Juana Ayala Ibarra
Expediente 463/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 04/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Juana Ayala Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Luego, en la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional en veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Juana Ayala Ibarra, para los efectos siguientes: SÉPTIMO. Efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos de que el Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, dé respuesta a lo solicitado por la quejosa, la cual debe ser congruente y emitirse en breve término y le notifique de manera personal el contenido. En cumplimiento a lo anterior, la Directora Jurídica del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa remitió el oficio sin número recibido en este Juzgado en veintiuno de diciembre del año en curso, al que anexó el diverso IPES/DG/851/2018, consistente en copia de la respuesta a los escritos de petición presentados por la quejosa el uno de agosto y trece de septiembre de dos mil dieciocho; asimismo, las constancias de notificación de dicha respuesta. Documental que tiene valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la concesión del amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Sin que se soslayen las manifestaciones vertidas por el autorizado de la quejosa en el escrito de cuenta en el sentido de solicitar que no se tenga por cumplida la sentencia, ya que refiere que la autoridad responsable no otorga una respuesta congruente a la solicitud de pensión jubilatoria de la quejosa ya que no decide en definitiva si se le concede o niega la pensión, con independencia de los trámites internos que tenga que realizar la autoridad responsable con otras dependencias del Gobierno del Estado, lo que deja en estado de indefensión e incertidumbre a la quejosa. Sin embargo, del oficio IPES/DG/851/2018, con el que se da contestación a lo peticionado por la quejosa se advierte que contrario a lo manifestado por el promovente, la responsable, entre otras cosas, refiere: "En respuesta a sus escritos presentados el 01 de agosto así como el 13 de septiembre, ambos de 2017, mediante los cuales solicitó pensión por jubilación, le informo lo siguiente: El artículo 18 de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, establece los requisitos para obtener una pensión por jubilación en el régimen de cuenta individual, requisitos que usted si cumple, y por tanto, sí tiene derecho a recibir dicha pensión." [.] Énfasis añadido. En efecto, de la transcripción señalada se advierte que la autoridad responsable, contrario a lo expuesto por el promovente en su ocurso, refiere que la quejosa sí cumple con los requisitos establecidos por el artículo 18 de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, y por lo tanto sí tiene derecho a recibir dicha pensión. Además, en esa misiva se señala que se continúan realizando las diligencias necesarias para otorgarle la pensión que le corresponde a la quejosa e informa los demás trámites que se encuentra realizando para determinar los montos a fin de cumplir con esa encomienda. De ahí que se estime que el Instituto de Pensiones, contrario a lo manifestado por el autorizado de la quejosa es congruente al dar contestación a los escritos de petición de ésta, de ahí que se itere que los efectos para los cuales fue concedida la protección constitucional se encuentren colmados. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en ninguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Además, este expediente no encuadra en alguna de las hipótesis que establece el punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Octavo del citado acuerdo, remítase al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Para efectos de lo anterior, deberá hacerse del conocimiento de las partes que cuentan con un plazo de noventa días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, para que soliciten la devolución de los documentos originales que, en su caso, hayan exhibido, apercibidos que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente, en términos de lo señalado por los puntos décimo primero y vigésimo segundo del acuerdo general conjunto de referencia.
- Principal
Agréguese el oficio remitido por la Directora Jurídica del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, al que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo anexa copia certificada de diversas constancias. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y constancias dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora.
- Principal
Agréguese el oficio remitido por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, por medio del cual devuelve los autos del juicio de amparo en que se actúa e informa que se declaró firme el proveído de treinta de octubre del año en curso. Glósese el cuaderno de antecedentes y remítase el acuse de recibido. En consecuencia, se reanuda la etapa de ejecución de sentencia y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa dé cumplimiento al fallo protector dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computados; para lo cual, deberá remitir las constancias con las que acredite el acatamiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su respectiva consignación.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita se requiera a la autoridad responsable cumpla con el fallo protector. Visto lo solicitado, dígasele a la parte promovente que una vez que se cuente con el original del juicio de amparo del que se deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, este órgano jurisdiccional se pronunciará conforme a derecho.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
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