Juana Dávila Flores

Expediente 248/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 40 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
248/2022
Año
2022
Actuaciones
40
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Juana Dávila Flores
  • Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por ********************, respecto de los actos consistentes en la discusión, aprobación y promulgación del 109, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y de los artículos 58 y 63, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclama del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, consistente en la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, para los efectos señalados en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta resolución. Notifíquese: vía electrónica a la quejosa, por lista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por rendido el informe justificado de la Presidenta de la Diputación Permanente de la "LXI" Legislatura del Estado de México. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el referido informe por el término continuo y genérico de ocho días. Por otra parte, de conformidad con el artículo 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la mencionada autoridad, a las personas que refiere, y como medio alternativo de contacto el correo electrónico y el número telefónico que proporciona. Finalmente, en atención a lo señalado en los párrafos que anteceden, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese: por lista a las partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por rendido el informe justificado del Gobernador Constitucional del Estado de México, por conducto de su representante legal. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el referido informe por el término continuo y genérico de ocho días. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la mencionada autoridad a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como medios alternativos de contacto los números telefónicos y el correo electrónico que proporciona. De igual manera, de conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los delegados de las citadas autoridades, para que tomen las fotografías de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, con los medios tecnológicos que indica la circular referida. Notifíquese: por lista a las partes.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ******************** a través del cual, desahoga la prevención formulada en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, al efecto señala que sí es su deseo reclamar como acto destacado: La inconstitucionalidad del artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como los diversos artículos 58 y 63 fracción VII de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado de México, en su carácter de normas heteroaplicativas; para tal efecto, señala como primer acto de aplicación la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós (en la que se resolvió inhabilitar temporalmente a la quejosa por el plazo de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público). Atento a lo anterior, se tiene por desahogada la prevención que se formuló a la quejosa, en consecuencia, se provee: V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve la quejosa ******************** en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México. LXI Legislatura del Estado de México. Actos reclamados Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México: La promulgación del artículo 109, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. La promulgación de los artículos 58 y 63, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. De la LXI Legislatura del Estado de México: La discusión y aprobación del artículo 109, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. La discusión y aprobación de los artículos 58 y 63, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Admisión de demanda Por tanto, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 2, 6, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en cuanto a las normas generales reclamadas, en tanto que por lo que hace al acto de aplicación se proveyó en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Incidente de suspensión Primeramente, cabe traer a colación el artículo 148 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. De la anterior transcripción, se advierte que en los juicios de amparo en los que se reclame una norma general con motivo de su primer acto de aplicación -como acontece en el presente caso- la suspensión será decretada en relación con los efectos y consecuencias del propio acto de aplicación. Ahora bien, en el caso en concreto, la quejosa señala como nuevo acto reclamado: La discusión, aprobación y promulgación del artículo 109, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. La discusión, aprobación y promulgación de los artículos 58 y 63, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Normas que relama en su carácter de heteroaplicativas, para lo cual, señala como primer acto de aplicación la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, en la que la responsable, resolvió inhabilitar temporalmente a la quejosa por el plazo de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, acto por el cual, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se admitió la demanda y se proveyó respecto a la suspensión como se verá en lo subsecuente. Ahora, la quejosa solicita de nueva cuenta la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no se ejecute la determinación en la que se le inhabilitó temporalmente por el plazo de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. En ese entendido, se puede concluir, que si bien la quejosa señala como actos reclamados la inconstitucionalidad de los artículos precisados en líneas que anteceden; lo cierto es, que en términos del segundo párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo, para proveer respecto a la suspensión solicitada, la suspensión será decretada en relación con los efectos y consecuencias del propio acto de aplicación; el cual, como se adelantó, consiste en la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, en la que la responsable, resolvió inhabilitar temporalmente a la quejosa por el plazo de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Acto respecto del cual, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional dictó la suspensión provisional y, en interlocutoria de cinco de abril siguiente, se pronunció en torno a la suspensión definitiva, en la que por una parte, respecto del acto reclamado consistente en la ejecución de la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México en el expediente DGC/D/026/2019, en la que resolvió inhabilitar temporalmente a la quejosa por el plazo de un año, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, negó la suspensión definitiva por las razones ahí expuestas. Y, por la otra se le concedió: "Para que las autoridades responsables se abstengan de realizar cualquier acto tendiente al registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal por el plazo de un año, impuesta a la quejosa, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público." Razones por las cuales, se estima innecesario reaperturar el trámite del incidente de suspensión respectivo. Se explica: este órgano jurisdiccional, estima ocioso ordenar de nueva cuenta la apertura del incidente de suspensión relativo para analizar la suspensión de la ejecución de los actos reclamados; puesto que, como se adelantó, dichos actos ya fueron analizados en la resolución interlocutoria de cinco de abril de dos mil veintidós, la cual subsistirá, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que en su caso, se dicte en el presente juicio de amparo. En otras palabras, ningún sentido tiene ordenar la apertura del incidente de suspensión relativo, para analizar los actos de ejecución que ya fueron analizados en interlocutoria de cinco de abril de dos mil veintidós, respecto de los cuales, se concedió la suspensión a la quejosa en los términos ya precisados; resolución que aún subsiste. Ya que si bien, se ordenó la reposición del procedimiento conforme a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; esto fue únicamente, hasta dejar insubsistente la audiencia constitucional, es decir, se dejó intocado lo actuado en el incidente de suspensión derivado del presente juicio. Apoya a lo anterior, la tesis aislada del registro digital 2020467, de rubro y texto: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PARTIR DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, NO DEJA SIN MATERIA A AQUÉL. Los artículos 128, 130, 131, 139, 147 y 154 de la Ley de Amparo revelan que la suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado, cuyas resoluciones, aun cuando son medidas provisorias en relación con el juicio principal, subsisten en cuanto a sus efectos, porque su objetivo no sólo es conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños inminentes o perjuicios de difícil reparación, así la suspensión provisional tiene vigencia hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la definitiva, y ésta hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio, por esa razón, las decisiones tomadas en uno no guardan vinculación jurídica con las que se dictan en el otro, porque su tramitación por separado les incorpora autonomía e independencia. En ese contexto, la circunstancia de que en el juicio de amparo, con motivo de la reposición del procedimiento ordenada en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de sobreseimiento, haya quedado insubsistente la admisión de demanda, lo que se materializó cuando el Juez de Distrito previno al promovente del amparo para que acreditara la personalidad ostentada, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada, de ello no se sigue que la insubsistencia se extienda hasta el incidente de suspensión, primero, porque las determinaciones que se dictan en el principal no trascienden en la incidencia dada la incorporación de autonomía e independencia que la Ley de Amparo le atribuye y, segundo, porque el incidente derivó del auto que inicialmente admitió la demanda, el cual si bien quedó nulificado para los fines señalados, lo cierto es que no está definido, mediante ejecutoria, que la misma deba desecharse, pues sólo los efectos de ésta prevalecen sobre los de la suspensión por ser su límite. Por tales motivos, se reitera, se estima innecesario ordenar el trámite del incidente de suspensión relativo. Intervención del agente del ministerio público federal adscrito Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, emplácese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrase traslado con copia de la demanda y del presente proveído, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Solicitud de informe justificado Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación: a) Que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes a la legal notificación del presente proveído. b) Al que deberán acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. c) En su caso, los legajos de pruebas que hayan rendido las partes en el procedimiento natural. Los cuales deberá enviar debidamente ordenados en tomos, con la respectiva carátula que los identifique, foliados, sellados, rubricados, completos y legibles. d) Asimismo, deberán remitir cualquier dispositivo de almacenamiento magnético u óptico que contenga íntegra la trascripción del acto reclamado. Apercibidas que de no remitirlo; o bien, rendir su informe sin anexar los documentos que sean necesarios para fundarlo y con los requisitos antes apuntados sin debida justificación para ello, se le impondrá a la omisa en sentencia una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional Se señalan las nueve horas con treinta minutos del ocho de agosto de dos mil veintitrés, para el verificativo de la audiencia constitucional. Obligación de informar respecto de alguna causa de improcedencia del juicio. Con apoyo en lo estipulado en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa y a la autoridad responsable, para que comuniquen cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de improcedencia, e informen de ser el caso, si en relación con los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo; de ser así, indiquen el número de expediente y el juzgado de distrito que le correspondió conocer del asunto. Apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 251, en relación con el diverso numeral 238, primer párrafo, todos de la ley de la materia, con relación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa únicamente las documentales que exhibió en su escrito inicial de demanda, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza y que serán tomadas en consideración al resolver el juicio en que se actúa. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea Se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Oposición a la publicación de datos personales Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Notifíquese: por lista a la quejosa; por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las autoridades responsables.

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