo de la ejecución del auto de exequendo girado en su contra dentro de un juicio ejecutivo mercantil donde le devino el carácter de parte demandada; en tanto que en el segundo de aquéllos, se trató de un quejoso que con el mismo carácter acudió a la vía constitucional a combatir el sólo dictado de un auto idéntico, sin que se hubiere llevado a cabo su ejecución, o al menos, así se desprende de su lectura. De esta suerte, se tiene que si la Primera Sala del Alto Tribunal del País al resolver la contradicción de mérito, en el mismo sentido adoptado en este fallo (atinente a que previo a acudir a la vía extraordinaria para combatir el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil es condición necesaria agotar el principio de definitividad), no realizó distinción alguna en el carácter con que pudiera ostentarse la parte promovente en los juicios constitucionales de origen (tercero extraño lato sensu o equiparado); es inconcuso que tal cuestión no fue materia del tema toral debatido, y en esa virtud, si como en el caso ocurre la parte aquí quejosa acude a esta sede extraordinaria a combatir un auto de exequendo dictado en su contra, dentro de un procedimiento mercantil donde le deviene el carácter de parte demandada, pero que aún no se ha logrado ejecutar, tal circunstancia además de ubicarla dentro de uno de los supuestos contenidos como antecedentes del criterio jurisprudencial que rige esta resolución, haciendo idónea su aplicabilidad, no puede hacer pasar inadvertido el hecho de que contra un auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede amparo indirecto de conformidad con lo previsto en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque constituye un acto de ejecución irreparable dentro de juicio, pero de ejecutarse la orden de embargo inmersa en él no es factible analizar su legalidad, ya que en su caso, tal perjuicio no puede repararse dentro de juicio ni con el dictado de una sentencia favorable; de ahí que casos como en el que se ubica la parte aquí quejosa, si bien reclama un acto de esa naturaleza, en modo alguno, como se dijo, la exenta de agotar el principio de definitividad antes de acudir al amparo. De ahí que, se reitera, si la parte quejosa omitió agotar dicho principio que rige en el juicio de amparo, consistente en hacer valer contra la materia de reclamo a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, previo a la promoción de esta instancia constitucional; lo actualiza, de manera clara e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ahora, no pasa inadvertido para este juzgado que en la demanda de amparo, de manera destacada, se reclama el cambio de depositario de los bienes embargados en el juicio natural; sin embargo, se trata de un acto futuro y de realización incierta, pues como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, las que gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la parte actora no ha presentado promoción en tal sentido, por lo que, ante la falta de solicitud de parte interesada, es claro que no se trata un acto inminente; además, aun en el supuesto de que dicho acto se hubiera emitido, sería improcedente su reclamo directo en esta instancia constitucional, ya que, como se expuso en parágrafos, la parte quejosa está obligada a agotar los medios ordinarios de defensa que procedan contra dicha determinación, a fin de satisfacer el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Sin que sea dable considerar que dicha orden de cambio de depositario pueda acreditarse durante la sustanciación del juicio, ya que, como se indicó al inició del presente auto, su trámite inició ante Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante el que se rindió el informe justificado relativo, por lo que se tiene conocimiento sobre el estado que guarda hasta el momento el procedimiento de origen. En ese sentido, de conformidad con el marco normativo expuesto, procede DESECHAR POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por .. V. Captura de Proveído. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. VI. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VII. Atención presencial. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubre bocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VIII. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. IX. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda; y, como autorizada en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a.., y únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del citado artículo 12 de la citada Ley, a la diversa persona que refiere en su escrito de demanda, hasta en tanto acredite ante este Juzgado ser licenciada en derecho, con cédula profesional debidamente inscrita en el Sistema respectivo. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. X. Consulta de expediente electrónico. Vista la certificación de cuenta que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", se encontró el siguiente: . ".." Consecuentemente, con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el citado nombre de usuario. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. XI. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. XII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XIII. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XIV. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XV. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. fíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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