Juana Bahena Olvera

Expediente 2099/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2099/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2018

Partes del expediente

  • Juana Bahena Olvera
  • Gobierno del Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese el escrito signado por la quejosa.Consecuentemente devuélvase a la parte quejosa las documentales que solicita en el escrito de cuenta; y entréguese los mismos, previa toma de razón que quede en autos para constancia legal, teniendo por autorizados para recibirlas a las personas que propone, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    se declara que el proveído mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó por improcedente la demanda de amparo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. se declara que este expediente es susceptible de destrucción.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del ********************con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número ******************** así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, adminiculado con la información proporcionada en el escrito de cuenta, este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente a este Juzgador, de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. En efecto, tomando en consideración que la parte quejosa señala como acto reclamado en esta instancia constitucional, el oficio SA/DGR/DP/SS/2166-10/2017, de fecha treinta y uno de octubre del año en curso, asimismo, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento del mismo el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Al respecto, conviene señalar que la interpretación del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, debe complementarse con lo señalado por la fracción III de artículo 17 y 18 del propio ordenamiento, que fijan los plazos o "términos" para la promoción de la demanda de amparo. Atendiendo a lo dispuesto por los mencionados preceptos legales, debe decirse que el gobernado consiente el acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra, la acción de amparo, resultando improcedente el juicio que en todo caso se interponga una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Por tanto, cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. En esa tesitura, debemos atender a lo que dispone la legislación de amparo en cuanto a los términos para la interposición de la demanda que da origen al juicio de amparo, para así estar en condiciones de concluir si en el caso éstos se respetaron. Señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que la demanda de amparo deberá presentarse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame, o dentro de los quince días siguientes al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado, el agraviado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I del artículo primero citado, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Apoya lo anterior, la tesis VIII.4o.6 K, del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 1582, del Tomo XXV, Marzo de 2007, en Materia Común, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra estatuye: "ACTO RECLAMADO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CUANDO EXISTE EVIDENCIA DE QUE EL QUEJOSO TUVO ACCESO A LAS CONSTANCIAS QUE LO CONTIENEN ANTES DE LA SOLICITUD DE COPIAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE (ALCANCE DE LA TESIS 1a./J. 42/2002 DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). Del análisis de la ejecutoria de la que emanó la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco del Tomo XVI, septiembre de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", se colige que la materia de la contradicción de tesis respectiva fue determinar en qué momento debe tenerse por conocido el acto reclamado por parte del peticionario de garantías, en el caso, exclusivamente, de que se soliciten copias de dicho acto; esto es, el supuesto analizado en la resolución de la Corte es aquel en cuyo caso el único dato revelador de conocimiento del acto por parte del gobernado es la solicitud de copias respectiva, pero no la hipótesis en la cual existe evidencia de que la parte agraviada tuvo acceso a las constancias que contienen el acto reclamado desde antes de la solicitud de copias. Lo anterior es así, pues el plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 21 de la Ley de Amparo debe computarse desde que el gobernado está informado de la existencia del acto, ya sea mediante notificación, el conocimiento por otras vías, o desde que se manifieste sabedor. De lo contrario, exagerar la trascendencia de la jurisprudencia citada implicaría que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo requiriera inexorablemente que la parte obtuviera copias certificadas de las actuaciones en las que conste el acto reclamado, lo cual redundaría, en la práctica, en dejar a la voluntad del agraviado el tener o no "conocimiento" del acto, pues hasta el momento en que gestionará y recibiera la copia certificada del acto reclamado empezaría a correr el plazo para la acción constitucional.". Con base en lo antes expuesto, se concluye que si el promovente del amparo tuvo conocimiento de la contestación de su escrito el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, tal como lo expresa bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda, por lo que, el término de quince días para interponer su demanda de amparo, transcurrió del veintiocho de noviembre al dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, sin contar los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis, y diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por ser inhábiles, de ahí que este órgano jurisdiccional concluya que el ejercicio de la acción de amparo es extemporáneo, pues, la demanda de que se trata, se presentó el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos. En consecuencia, al quedar acreditado que el peticionario de amparo no ejercitó la acción de amparo dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, es que queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, del cuerpo normativo en cita, sin que en el caso proceda la suplencia de la queja prevista en el numeral 79, fracción III, inciso a), de dicho ordenamiento, ya que no puede llegarse al extremo de relevar a la parte quejosa de sujetarse a las reglas y términos que prevé el referido precepto, en virtud de que, el computo de los términos establecidos por la Ley de la Materia, son de observancia general con independencia de la materia de que se trate. Consecuentemente, al quedar acreditado que la promovente del amparo no interpuso su demanda de amparo dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, es que queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, del cuerpo normativo en cita; por tanto, es obvia su extemporaneidad, de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de que se trata, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 1° al 9°, 12 al 16, 18 al 23, 61 al 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Norma Deyanira Aréchiga Carrillo Reyes, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6563/2017, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; ante el licenciado Miguel Olvera Arreola, Secretario que autoriza y da fe.

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