Juana Contreras Ortega

Expediente 324/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
324/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Juana Contreras Ortega
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días; en consecuencia, se declara que el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ****, en favor del directo quejoso ****, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un expediente relevante.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos y el contenido de la certificación que antecede, tomando en consideración que la parte quejosa, no recurrió el proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, por el que se decretó la prescripción del billete de depósito ********************, expedido a su favor por el Banco del Ahorro Nacional y Servicio Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $********************(********************00/100 moneda nacional). En tales circunstancias, con fundamento en el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar.Por tanto, déjese copia del documento de valor, para debida constancia legal y procédase a dar de baja el referido billete en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en cumplimiento a lo ordenado en el proveído antes mencionado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 882, del Acuerdo General del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, remítase el billete de depósito de referencia debidamente endosado a la Tesorería de la Federación, para que proceda a hacerlo efectivo en favor del erario público.Asimismo, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Tesorería de la Federación, para que en el término improrrogable de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente.Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de nueve de enero de dos mil veintitrés, cuyo monto vigente es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional).

  3. Principal

    téngase por recibida y agréguese a los autos la diligencia practicada por el Actuario Judicial adscrito el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, de la que se desprende que el directo quejoso ******, no ratificó el escrito de demanda promovido en su favor por ******, destacando que se encuentra atendido y en observación en el área de servicio médico del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México. Con motivo de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad, por lo que, con fundamento en el artículo 15, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a su favor. Por lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el referido auto de veintidós de marzo pasado.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en representación del quejoso ********************, contra actos de la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla y otra autoridad responsable. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 324/2023-I. De una lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en la falta de brindar atención médica al quejoso interno ********************, respecto del padecimiento que refiere tener desde el catorce de enero de dos mil veintitrés, así como la omisión de proporcionarle el tratamiento adecuado para su padecimiento.En ese sentido, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte promovente refiere que el quejoso desde el catorce de enero de dos mil veintitrés ha presentado malestares como dificultad para respirar y diarrea y en consecuencia ha perdido demasiado peso, por tal motivo solicitó al Juez de Ejecución correspondiente se le brindara atención médica, sin embargo, expone que no está recibiendo la atención que necesita.En esa línea, la omisión de brindarle la atención médica, no es un acto de los que se encuentran expresamente previstos en el artículo 126, de la Ley de Amparo o en el diverso 22, párrafo primero, de la Constitución, respecto de los cuales se establece que procede conceder la suspensión de plano. Lo anterior, en el entendido que tal afirmación no es absoluta, pues el tormento se refiere a actos graves que atentan contra los derechos humanos a la dignidad e integridad personales y, en principio, no puede equipararse, sin trivializarlo, a cualquier molestia -justificada o no- derivada de la reclusión en un centro penitenciario.En efecto, la Sala del Alto Tribunal señaló que la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto: desde los casos en que se pide atención médica en relación con actividades preventivas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación e, incluso, de urgencias. Por ello, en atención a que la suspensión de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22, constitucional; siendo que el tormento se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes); y la atención médica comprende una gran diversidad de actividades, desde preventivas hasta de urgencias; la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que no resultaba conveniente fijar una regla general en relación con la procedencia de la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame falta de atención médica. En ese sentido, la atención médica requerida, puede relacionarse con alguna lesión o padecimiento que requiera actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, todo lo cual, desde luego, compromete gravemente su dignidad integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Por lo anterior, la procedencia de la suspensión de plano, deberá otorgarse de acuerdo con las circunstancias que imperen en cada asunto en concreto, por lo que corresponderá al Juez de amparo su concesión, a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, para determinar si la falta de atención médica que se reclama, encuentra relación con alguna lesión o padecimiento que cause al quejoso una aflicción física y/o mental que afecte gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento. En el caso, tenemos que según lo expuesto en la demanda, el quejoso tiene diarrea y dificultad para respirar, lo que en sí mismo, puede someterlo a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud, circunstancia que, en términos de lo señalado, pudiera equipararse a un tormento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 20, 33, fracción IV, 35, 112, segundo párrafo y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que las autoridades responsables Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, y el Encargado del Área de Servicio Médico de dicho centro carcelario, de manera inmediata proporcionen al quejoso ******************** la atención médica necesaria para salvaguardar su salud, en atención al padecimiento que manifiesta el quejoso sufrir, y por conducto de las áreas y especialistas respectivos (lo cual puede incluso implicar trasladar al quejoso a un centro médico), se emita un diagnóstico y se proporcionen de manera oportuna los tratamientos y/o medicamentos que se consideren necesarios para conservar la salud del directo quejoso, debiendo justificar esa situación al momento de rendir el informe correspondiente.Por lo anterior, se ordena al Actuario Judicial adscrito que de inmediato se constituya ante la sede de las autoridades responsables y les entregue el oficio mediante el cual se le notifica este proveído al que se debe acompañar copia de la demanda de amparo. En ese tenor, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, que deben informar de inmediato el cumplimiento que den a la presente determinación, acompañando la totalidad de las constancias en que apoyen su informe, haciendo de su conocimiento que en caso de no obedecer la suspensión aquí concedida, pueden dar lugar a que se proceda en términos del título quinto, capítulo III, de la Ley de Amparo, e incurrir en el delito tipificado en el artículo 262, fracción III, de dicho cuerpo normativo, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado independientemente de cualquier otro delito en que incurran. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de nueve de enero de dos mil veintitrés, cuyo monto vigente es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Aunado a lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, para que se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y se cerciore del estado físico del quejoso que a simple vista perciba; por lo que se requiere a las autoridades responsables, para que realicen las gestiones necesarias para permitir el acceso al actuario, para que se traslade al directo quejoso hasta el área médica correspondiente, y se permita el desahogo de la referida diligencia. Por otro lado, el actuario deberá requerir al directo quejoso ********************, para que en la propia diligencia o dentro del plazo de tres días, contados a partir de que sea notificado del presente proveído, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, manifieste si ratifica la demanda de amparo promovida en su favor. Apercibido que de no ratificar dicha demanda, se tendrá por no presentada la misma y quedarán sin efecto las providencias dictadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En complemento a lo anterior, se autoriza al actuario que en caso de ser informado en el momento de la diligencia de que el quejoso ********************, se encuentra en diversa área de dicho centro de reclusión de mérito, se le ponga a la vista a dicho interno en caso de poder trasladarse del lugar en que se encuentre dado su estado de salud, o bien se constituya con la seguridad necesaria a fin de practicar la diligencia ordenada en el presente proveído para lo cual se solicita el auxilio del personal de dicho centro penitenciario.En el entendido de que el fedatario adscrito no se encuentra autorizado para recibir ningún escrito de la parte quejosa, conforme a la consulta de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, con número de oficio CJF/VJ/3439/2017, firmada por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el Centro Penitenciario y de Reinserción social de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, dada la naturaleza del acto reclamado. En términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto respectivo, en los casos que se estime necesario. Se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactada la Secretaria encargada del asunto, Greta Santos Hernández, a saber: 5553870500, extensión 1389, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano