Juana Arteaga Rivera
Expediente 559/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/12/2021
Partes del expediente
- Juana Arteaga Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Solicitud de copias. Se tiene por recibido el escrito signado por la licenciada Xenia Salazar Medina, autorizada de la parte quejosa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicita, previa razón de recibo que se otorgue en autos para constancia. En atención a lo anterior, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por la promovente, toda vez que ni la Ley de Amparo, ni el código supletorio prevén hipótesis alguna consistente en el envío de constancias por medios electrónicos, aunado a que el correo electrónico se autoriza única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales con motivo de la contingencia de salud que prevalece en el país, toda vez que la ley de la materia no lo establece como medio de notificación. De igual forma, no soslaya que conforme a las disposiciones de los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal -este último ampliado en su vigencia por el diverso 20/2021, al treinta de quince de enero de dos mil veintidós-, si bien es posible el envío de documentos digitalizados con firma electrónica, ello sólo es factible a través de comunicaciones oficiales entre autoridades mediante los servicios de interconexión que prevé el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación o bien a través de correos electrónicos institucionales con autoridades no interconectadas, no así entre particulares. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.6o.A.13 K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que a la letra dice: "MEDIOS ELECTRÓNICOS. NO ESTÁ PERMITIDO EL ENVÍO O EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO POR ESE CONDUCTO. El Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones judiciales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, al igual que la Ley de Amparo, e incluso el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, del propio Máximo Tribunal del País, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, no prevén hipótesis alguna consistente en el envío por medios electrónicos, de constancias certificadas del expediente de amparo, ya sea del impreso o del electrónico, o de las relativas a los recursos dentro del juicio, pues solamente establecen lo referente a los servicios para la presentación de las demandas de amparo, de recursos, promociones, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Aquel trámite tampoco se encuentra previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues de la lectura de los mismos se advierte que se refieren a copias certificadas para recepción física, tan es así que en su redacción hacen referencia a que el promovente tendrá que cubrir las costas, lo cual significa realizar el pago de las fotocopias de las constancias o documentos que se soliciten al órgano jurisdiccional. Por ende, no está permitido expedir a las partes constancias por vía electrónica, pues si bien es cierto que lo que no está expresamente prohibido puede considerarse permitido, también es verdad que ese principio aplica a los gobernados, no así a las autoridades, ya que éstas sólo pueden hacer lo que les está específicamente conferido. Sin que pueda considerarse que esto contravenga lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, pues el recurrente tiene a su alcance la posibilidad de solicitar las copias certificadas físicas de la totalidad de las constancias que obren en el expediente." Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede y dado que la parte quejosa no hizo manifestación alguna con relación a la vista otorgada respecto al cumplimiento de la ejecutoria dado por la autoridad responsable Director General de la Comisión estatal de Servicios Públicos de Tijuana; en consecuencia, procede resolver de oficio sobre el acatamiento de la misma con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en los siguientes términos: De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija y en la especie se actualiza el segundo supuesto. Por sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional al quejoso Juana Arteaga Rivera, para los siguientes efectos: "Séptimo. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la federal, es para que el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, realice lo siguiente: 1. Con plenitud de jurisdicción, dicte la resolución relativa al recurso de inconformidad presentado por la quejosa Juana Arteaga Rivera, de conformidad con el artículo 63 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California. 2. Asimismo dé contestación de manera congruente a la petición que en términos del artículo 8 constitucional formuló el quejoso. 3. Notifique la contestación respectiva." Dicha resolución quedó firme el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, por lo que se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable. Acciones realizadas para el cumplimiento del fallo protector. Luego, la autoridad responsable Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, por conducto de su delegado, mediante oficio con número de registro 2378, remitió la siguiente documental: Copia certificada de la resolución de cinco de febrero de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de inconformidad con número de folio 202011363, que interpuso la quejosa; Oficio de cuatro de marzo de dos mil veintiuno firmado por el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con número de folio 202011363, a través del cual da respuesta a la petición elevada en términos del artículo 8 constitucional y le hace saber a la peticionaria que no es posible dar contestación a su escrito ya que la cuenta sobre la cual pide la información no se encuentra a su nombre. De la cual se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictó la resolución relativa al recurso de inconformidad presentado por la quejosa Juana Artega Rivera, a través de la cual determinó que el planteamiento del mismo era improcedente, así como que dio respuesta al escrito de petición elevado en términos del artículo octavo constitucional. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Se determina cumplido el fallo protector. En esa medida, como se patentizó en párrafos supra, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, dio cabal cumplimiento con la ejecutoria de amparo, dado que el cinco de febrero de dos mil veintiuno, emitió resolución dentro del recurso de inconformidad 202011363 de su índice; asimismo, el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dio contestación a la petición que en términos del artículo 8 constitucional que formuló la quejosa, mismas que fueron notificadas a dicha parte procesal el doce de marzo del año en curso. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se colige que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en el cumplimiento y por tanto, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se determina: Cuaderno principal. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración ya que se concedió el amparo y protección de la justicia federal; por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de marzo de dos mil veintiuno. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo que remite el delegado de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto y remite las constancias con lo que acredita lo anterior. Ahora, en virtud de que la referida autoridad manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa en su domicilio procesal respecto a la contestación a su petición. Con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 16/99 de rubro: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO"; notifíquesele de manera personal a la parte quejosa la contestación efectuada por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido del referido oficio y anexo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada IX.1o.33 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, del tenor siguiente: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
- Principal
hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte quejosa Juana Arteaga Rivera, no compareciò a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el tres de marzo de dos mil veintiuno, se le dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido del proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 559/2020-I, a la parte quejosa en mención, mismo que en síntesis dice:"Tijuana, Baja California, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Vías de cumplimiento. Por otro lado, visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto a las constancias remitidas por la autoridad responsable Delegado de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en autos, hasta que la misma causara ejecutoria, lo cual aconteció en la presente determinación. Atento a ello ténganse por recibidas las constancias que refiere, a las que adjunta la resolución del recurso de inconformidad registrado con el folio 202011363, sin que de las mismas se advierta que se dio respuesta al escrito de petición de la parte quejosa; asimismo, tomando en consideración que la referida autoridad manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar a la quejosa en el domicilio procesal por lo que solicitó que dicha resolución le fuera notificada por medio de este juzgado. Por tanto, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 16/99 de rubro: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO"; notifíquesele de manera personal a la parte quejosa la resolución que remite la responsable. Requerimiento de cumplimiento. Por otra parte, En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, de cumplimiento al fallo protector en los términos precisados en la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, de la manera siguiente: "Séptimo. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la federal, es para que el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, realice lo siguiente: 1. Con plenitud de jurisdicción, dicte la resolución relativa al recurso de inconformidad presentado por la quejosa Juana Arteaga Rivera, de conformidad con el artículo 63 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California. 2. Asimismo dé contestación de manera congruente a la petición que en términos del artículo 8 constitucional formuló el quejoso. 3. Notifique la contestación respectiva." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento para la autoridad que de no acatar lo antes precisado, esto es, de no informar, ni remitir las constancias conducentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la precitada ley, le será impuesta multa de cien días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, tomo I, noviembre de dos mil catorce, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro 2007918, que señala (énfasis añadido): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Superior jerárquico. Gírese oficio al Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en esta ciudad, para que en su carácter de superior jerárquico del Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, de inmediato conmine a la autoridad responsable respectiva a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo acreditar que dio la orden a la misma, remitiéndole para tal efecto copia simple de la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo; bajo el apercibimiento que de no acatar lo antes precisado, esto es, de no informar, ni remitir las constancias conducentes se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización vigente, conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la precitada ley; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
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