Juana Bertha Vazquez Diaz
Expediente 1433/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1433/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Juana Bertha Vazquez Diaz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de diecinueve de septiembre del año en curso, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto, no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso a) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente, carece de relevancia documental y por tanto es susceptible de destrucción. Notifíquese
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que a la fecha no obran los informes justificados requeridos a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Unidad I de Investigación y Litigación, adscrito a la Dirección de Investigación y Litigación, Región Poniente, Agentes del Ministerio Público adscritos a las Unidades I, II, III, y IV, respectivamente de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Molango de Escamilla, Hidalgo y Jueza Adscrita al Juzgado Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tenango de Doria, perteneciente al Segundo Circuito Judicial con cabecera en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, empero, debido a que de la certificación de cuenta se advierte que dichas autoridades rindieron informe previo. Por tanto, se ordena agregar copia de los informes previos rendidos por las autoridades en cita, y se tienen como hecho notorio en el presente juicio. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por la jurisprudencia número XXII. J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, del Tomo V, correspondiente al mes de enero Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del mes de diciembre, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su interés convenga. En consecuencia, para dar tiempo al o anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la misma. Notifíquese.
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE LA REFERIDA DETERMINACIÓN A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA:" Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho contra actos que reclaman de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1433/2022-4, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que el promovente señala como acto reclamado: La interlocutoria dictada el veintidós de agosto de dos mil veintidós, en el juicio laboral 121/2021 que ordenó la acumulación de los juicios laborales 641/2020, 1219/2020, al 63/2020. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, 171 y 172, fracción IX, los últimos cuatro a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de imposible reparación. El contenido de los artículos indicados es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. (.) Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la interpretación integral de los preceptos transcritos, los cuatro últimos aplicados a contrario sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia en estudio cuando se reclaman actos en juicio que no sean de imposible reparación. Además de que las violaciones procesales que afecten las defensas de la parte quejosa, son cuestiones que se deben preparar y plantear en definitiva hasta que se emita la resolución final, por ser en ella donde deben trascender perjuicio del gobernado. En efecto, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un juicio, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados constitucionalmente, o bien, por los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido constitucionalmente, o por tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Sobre la imposible reparación, el Máximo Tribunal de Justicia realizó una nueva reflexión al interpretar el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para abandonar el criterio de afectación en grado predominante y fijó el alcance de la expresión de referencia, al establecer que por estos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin que ahora resulte procedente el amparo contra actos de afectación procesal aunque sea en grado predominante, aun cuando ya se haya admitido la demanda de amparo, pues la nueva reflexión es vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la Ley de Amparo, al grado de que la jurisprudencia P./J. 37/2014, ordenó prescindir del criterio de afectación en grado predominante inclusive para expedientes en trámite. Por lo que con mayor razón aplica para asuntos como el que nos ocupa. Esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender en el fallo; por tanto, la afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En este orden de ideas, el Máximo Tribunal concluyó que el legislador estableció dos condiciones para promover amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento 1) La exigencia de actos que afecten materialmente derechos y 2) Que tales derechos afectados revistan la categoría de derechos sustantivos, en contraposición a derechos formales o adjetivos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Como se anunció, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar la interlocutoria dictada el veintidós de agosto de dos mil veintidós, en el juicio laboral 121/2021 que ordenó la acumulación de los diversos 641/2020, 1219/2020, al 63/2020 -siendo parte actora en el primero de los citados-, lo que evidencia que aún no ha sido resuelto en definitiva el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, por tanto, dicho acto no tiene una ejecución de imposible reparación para la procedencia del presente juicio de amparo indirecto, al no violar de forma inmediata un derecho sustantivo, sino en todo caso derechos formales o adjetivos en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio por más que la afectación sea en grado predominante o superior, como en el caso concreto. En efecto, la resolución reclamada involucra violaciones procesales las cuales aún de ser en grado predominante deben ser planteadas en la demanda de amparo directo que en su caso se promueva, en contra de la resolución final y ver si trascendieron al resultado de la resolución final, pues será entonces cuando proceda su estudio, tal como lo señalan los artículos 170, 171 y 172 fracción IX de la Ley de Amparo. De aquí que, si bien excepcionalmente es procedente el juicio de amparo indirecto contra actos intraprocesales que revistan la característica de ser de imposible reparación, lo cierto es que en el presente caso el acto combatido no tiene esa naturaleza, sino que constituye una simple violación procesal y en grado predominante cuya impugnación dependerá de que trascienda al resultado del fallo. Lo expuesto es así, ya que como se explicó los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate, tales como son la libertad de trabajo, la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad, entre otros, en tanto que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones. En este contexto, resulta inconcuso que el auto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa porque se trata de la interlocutoria que resolvió el incidente de acumulación, dentro del juicio laboral de origen el cual hasta el momento no se tiene la certeza de que sea de trascendencia jurídica al momento de resolver el juicio laboral. Pues el hecho de que en la referida resolución se haya determinado de acumular los juicios laborales 121/2021, 641/2020, 1219/2020, al 63/2020, sólo constituye el ejercicio del derecho procedente a la defensa en el plano procesal y adjetivo, que no puede irrogar afectación a derecho humano alguno. Circunstancia que sólo afecta derechos adjetivos cuya reparación dependerá de que se obtenga una resolución favorable de fondo y, en caso de no ser así, se estará en condiciones de reclamarla en amparo directo por lo que hace al fondo del asunto, haciendo valer la resolución que resolvió la acumulación de los juicios laborales, como violación procesal en términos del artículo 172, fracción IX, de la Ley de Amparo. Aunado a que de obtener la parte promovente una resolución favorable en el juicio laboral, desaparecerían los agravios expuestos en la demanda, y en caso contrario, tiene expedito su derecho para alegarlo en el momento que se dicte la resolución en definitiva que resuelva el juicio de mérito. Es aplicable la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, del Tomo III, correspondiente al mes de mayo de dos mil catorce, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 2006338, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013." Sin que pase inadvertido para esta juzgadora que la parte quejosa considere que el acto reclamado constituya una violación al artículo 17 constitucional, pues tal circunstancia ya fue calificada por el Alto Tribunal como violación intraprocesal, que por sí sola, tampoco actualiza la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues únicamente procede cuando a su vez exista un diverso derecho humano violentado, o bien, que una vez dictada la resolución final se advierta que se dejó sin defensa a la parte quejosa, por haber transcendido al resultado de la resolución definitiva tal como se prevé en el inciso a) fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por su contenido es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 5, correspondiente a la Décima Época, materia común, Libro 38, enero de 2017, Tomo, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2013364, del rubro y contenido siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación, es evidente que no puede ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto, no obstante, se itera, podrá impugnarse como violación procesal en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra el laudo que al respecto se dicte en el expediente de origen en caso de que no le sea favorable. Apoya la anterior consideración el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, abril de 1996, página 464, Novena Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES DICTADAS EN EL INCIDENTE DE ACUMULACION. DEBEN SER IMPUGNADAS EN AMPARO DIRECTO LAS. La resolución que declare la acumulación planteada por cualquiera de las partes en un juicio laboral, no constituye acto de ejecución irreparable, supuesto que no afecta algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y tal resolución sólo implica afectación a derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados en caso de que los afectados obtengan sentencia favorable; por tanto, la resolución que estima improcedente la acumulación, constituirá una transgresión procesal que podrá ser combatida al promover amparo directo contra el laudo que en su caso, sea contrario a los intereses de la parte quejosa". Por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, 170, 171 y 172, fracción IX, los últimos cuatro a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y en términos del artículo 12 de la misma Ley únicamente a Salvador Mendoza Cristobal, en virtud de que si se encontró registro de sus células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y a las demás personas que menciona en términos restringidos del citado numeral. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes." NOTIFÍQUESE
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