Juana Bernal Guadarrama

Expediente 823/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
823/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Juana Bernal Guadarrama

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término otorgado a la parte quejosa mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, para que ratificara su escrito presentado el seis de los cursantes, ha transcurrido en su totalidad; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se tiene por no presentado dicho ocurso. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito firmado aparentemente por la quejosa ********************mediante el cual pretende solicitar copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio, señalar diversos autorizados y domicilio así como la consulta del expediente electrónico, proporcionando para tal efecto un usuario. Ahora bien, toda vez que la firma que calza en el escrito que se provee, difieren considerablemente con la que obra en autos; en consecuencia, deviene procedente requerir a ********************a fin de que dentro del improrrogable plazo de tres días contados legalmente, comparezca debidamente identificada con documento oficial vigente, a las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito, a fin de que ratifique como suya la firma que calza el escrito de cuenta. Por su aplicación al caso, sirve de apoyo la Jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385, tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, criterio que continua vigente y es consultable bajo el registro 207437, que a la letra dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presenta una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndose al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictara el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Se apercibe a ********************que de no dar cumplimiento a los puntos indicados en líneas precedentes dentro del plazo que les fue conferido, o su desahogo resulte deficiente, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mesa I Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que el quejoso dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal en el presente asunto (artículo 18, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Mesa I Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La orden de embargo practicada sobre el inmueble ubicado en "******", que se encuentra en la avenida *****, cuya propiedad defiende la quejosa. Previa substanciación del juicio de amparo, el siete de octubre de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, contra el embargo reclamado y su inscripción en el registro público, en términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia." Inconforme con dicha sentencia, la Subdirectora de la Administración Desconcentrada Jurídica de México "1" dependiente de la Administración General Jurídica del Servició de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Credito Público y en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "1" con sede en México, interpuso recurso de revisión; cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, misma que resolvió mediante ejecutoria celebrada virtualmente de ocho de octubre de dos mil veinte, lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juana Bernal Guadarrama, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución recurrida." Por ello, en auto de cinco de noviembre del año que transcurre, se requirió a las autoridades responsables para que acataran en sus términos, el fallo protector, el cual e concedió para los siguientes efectos: (.) Respete el derecho que acreditó la quejosa en este juicio derivado de la copia certificada expedida por la Jefa del Archivo General de Notarías del Estado de México del contrato de compraventa celebrado el diecisiete de junio de dos mil quince con Luis Alberto Arzaluz Rodríguez, por conducto de su apoderada Gissel Isais Noriega, asentado en la escritura pública veinticuatro mil novecientos veintiséis (24,926), ante el Notario Público Cuarenta y tres del Estado de México, en funciones, con residencia en Tenango del Valle, Estado de México. Dejen sin efectos el embargo trabado sobre el bien inmueble ubicado en "La Majada", que se encuentra en la avenida Tecnológico número 28, lote 28, número 803 norte, actualmente 1415, San Salvador, Tizatlalli, Metepec, Estado de México; y, c) Ordenen la cancelación de las anotaciones realizadas en el registro público de la propiedad. En el entendido de que la accionante es tercero extraña en estricto sentido, razón por la cual los efectos del amparo no implican que sea incorporada al procedimiento de ejecución, ni tampoco que deba declararse la nulidad de todo lo actuado en dicho procedimiento, sino que su finalidad es reintegrarla en sus derechos afectados por los actos de autoridad derivados de aquél. (.) En ese orden de ideas, mediante oficio registrado con número de control interno 11561, la Titular de la Oficina Registral de Toluca, Instituto de la Función Registral del Estado de México, informó su imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector, porque a su decir, no contaba con la notificación de la sentencia recaída al presente juicio de amparo. De lo anterior, mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte este juzgado declaró no cumplida la sentencia de amparo, por ello; se requirió a la Jefa de la Oficina Registral de Toluca, del Instituto de la Función Registral del Estado de México así como a la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "1" dependiente del Servicio de Administración Tributaria, para que cumplieran cabalmente con la ejecutoria y remitieran copia certificada de las constancias que así lo acrediten. En ese orden, mediante oficios registrados con números de control interno 13114 y 13285, la Titular de la Oficina Registral de Toluca, Instituto de la Función Registral del Estado de México y el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación México "1", remitieron las constancias con las cuales aducen que dieron cumplimiento al fallo protector. Pues la Titular de la Oficina Registral de Toluca, Instituto de la Función Registral del Estado de México, remitió copia certificada del folio real electrónico 00032021 del que se advierte la cancelación de gravámenes. Asimismo, el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación México "1", remitió diversas constancias en copia certificada en las cuales hace del conocimiento que se dejó sin efectos el embargo trabado en el inmueble ubicado en "La Majada" Avenida Tecnológico, número 28, lote 28, número 803 norte, actualmente 1415, San Salvador, Tizatlalli, Metepec, Estado de México. Lo precedente revela que las responsables acataron el efecto de la ejecutoria, pues tal y como se aprecia de la copias certificadas remitidas del folio real electrónico 00032021 del que se advierte la cancelación de gravámenes y de la que se dejó sin efectos el embargo trabado en el inmueble ubicado en "*****" ******; de ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra totalmente cumplida. En consecuencia, la autoridades responsables no incurrieron en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes, así como la circular SECNO/12/2021, en la que se comunica el acuerdo aprobado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal para adoptar medidas especiales del veintitrés de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

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