Juana Castillo Alonso
Expediente 647/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 647/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juana Castillo Alonso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que se encuentra pendiente de desahogar la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa en el presente sumario. Diferimiento. Consecuentemente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del diez de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Requerimiento. Por otra parte, en virtud de que en proveído de veintiocho de mayo del año en curso se tuvo a ********************por aceptando el cargo de perito dictaminador en topografía hidrología y agrario, designado en el presente sumario, sin que a la data haya emitido el dictamen encomendado; consecuentemente, prevéngasele para que en con el término de diez días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la presente notificación, se sirva emitir su dictamen, lo anterior, de conformidad con el numeral 148, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo o manifieste el motivo que se lo impide. Apercibimiento. Apercibido que de no cumplir a lo anterior en el plazo y términos señalados, se le impondrá una multa de cincuenta días equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo Notifíquese; y personalmente.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de once de agosto de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Agréguese el oficio de cuenta que remite el Magistrado Presidente de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en esta ciudad, en el que rinde informe justificado y señala que son ciertos los actos reclamados y, además, manifiesta que la omisión reclamada ya no existe, en virtud de que el tres de agosto de dos mil veintiuno, emitió interlocutoria derivada de la promoción del recurso de queja por defecto en el cumplimiento a la ejecutoria en el Juicio de Nulidad 1136/19-25-01-8-OT. Señala teléfonos y correo electrónico. Ténganse a la referida responsable por proporcionando cuenta de correo electrónico y números telefónicos, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Imposibilidad -expediente electrónico-. Además, informa que esa dependencia no cuenta con firma electrónica -Firel-. Actualización de causal de improcedencia Precisión del acto reclamado Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Conforme con lo anterior, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de no dictar resolución al recurso de queja por defecto en el cumplimiento a la ejecutoria recaída en autos del juicio contencioso administrativo 1136/19-25-01-8-OT. Sobreseimiento fuera de audiencia De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Marco jurídico Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38. Caso concreto Como se indicó, si del oficio de cuenta remitido por el Magistrado Presidente de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en esta ciudad, se aprecia que exhibe copia certificada de la resolución dictada el tres de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio de nulidad 1136/19-25-01-8-OT. Documental que tiene valor pleno de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al tratarse de actuaciones públicas certificadas por autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Es inconcuso que los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión de la resolución interlocutoria, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. Decisión En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Se deja sin efecto audiencia constitucional En atención a lo que antecede, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas -diez horas con veinte minutos del seis de septiembre de dos mil veintiuno- para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar, copia autorizada del Acuerdo SS/3/2021 del Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno, se determina el calendario oficial, de suspensión de labores para el dos mil veintiuno, para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en el que se determina que dicho tribunal tendrá dos periodos de vacaciones que coincidirán con los del Poder Judicial de la Federación; del que se advierte que la autoridad responsable Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de esta ciudad, gozó del primer periodo vacacional del quince al treinta de julio de este año. Ahora bien, vista la certificación de cuenta se advierte que en el presente juicio no obra el informe justificado de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de esta ciudad, que le fue solicitado en proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, y que está trascurriendo el término que establece el artículo 117, de la Ley de Amparo, ya que el oficio por el cual se le solicitó dicho informe fue recibido por la responsable el seis de julio de este año; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas con veinte minutos del seis de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma.
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