Juana del Carmen Ramos Santiago

Expediente 195/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
195/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Juana del Carmen Ramos Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente se inconformara con el auto de ocho de febrero de esta anualidad. Al efecto, se acuerda: Por ello, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el auto de referencia, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es destruible al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso d), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo intentada; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por Juana del Carmen Ramos Santiago, contra el acto y autoridad que indica. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 195/2023-VII. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, al incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III.- Causa de improcedencia. El artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la Jurisprudencia, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable que en esta vía se combate es: (a) La omisión de acordar el contenido del escrito de doce de enero de dos mil veintitrés, dentro del expediente 495/2021, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno, con residencia en esta ciudad. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Expuesto lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que expondrán a continuación. Ello es así, ya que para poder considerar que existe una abierta dilación, es necesario que transcurra un término excesivo desde la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente se debe pronunciar o realizar la diligencia correspondiente, en este caso, dar contestación al escrito presentado por el aquí quejoso el doce de enero de dos mil veintitrés, dentro del expediente 495/2021, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno, con residencia en esta ciudad, cuya omisión acontece desde el dieciocho siguiente, término que hasta la presentación de la demanda de amparo (tres de febrero del año en curso) no ha trascurrido, pues entre la fecha de presentación del escrito de referencia y la promoción de la demanda de amparo como se precisó, media diecisiete días naturales, los cuales son insuficientes para considerar que existe una dilación excesiva. Al respecto, cabe destacar, que el estándar mínimo para el dictado de proveídos, laudos o la realización de cualquier otra diligencia, es de cuarenta y cinco días, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Resulta aplicable en el caso, el criterio 2a./J. 63/2022 (11a.), dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo o si dicho plazo puede agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para que resulte procedente el amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), necesariamente debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Justificación: Conforme a la referida jurisprudencia, para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo que significa, a contrario sensu, que si no ha transcurrido ese plazo razonable, que como prerrogativa otorgó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos alegada, precisamente porque la dilación procesal impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto; de ahí la necesidad de que el plazo razonable al que hace alusión la referida jurisprudencia debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que a partir de ese momento el Juez de Distrito podrá determinar si el acto reclamado actualiza o no el supuesto de procedencia del amparo indirecto al que hace referencia, puesto que, de no ser el caso, tendría que proceder conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. De no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo, lo que en el caso se traduce en la existencia de una dilación procesal de más de 45 días naturales." Lo anterior, en la inteligencia de que lo trascendente en el caso es que el estándar mínimo objetivo determinado en la citada jurisprudencia fue para establecer cuándo una omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, deja de ser una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos y se convierte en una violación cuyos efectos deben ser considerados de imposible reparación; esto es, produce una afectación material a derechos sustantivos, dado que sus consecuencias impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo que en la especie, la dilación planteada por la parte quejosa, no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, por no transgredir derechos sustantivos, ni constituir una abierta dilación en la fase relativa o su paralización total, cuyos supuestos, por excepción, hacen procedente la vía de amparo biinstancial. En consecuencia, se itera se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la queja número 22/2022. IV. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo analizada. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Domicilio, autorizados, acceso al expediente electrónico y expedición de copias. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el ubicado en: ********************. Se tiene como autorizados en términos amplios a que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a ********************sin que sea necesario verificar sus respectivas cédulas profesionales en el registro correspondiente, dado que la promovente se trata de la parte trabajadora en el juicio de origen. Atento, a lo peticionado por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se instruye al Oficial Judicial A, en la hipótesis de encontrarse registrado, dar de alta en el presente juicio al usuario "********************", para consultar de manera electrónica el presente juicio. Tocante a la copia que solicita, infórmese a la parte solicitante que de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la persona autorizada para consultar el expediente electrónico puede descargar en su equipo de cómputo la documentación solicitada, que se considera certificada electrónicamente al incluir la evidencia criptográfica; ello, en tratándose de los documentos que cuenten con firma electrónica de quien, en su caso, los suscribe. VII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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