Juana Cuecuecha Lima

Expediente 693/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
693/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Juana Cuecuecha Lima

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 693/2021-I. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Con relación a ello, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo este tenor, de la demanda que nos ocupa se advierte que la parte quejosa reclama la resolución dictada el siete de julio de la presente anualidad en el toca civil *** del registro estadístico de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante la cual se confirmó la sentencia interlocutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio *** del registro del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. En ese sentido, lo procedente es desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad, formuló la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, a los que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: *** promovió juicio ordinario civil de usucapión, el cual quedó radicado el seis de mayo de dos mil diecinueve con el número de expediente *** del registro del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. El dieciocho de junio siguiente la diligenciaría adscrita al dicho órgano judicial se constituyó en el domicilio de la aquí promovente y la emplazó al juicio natural. Posteriormente, mediante escrito de dos de julio del mismo año, la ocursante dio contestación a la demanda instaurada en su contra, lo cual fue proveído por el juez de instancia el tres siguiente, quien además de tener a la reo dando la contestación respectiva, tuvo a ***: Demandando en la vía reconvencional juicio plenario de posesión, nulidad e inexistencia de escritura de compraventa de quince de mayo de mil novecientos setenta y uno en contra de ***; Promoviendo incidente de falsedad de documento con suspensión del procedimiento y por anunciadas las pruebas en dicha cuestión incidental. Seguida la secuela procesal en el referido incidente, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno se dictó la resolución correspondiente en el mismo, con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Fue tramitado legalmente el incidente planteado por *** en contra de ***" SEGUNDO: Por las consideraciones vertidas en esta resolución, se declara improcedente el Incidente de Falsedad de Documentos, ejercitada por ***, y se ordena la reanudación del procedimiento que se suspensión con motivo de la admisión de esta incidencia, a partir del día siguiente en que sea notificada legalmente esta resolución. TERCERO.- (.)" Inconforme con tal determinación, la ahora quejosa interpuso recurso de queja, en el que la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante resolución de siete de julio del año en curso, confirmó la sentencia recurrida, misma que constituye el acto reclamado en el presente sumario constitucional en que se actúa. En ese sentido, se concluye que el acto que se reclama no tiene las características de irreparabilidad para la procedencia del amparo indirecto, bajo los lineamientos de la ley de la materia. En efecto, el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (abrogada), en consonancia con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, establecía que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, ni la norma constitucional ni la reglamentaria establecían qué debe entenderse por actos de imposible reparación. De tal suerte, para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la interpretación judicial de los tribunales de amparo. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los actos de imposible reparación pueden dividirse en dos vertientes: a) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con la obtención de un fallo definitivo favorable en el juicio natural. b) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan los derechos adjetivos en grado predominante o superior, considerando la institución procesal en juego, la gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Lo anterior se encuentra sustentado en la tesis aislada P.LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 180415, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece ahora establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Como se puede ver, el citado precepto iteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación; pero también agregó que esos actos son los que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, el legislador secundario estableció una interpretación auténtica sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido. En este nuevo contexto normativo, no puede subsistir la interpretación judicial según la cual los actos de imposible reparación son los que afectan derechos sustantivos y los que podrían perturbar gravemente derechos adjetivos. Es así, porque esa clasificación dicotómica resulta incompatible con la definición legal recién acuñada, la cual solo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos. Por lo anterior, han perdido vigencia los criterios jurisprudenciales en los que se consideran como actos de imposible reparación los que afectan derechos adjetivos en grado predominante, superior o exorbitante, ya que tales tesis se oponen al texto expreso del artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo. Esto, de conformidad con el artículo sexto transitorio (a contrario sensu) del mismo ordenamiento, que establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En el mismo sentido se pronunció la mayoría de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), registro 2006589, de epígrafe: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos, y no los que solo afecten derechos procesales. Sentado lo anterior, conviene destacar la diferencia entre el concepto de derechos adjetivos y los derechos sustantivos. Los derechos adjetivos se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. Se trata pues de derechos emanados de las disposiciones instrumentales establecidas al servicio de la resolución final del procedimiento jurisdiccional. En cambio, los derechos sustantivos se derivan de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. "La clasificación derecho sustantivo se refiere a las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso." Así, según se ha visto, son de imposible reparación los actos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones particulares, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable. Luego, el acto que reclama la parte promovente, en nada entrañaría un acto de ejecución irreparable, puesto que la resolución de siete de julio del año en curso dictada en toca civil *** mediante la cual se confirmó la determinación por a cual se desechó el incidente de falsedad de documentos hecho valer en el juicio de origen, no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etc.), debido a que aquella únicamente constituye una cuestión formal y adjetiva, que, de ser el caso, trastocará la esfera jurídica material de la quejosa hasta que se resuelva en forma definitiva el juicio de origen. Por tanto, como las consecuencias del acto reclamado son de carácter intraprocesal y el mismo no tiene una ejecución de imposible reparación, pues por esta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material o inmediata alguno de los derechos humanos del gobernado que tutela la Constitución a través de sus garantías o bien los tratados internacionales suscritos por México es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque solo afecta sus derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la sentencia que decida el juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estaría en aptitud de promover en su contra un juicio de amparo directo. En consecuencia, no hay duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia número IX.1o. J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." De tal manera, si la resolución en comento no produce afectación material de derechos sustantivos, entonces es factible colegir que no se surte el supuesto de procedencia del amparo indirecto, al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; por tanto, esa circunstancia hace que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En estas condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas lo que procede es DESECHAR DE PLANO la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio; por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de amparo, con objeto de que la promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso les permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Por otra parte, de conformidad con 12 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizado en términos amplios del referido numeral al profesionsita que refiere, por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual manera, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, no así el correo electrónico que refiere por no estar contemplado para dicha finalidad por el artículo 26 de la Ley de Amparo. No obstante, en atención a lo preceptuado por el artículo 2°, fracción XIX del Acuerdo General 21/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado el correo electrónico ***, a efecto de que por dicho medio, este juzgado establezca comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dicho contacto sustituya las notificaciones que, en su caso, se practiquen. Se autoriza el uso de instrumentos tecnológicos para la reproducción electrónica de actuaciones judiciales al momento de imponerse de las mismas, en términos de la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho al QUEJOSO, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el CITATORIO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad

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