Juana Cervantes Nava

Expediente 515/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
515/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Juana Cervantes Nava

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de diciembre de dos mil veinte. Como de la certificación que antecede así como del estado que guardan los autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que dispone el artículo 98 de la Ley de la Materia, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha veintinueve de octubre pasado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que presentó, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el proveído de mérito. Atento a lo anterior, y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, por analogía y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se desechó la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... del acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte... Agréguese a los autos, para que obre como corresponde, el escrito signado por la quejosa -, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en el auto de veintiocho de agosto del presente año. Ahora bien, del contenido del escrito aclaratorio se desprende que la quejosa señala como acto reclamado el requerimiento de que comparezca ante las oficinas del Ayuntamiento Municipal de Álvaro Obregón, Michoacán, así como la prohibición de venta y exhibición en la vía pública de los productos del su negocio denominado -, lo cual le fue notificado a través de los oficios -, emitidos por el Director del Departamento de Reglamentos e Inspección del Ayuntamiento de Álvaro Obregón. Actos, respecto del cuales se estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracción III, inciso b), a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El numeral referido establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Dicho artículo autoriza a esta Secretaría a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción III, inciso b), a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De los artículos de la Ley de Amparo antes transcritos, se conoce que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben ser estudiadas por el juzgador de oficio y que, el juicio de control constitucional resulta improcedente contra aquellos actos en el procedimiento no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo anterior, en casos como el indicado al principio resulta necesario declarar la improcedencia del juicio de garantías, tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, de la que se advierte que a la quejosa se le requirió a través de los oficios -, emitidos por el Departamento de Reglamentos e Inspección del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, Michoacán, en el primero se le citó a comparecer ante la oficina que lo expidió, en relación a una audiencia relacionada con la licencia de funcionamiento del negocio y a dejar la calle y banquetas libres de mercancía de su giro comercial, mientras que en el segundo de los oficios citados se dio contestación al escrito planteado por la impetrante, donde se le reitera que deberá acudir a una audiencia y además se le apercibió que en caso de no acudir a la segunda invitación, se le impondrá una sanción económica, y que en caso de haber una tercera notificación se procederá a poner en resguardo su mercancía en el Ayuntamiento, con la ayuda de seguridad pública y se clausurará por tiempo indefinido, hasta buscar solución al problema, conforme a derecho y a las leyes que rigen en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán; lo que constituye el acto reclamado. Los antecedentes reseñados, ponen de relieve que aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, el juicio de amparo, procede respecto de actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin embargo, los oficios dirigidos a la quejosa para que comparezca a lograr una conciliación en relación a la licencia comercial de la que goza, y de la que ella misma pretende se continúe autorizando hacia el exterior del local que ocupa, constituye solamente una invitación para presentarse ante la autoridad emisora con la finalidad de realizar una diligencia para solucionar las cuestiones en conflicto, en la cual podrá obtener resultados favorables a sus intereses; mientras que el apercibimiento que contienen el segundo de los oficios constituye un acto futuro e incierto que busca que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización e la medida dependerá del actuar del gobernado; por ello, solo cuando se haga efectivo, será cuando produzca eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de garantías para impugnarlo; ello atendiendo a que los actos intermedios, previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final; por ello, tales actos no pueden ser combatidos a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir un mecanismo conciliatorio, éste debe agotarse, y en la especie, la promovente pretende combatir la citación efectuada para verificar una diligencia relacionada con su licencia de funcionamiento y el apercibimiento decretado en la misma; empero, dicho acto no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica de la quejosa para efectos de la procedencia del amparo; es decir tales requerimientos no constituyen un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional. Tiene apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia visible en la página 1844, libro 53, abril de 2018 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2016536, del tenor literal siguiente: "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otros supuestos, contra los actos que no produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en términos de la fracción I del artículo 5o., de la Ley de Amparo. En ese sentido, de los artículos 4, fracción I, 7, fracción IV, 10, último párrafo, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se advierte el principio rector de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo; asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a él. En consecuencia, cuando alguno de los requeridos no asiste a la cita o comparecencia, o no cumpla con los citatorios realizados por la autoridad ministerial, en más de una ocasión, debe darse por concluido, de forma anticipada, ese mecanismo alternativo de solución, y dejarse a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan. En esas condiciones, el citatorio emitido dentro del proceso de justicia restaurativa, para comparecer a la etapa conciliatoria, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues constituye solamente una invitación para presentarse ante la emisora con la finalidad de realizar la diligencia correspondiente; actualizándose por ende, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, primer párrafo, ambos de la ley primeramente citada." Así como la diversa tesis I.3º.C.121 K, publicada en el Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, visible en la página 2177, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "MULTA. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE NO OCASIONA DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. La fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al interés jurídico como la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; por su parte el artículo 4o. de dicha ley, dispone que el juicio de garantías sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Luego entonces, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso. De manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. Los apercibimientos de imposición de una medida de apremio (multa), son actos futuros e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Así, sólo cuando se haga efectiva, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de garantías para impugnarlo. Ello, toda vez que los actos intermedios previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final." Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción III, inciso b), a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo formulada por -. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal al promovente del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    con estafecha se notifica por lista a la parte quejosa... del acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte...Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa -, a través del cual pretende cumplir con el requerimiento que se le hizo en proveído de veintiocho de agosto pasado; sin embargo, como se desprende de la constancia secretarial de cuenta, no cumple con el segundo de los puntos de la prevención formulada en el auto de mérito. En ese sentido, subsiste el requerimiento formulado en el auto de prevención, apercibiéndose a la impetrante, que de no cumplir cabalmente, se hará efectivo el apercibimiento hecho en el citado proveído de veintiocho de agosto, y SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA SU DEMANDA DE AMPARO. En el entendido, que el plazo de cinco días concedido en el auto de prevención solamente SE INTERRUMPE, reanudándose hasta el día siguiente al que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído. Por lo tanto, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal al promovente del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2, Fracción IV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos, para que obre como corresponde, el escrito signado por la quejosa -, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en el auto de veintiocho de agosto del presente año. Ahora bien, del contenido del escrito aclaratorio se desprende que la quejosa señala como acto reclamado el requerimiento de que comparezca ante las oficinas del Ayuntamiento Municipal de Álvaro Obregón, Michoacán, así como la prohibición de venta y exhibición en la vía pública de los productos del su negocio denominado -, lo cual le fue notificado a través de los oficios -, emitidos por el Director del Departamento de Reglamentos e Inspección del Ayuntamiento de Álvaro Obregón. Actos, respecto del cuales se estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracción III, inciso b), a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El numeral referido establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Dicho artículo autoriza a esta Secretaría a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción III, inciso b), a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De los artículos de la Ley de Amparo antes transcritos, se conoce que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben ser estudiadas por el juzgador de oficio y que, el juicio de control constitucional resulta improcedente contra aquellos actos en el procedimiento no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo anterior, en casos como el indicado al principio resulta necesario declarar la improcedencia del juicio de garantías, tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, de la que se advierte que a la quejosa se le requirió a través de los oficios -, emitidos por el Departamento de Reglamentos e Inspección del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, Michoacán, en el primero se le citó a comparecer ante la oficina que lo expidió, en relación a una audiencia relacionada con la licencia de funcionamiento del negocio y a dejar la calle y banquetas libres de mercancía de su giro comercial, mientras que en el segundo de los oficios citados se dio contestación al escrito planteado por la impetrante, donde se le reitera que deberá acudir a una audiencia y además se le apercibió que en caso de no acudir a la segunda invitación, se le impondrá una sanción económica, y que en caso de haber una tercera notificación se procederá a poner en resguardo su mercancía en el Ayuntamiento, con la ayuda de seguridad pública y se clausurará por tiempo indefinido, hasta buscar solución al problema, conforme a derecho y a las leyes que rigen en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán; lo que constituye el acto reclamado. Los antecedentes reseñados, ponen de relieve que aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, el juicio de amparo, procede respecto de actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin embargo, los oficios dirigidos a la quejosa para que comparezca a lograr una conciliación en relación a la licencia comercial de la que goza, y de la que ella misma pretende se continúe autorizando hacia el exterior del local que ocupa, constituye solamente una invitación para presentarse ante la autoridad emisora con la finalidad de realizar una diligencia para solucionar las cuestiones en conflicto, en la cual podrá obtener resultados favorables a sus intereses; mientras que el apercibimiento que contienen el segundo de los oficios constituye un acto futuro e incierto que busca que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización e la medida dependerá del actuar del gobernado; por ello, solo cuando se haga efectivo, será cuando produzca eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de garantías para impugnarlo; ello atendiendo a que los actos intermedios, previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final; por ello, tales actos no pueden ser combatidos a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir un mecanismo conciliatorio, éste debe agotarse, y en la especie, la promovente pretende combatir la citación efectuada para verificar una diligencia relacionada con su licencia de funcionamiento y el apercibimiento decretado en la misma; empero, dicho acto no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica de la quejosa para efectos de la procedencia del amparo; es decir tales requerimientos no constituyen un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional. Tiene apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia visible en la página 1844, libro 53, abril de 2018 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2016536, del tenor literal siguiente: "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otros supuestos, contra los actos que no produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en términos de la fracción I del artículo 5o., de la Ley de Amparo. En ese sentido, de los artículos 4, fracción I, 7, fracción IV, 10, último párrafo, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se advierte el principio rector de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo; asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a él. En consecuencia, cuando alguno de los requeridos no asiste a la cita o comparecencia, o no cumpla con los citatorios realizados por la autoridad ministerial, en más de una ocasión, debe darse por concluido, de forma anticipada, ese mecanismo alternativo de solución, y dejarse a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan. En esas condiciones, el citatorio emitido dentro del proceso de justicia restaurativa, para comparecer a la etapa conciliatoria, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues constituye solamente una invitación para presentarse ante la emisora con la finalidad de realizar la diligencia correspondiente; actualizándose por ende, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, primer párrafo, ambos de la ley primeramente citada." Así como la diversa tesis I.3º.C.121 K, publicada en el Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, visible en la página 2177, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "MULTA. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE NO OCASIONA DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. La fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al interés jurídico como la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; por su parte el artículo 4o. de dicha ley, dispone que el juicio de garantías sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Luego entonces, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso. De manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. Los apercibimientos de imposición de una medida de apremio (multa), son actos futuros e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Así, sólo cuando se haga efectiva, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de garantías para impugnarlo. Ello, toda vez que los actos intermedios previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final." Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción III, inciso b), a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo formulada por -. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal al promovente del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

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