Juana Bazan Hernández
Expediente 1044/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1044/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juana Bazan Hernández
Actuaciones
- Principal
Se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desechó su demanda, sin que la parte quejosa haya promovido el medio de impugnación referido; en consecuencia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese como asunto concluido.
- Principal
Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se obtiene la imposibilidad que tuvo el actuario para notificar personalmente a la quejosa Juana Bazán Hernández, el contenido del auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en "******", por las razones que expone. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifíquese a la quejosa el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, por medio de lista de este juzgado. AUTO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. "Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta presentada por *******, contra actos del Juez Primero de lo Familiar de Cuautitlán Estado de México, regístrese su ingreso bajo el número 1044/2021-V Desechamiento. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la vigente Ley de Amparo, se establece la obligación a cargo de este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Ahora de la lectura del escrito de demanda y escrito aclaratorio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu y 172, fracción V, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: - - - I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; - - - [.] - - -." En el caso, la quejosa la omisión del Juez Primero de lo Familiar de Cuautitlán, México de notificar y emplazarla al expediente 1403/2021 relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de Justo Bazán Gutiérrez, que se encuentra en trámite el transcurrir el ordenado para apersonarse y justificar su derecho de herencia. Al respecto, importa precisar que la quejosa comparece en su carácter de tercero extraño, al señalar que el juez responsable ha omitido su notificación y emplazamiento a dicho juicio y así poder apersonarse y justificar el derecho de que tiene de herencia, así como participar en el nombramiento de interventor o de albacea en términos de ley. Asimismo, de las manifestaciones formuladas por la promovente, bajo protesta de decir verdad, se desprende que el procedimiento del que deriva el acto reclamado se encuentra en trámite, pues manifiesta que actualmente se encuentra corriendo el plazo ordenado por la responsable para apersonarse y que ésta justifique el derecho de herencia. Así, del análisis de lo dispuesto por los preceptos antes transcritos, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la resolución conclusiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al asunto. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que éstos, para ser calificados como irreparables, necesitan ineludiblemente producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Puntualizado lo anterior, conviene reiterar que la inconforme se duele medularmente de la violación a su derecho humano de audiencia, derivado de que la autoridad responsable ha omitido llamarla al procedimiento de origen con la finalidad de poder dilucidar sus derechos a la herencia. Sin embargo, dicho acto no produce efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de la promovente del amparo, pues el hecho de que el juez responsable aun no la haya notificado de la existencia del procedimiento de origen, no afecta las prerrogativas consagradas en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, ya que ello no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se les puede privar ni restringir, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sobre ese tópico, es importante resaltar que, si bien la agraviada aduce que no se le llamó a juicio para poder intervenir en el asunto de origen, lo cierto es que de acuerdo con lo manifestado por la propia inconforme bajo protesta de decir verdad, ésta tampoco ha intentado promover en los autos del sumario primigenio con la finalidad de vincularse a dicho proceso y le asista la posibilidad de defender sus derechos sobre la herencia que dice tener, de ahí que no pueda considerarse que la conducta omisiva atribuida a la aquí responsable lesione su derecho de intervención en el proceso. En ese orden de ideas, si el juicio sucesorio a bienes de Justo Bazán Gutiérrez, expediente 1403/2021 del índice del Juzgado Primero de los Familiar de Cuautitlán, México, se encuentra en trámite y la agraviada reclama una violación a su derecho humano de audiencia, defensa adecuada y legalidad, bajo las consideraciones de que no ha sido emplazado ni ha acudido al procedimiento natural, implica que antes de promover el amparo se encuentra en aptitud de comparecer al sucesorio de origen a dilucidar los derechos hereditarios que estima le asisten, pues aún está en posibilidad de defenderse dentro del mismo ya que, se itera el sucesorio no ha concluido por sentencia definitiva, esto es, la que se dicta en la cuarta sección -partición y adjudicación-. Así, toda vez que el juicio de amparo únicamente procede cuando la imposibilidad de defensa deriva del estado procesal en que se encuentre el asunto natural, de conformidad con el cual no sea posible que quien estima resiente una lesión en relación con los derechos u obligaciones de los cuales pretende su defensa, acuda a ejercer de forma completa su derecho humano de defensa oportuna, pues solamente así podría considerarse que resulta afectado también en su prerrogativa de audiencia previa. En esa guisa, resulta patente que si el procedimiento jurisdiccional natural no ha concluido, la quejosa está en aptitud de incorporarse materialmente a la relación jurídica procesal en el asunto de origen para defender con amplitud sus intereses, esto es, dirigirse ante la autoridad responsable para que sea ésta quien resuelva los argumentos de defensa que plantee en el procedimiento natural, donde cuenta con la oportunidad de ejercer plenamente su derecho humano de audiencia; máxime que ya tiene conocimiento de la existencia del mismo, por lo que de obtener la promovente una resolución favorable a sus intereses, esto es, que el Juez del conocimiento le reconozca el carácter de heredera que pretende defender en esta instancia, la violación que ahora constituye el acto reclamado, quedará extinguida sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y en caso de que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, está en condiciones de hacer valer tal violación en el recurso que intente en contra de tal determinación. Por similitud de razones, se invoca el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Sustenta a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 250, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Octava Época del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo IV, Parte SCJN, visible en la página 170, de la que dice: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber: a) Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b) Cuando se afecte a persona extraña al juicio. Ahora bien, si se reclama la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo por la parte que se considera perjudicada, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, o antes de que ésta cause ejecutoria, es evidente que tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando ésta resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia. Por otra parte, si el promovente del amparo es el demandado en el juicio natural, resulta claro que no puede ostentarse como tercero extraño al juicio, ya que tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria, es el amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 158, 159, fracción I, y 161 de la Ley de Amparo, mas no el juicio de garantías en la vía indirecta, pues en tales circunstancias, respecto de esta última vía constitucional, se surtiría la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 158, 159, fracción I, y 161 antes invocados." Consecuentemente, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda presentada por Juana Bazán Hernández, por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el arábigo 26, fracción III, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la promovente, para oír y recibir notificaciones de carácter personal, la lista electrónica de este juzgado, por así haberlo señalado expresamente. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que señala, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación a tramitar asuntos "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal. Dada la trascendencia del presente acuerdo, se comisiona al actuario para que lo notifique de manera personal a la quejosa en el domicilio ubicado en "******".
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán- Texcoco, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; circunstancias de las que se toma conocimiento. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de DIEZ DÍAS, legalmente computado, informe el cumplimiento dado a la totalidad de la sentencia concesoria del amparo, debiendo remitir copia certificada de las constancias que lo sustenten, o bien, dentro del mismo plazo, informe su imposibilidad para realizarlo, o en su defecto provea lo conducente respecto de la imposibilidad de dar cumplimiento a la misma, en el entendido de que continúan subsistentes los apercibimientos decretados en autos para el caso de ser omiso.
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