Juana Cruz Trujillo

Expediente 354/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
354/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Juana Cruz Trujillo
  • M. A. P. C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluido, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el escrito remitido por la quejosa Juana Cruz Trujillo; en atención a su contenido, téngase por rendidas las diversas manifestaciones respecto de su inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se le tiene por desahogada la vista que le fue formulada en auto de quince de julio actual, en consecuencia dichas manifestaciones serán tomadas en cuenta por este órgano jurisdiccional, en el presente auto. Relación de estado procesal de autos. De la certificación de cuenta y del estado procesal de autos, se desprende que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercera interesada, por auto de quince de julio de dos mil veintiuno, para que desahogaran la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad señalada como responsable dio a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. . . . II. Antecedentes. A efecto de estar en posibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se deben tomar en consideración los siguientes antecedentes: Acto reclamado. La resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se declaró infundado e improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra de la revisión de medida provisional consistente en pensión alimenticia ratificada en esa misma fecha dentro del expediente 340/2020. 2. Sentencia de amparo. El catorce de junio de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional, dictó sentencia en el presente asunto, donde se concedió el amparo a la quejosa para que las responsables cumplieran con lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada en cuanto a la resolución al recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa; y 2. En su lugar dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción, atendiendo el interés superior de los menores y a lo expuesto en esta resolución, resuelva frontalmente el agravio planteado en el recurso de revocación que se le hizo valer." 3. Información de cumplimiento. Mediante oficio que se tuvo por recibido el catorce de julio del año en curso, la autoridad responsable informó sobre el cumplimento dado a la ejecutoria, remitiendo las constancias respectivas, de las que se advierte que: En auto de fecha siete de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 340/2020, del índice de la autoridad responsable, dejó insubsistente la resolución de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída al recurso de revocación hecho valer por la aquí quejosa JUANA CRUZ TRUJILLO en contra del auto dictado en la continuación de la audiencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, que ratificó la pensión alimenticia en forma provisional, señalada en el auto admisorio de fecha veinte de mayo del dos mil veinte y ordenó turnar los autos para el dictado de la sentencia interlocutoria, misma que tuvo verificativo el trece de julio siguiente. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, a fin de que manifestaran lo que su interés legal conviniera, y por lo que la quejosa realizó manifestaciones en torno al cumplimiento de la ejecutoria alguna, por lo que resulta pertinente calificar el cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. IV. Consideraciones sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Previo a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, o bien, determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento, debe atenderse el argumento toral con el que se concedió la protección constitucional, mismo que, en lo que interesa, fue el siguiente: "En ese orden de ideas, se concluye que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. Ahora, es menester conocer el contenido de los artículos 1.194 y 1.195, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, cuyo tenor literal es el siguiente: "Congruencia de las interlocutorias Artículo 1.194.- Las sentencias interlocutorias deberán contraerse al punto discutido, sin extenderse al negocio principal." "Congruencia y exhaustividad de las sentencias definitivas Artículo 1.195.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, las contestaciones y las demás pretensiones deducidas por las partes; deberán ocuparse exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio, decidiendo todos los puntos litigiosos. Cuando éstos hubieran sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos." En los preceptos transcritos se encuentra inmerso el principio de congruencia que debe regir en toda resolución judicial, es decir, la obligación del juzgador de decidir todos los puntos litigiosos y, en su caso, los agravios expresados en el recurso respectivo. Por tanto, en tratándose de los recursos, la autoridad judicial deberá atender todos los agravios expresados en el recurso respectivo, excepto cuando uno sea preponderante. . . . Precisado lo anterior, debe señalarse que, en la especie, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable al resolver el recurso de revocación interpuesto por la ahora parte quejosa, contra la determinación de diez de marzo de dos mil veintiuno, consistente en la ratificación de la pensión alimenticia, desatendió el estudio del agravio hecho valer; esto es, el relativo en donde dicha parte expuso, en síntesis y sólo para efectos ilustrativos, que únicamente se tomó en cuenta el descuento de la fuente laboral, y no se consideró la otra fuente de ingresos con los que cuenta el demandado, como lo es la purificadora que manifestó el mismo propio demandado. Luego, en la resolución que constituye el acto reclamado, la responsable resolvió: "El juez resuelve y atendiendo a que funda su agravio en lo establecido por los artículos 4.139 y 4136 del Código civil vigente en la entidad, no es procedente toda vez que dichos artículos, el primero de los mencionados habla de una pensión alimenticia definitiva el cual no podrá ser menor del 40% y en su caso que no ocupa la pensión alimenticia que se estableció es de forma provisional y refiere que la pensión alimenticia debe ser suficiente para sufragar las necesidades de los menores y esto será en sentencia cuando se cuente con mayores elementos y se conozcan las necesidades de los menores que se podrá resolver en sentencia definitiva, por cuanto hace a lo establecido por el artículo 4.139 del Código Civil del Estado de México, no se viola dicho ordenamiento legal toda vez que se toma en cuenta la existencia de los dos acreedores alimentarios al momento de señalar la pensión alimenticia provisional y sus necesidades, incluso la pensión que se descuenta supera la unidad de medida y actualización en su valor mensual, aunado a lo anterior fue valorado las constancias que integran los autos como lo es la enfermedad que sufre el demandado y hasta este momento no se conocen las necesidades de los menores, por lo que se considera por lo que se declara infundado e improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte actora". De lo expuesto, puede observarse, que el juez responsable, en la resolución reclamada, omitió dar respuesta frontal al agravio hecho valer por la ahora quejosa Juana Cruz Trujillo, en el recurso de revocación contra la determinación de ratificar la pensión alimenticia provisional; omisión que resulta violatoria del principio de congruencia, rector de esa determinación jurisdiccional, previsto en los artículos 1.194 y 1.195, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y, como consecuencia de ello, contraventora de los derechos consagrados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A esa convicción se llega, en razón de que al confrontar lo expresado en el escrito de agravios, con la resolución reclamada en este juicio de amparo, dictada el diez de marzo de dos mil veintiuno, se advierte que en ésta, se insiste, se desatendió el argumento señalado de referencia, transgrediéndose el principio de congruencia invocado. . . . Por tanto, como el juez responsable, al resolver como lo hizo, omitió pronunciarse frontalmente sobre el agravio formulado por la ahora parte quejosa, en el recurso de revocación y toda vez que a esta juzgadora no le compete analizar aquello, pues de hacerlo se sustituiría en la autoridad del orden común, lo cual no está permitido, porque el juicio de amparo no constituye otra instancia en el procedimiento de origen, sino un juicio a través del cual el órgano judicial federal controla la constitucionalidad de los actos de las autoridades y, por ende, sólo puede examinar si el acto reclamado es violatorio o no de derechos fundamentales. . . . Ahora bien, quien ahora resuelve advierte que en el caso a examen se encuentran vinculados derechos de dos menores de edad, a saber, Hetzel Nayelli y Miguel Ángel, ambos de apellido Pérez Cruz, quienes a la fecha en que esto se resuelve tienen 14 y 16 años respectivamente. Por ello, es menester dejar claro que el caso en examen debe fundarse en lo dispuesto en el artículo 4º Constitucional, que en la parte conducente, establece: ".En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.". En ese sentido, es necesario precisar que atento a las directrices que ha delimitado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el dictado de este fallo: Se privilegian los derechos de los menores Hetzel Nayelli y Miguel Ángel, ambos de apellido Pérez Cruz, atento a su interés superior. La suscrita juzgadora, una vez que analizó los antecedentes que informan el caso, así como las pruebas aportadas en juicio, llega a la determinación que la resolución reclamada resulta contraria al interés superior de los menores al no ser congruente en la determinación reclamada., no se respetó el derecho fundamental sobre la proporcionalidad de alimentos; razón que lleva a esta juzgadora a conceder el amparo impetrado. Expresado lo anterior, a fin de sustentar lo anteriormente expuesto, debe tenerse presente que el interés superior se trata de un concepto jurídico indeterminado que amerita su reconocimiento en cada caso concreto de acuerdo a sus particularidades. Sin embargo, de las jurisprudencias 1a./J. 25/2012 (9a.) y 1a./J. 18/2014 (10a.) , emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destaca que el principio del interés superior de los menores implica que el desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos debe ser criterio rector en casos como el presente, en que la labor interpretativa de los juzgadores conlleva que la normatividad jurídica aplicable se analice en forma sistemática a fin de considerar los deberes de protección y sus especiales derechos, con la obligada tarea de realizar una motivación reforzada para lograr la efectividad del ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En suma, en cada caso concreto el juzgador debe precisar y ponderar cuidadosamente los hechos y circunstancias que lo informan; considerarlos específicamente y de manera racional y objetiva, apreciar el contexto y la especial situación que el menor guarde fácticamente y su vinculación con el campo de lo normativo, que permita adoptar un juicio de valor, que implique su desarrollo, dicho de otra forma, poner en el centro de la discusión al sujeto en situación de vulnerabilidad y los hechos que lo rodean, para luego tomar un rumbo normativo en un ámbito racional y señalar un criterio a seguir. De tal manera, conforme al referido principio, los entes estatales deberán garantizar la protección obligatoria de los derechos del menor en todas sus decisiones y actuaciones, de modo que niños y niñas vean satisfechas sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo holístico; deber implícito también en los ascendientes, tutores y custodios, quienes deberán preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y principios aludidos. Incluso, dicho parámetro deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Es por esa razón que, en el caso en estudio, el interés superior de Hetzel Nayelli y Miguel Ángel, ambos de apellido Pérez Cruz, es el eje rector para la resolución de este asunto, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE". Además, debe tenerse en consideración que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS", estableció que para la determinación en concreto del interés de que se trata en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor: Se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; Se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y, Se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro." Del texto del artículo citado se desprende la naturaleza del acto en dos hipótesis. - Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y - Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el presente caso, la naturaleza del acto reclamado fue de carácter positivo, por implicar un hacer de la autoridad responsable; por lo que el objeto de la concesión fue restituir a la parte quejosa, en el goce del derecho fundamental que se consideró vulnerado. V. Actos realizados por las autoridades responsables tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. Entonces, de las constancias certificadas remitidas por la autoridad señalada como responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: En auto de fecha siete de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 340/2020, del índice de la autoridad responsable, dejó insubsistente la resolución de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída al recurso de revocación hecho valer por la aquí quejosa JUANA CRUZ TRUJILLO en contra del auto dictado en la continuación de la audiencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, que ratificó la pensión alimenticia en forma provisional, señalada en el auto admisorio de fecha veinte de mayo del dos mil veinte y ordenó turnar los autos para el dictado de la sentencia interlocutoria, misma que tuvo verificativo el trece de julio siguiente, en la que atendiendo el interés superior de los menores, atendió frontalmente el agravio planteado por la parte quejosa y resolvió con plenitud de jurisdicción. VI. Pronunciamiento sobre exceso o defecto en el cumplimiento. Ahora bien, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se procede a analizar si hubo exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. . . . Entonces, de la narrativa anterior, se aprecia que la autoridad señalada como responsable atendió los efectos de la sentencia de amparo, pues dejó insubsistente la resolución reclamada y en su lugar, dictó otra mediante la cual se advierte que con plenitud de jurisdicción resolvió el recurso de revocación planteado por la aquí parte quejosa, atendiendo el agravio plateado, así como el interés superior de los menores a y través de la sentencia interlocutoria de fecha trece de julio del año en curso. Por lo expuesto en párrafos que anteceden, se aprecia que se ha cumplido el núcleo esencial de la protección constitucional, pues los efectos confesorios del amparo se constreñían en que la autoridad responsable, dejara insubsistente la resolución reclamada y dictara otra con plenitud de jurisdicción atendiendo el agravio planteado, así como el interés superior de los menores. . . . . . . Por lo expuesto, quien ahora provee considera que no existe exceso o defecto en la forma de cumplimiento al fallo protector. Finalmente, no pasa desapercibido que en el escrito de cuenta, la quejosa manifiesta que aún no se ha dado cumplimiento en los términos más amplios y en estricto apego a la sentencia de amparo emitida, bajo la consideración de que aun y cuando la autoridad responsable modificó su determinación judicial estableciendo un porcentaje, no ha establecido una cantidad fija. En este punto debe recordarse que la concesión del amparo consistía únicamente en que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar dictara otra con plenitud de jurisdicción en la que debía atender el agravio planteado asi como el interés superior de los menores, lo cual en la especie sí aconteció, por lo que manifiesta en cuanto a establecer una cantidad fija no forma parte de la Litis de este asunto. Por lo expuesto, en términos del artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, es procedente declarar que la ejecutoria de amparo en el presente asunto se tiene por cumplida; comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que reviste a la parte interesada para inconformarse en términos de la Ley de Amparo aplicable. VII. Del archivo del expediente. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de la Materia.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, mediante el cual, informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector emitido en el presente juicio, y al efecto remite las constancias respectivas para demostrarlo. En consecuencia con el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho corresponda respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, apercibido que de no hacerlo, esta Juzgadora se pronunciará al respecto apoyándose de las constancias que obran en el presente asunto.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera recurso de revisión, contra la sentencia dictada en autos, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, a Juana Cruz Trujillo, por derecho propio, contra el acto que reclama del JUEZ CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEZAHUALCÓYOTL, CON RESIDENCIA EN CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que ha causado ejecutoria, la citada resolución. Requerimiento por cumplimiento. En virtud de que en el segundo resolutivo de la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables, para que dé cumplimiento a la sentencia de amparo dictada por este juzgado federal. El artículo citado establece, por regla general un plazo de tres días para que las responsables den cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; a su vez, esta juzgadora se encuentra facultada para ampliar el plazo de acuerdo con la complejidad de los lineamientos. Por tanto, la autoridad obligada de un órgano jurisdiccional debe atender a los plazos previstos por la propia legislación que rige el acto. Efectos. Para establecer objetivamente en qué radica la complejidad o dificultad de una ejecutoria de amparo que deba cumplimentarse, es necesario realizar un análisis integral de la serie de factores que se presentan en el particular; así de la revisión de las constancias del presente asunto, se desprende que en sentencia de catorce de junio de dos mil veintiuno, se determinó conceder la protección constitucional a la quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada en cuanto a la resolución al recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa; y 2. En su lugar dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción, atendiendo el interés superior de los menores y a lo expuesto en esta resolución, resuelva frontalmente el agravio planteado en el recurso de revocación que se le hizo valer. Ahora, de la lectura de la ejecutoria de amparo, se desprende que los lineamientos de la concesión imponen la obligación a la responsable de realizar diversas acciones, lo que podría traducirse en que las mismas se deben realizar en el plazo previsto por el artículo 192 de Ley de Amparo, por lo que no es necesario conceder un mayor plazo de tres días para acatar el fallo protector. . . . Apercibimiento. Apercibida la responsable que, de no dar cumplimiento en el plazo otorgado, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

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