Juana Cruz Barragán

Expediente 618/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
618/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Juana Cruz Barragán
  • Juez de Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Sala "A"

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 618/2023. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el once de julio de dos mil veintitrés y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa Juana Cruz Barragán promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 4-10). SEGUNDO. Trámite. Por auto de trece de julio siguiente, se acordó: desechar parcialmente la demanda por algunas autoridades responsables y admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; requerir a las autoridades responsables sus informes justificados y, emplazar al juicio a los terceros interesados 1. Ricardo Román González y 2. Carlos Flores Alarcón (fojas 11-22) mismos que fueron emplazados el dieciocho de julio de dos mil veintitrés (fojas 34-36). Asimismo se hace constar que los terceros interesados no hicieron valer motivo de improcedencia. Mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó emplazar mediante oficio a la Fiscal Quinta de la Sub Unidad Integral de procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con sede en Boca del Río, Veracruz (fojas 44) misma que fue emplazada el veintidós de agosto de dos mil veintitrés (foja 59). Se agregaron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 39 y 43) e integrado el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 60) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 69-70). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 33 fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclaman: el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de presentarse periódicamente a firmar cada quince días, todos emitidos en un proceso penal, susceptible de afectar el derecho fundamental de libertad personal de la parte quejosa, impugnables en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, dado que los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: 1). El auto de vinculación a proceso de quince de junio de dos mil veintitrés, dictado contra la quejosa Juana Cruz Barragán en el aludido proceso penal 153/2022 por su participación probable en los hechos que la ley señala como el delito de robo de vehículo, cometido en agravio de Ricardo Guzmán González (El cual se notificó personalmente a la quejosa el día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo). 2). La medida cautelar impuesta a la quejosa en la audiencia inicial de diez de junio de dos mil veintitrés, relativa a presentarse a firmar cada quince días ante la Unidad de Medidas Cautelares, misma medida cautelar que fue reiterada en la continuación de la audiencia inicial de fecha quince de junio de dos mil veintitrés (Notificada personalmente ese mismo día, según se observa del registro audiovisual respectivo). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable 2. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimientos Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala "E", con sede en Veracruz, Veracruz, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia de los actos que se le atribuyeron (foja 39 respectivamente) tal como se advierte del contenido del mismo. Negativa que no fue desvirtuada por la quejosa, aportando medio de convicción alguno a efecto de demostrar la existencia del auto de vinculación a proceso y de la medida cautelar relativa a presentarse a firmar cada quince días ante dicho órgano jurisdiccional, que le atribuyó. Por ende, tomando en consideración que la negativa antes señalada no fue desvirtuada, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo que hace a las autoridades citada en los párrafos que anteceden por los referidos actos reclamados, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor. Máxime que, por regla general, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer medios de prueba idóneos tendientes a controvertir las manifestaciones de la autoridad y demostrar, no sólo que el acto reclamado existe, sino además que es violatorio de sus derechos fundamentales, pues constituye una prerrogativa probatoria para la parte quejosa, la cual se desprende de la interpretación sistemática realizada de los artículos 117 a 124 de la Ley de Amparo; carga que, en el particular, no cumplió. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII de este Distrito, "Sala A" con sede en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de las determinaciones reclamadas (foja 43). Lo que se corrobora, dado que dicho juzgador remitió los registros audiovisuales compulsados en un disco DVD que contienen las resoluciones combatidas (foja 140 Tomo I de pruebas) medio de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuenta con pleno valor probatorio, por tratarse de un audiovisual en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por otra parte, resulta importante precisar que la diversa autoridad responsable 3. Jefe de la Unidad de Medidas Cautelares, con residencia en Veracruz, no rindió su informe justificado a pesar de que se le requirió el mismo (foja 33) sin embargo, al haber reconocido los actos reclamados la diversa autoridad responsable 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII de este Distrito, "Sala A" con sede en Veracruz, Veracruz, y al tratarse de una autoridad ejecutora debe de presumirse de cierto los actos reclamados, en términos de lo previsto en el artículo 117 párrafo cuarto de la Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Constitucionalidad del auto de vinculación a proceso reclamado. En el caso, se estiman infundados los conceptos de violación vertidos por la quejosa en torno al auto de vinculación que combate, aun suplidos ante su deficiencia, en términos del inciso a), fracción III, del artículo 79, de la Ley de Amparo. Lo anterior conlleva a negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se exponen. MARCO JURÍDICO Premisas sobre auto de vinculación a proceso En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho. Dicho dispositivo establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." De la lectura del aludido dispositivo se revela que la reforma constitucional da cuenta de la desaparición del auto de formal prisión, para dar paso al citado auto de vinculación a proceso, el cual implica un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. De la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, sobre las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación -artículo 20 Constitucional-). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, ahora sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a la fracción III del inciso A del artículo 20 constitucional (reformado) para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Circunstancia diversa a la que acontece en el sistema mixto-tradicional o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. Sobre ese nuevo marco constitucional, se puede concluir que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Asimismo, a efecto de identificar los requisitos que se deben verificar en el dictado del auto de vinculación a proceso, resulta pertinente transcribir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que, como todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso además de ajustarse a las premisas legales anteriores, también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De tales preceptos se desprende que para el dictado de un auto de esa naturaleza deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo y, que se enumeran así: A). Requisitos de forma: 1. Emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial (plazo que se puede duplicar a petición de éste o su defensor). 3. Se haya formulado imputación. 4. El imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. B). Requisitos de fondo: 1. En los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones encuentran respaldo, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Es así que se llega a la conclusión que para dictar un auto de vinculación a proceso, como ya se dijo, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, pues lo relevante para su dictado, es la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación, puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. De ahí que el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad) sino que se debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para apreciar con claridad la resolución reclamada, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado, obtenidos del disco compacto DVD enviado por el juez responsable, a saber: 1. A las 13:00 del diez de junio de dos mil veintitrés, la auxiliar de sala declaró el comienzo de la audiencia inicial donde a las: 13:01 La Juez declaró el inicio de la audiencia inicial y solicita se individualicen las partes: la Fiscal, la imputada Juana Cruz Barragán y le pregunta si desea si el profesionista que la acompaña la represente contestando que sí, por lo que se individualizó Faustino Mora Carvajal quien dijo contar con la cédula profesional 09163419, aceptar el cargo conferido, solicitando la defensa un receso de veinte minutos para imponerse de la carpeta de investigación, otorgando dicho receso la Juez. Ahora bien, para verificar si el defensor particular de la ahora imputada se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, de la consulta que el día de hoy se realiza en la página de internet de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, se advierte que existe registrada la cédula profesional expedida por esa dependencia a favor Faustino Mora Carvajal con número 09163419, para ejercer la carrera de licenciado en derecho. 13:31 La Juez individualiza al Asesor Jurídico y le pregunta al defensor particular si ya se impuso de la carpeta de investigación contestando que sí. 13:32 La Juez le hace saber a la imputada Juana Cruz Barragán que el motivo de la diligencia es por una orden de aprehensión ejecutada en su contra y le hace saber sus derechos y le pregunta si lo entendió contestando que sí. 13:35 La Juez le pregunta a la defensa y a la imputada si le fueron respetados sus derechos humanos al momento de que se ejecutó la orden de aprehensión en su contra contestando que sí. 13:36 La Fiscal formuló imputación contra Juana Cruz Barragán y/o Juana Elena Cruz Barragán por los hechos con apariencia del delito de robo de vehículo automotor previsto en el artículo 202 fracción I, en íntima relación con el numeral 209 fracciones I y VI, del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de Ricardo Román González. 13:44 La Juez le preguntó a la imputada previa consulta con la defensa si desea alguna aclaración contestando que sí, que solicitaban que la Fiscal precisara el número de la carpeta de investigación y las fechas de los hechos, por lo que la Fiscalía procede a hacer las precisiones. 13:50 La Juez ante diversas manifestaciones del defensor particular le cuestiona si conoce el Nuevo Sistema de Justicia Penal contestando que no es un experto, por ello le hizo del conocimiento que consideraba que su representada no contaba con una defensa técnica y adecuada y por ello, separó del cargo al defensor particular y solicitó la presencia del defensor de oficio dando un receso de cinco minutos. 14:27 La Juez continua con la audiencia e individualiza al defensor público quien dijo llamarse Hugo Israel Pulido Galindo adscrito al Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública con cédula profesional número 11559682 y le protesta el cargo conferido. 14:28 La Fiscal formuló imputación contra Juana Cruz Barragán y/o Juana Elena Cruz Barragán por los hechos con apariencia del delito de robo de vehículo automotor previsto en el artículo 202 fracción I, en íntima relación con el numeral 209 fracciones I y VI, del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de Ricardo Román González. 14:37 La Juez le preguntó a la imputada previa consulta con la defensa si desea alguna aclaración contestando que no 14:37 La Juez le preguntó a la imputada si va a emitir declaración contestando que desea guardar silencio. 14:38 La Fiscal solicitó se vincule a proceso a la imputada Juana Cruz Barragán y/o Juana Elena Cruz Barragán por los hechos con apariencia del delito de robo de vehículo automotor previsto en el artículo 202 fracción I, en íntima relación con el numeral 209 fracciones I y VI, del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de Ricardo Román González, dando a conocer los datos de prueba con los que cuenta. 14:53 La Juez le pregunta a la imputada y a la defensa si desea se resuelva la situación jurídica del imputado en setenta y dos horas o en ciento cuarenta y cuatro horas, contestando el imputado que en setenta y dos horas, la Juez fija como fecha para la continuación de la audiencia el doce de junio de dos mil veintitrés a las catorce horas por la carga de trabajo. 14:56 La Fiscal solicita como medidas cautelares la presentación periódica, la exhibición de una garantía económica, prohibición de salir sin autorización del país y prohibición de incurrir al domicilio de la víctima. 14:58 El Asesor Jurídico solicita se imponga prisión preventiva oficiosa para garantizar la comparecencia de la imputada. 15:00 El defensor de oficio pide se desestime la solicitud del Asesor Jurídico al no ser el sujeto facultado para realizar dicha solicitud. 15:01 La Juez impone como medidas cautelares de manera provisional la prevista en la fracción I, del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales que es la presentación periódica de cada quince días presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares, la prevista en la fracción II, esto es la exhibición de una garantía económica de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) la prevista en la fracción V, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad o Estado donde reside y la prevista en la fracción VIII, prohibición de acercarse a la víctima - dicha determinación constituye otro de los actos reclamados únicamente por la presentación periódica-. 15:06 La Auxiliar de sala dio por concluida la diligencia. 2. A las 11:21 del quince de junio de dos mil veintitrés, el auxiliar de sala declaró la continuación de la audiencia inicial donde a las: Resulta importante precisar que el defensor de oficio presentó escrito ante la Juez de control responsable solicitando la duplicidad del término constitucional por así convenir a los intereses de su representada, acordando favorable dicha solicitud señalando las diez horas del quince de junio para la continuación de la audiencia inicial (fojas 128 y 129 Tomo I de pruebas). 11:22 La Juez apertura la audiencia y solicita se individualicen las partes la Fiscal, al defensor público y la imputada Juana Cruz Barragán. 11:23 La Juez pregunta a la defensa si tiene datos de prueba qué aportar manifestando que sí que son: Documental consistente en una constancia de residencia de Juan Román Cruz, expedida por el agente Municipal de Piedras Negras, Veracruz, Documental consistente en una constancia de residencia de la imputada Juana Cruz Barragán, expedida por el agente Municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, Testimonial mediante entrevista con la defensa de Juan Omar Gamboa Cruz (hijo de la imputada) Testimonial mediante entrevista con la defensa de Elena Mora Cruz (hija de la imputada) Documental consistente en una póliza de seguro de Banorte con vigencia del 26 de Agosto de 2020 al 26 de Agosto de 2021 del vehículo afecto, teniendo como datos del asegurado Carlos Flores Alarcón, Otra Documental consistente en una póliza de seguro de Banorte con vigencia del 26 de Agosto de 2020 al 26 de Agosto de 2021 del vehículo afecto, teniendo como datos del asegurado Carlos Flores Alarcón, Varias facturas expedidas por Petróleos Mexicanos en las cuales se advierte el pago por concepto de gasolina en efectivo de la Comercializadora SAURI S.A. de C.V. de diversas fechas del 3 de Septiembre de 2020 al 17 de Octubre de 2020, Responsiva signada únicamente por la imputada Juana Cruz Barragán y la declaración de ésta última a través del interrogatorio formulado por el defensor de oficio. 11:54 La imputada Juana Cruz Barragán procede a declarar a través del interrogatorio formulado por el defensor de oficio. 11:58 La Fiscalía formula preguntas a la imputada Juana Cruz Barragán. 12:03 El Asesor Jurídico formula preguntas a la imputada Juana Cruz Barragán. 12:04 La Defensa vuelve a formular preguntas a la imputada Juana Cruz Barragán. 12:06 La Fiscal se opone a que se admitan los datos de prueba ofertados por la defensa en virtud de que cuando solicitó la duplicidad del término constitucional, no anunció los datos de prueba, por ello solicita el desechamiento de los mismos. 12:16 El Asesor Jurídico también se opone a que se admitan los datos de prueba ofertados por la defensa. 12:21 El defensor público solicita que se dicte auto de no vinculación a proceso a favor de su defendido, y que se desestimen las pruebas ofertadas por la Fiscalía. 12:43 La Juez pregunta a la imputada previa consulta de su defensa si desea declara contestando que no. 12:43 La Fiscal reiteró su solicitud de vinculación a proceso en contra de la imputada. 12:52 El Asesor Jurídico se adhiere a lo manifestado por la Fiscal. 13:24 del quince de junio de dos mil veintitrés la Juez de control decretó auto de vinculación a proceso contra la imputada, por el hecho con apariencia de delito de robo de vehículo previsto en el artículo 202 fracción I, en íntima relación con el numeral 209 fracciones I y VI, del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de Ricardo Román González-dicha determinación constituye uno de los actos reclamados-. 13:25 La Fiscal solicita dos meses para la investigación complementaria. 13:25 Defensa solicita seis meses para la investigación complementaria. 13:30 La Juez otorga el plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. 13:31 La Juez ratifica las medidas cautelares impuestas a la imputada- dicha determinación constituye otro de los actos reclamados-. 13:31 Auxiliar de sala dio por concluida la diligencia. SUBSUNCIÓN En la especie, se acreditan en su totalidad los requisitos de forma y fondo que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso que se reclama, como a continuación se verá. a) FORMA 1) Se emita por escrito y por autoridad judicial competente. Así, del estudio realizado dentro del juicio de la reproducción del disco compacto DVD de la audiencia inicial, con fecha diez de junio y su continuación el quince de junio de dos mil veintitrés, remitido por la autoridad responsable, se advierte la emisión de la resolución de auto de vinculación a proceso reclamada en el presente juicio, por lo que se constata la existencia de la misma, así como su registro. Asimismo se cuenta con la transcripción de la misma en términos del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que de la citada grabación y de la transcripción se aprecian con claridad las razones y fundamentos en los que se apoya dicha resolución, por lo que la inculpada se encuentra en aptitud de conocerlos a través de la misma, sin que se le deje en estado de indefensión (fojas 130-135 y 140 Tomo I de pruebas). Sustenta la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." Asimismo, en relación con la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que dicha responsable es competente para conocer y resolver sobre el hecho puesto de su conocimiento por parte de la representación social, conforme lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz; en concordancia con el artículo 20 fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como lo señaló la juzgadora responsable. Por lo que se considera que se encuentra cubierto el citado requisito de que la resolución fuera emitida por juez competente tal dicha autoridad lo indicó en su propio fallo. Con lo que se satisfacen dichos requisitos. 2. Se dicte dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, plazo que se puede duplicar únicamente a petición del indiciado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el imputado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. En el caso, se tiene que el diez de junio de dos mil veintitrés, se desahogó la audiencia inicial donde la imputada Juana Cruz Barragán y su defensor de oficio eligieron que su situación jurídica se resolviera en setenta y dos horas, sin embargo, en la continuación de la audiencia inicial la juez refirió que la imputada y la defensa habían solicitado la duplicidad del término constitucional, por lo que, el quince de junio de dos mil veintitrés a las 13:24 horas la juez determinó vincular a proceso a la imputada. Con lo anterior se aprecia que sí se cumplió con el plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, dentro del cual se dictó el auto de vinculación a proceso, y resolvió la situación jurídica de la imputada sin exceder del plazo citado elegido. 3. Se haya formulado imputación. Conforme al artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación se traduce en la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En la reproducción del disco compacto, se desprende que en la audiencia inicial, la Ministerio Público formuló imputación contra la hoy quejosa Juana Cruz Barragán y/o Juana Elena Cruz Barragán, por su probable participación en los hechos con apariencia del delito de robo de vehículo automotor previsto en el artículo 202 fracción I, en íntima relación con el numeral 209 fracciones I y VI, del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de Ricardo Román González. 4. El imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. En la reproducción de audio video, se desprende que en la audiencia inicial del día diez de junio de dos mil veintitrés) la imputada Juana Cruz Barragán decidió guardar silencio. Sin embargo, en la continuación de la audiencia inicial el defensor de oficio ofertó como dato de prueba la declaración de la imputada Juana Cruz Barragán a través de un interrogatorio, misma que se desahogó en dicha diligencia. 5. Se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Este requisito se encuentra satisfecho por virtud de que la Juez responsable, al dictar a la ahora quejosa, el auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como el delito de robo de vehículo previsto en el artículo 202 fracción I, en íntima relación con el numeral 209 fracciones I y VI, del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de Ricardo Román González, lo hizo considerando, sólo los hechos expuestos por la Fiscal al momento de formular imputación. 6. Se expresen tanto el hecho delictuoso que se imputa, como las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En el caso concreto, se advierte que la Juez de Control responsable, al momento de emitir el auto de vinculación a proceso, luego de que la Fiscal formuló imputación y solicitud de vinculación a proceso contra la aquí quejosa, procedió a la valoración y ponderación de los datos y medios de pruebas aportados por la Fiscal en dicha audiencia, mismos que le sirvieron de base a esa fiscalía para peticionar la vinculación a proceso de Juana Cruz Barragán y/o Juana Elena Cruz Barragán. Así, justificó la existencia de los hechos que la ley señala como el delito de robo de vehículo, en donde además expuso con claridad las circunstancias tiempo, lugar y modo de comisión del mismo, como se aprecia en la videograbación anteriormente comentada. Por todo lo anterior, se considera que se cumplieron a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos de forma exigidos para el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado. b) FONDO 1. En los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito. En el caso, se aprecia que la juez de control, acertadamente consideró los antecedentes de la investigación que le expuso la Fiscal y, con los mismos consideró que se advertían datos que establecían que se cometieron los hechos que la ley señala como delito de robo de vehículo previsto en el artículo 202 fracción I, en íntima relación con el numeral 209 fracciones I y VI, del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de Ricardo Román González. Esto es, que los hechos que señalan como delito de robo de vehículo en agravio de Ricardo Román González; el día veintiocho de junio de dos mil veintiuno aproximadamente a las veinte horas (circunstancia de tiempo) la víctima de nombre Ricardo Román González, se encontraba en su domicilio ubicado en callejón sin número, sin nombre, de la colonia Icaño, del Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz (circunstancia de lugar) dejando enfrente de su casa un vehículo de su propiedad de la Marca Chevrolet, línea Matiz, modelo 2013, motor hecho en Korea, 4 cilindros, color blanco, con número placas YAT013A, número de serie KL1MD6A03DCO27417; y al otro día esto es el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las ocho de la mañana (circunstancia de tiempo) al salir de su domicilio se da cuenta que no se encuentra su vehículo que había dejado allí (circunstancia de modo) que el día cinco de julio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diez de la mañana se dirige a la localidad de Piedras Negras y al pasar por la casa marcada con el número 108, de la calle Benjamín Hidalgo entre Avenida Libertad y calle Independencia de Piedras Negras, Veracruz (circunstancia de lugar) observa que en la parte del patio de esa casa, se encontraba su vehículo el cual reconoce por las características físicas y por las placas de circulación, por lo que señaló que llamó con voz fuerte y se identificó con la imputada Juana Elena Cruz Barragán diciéndole que el vehículo se lo habían robado hace unos días y por tal motivo él lo reconocía como suyo, contestando la imputada de manera grosera que se retirara que no tenía nada que hacer ahí, la víctima Ricardo Román González le insistió que de favor se lo devolviera, señalándole que el vehículo se lo trajo la imputada a la casa. (circunstancia de modo). Ello lo hizo la Juez responsable considerando los siguientes antecedentes o datos de prueba, con lo cual comulga el suscrito juzgador: 1) Denuncia de la víctima Ricardo Román González de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno. 2) Contrato de Compraventa de vehículo usado entre particulares de fecha diez de junio de dos mil veintiuno celebrado entre Carlos Flores Alarcón y Ricardo Román González, en el cual se hace la entrega material y física del automóvil mencionado, así como la entrega de la factura y tarjeta de circulación para darle formalidad al contrato de compraventa, firmando los testigos Rosa Valerde González y Edith Pérez Alvarado. 3) Factura 1472 de fecha cuatro de junio de dos mil quince, expedida por Mixtón Construcciones S.A. de C.V., expedida a favor de Rosalba Sánchez Ruiz, y en la parte posterior existen dos endosos, el primero al señor Carlos Flores Alarcón de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, y el segundo por parte de Carlos Flores Alarcón a Ricardo Román González cediéndole los derechos del vehículo automotor. 4) Tarjeta de Circulación número E2064460 haciendo a la placa de circulación YAT013A por parte de Gobierno del Estado. 5) Entrevista de Minerva Lira García, la cual en lo conducente, señaló vivir en el domicilio del señor Ricardo Román González, la cual es esposa de la víctima y que hace constar que dicho vehículo automotor es propiedad de Ricardo Román González, mediante contrato de compraventa, y que precisamente el día veintiocho de junio de dos mil veintiuno, a las veinte horas lo dejó la víctima y al día siguiente veintinueve de junio de dos mil veintiuno, ya no estaba su vehículo. 6) Entrevista de Guadalupe Castro Uscanga quien dijo que el vehículo ella también lo observó en el interior de una propiedad privada, en el estacionamiento de una casa ubicada en el número 108 de la calle Benjamín Hidalgo entre Avenida Libertad y calle Independencia de Piedras Negras, Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, y que recuerda que dicho vehículo lo tenía manejando Ricardo Román González. 7) Entrevista de Carlos Flores Alarcón quien dijo que el fue propietario del vehículo marca Chevrolet línea matiz modelo 2013, motor hecho en Korea, 4 cilindros, color blanco, con número placas YAT013A y que a través del contrato de compraventa le otorgó la posesión y la propiedad al señor Ricardo Román González entregándole la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) en efectivo, entregándole la factura del vehículo automotor. 8) Oficio de Investigación PM2330, de fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, signado por elementos de la policía ministerial, en el que informaron que se trasladaron al domicilio ubicado en Benjamín Hidalgo número 108 entre Avenida Libertad y calle Independencia de Piedras Negras, Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, y que ubican en el interior de dicho domicilio el vehículo Chevrolet matiz, color gris, con placas de circulación YAT013A del estado de Veracruz, siendo un conjunto de departamentos y que el vehículo se encuentra estacionado en el domicilio de Juana Elena Cruz Barragán, realizando secuencia fotográfica del vehículo y geolocalización de dicho lugar; indicando que esta última les da autorización de entrar a su casa y se percatan mediante inspección ocular que el número de serie del vehículo concuerda con el mismo número de serie de la persona que dio el reporte de robo. 9) Dictamen 2200/2021, de fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, suscrito por Hugo Juncal Arévalo, perito criminalista, quien al realizar una inspección técnica con secuencia fotográfica y criminalística de campo en el domicilio ubicado en el domicilio ubicado en Benjamín Hidalgo número 108 entre Avenida Libertad y calle Independencia de Piedras Negras, Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, con código postal 95626, señaló ubicar el lugar tomando placas fotográficas de la fachada de dicho lugar y señaló que a simple vista se encuentra el vehículo marca Chevrolet línea Matiz. 10) Oficio número 4797/2021 signado por Javier Torres Grajales, Fiscal Noveno orientador, realizando alta de reporte de robo de dicho vehículo, de fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, por enlace estadística, para subir el mismo al sistema como vehículo robado. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De la misma forma, la juez de control estableció que se acreditaba con los mismos datos de prueba, con lo cual comulga el suscrito juzgador. Material de convicción que se considera apto e idóneo para demostrar que, como acertadamente lo consideró la juez del proceso, existe la probabilidad que la imputada Juana Cruz Barragán y/o Juana Elena Cruz Barragán cometió los hechos que la ley considera como el delito de robo de vehículo. Ello es así, porque se cuenta con el señalamiento de la víctima Ricardo Román González en el sentido de que se percató que habían robado un vehículo de su propiedad de la Marca Chevrolet, línea Matiz, modelo 2013, motor hecho en Korea, 4 cilindros, color blanco, con número placas YAT013A, número de serie KL1MD6A03DCO27417, mismo que había dejado enfrente de su domicilio ubicado en callejón sin número, sin nombre, de la colonia Icaño, del Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, el día veintiocho de junio de dos mil veintiuno aproximadamente a las veinte horas y al otro día esto es el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las ocho de la mañana al salir de su domicilio se da cuenta que ya no se encontraba su vehículo que había dejado allí. Asimismo, la víctima adujo que el día cinco de julio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diez de la mañana se dirigió a la localidad de Piedras Negras y al pasar por la casa marcada con el número 108, de la calle Benjamín Hidalgo entre Avenida Libertad y calle Independencia de Piedras Negras, Veracruz, vio que en la parte del patio de esa casa, se encontraba su vehículo el cual reconoció por las características físicas y por las placas de circulación, por lo que llamó con voz fuerte y se identificó con la imputada Juana Elena Cruz Barragán diciéndole que el vehículo se lo habían robado hace unos días y por tal motivo él lo reconocía como suyo, contestando la imputada de manera grosera que se retirara que no tenía nada que hacer ahí, la víctima Ricardo Román González le insistió que de favor se lo devolviera, señalándole que el vehículo se lo trajo la imputada a la casa. Señalamiento que se concatena con el Oficio de Investigación PM2330, de fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, signado por elementos de la policía ministerial, en el que informaron que se trasladaron al domicilio ubicado en Benjamín Hidalgo número 108 entre Avenida Libertad y calle Independencia de Piedras Negras, Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, y que ubicaron en el interior de dicho domicilio el vehículo de la víctima, siendo un conjunto de departamentos y que el vehículo se encuentra estacionado en el domicilio de Juana Elena Cruz Barragán, realizando secuencia fotográfica del vehículo y geolocalización de dicho lugar; indicando que esta última les da autorización de entrar a su casa y se percatan mediante inspección ocular que el número de serie del vehículo concuerda con el mismo número de serie de la persona que dio el reporte de robo. También fue acertado que la juez responsable ubicara la participación del imputada en la hipótesis que señala el numeral 37, del Código Penal de la entidad como autora material y a título doloso, así como que no se advertía alguna causa de justificación de su conducta o excluyente de delito. De ahí que resultan infundados los conceptos de violación realizados por la parte quejosa, referentes a que no se acredita el delito de robo de vehículo y menos su probable participación en el mismo. Se sostiene lo anterior, porque la quejosa sostiene en su tesis defensiva que vive en su domicilio ubicado en Calle 5 de Febrero esquina Adalberto Tejeda, de Úrsulo Galván Veracruz, y que se enteró que fueron unos policías ministeriales al domicilio de su hijo donde se encuentra el carro Matiz, porque esas fueron las indicaciones que dio Carlos Flores Alarcón, que el carro se quedara en un lugar para resguardo y que donde vive no tiene estacionamiento, que dicha persona quiso ser candidato a la Presidencia Municipal, y que el carro se lo dio él para proyectar su imagen a la candidatura mismo que se lo entregó el diecinueve de agosto de dos mil veinte, con un comodato y que dicho vehículo no se lo han requerido. Para acreditar lo anterior, presentó la defensa diversas pruebas: Documental consistente en una constancia de residencia de Juan Román Cruz, expedida por el agente Municipal de Piedras Negras, Veracruz, Documental consistente en una constancia de residencia de la imputada Juana Cruz Barragán, expedida por el agente Municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, Testimonial mediante entrevista con la defensa de Juan Omar Gamboa Cruz (hijo de la imputada) Testimonial mediante entrevista con la defensa de Elena Mora Cruz (hija de la imputada) Documental consistente en una póliza de seguro de Banorte con vigencia del 26 de Agosto de 2020 al 26 de Agosto de 2021 del vehículo afecto, teniendo como datos del asegurado Carlos Flores Alarcón, Otra Documental consistente en una póliza de seguro de Banorte con vigencia del 26 de Agosto de 2020 al 26 de Agosto de 2021 del vehículo afecto, teniendo como datos del asegurado Carlos Flores Alarcón, Varias facturas expedidas por Petróleos Mexicanos en las cuales se advierte el pago por concepto de gasolina en efectivo de la Comercializadora SAURI S.A. de C.V. de diversas fechas del 3 de Septiembre de 2020 al 17 de Octubre de 2020, Responsiva signada únicamente por la imputada Juana Cruz Barragán y la declaración de ésta última a través del interrogatorio formulado por el defensor de oficio. Pruebas que fueron desestimadas por la Juez de Control responsable, lo cual el suscrito juzgador lo estima correcto, en virtud de que sostuvo que la ahora quejosa Juana Cruz Barragán no comprobó con documento idóneo la posesión del vehículo, ya que si bien sostuvo contar con un comodato, el mismo no fue aportado como dato de prueba, lo único que aportó fue una responsiva del automotor únicamente signada por ella, es decir no cuenta con dato idóneo, pertinente y útil que acredite la posesión legal de dicho vehículo, aunado a que no aportó dato de prueba que acredite su dicho que tenía ese auto porque le estaba dando apoyo a la cantidatura de Carlos Flores Alarcón. Así, en el presente asunto, los datos de prueba que la Fiscalía integró a la carpeta de investigación, como bien lo afirmó la juez de control responsable, se estiman suficientes y adecuados para poner en evidencia la probabilidad de que la imputada cometió una conducta que la ley señala como delito, sin que para el juicio de amparo pueda ser materia de análisis para cuestionar la validez de los mismos. CONCLUSIÓN Luego, es de concluirse que resulta ajustado a derecho el reclamado auto a vinculación a proceso, ya que la resolución reclamada cumple con los requisitos de fundamentación y motivación, que en esta parte debe contener ese tipo de actos de autoridad (auto de vinculación a proceso). No está de más dejar en claro que para motivar el auto de vinculación a proceso reclamado, como bien lo sostuvo la juez de la causa, sólo se requieren datos que acrediten la existencia de un hecho con apariencia de delito, sin que se exija para ese momento procesal, que se encuentren acreditados los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, como ocurría en el sistema tradicional, además que en términos del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el asunto se encuentra aún en la etapa de investigación. Lo que además encuentra respaldo, con identidad de razón, con la tesis XV.3o.6 P (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." Además, se advierte que para resolver como lo hizo, la juez de la causa, de forma correcta, atendió exclusivamente a los datos de investigación que le refirió la Fiscal en la audiencia de vinculación a proceso, de los que consideró que se establecía que se cometieron hechos señalados por la ley como delito y existía la probabilidad de que la imputada Juana Elena Cruz Barragán lo cometió. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.), de contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De modo tal que en las relatadas circunstancias el auto de vinculación a proceso reclamado no transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro homine, de debido proceso y de presunción de inocencia. Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Estudio de la Constitucionalidad de la Imposición de la Medida Cautelar de la presentación periódica de cada quince días presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares. En el caso, se estiman infundados los conceptos de violación vertidos por la quejosa en torno al acto que combate, aun suplidos ante su deficiencia, en términos del inciso a), fracción III, del artículo 79, de la Ley de Amparo. Lo anterior conlleva a negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se exponen. . MARCO NORMATIVO El artículo 20 Constitucional reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, dispone, en la parte que interesa que: "[.] El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.]". En dicho precepto Constitucional se fijan las bases para el debido proceso y el mandato preciso para crear juicios orales tanto en el ámbito federal como local, para cuyo efecto se señala el proceso como acusatorio y oral, y se enuncian los principios básicos que debe regir en la materia, entre ellos, los de concentración y continuidad de los procedimientos, a través del cual se evita su multiplicidad y prolongación innecesaria. En ese mismo orden de ideas, es de señalarse que el diez de septiembre del dos mil catorce, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el decreto que establece las fechas en que entraba en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Veracruz, para los distritos judiciales de esta Entidad Federativa, que regula el nuevo sistema procesal penal acusatorio, el cual en su artículo 4°, establece: "ARTÍCULO 4o.- Características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado." Como se ve, la legislación penal local reitera lo señalado en la Carta Magna respecto de que el nuevo proceso penal se regirá, entre otros, por los principios de concentración y continuidad. Ahora, los artículos 307 y 313, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen el objeto de la audiencia inicial y de vinculación a proceso, así como las formas en que habrá de desarrollarse la misma: "Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia." "ARTÍCULO 313.- Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. (.)." ( Lo resaltado es propio de esta sentencia. La literalidad del primer precepto en cita retoma los principios rectores del proceso penal de corte acusatorio, al señalar expresamente que la audiencia inicial y de vinculación a proceso será concentrada y continua; asimismo, establece que el objeto de la misma será que el juez resuelva sobre el control de legalidad de la detención; que el Ministerio Público formule imputación; que el imputado, en su caso, rinda declaración; que el juez resuelva la procedencia de medidas cautelares que le hubieren solicitado, así como sobre la vinculación a proceso; y que se fije plazo para el cierre de la investigación judicializada. Esto es, en la audiencia inicial y de vinculación a proceso, concebida como una unidad, deberá resolverse lo relativo al otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas (entre ellas la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe) y además si procede o no dictar auto de vinculación a proceso; de hecho, es esta última determinación con la que concluye la audiencia de referencia. Lo que se reafirma con el contenido del diverso artículo 307, del citado código, que establece que en el desarrollo de la audiencia inicial y de vinculación a proceso se abordarán los siguientes tópicos: informe de derechos y nombramiento de abogado defensor; control o calificación de la detención por parte del juez de control; formulación de la imputación del Ministerio Público contra el imputado; declaración ministerial del imputado, en su caso; debate y resolución respecto de las medidas cautelares solicitadas (entre ellas la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe); solicitud de vinculación a proceso, en su caso, y resolución del juez sobre la vinculación o no a proceso. El contenido de los preceptos transcritos en relación con los principios de concentración y continuidad que rigen en la materia penal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 constitucional y 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no dejan lugar a dudas en cuanto a que, tanto la determinación que otorga o niega las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, como el auto de vinculación a proceso, se emiten en el desarrollo de la audiencia inicial y de vinculación a juicio que constituye una unidad. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 1a.VII/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 187, del tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CULMINA CUANDO SE DICTA LA SENTENCIA Y NO EN EL MOMENTO EN QUE SE CELEBRÓ Y SE DEJÓ EL ASUNTO PARA EMITIR RESOLUCIÓN.- Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sostener que de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, el trámite de la audiencia constitucional se encuentra regido por los principios procesales de continuidad, unidad y concentración, la que se integra, entre otros actos, con la sentencia, con la cual culmina dicha audiencia. De estas disposiciones y principios se deriva como regla general que la sentencia debe dictarse el mismo día en que se celebre la audiencia constitucional, pero admite una excepción, en el sentido de que si el cúmulo de las labores y atenciones que demanda el Juzgado de Distrito impide el dictado de la sentencia el día de la audiencia, podrá válidamente emitirse con posterioridad. Tal excepción encuentra su fundamento en la situación jurídica de que tanto la norma constitucional como legal antes citadas, sólo exigen que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva se lleven a cabo en un acto procesal continuo, pero no contienen una norma imperativa de que ese acto deba necesariamente llevarse a cabo en un día. En ese sentido, al considerarse que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva constituyen un mismo acto procesal, el momento en que culmina la audiencia constitucional es aquel en que se dicta la sentencia respectiva, y no aquel en que se celebró y se dejó el asunto en estado de emitir resolución." ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO En el caso, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado en este apartado, obtenidos de las documentales y del disco compacto enviado por la juez responsable, antecedentes que en gran parte fueron referidos en el considerando anterior a saber: 1. A las 13:00 del diez de junio de dos mil veintitrés, la auxiliar de sala declaró el comienzo de la audiencia inicial donde a las: 13:01 Asimismo, se individualizó a las partes, se separó del cargo al defensor particular por no contar con una adecuada defensa, se trajo a la presencia al defensor de oficio, el cual se individualizó y se le aceptó, el cargo se realizó la imputación por la Fiscal, misma que quedó entendida, la imputada se reservó el derecho a declarar y ante la solicitud de vinculación a proceso, la imputada y su defensa solicitaron el plazo de setenta y dos horas para resolver su situación jurídica, y al comenzar el debate de medidas cautelares: 15:01 La Juez impone como medidas cautelares de manera provisional la prevista en la fracción I, del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales que es la presentación periódica de cada quince días presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares, la prevista en la fracción II, esto es la exhibición de una garantía económica de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) la prevista en la fracción V, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad o Estado donde reside y la prevista en la fracción VIII, prohibición de acercarse a la víctima - dicha determinación constituye otro de los actos reclamados únicamente por la presentación periódica-. En la continuación de la audiencia inicial, esto es el quince de junio de dos mil veintitrés, ante la solicitud de ampliación del término constitucional, se desprende que: 13:24 del quince de junio de dos mil veintitrés la Juez de control decretó auto de vinculación a proceso contra la imputada, por el hecho con apariencia de delito de robo de vehículo previsto en el artículo 202 fracción I, en íntima relación con el numeral 209 fracciones I y VI, del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de Ricardo Román González-dicha determinación constituye uno de los actos reclamados-. 13:25 La Fiscal solicita dos meses para la investigación complementaria. 13:25 Defensa solicita seis meses para la investigación complementaria. 13:30 La Juez otorga el plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. 13:31 La Juez ratifica las medidas cautelares impuestas a la imputada- dicha determinación constituye otro de los actos reclamados por cuanto hace a la presentación periódica-. SUBSUNCIÓN De la literalidad de los preceptos transcritos en el marco normativo relativo a las medidas cautelares, se obtiene que el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá imponer al imputado o acusado una o varias medidas cautelares, entre las que se encuentra la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe. En ese sentido la Juez responsable en la audiencia inicial entre otras medidas cautelares, impuso de manera provisional la prevista en la fracción I, del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales que es la presentación periódica de cada quince días presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares, misma que fue reiterada en la continuación de la audiencia inicial. Lo anterior, tomando en cuenta que en el debate de las medidas cautelares la fiscal solicitó se le impusieran a la imputada como medidas cautelares la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe, prevista en la fracción I, del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la prevista en la fracción II, la exhibición de una garantía económica, la prevista en la fracción V, prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez y la prevista en la fracción VIII prohibición de incurrir al domicilio de la víctima. Por su parte, el asesor jurídico solicitó se imponga prisión preventiva oficiosa para garantizar la comparecencia de la imputada. Y el defensor de oficio pide se desestime la solicitud del Asesor Jurídico al no ser el sujeto facultado para realizar dicha solicitud. Al cierre del debate la Juez de control impuso como medidas cautelares de manera provisional la prevista en la fracción I, del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales que es la presentación periódica de cada quince días presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares, la prevista en la fracción II, esto es, la exhibición de una garantía económica de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) la prevista en la fracción V, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad o Estado donde reside y la prevista en la fracción VIII, prohibición de acercarse a la víctima. Asimismo, es importante resaltar que la medida cautelar impuesta a la aquí quejosa en la causa penal 153/2022 por la Juez de Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Sala "E", en Veracruz, Veracruz; es la menos restrictiva del catálogo que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual tiene como propósito garantizar la presencia de la imputada en el proceso penal de origen. Por todo lo anterior, resultan infundados los conceptos de violación vertidos por la quejosa al considerar que al ser ilegal el auto de vinculación a proceso, la medida cautelar impuesta también lo es; lo anterior tomando en cuenta que en el estudio de la presente resolución se determinó que el auto de vinculación dictado por la Juez de Control se encuentra fundado y motivado, aunado a lo anterior la medida cautelar impuesta esto es la prevista en la fracción I, del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es la menos lesiva, la cual tiene como propósito garantizar la presencia de la imputada en el proceso penal de origen, la cual no la humilla ni la denigra. CONCLUSIÓN. En mérito de lo expuesto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa respecto del acto reclamado consiste en Imposición de la Medida Cautelar de la presentación periódica de cada quince días presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares, que se analizó en este considerando. La negativa del amparo, se hace extensiva al acto imputado a la autoridad responsable señalada como ejecutora, al no haberse reclamado su actuar por vicios propios. OCTAVO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se le hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 73 a 79 y demás relativos de su ley reglamentaria; así como en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juana Cruz Barragán, por lo que se refiere a la autoridad señalada en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos señalados en el propio apartado en cita. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Juana Cruz Barragán, contra los actos y la autoridad responsable, por los motivos expuestos en los considerandos sexto y séptimo de este fallo. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando octavo de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria de juzgado Leonor Hernández Ortiz, con quien actúa y da fe; hoy veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe. Leonor Hernández OrtizLeonor Hernández Ortiz

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Fiscal Quinta de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito Judicial XVII Boca del Río, Veracruz, mediante el cual rinde su informe, sin embargo, en proveído de nueve de agosto del año en curso, se le tuvo por reconocido el carácter de tercero interesado, y no así como autoridad responsable. En ese sentido, únicamente se tiene apersonándose en su carácter de tercero interesado. Asimismo, téngase a la referida parte formulando diversas manifestaciones en vía de alegatos, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se obtiene que el plazo de ocho días hábiles conferido mediante proveído del pasado nueve de agosto; el cual, como vista al aquí tercero interesado Fiscal Quinta de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con sede en Boca del Río, Veracruz, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y anexos, así como las constancias que obran en autos, le fue notificado mediante oficio 23493, el veintidós de agosto siguiente, por encontrarse gozando en su periodo vacaciones; transcurre del veintitrés de agosto al uno de septiembre del presente año. En razón de lo anterior, es evidente que a la fecha se encuentra transcurriendo el aludido plazo de ocho días, y por ende, a efecto de hacer efectivo su plazo, se impone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio recibido vía correo electrónico institucional, por la Jueza Municipal, con sede en Villa de Tlalixcoyan, Veracruz, y anexo que acompaña, désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. Atento al contenido de la misiva antes referida, se advierte que remite debidamente diligenciado el despacho 799/2023/D/VIII/AP (orden 1053/2023) del índice de este juzgado; en atención a su contenido, téngase por notificado como tercero interesado a 1. ********************, de la suspensión provisional. Dese de baja la comunicación oficial citada en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese en términos de ley.

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