Juana Catalina Abarca Gonzalez

Expediente 454/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
454/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Juana Catalina Abarca Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual devuelve el oficio 20693/2022 dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaría de Salud, por los motivos que expone; agréguese a los autos para que obre como legamente corresponda. En tales condiciones, reenvíese el oficio a la autoridad correcta; para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 454/2022-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciocho de julio de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que del presente expediente se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios 20693/2022, 20695/2022 y 20696/2022; en tal virtud, en obvio de mayores dilaciones reexpídanse los mismos para los efectos legales a que haya lugar. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 454/2022-I, promovido por *************** y ***************** en representación de sus menores hijas de iniciales *********; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese mismo día, a este órgano jurisdiccional, ******************** y ************* en representación de sus menores hijas de iniciales *****************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra actos de las autoridades siguientes: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; Subsecretario de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Secretario de Salud del Estado Libre y Soberano de Morelos; SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se radicó la demanda y se registró bajo el expediente 454/2022-I; se previno a la parte quejosa para que manifestare si era su deseo señalar como autoridad responsable al Coordinador de Brigadas Especiales de Salud del Estado de Morelos. La parte quejosa subsanó la prevención señalando como autoridades responsables al Secretario de Salud del Estado de Morelos y al Coordinador de Brigadas Especiales de Salud del Estado de Morelos. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado; y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como emplazar a la parte tercera interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1o, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal donde se establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, en el que tiene ejecución el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La exclusión de las menores quejosas de la política de vacunación contra el virus SARS-COV-2, contra la enfermedad COVID-19, que le impide recibir la vacuna Pfizer BioNTech, en las dosis correspondientes, ante la posibilidad de contagio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades siguientes: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; Subsecretario de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Secretario de Salud del Estado Libre y Soberano de Morelos; Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos. Lo anterior, en virtud de que les asisten deberes en la consecución de los fines de la referida política nacional de vacunación contra el virus SARS-COV-2; además, no se demuestra que en dicho documento a la fecha de la presentación de la demanda las menores quejosas de 5 y 9 de años estuvieran contemplada de forma prioritaria e inmediata para recibir el biológico contra el indicado virus. Para una mayor comprensión, es necesario precisar que al reclamarse un acto omisivo, debe observarse si en su ámbito competencial, les asistía el deber de realizar los actos necesarios para que las menores quejosos recibiera la vacuna Pfizer BioNTech, en la dosis correspondiente, contra el virus SARS COV-2. En ese sentido, habrá de observarse si a las autoridades responsables en mención les compete deber alguno en el proceso de vacunación y si, por tanto, les asiste asumir la carga procesal de demostrar haber obrado en el sentido de cumplir obligación alguna en dicho proceso. Lo anterior tiene sustento en la tesis: 1a. CLXXV/2015 (10a.), cuyo título es: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR.". Ahora bien, el documento vigente al momento de presentarse la demanda sobre la vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19, es el denominado: "POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN MÉXICO", versión publicada el veinticinco de enero de dos mil veintidós en la página oficial de internet www.coronavirus.gob.mx, versión 9.0. Asimismo, la estrategia multisectorial operativa del Gobierno de México, para la vacunación contra la COVID-19, se instrumentó a través del "Operativo Correcaminos", para coordinar la vacunación contra el virus SARS-COV-2 en México. Tal estrategia está contenida en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de enero de dos mil veintiuno y su última actualización data del dos de agosto del mismo año. En ese sentido, del análisis de ambos documentos se puede advertir que a las autoridades responsables, tienen participación en la materialización de la estrategia nacional de vacunación contra el virus SARS-COV-2 en México. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a estudiar de oficio. En el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." De lo anterior se colige que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto reclamado, pues no tendría razón de ser al desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto reclamado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos producidos, pues el alcance sería la restitución a la parte quejosa en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la cual habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. Sobre esa base, en el caso, la parte quejosa, en síntesis, reclama la omisión de incluir en el esquema de vacunación a las menores de cinco a once años, al no permitirles acceso para recibir el biológico como sí ocurre con otros grupos etarios de la población, pues al momento de la presentación de la demanda, la política de vacunación no contemplaba al grupo etario al que pertenece. Ahora bien, debe señalarse que a fin de combatir el virus SARS-COV-2, generador de la enfermedad COVID-19, el ocho de diciembre de dos mil veinte, el Director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud publicó en la página oficial electrónica www.coronavirus.gob.mx, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención del COVID-19 en México. Documento Rector. Dicho documento ha tenido distintas actualizaciones, tan es así que el veintitrés de junio del año en curso se firmó la versión 10.0, actualmente visible en el mencionado sitio web del Gobierno de México. En tal documento se menciona que desde una fase temprana de la pandemia se reconoció que contar con una vacuna efectiva contra esta enfermedad era un aspecto de muy alta prioridad, como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Se indica también que, entre los objetivos de la estrategia nacional de vacunación, se encuentra vacunar a las personas más susceptibles a desarrollar complicaciones por COVID-19. De igual forma, se reconoce el derecho a la salud en su aspecto público, traducida en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Se señala también que de acuerdo a las recomendaciones del grupo de trabajo asesor en vacunas, otras recomendaciones internacionales, así como diversos criterios éticos y socioculturales, el Gobierno de México ha definido cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país: 1. Edad de las personas; 2. Comorbilidades; 3. Grupos de atención prioritaria, y; 4. Comportamiento de la epidemia. Ahora, también se indica que el grupo de trabajo asesor en vacunas ha recomendado la vacunación de personas menores de edad de 5 a 11 años que vivan con ciertas comorbilidades, y continuar la vacunación masiva estrictamente por edad hasta cubrir a las poblaciones de 18 años y más. Sin embargo, se destacó que al haberse llegado a coberturas de vacunación de más del 90% con esquemas primarios y de más de 65% con un refuerzo en personas mayores de edad, es procedente abrir a grupos de menores de edad la vacunación masiva, actualmente a partir de los cinco años. En efecto, se indica que una vez estimadas las coberturas de vacunación de población mayor de edad que, en promedio a nivel nacional supera el 90%, se procede a ejecutar la vacunación de personas de 12 a 17 años, y posteriormente a partir de los cinco años. En ese sentido, se menciona que con base en los resultados del análisis del grupo de trabajo asesor en vacunas, los ejes de priorización y la realidad operativa de la estrategia, actualmente los grupos priorizados en orden de prelación son: 1. Personal sanitario que enfrenta COVID-1921 (estimado en un 1.1 millones de personas) 2. Población de 50 y más años cumplidos (27,181,09122): a. Mayores de 80 años (2,035,415) b. Personas de 70 a 79 años (4,225,668) c. Personas de 60 a 69 años (8,199,671) d. Personas de 50 a 59 años (12,720,337) 3. Embarazadas de 18 años y más a partir del tercer mes de embarazo (2,133,95123) 4. Personal docente. 5. Población de 18 a 49 años (60, 974,539) a. Personas de 40 a 49 años (16,198,907) b. Personas de 30 a 39 años (18,897,970) c. Personas de 18 a 29 años (25,877,662) 6. Personas de 12 a 17 años que viven con alguna de las comorbilidades o condiciones de vida descritas en el Anexo 2. 7. Personas de 12 a 17 años, independientemente de la presencia de comorbilidades. 8. Personas de 5 a 11 años (15,370,073). Finalmente, se precisa en el documento rector de vacunación, que la única autorización de uso en emergencia para su aplicación en menores de edad a partir de cinco años, es para la vacuna Pfizer-BioNTech. Así, de acuerdo a los puntos 7 y 8 se contempla para la vacunación a personas de cinco a once años, sin distinguir entre quienes tienen o no comorbilidades, y a los de 12 a 17 años, con la indicación de que presenten o no comorbilidades. De igual manera, para la aplicación de la vacuna para tales grupos se prevén etapas por fechas, a saber: "Figura 4. Etapas de la estrategia general de vacunación por grupos poblacionales priorizados (calendario actualizado sujeto a cambios). Etapa 1 Diciembre 2020 - febrero 2021 Personal de salud de primera línea de control de la COVID-19 1.1 millones Etapa 2 Febrero - mayo 2021 Personal de salud restante y personas de 60 y más años 14.4 millones Etapa 3 Mayo - junio 2021 Personas de 50 a 59 años y embarazadas de 18 años y más 15.2 millones Etapa 4 Junio- julio 2021 Personas de 40 a 49 años 16.2 millones Etapa 5 Julio - diciembre 2021 Personas de 18 a 39 años 45.3 millones Etapa 6 Enero - mayo 2022 Personas de 12 a 17 años 13.3 millones Etapa 6 junio 2022 Personas de 5 a 11 años 15.3 millones." De acuerdo a lo anterior, las personas de 12 a 17 años son contempladas para tales efectos desde enero a mayo del dos mil veintidós, y las de 5 a 11 años a partir del mes de junio del mismo año. Dicho lo anterior, es evidente que con la expedición de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención del COVID-19 en México. Documento Rector. Versión 10.0, publicada el veintitrés de junio del año en curso, ya se autoriza la inoculación para las personas de 5 hasta 17 años (que incluye las edades de las menores quejosas) conforme a los programas de registro y fechas determinadas por las autoridades correspondientes. Aunado a lo anterior, esta juzgadora advierte que se puede acceder al registro para la aplicación de la vacuna, en la página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, de la cual se aprecia que en efecto se pueden registrar niños, niñas y adolescentes a partir de los cinco años en adelante, sin condicionante a la existencia de alguna comorbilidad. La información consultada constituye un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la tesis I.3o.C.450 C (10a.) de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONFIGURA LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL DE GOBIERNO.", aplicable por la razón jurídica sustancial que contiene. En las condiciones apuntadas, puede afirmarse que ha cesado la condición de inacceso al plan nacional de vacunación existente a la fecha de presentación demanda, porque actualmente en el documento denominado Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención del COVID-19 en México. Documento Rector. Versión 10.0, publicada el veintitrés de junio del año en curso, ya está autorizada expresamente la inoculación para personas a partir de los cinco años de edad. En ese sentido, las personas menores con iniciales M.O.A. Y D.O.A., quienes a la fecha de emisión de la presente sentencia, respectivamente cuentan con nueve años y seis años de edad, están comprendidas dentro de la sexta etapa de vacunación y el periodo de vacunación está vigente, así como habilitado el portal electrónico para su registro y, por ende, cuenta con el acceso que hace posible ser inoculadas con el biológico disponible. Esto conlleva que las personas menores quejosas ya no se encuentra excluida de la vacunación contra el contra el virus SARS-COV-2, para la prevención del COVID-19 en México, cesando los efectos de los actos reclamados, pues el grupo etario al que pertenece tiene acceso a la vacuna y basta con realizar los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sean inoculadas. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Elaboración de sentencia en formato de lectura fácil. Ahora, en atención a que en el presente juicio de amparo las quejosas de iniciales M.O.A. Y D.O.A., son menores de edad y tomando en cuenta que al momento de resolver este asunto tienen nueve años y seis años de edad, se ordena elaborar una resolución complementaria en formato de lectura fácil, tomando en cuenta las particularidades de la menor a quien va dirigida (edad, instrucción escolar, contexto del asunto, entre otros factores que permitan conocer sus necesidades). Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Federal, así como en el diverso 12 de la Convención de los Derechos del Niño que prevén el derecho sustantivo, a favor de los menores, de participar de forma activa en los procedimientos que puedan afectar sus intereses. Lo que, en la especie, se materializa cuando el órgano de amparo elabora un documento breve, claro, empático y sensible, que permita hacer alusión a la cuestión jurídica resuelta, de manera sencilla -sin necesidad de hacer alusión a tecnicismos ni conceptos abstractos-, pues a partir de ello podrá comprender, de manera real, cuál fue la decisión que tomó el órgano jurisdiccional. Para su elaboración, resulta ilustrativo -por identidad de razón jurídica- atender los parámetros que ha establecido la Primera Sala referida, en la tesis 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.), con registro digital 2005141, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 536, de rubro: "SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL. EL JUEZ QUE CONOZCA DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ DICTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO.". Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *************** y ********************* en representación de sus menores hijas de iniciales *****************, respecto a los actos y las autoridades precisadas en el considerando tercero, por las razones expuestas en la cuarta consideración de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por las autoridades responsables Secretario de Salud y Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, mediante el cual manifiestan su imposibilidad para rendir el informe justificado, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. En atención a su contenido, remítase a las citadas autoridades copia simple del escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, a fin de que rindan el informe solicitado e indíqueseles que subsiste el apercibimiento decretado por auto de dieciocho de mayo del año en curso. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, que autoriza y da fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano