JUANA CARRASCO GUZMAN y Otros.
Expediente 1187/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1187/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JUANA CARRASCO GUZMAN y Otros.
- Juana Carrasco Guzman
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 36457/2019 del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en el Estado de Puebla, por medio del cual informa que no insistirá en declinar competencia a este Juzgado de Distrito, por lo que, continua la tramitación del juicio de amparo 2023/2019 de su índice; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción; en consecuencia, al no existir documentos originales, transcurridos seis meses a partir de la fecha del presente proveído, procédase a su incineración, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009). CÚMPLASE.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 04 DE diciembre DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: " San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES Y RADICACIÓN. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, al cual adjunta el juicio de amparo 2023/2019 y un tomo de pruebas, promovido por Juana Carrasco Guzmán y otros. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1187/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. De dichas constancias se advierte que el Juez Octavo de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, se declaró legalmente incompetente para conocer del citado asunto, al considerar que en el caso, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Juana Carrasco Guzmán y otros, un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, por razón de materia, al respecto se provee lo siguiente: INCOMPETENCIA. De las constancias que integran el juicio de amparo 2023/2019, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, se advierte que mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el titular de dicho órgano jurisdiccional, tomo como consideración para plantear la incompetencia de que se trata, la siguiente: "(.) Esto es, en la demanda de amparo el acto reclamado a la autoridad que señala como responsable Juez de lo Penal de Chiautla, Puebla, es: "La orden de desalojo de una fracción del predio rústico denominado "EL CAPIRE" ubicado en la carretera Izúcar de Matamoros-Chiautla de Tapiza, sin número, Municipio de Chiaulta de Tapida, Puebla, y su ejecución". A su vez, en los hechos que constituyen los actos reclamados, los impetrantes del amparo expusieron que el veintitrés de octubre del año en curso, fueron desalojados del predio denominado "El Capire" por quien dijo ser el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla y elementos de la Policía Estatal. Como se advierte, el acto reclamado en la presente vía es de naturaleza penal, toda vez que si bien la orden aquí reclamada, no fue dictada en contra de los quejosos, estos fueron desalojados del predio que defienden, en cumplimiento a dicha ordena. En ese sentido, el acto que por esta vía se impugna y por ende, el análisis del mismo compete al Juez de Distrito especializado en materia penal, dado que no se colma alguno de los supuestos jurídicos contenidos en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados en materia administrativa. (.)" Sin embargo, el suscrito Juez de Distrito, muy respetuosamente, no acepta la competencia legal declinada en favor de este Juzgado de Distrito de Amparo Materia Penal en el Estado de Puebla; no obstante, se trate efectivamente de un procedimiento penal. En primer término, para una mejor comprensión de las razones por las cuales este Juzgado Federal determina no aceptar la competencia legal declinada, conviene narrar las actuaciones que se llevaron a cabo en el juicio de amparo indirecto 2023/2019 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, a saber: Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, Juana Carrasco Guzmán y otros, promovieron juicio de amparo indirecto contra actos del Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla y otra autoridad, el cual fue turnado al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, realizó lo siguiente: Radicó la demanda bajo el número de amparo 2023/2019; Admitió a trámite la demanda y solicitó a las autoridades responsables los informes justificados; Ordenó la apertura y tramitación del incidente de suspensión; y, Señaló las nueve horas con veinte minutos del cinco de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida que fue la secuela procesal, por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de lo Penal de Chiautla, Puebla (foja 39, del juicio de amparo 2023/2019 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla); y, En acuerdo de veintinueve de noviembre del actual (fojas 43 a 45, del juicio de amparo 2023/2019 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla), se declaró legalmente incompetente para conocer del citado asunto, al considerar que en el caso, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Juana Carrasco Guzmán y otros, los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, al considerar que como los actos reclamados derivan son de naturaleza penal; sin haber dejado sin efecto la audiencia constitucional señalada para el cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, el suscrito juzgador respetuosamente no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante, ya que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 679, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que aparece publicada en la página 456, del tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. Lo anterior, lleva a establecer que un juzgador puede abstenerse de conocer de un asunto por incompetencia en razón de territorio, materia, cuantía o grado, siempre y cuando se haga en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda, ya que en atención al principio, previsto implícitamente en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de que los órganos jurisdiccionales no pueden revocar sus propias determinaciones, una vez aceptada tácita o expresamente la competencia por parte de un Juez de Distrito éste, de manera oficiosa, no puede declinar aquélla a favor de otro, sino hasta que se dicte sentencia y en ésta estudie nuevamente el tema (lo que no sucedió en el caso). De lo contrario, se contravendrían las garantías del debido proceso y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la parte quejosa no tendría certeza de qué autoridad es la que tramitará el juicio que promovió, pues a discreción y en cualquier momento procesal, se analizarían cuestiones relativas a la competencia. Así, en el caso se advierte que en proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, se avocó al conocimiento del asunto, tan es así que, admitió a trámite el misma; actuaciones con las que indudablemente asumió tácitamente la competencia para conocer de la demanda planteada. Máxime, que el artículo 48 de la Ley de Amparo prevé expresamente que, en el caso de que se presente una demanda de amparo ante Juez de Distrito que estime carecer de competencia, éste la remitirá de plano, con sus anexos, al Juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, lo cual no ocurrió en el caso que se analiza, pues el Juez declinante admitió la demanda de amparo de estudio. A mayor abundamiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 de la referida ley, el Juez de Distrito tiene un plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, para resolver si desecha, previene o admite, lo que en el caso no aconteció, pues dicho plazo fue claramente excedido, al haberse presentado la demanda el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, la cual fue turnada el veinticuatro de octubre siguiente al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla. Luego, de los antecedentes que se precisaron en párrafos anteriores, el suscrito Juez de Distrito muy respetuosamente concluye que el trámite dado al asunto no se ajustó al procedimiento establecido en el numeral precisado, respecto al tópico que se analiza, pues la incompetencia no se resolvió en la audiencia constitucional. Por lo que, esta autoridad Federal considera que, a efecto de dar certeza jurídica a Juana Carrasco Guzmán y otros, el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, será quien debe continuar con la tramitación del juicio y, una vez que celebre la audiencia constitucional, si determina que carece de competencia legal para resolver el asunto, entonces pronunciarse al respecto, en su caso, remitir nuevamente el oficio a un Juzgado de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, ya que al haberse admitido la demanda de amparo en estudio el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, el juez declinante aceptó su competencia legal para conocer del asunto. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. EL AUTO DE PREVENCIÓN DICTADO POR EL TRIBUNAL EN FAVOR DEL CUAL SE DECLINA, PARA QUE SE AJUSTE LA DEMANDA A LOS REQUISITOS DEL RÉGIMEN AL QUE PERTENECE, CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN TÁCITA. Tratándose de conflictos competenciales entre tribunales sujetos a diferente régimen, si el tribunal en favor del cual se declina la competencia, al recibir el oficio del declinante, no se pronuncia expresamente sobre su competencia, pero dicta un proveído previniendo a la parte actora para que ajuste su demanda a los requisitos legales establecidos por la ley que regula el régimen al que se encuentra sujeto, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda, es indudable que tal auto constituye aceptación tácita de su competencia. Lo anterior porque al ser la competencia un presupuesto procesal de análisis preferencial a la procedencia o improcedencia de la demanda, de considerarse incompetente el tribunal lo hubiera declarado así, en vez de dictar un proveído por el que se decidirá el destino de la demanda, el cual sólo puede llevar a cabo el órgano jurisdiccional que se considera competente para conocer del negocio, pues en tal hipótesis es claro que el auto de prevención no puede tener como finalidad únicamente la de allegarse información, incluso para saber si se es competente o no, en virtud de los términos en que se sustenta la incompetencia del declinante por razón del régimen y en atención a la materia de la reclamación. Consecuentemente, atendiendo a las peculiaridades de este tipo de cuestiones competenciales por declinatoria no jurisdiccionales, debe considerarse que el auto de prevención dictado por el tribunal en favor del cual se declina una competencia para que la parte actora ajuste su demanda a los requisitos previstos en la ley que funda la competencia del tribunal, constituye el acto de aplicación que actualiza el perjuicio que la ley le causa para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el suscrito Juez de Distrito muy respetuosamente, no comparte las consideraciones que esgrimió el juez oficiante para declinar competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Juana Carrasco Guzmán y otros. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos con las constancias necesarias, devuélvase el expediente recibido y un tomo de pruebas -se hace constar que no se recibió el incidente de suspensión-; solicítese atentamente el acuse de recibo respectivo e informe la determinación que adopte sobre la competencia planteada. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. En términos del párrafo segundo, parte in fine, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizadas sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, a las personas designadas, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no haber proporcionado los datos necesarios para tal efecto. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES Y RADICACIÓN. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, al cual adjunta el juicio de amparo 2023/2019 y un tomo de pruebas, promovido por Juana Carrasco Guzmán y otros. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1187/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. De dichas constancias se advierte que el Juez Octavo de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, se declaró legalmente incompetente para conocer del citado asunto, al considerar que en el caso, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Juana Carrasco Guzmán y otros, un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, por razón de materia, al respecto se provee lo siguiente: INCOMPETENCIA. De las constancias que integran el juicio de amparo 2023/2019, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, se advierte que mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el titular de dicho órgano jurisdiccional, tomo como consideración para plantear la incompetencia de que se trata, la siguiente: "(.) Esto es, en la demanda de amparo el acto reclamado a la autoridad que señala como responsable Juez de lo Penal de Chiautla, Puebla, es: "La orden de desalojo de una fracción del predio rústico denominado "EL CAPIRE" ubicado en la carretera Izúcar de Matamoros-Chiautla de Tapiza, sin número, Municipio de Chiaulta de Tapida, Puebla, y su ejecución". A su vez, en los hechos que constituyen los actos reclamados, los impetrantes del amparo expusieron que el veintitrés de octubre del año en curso, fueron desalojados del predio denominado "El Capire" por quien dijo ser el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla y elementos de la Policía Estatal. Como se advierte, el acto reclamado en la presente vía es de naturaleza penal, toda vez que si bien la orden aquí reclamada, no fue dictada en contra de los quejosos, estos fueron desalojados del predio que defienden, en cumplimiento a dicha ordena. En ese sentido, el acto que por esta vía se impugna y por ende, el análisis del mismo compete al Juez de Distrito especializado en materia penal, dado que no se colma alguno de los supuestos jurídicos contenidos en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados en materia administrativa. (.)" Sin embargo, el suscrito Juez de Distrito, muy respetuosamente, no acepta la competencia legal declinada en favor de este Juzgado de Distrito de Amparo Materia Penal en el Estado de Puebla; no obstante, se trate efectivamente de un procedimiento penal. En primer término, para una mejor comprensión de las razones por las cuales este Juzgado Federal determina no aceptar la competencia legal declinada, conviene narrar las actuaciones que se llevaron a cabo en el juicio de amparo indirecto 2023/2019 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, a saber: Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, Juana Carrasco Guzmán y otros, promovieron juicio de amparo indirecto contra actos del Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla y otra autoridad, el cual fue turnado al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, realizó lo siguiente: Radicó la demanda bajo el número de amparo 2023/2019; Admitió a trámite la demanda y solicitó a las autoridades responsables los informes justificados; Ordenó la apertura y tramitación del incidente de suspensión; y, Señaló las nueve horas con veinte minutos del cinco de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida que fue la secuela procesal, por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de lo Penal de Chiautla, Puebla (foja 39, del juicio de amparo 2023/2019 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla); y, En acuerdo de veintinueve de noviembre del actual (fojas 43 a 45, del juicio de amparo 2023/2019 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla), se declaró legalmente incompetente para conocer del citado asunto, al considerar que en el caso, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Juana Carrasco Guzmán y otros, los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, al considerar que como los actos reclamados derivan son de naturaleza penal; sin haber dejado sin efecto la audiencia constitucional señalada para el cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, el suscrito juzgador respetuosamente no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante, ya que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 679, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que aparece publicada en la página 456, del tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. Lo anterior, lleva a establecer que un juzgador puede abstenerse de conocer de un asunto por incompetencia en razón de territorio, materia, cuantía o grado, siempre y cuando se haga en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda, ya que en atención al principio, previsto implícitamente en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de que los órganos jurisdiccionales no pueden revocar sus propias determinaciones, una vez aceptada tácita o expresamente la competencia por parte de un Juez de Distrito éste, de manera oficiosa, no puede declinar aquélla a favor de otro, sino hasta que se dicte sentencia y en ésta estudie nuevamente el tema (lo que no sucedió en el caso). De lo contrario, se contravendrían las garantías del debido proceso y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la parte quejosa no tendría certeza de qué autoridad es la que tramitará el juicio que promovió, pues a discreción y en cualquier momento procesal, se analizarían cuestiones relativas a la competencia. Así, en el caso se advierte que en proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, se avocó al conocimiento del asunto, tan es así que, admitió a trámite el misma; actuaciones con las que indudablemente asumió tácitamente la competencia para conocer de la demanda planteada. Máxime, que el artículo 48 de la Ley de Amparo prevé expresamente que, en el caso de que se presente una demanda de amparo ante Juez de Distrito que estime carecer de competencia, éste la remitirá de plano, con sus anexos, al Juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, lo cual no ocurrió en el caso que se analiza, pues el Juez declinante admitió la demanda de amparo de estudio. A mayor abundamiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 de la referida ley, el Juez de Distrito tiene un plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, para resolver si desecha, previene o admite, lo que en el caso no aconteció, pues dicho plazo fue claramente excedido, al haberse presentado la demanda el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, la cual fue turnada el veinticuatro de octubre siguiente al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla. Luego, de los antecedentes que se precisaron en párrafos anteriores, el suscrito Juez de Distrito muy respetuosamente concluye que el trámite dado al asunto no se ajustó al procedimiento establecido en el numeral precisado, respecto al tópico que se analiza, pues la incompetencia no se resolvió en la audiencia constitucional. Por lo que, esta autoridad Federal considera que, a efecto de dar certeza jurídica a Juana Carrasco Guzmán y otros, el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, será quien debe continuar con la tramitación del juicio y, una vez que celebre la audiencia constitucional, si determina que carece de competencia legal para resolver el asunto, entonces pronunciarse al respecto, en su caso, remitir nuevamente el oficio a un Juzgado de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, ya que al haberse admitido la demanda de amparo en estudio el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, el juez declinante aceptó su competencia legal para conocer del asunto. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. EL AUTO DE PREVENCIÓN DICTADO POR EL TRIBUNAL EN FAVOR DEL CUAL SE DECLINA, PARA QUE SE AJUSTE LA DEMANDA A LOS REQUISITOS DEL RÉGIMEN AL QUE PERTENECE, CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN TÁCITA. Tratándose de conflictos competenciales entre tribunales sujetos a diferente régimen, si el tribunal en favor del cual se declina la competencia, al recibir el oficio del declinante, no se pronuncia expresamente sobre su competencia, pero dicta un proveído previniendo a la parte actora para que ajuste su demanda a los requisitos legales establecidos por la ley que regula el régimen al que se encuentra sujeto, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda, es indudable que tal auto constituye aceptación tácita de su competencia. Lo anterior porque al ser la competencia un presupuesto procesal de análisis preferencial a la procedencia o improcedencia de la demanda, de considerarse incompetente el tribunal lo hubiera declarado así, en vez de dictar un proveído por el que se decidirá el destino de la demanda, el cual sólo puede llevar a cabo el órgano jurisdiccional que se considera competente para conocer del negocio, pues en tal hipótesis es claro que el auto de prevención no puede tener como finalidad únicamente la de allegarse información, incluso para saber si se es competente o no, en virtud de los términos en que se sustenta la incompetencia del declinante por razón del régimen y en atención a la materia de la reclamación. Consecuentemente, atendiendo a las peculiaridades de este tipo de cuestiones competenciales por declinatoria no jurisdiccionales, debe considerarse que el auto de prevención dictado por el tribunal en favor del cual se declina una competencia para que la parte actora ajuste su demanda a los requisitos previstos en la ley que funda la competencia del tribunal, constituye el acto de aplicación que actualiza el perjuicio que la ley le causa para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el suscrito Juez de Distrito muy respetuosamente, no comparte las consideraciones que esgrimió el juez oficiante para declinar competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Juana Carrasco Guzmán y otros. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos con las constancias necesarias, devuélvase el expediente recibido y un tomo de pruebas -se hace constar que no se recibió el incidente de suspensión-; solicítese atentamente el acuse de recibo respectivo e informe la determinación que adopte sobre la competencia planteada. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. En términos del párrafo segundo, parte in fine, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizadas sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, a las personas designadas, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no haber proporcionado los datos necesarios para tal efecto. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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