Juana Cruzalta Hermenegildo
Expediente 378/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juana Cruzalta Hermenegildo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de doce de abril de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede.
- Principal
Visto el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexa a su informe justificado, se advierte se actualizan las causales de improcedencia que enseguida se analizan. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Juana Cruzalta Hermenegildo, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de las siguientes autoridades: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.. A quienes reclamó lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: LA OMISIÓN DE CONCLUIR EL DESAHOGO LAS PRUEBAS Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: [1] La omisión de concluir el desahogo de pruebas en el juicio laboral 207/2016. [2] La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 207/2016. [3] La Omisión de acordar los escritos presentados por su apoderado legal el tres de septiembre y nueve de octubre de dos mil dieciocho dentro del el juicio laboral 207/2016. Al fijar el acto reclamado no se desatiende que la quejosa pretende que se desahogue la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio laboral de origen y se emita el laudo correspondiente; no obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, determinó que el cumplimiento de las sentencias del juicio de amparo debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. Por tanto, de obtener una hipotética concesión de la protección de la Justicia Federal, ésta solo podría abarcar el acto reclamado señalado. En ese sentido, para que la autoridad responsable continúe con la siguiente etapa del juicio de origen y pueda ser de análisis mediante el juicio de amparo, necesariamente primero, tiene que pronunciarse en relación a los escritos presentados por la promovente. Es aplicable la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En ese sentido, este Juzgador advierte que respecto del acto [3] se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que prevee lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de las constancias que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, remite al oficio que se provee, relativas al expediente laboral 207/2016, se advierte que el nueve de abril de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, acordó los escritos presentado por el apoderado legal de la parte actora, aquí quejosa, el tres de septiembre y nueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del el juicio laboral 207/2016. Por tanto, la omisión que reclama el quejoso de las autoridades responsables, cesó en sus efectos, porque el nueve de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado acordó los escritos presentados el tres de septiembre y nueve de octubre de dos mil dieciocho, que presentó el apoderado legal de la parte actora, aquí quejosa; lo que trae como consecuencia, que los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo respecto del acto reclamado [3] al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo Luego, respecto del acto [1] se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De la norma jurídica trascrita, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando surge una nueva situación legal que de concederse el amparo se vería afectada; por tanto, las violaciones reclamadas deben considerarse irreparablemente consumadas en el procedimiento respectivo al no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Entonces, uno de los elementos indispensables para que opere la causa de improcedencia prevista en la hipótesis del artículo en comento consiste en la autonomía entre los actos creadores de la primera y posterior situación jurídica, de manera que pueda subsistir la segunda aunque quede insubsistente la primera. Esta autonomía es la base que permite el nacimiento de una nueva situación jurídica. Es aplicable la tesis 2a.CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho criterio es aplicable con fundamento en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se promulga la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, puesto que el artículo 73, fracción X de la Ley de Amparo abrogada que analiza, es de la misma literalidad que el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo vigente. En la especie, la quejosa reclama la omisión de desahogar la totalidad de las pruebas en el juicio laboral 207/2016. Ahora, de las constancias que el tribunal responsable remite a su informe justificado, relativas al juicio laboral de origen, se advierte que en proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve, tuvo por desahogadas la prueba testimonial y la inspección ofrecidas por la parte demandada; asimismo, tuvo por ofrecida como prueba superveniente en relación a la mala fe del ofrecimiento de trabajo, la inspección ocular y ordenó dar vista a la parte demandada por el termino de tres días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto a la mala fe del ofrecimiento de trabajo que alude la parte actora; asimismo, señaló las diez horas del treinta de mayo de dos mil diecinueve, para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, por lo que comisionó al actuario adscrito para que se constituya en el domicilio de la Auditoria Superior del Estado de Guerrero. Entonces, de la narrativa realizada, se advierte que el tribunal responsable tuvo por desahogadas diversas pruebas ofrecidas por la parte demandada y por ofrecida la prueba superveniente de la parte actora y señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección admitida a la parte actora. Por tanto, es evidente que ha operado un cambio de situación jurídica en relación a la omisión de desahogar las pruebas, al ya quedar señalada fecha y hora para la prueba pendiente por desahogar y haber tomado una determinación respecto de la prueba superveniente ofrecida por la parte actora; entonces, la situación jurídica que guardaba en relación a la omisión reclamada, cambió sustancialmente porque quedó rebasada con la nueva determinación en la que tuvo por desahogadas diversas pruebas, por ofrecida una prueba superveniente de la parte actora y con el nuevo señalamiento de fecha para el desahogo de la inspección. En ese sentido, las violaciones que señaló contra la omisión de desahogar la pruebas en el juicio laboral 207/2016, se encuentran consumadas de manera irreparable ya que no se puede decidir sobre el acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica, que se generó con la determinación de nueve de abril de dos mil diecinueve; por ende, ahora la afectación que pudiera sufrir la quejosa, depende de que la prueba no se lleve a cabo en la data designada para ello, de ahí que éste nuevo acto (la asignación de nueva fecha y hora) sea autónomo y subsista con independencia de que el acto que aquí se reclama pudiera revestir alguna ilegalidad. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo respecto del acto reclamado [1] al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo Ahora, respecto del acto [2] el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, si bien es cierto, en su informe justificado, acepta el acto que se le reclama, sin embargo, se tiene por inexistente el mismo toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Por tanto, en el capítulo de existencia, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclama la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 207/2016. De las constancias que adjunta la autoridad responsable al oficio de cuenta, se conoce que en auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, una vez analizadas las actuaciones, tuvo por desahogadas diversas pruebas, admitió la prueba superveniente ofrecida por la parte actora y señaló hora y fecha para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora. Por otro lado, de autos se advierte que el promovente presentó su demanda de amparo el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, como se lee de la boleta y sello de recibo que obran a fojas 1 y 2. Entonces, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable no estaba en condiciones de emitir el laudo en el juicio laboral 207/2016, toda vez que aún quedan pruebas pendientes por desahogar. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo respecto del acto reclamado [2]. En consecuencia, como se actualizan de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción IV y V de la Ley de Amparo. Conforme a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO", existe un impedimento para examinar los conceptos de violación que formuló la quejosa al decretarse el sobreseimiento en los autos del presente juicio de amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las once horas del veintitrés de abril de dos mil diecinueve (foja 10 reverso). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su momento procesal oportuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase una vez que se dicte la sentencia respectiva las copias fotostáticas certificadas que refiere.
- Principal
Visto el escrito presentado por *****, personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, tal y como se desprende de la copia autorizada del auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral de origen 207/2016, que anexa al escrito de demanda, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 378/2019 y fórmese el expediente respectivo. ADMISIÓN. Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, y 112, de la Ley de Amparo, se admite la demanda propuesta. INCIDENTE. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con 49/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. TERCERO INTERESADO: De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le surte el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de San Marcos, Guerrero; por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, emplácesele al presente juicio por medio de oficio que se gire a su residencia oficial. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, aunado a que se aprecia que la peticionaria no es parte patronal. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su intención las documentales que exhibe; sin perjuicio de relacionarlas en la etapa procesal oportuna y ser consideradas al momento de resolver el presente asunto. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes
- Juana Cruzalta Hermegildo y Otros.191/2023
- Juana Cruzalta Hermenegildo561/2017
- Juana Cruzalta Hermenegildo95/2021
- Juana Cruzalta Hermenegildo1343/2019
- Juana Cruzalta Hermenegildo1150/2023
- Juana Cruzalta Hermenegildo615/2016
- Juana Cruzalta Hermenegildo946/2018
- Juana de la Cruz Salmerón1270/2023
- Juana Garcia Basilio121/2015
- Juana Hernández Cruz93/2016
- Juana Hernández Cruz1520/2019
- Juana Hernández Cruz414/2019