Juana Arriaga Rodríguez

Expediente 437/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
437/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
29/08/2017

Partes del expediente

  • Juana Arriaga Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción III y IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración, el presente expediente ya que negó el amparo, y carece de relevancia documental, y de destrucción el original del incidente de suspensión , ya que se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvase a la responsable, los anexos que remitió en autos, se solicita el acuse de recibo por ser constancias originales

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese la razón actuarial de cuenta, a través de la cual la actuaria judicial adscrita a este juzgado manifiesta su imposibilidad para notificar al tercero interesado la sentencia de dos de agosto del presente año, por los motivos que expone. En consecuencia, notifíquesele a dicha parte la referida determinación, así como las subsecuentes que le resulten de carácter personal, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto no señale un domicilio procesal dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (Municipio de Toluca), o en su defecto, dentro de la zona conurbada (municipio de Metepec). EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE ESTA FECHA SE NOTIFICA AL TERCERO INTERSESADO LUIS DAVIR ORDOÑEZ SALAS LA SENTENCIA DE DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE RESOLVIÓ: " S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juana Arriaga Rodríguez, por propio derecho, contra el acto y autoridades especificadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en la parte final del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Juana Arriaga Rodríguez, por propio derecho, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia."

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 437/2017-IV-A; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado al siguiente día al Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y posteriormente a este órgano jurisdiccional; Juana Arriaga Rodríguez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que la autoridades a quienes se atribuyen los actos reclamados tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, a quien se le reclama: - La resolución de veintidós de abril de dos mil dieciséis, dictada en el toca 5/2016, relativa al recurso de revisión extraordinaria que calificó de infundada la declaración de inocencia de la quejosa. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La citada autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que así deben tenerse. Lo anterior se constata con las constancias que integran el toca 05/2015; documentales que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, lo que evidencia la existencia del acto reclamado. Actos inexistentes. La Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México; el Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México; el Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México; y, el Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México; al rendir su informe con justificación, respectivamente, negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la peticionaria de amparo aportara prueba en contrario para desvirtuar tal negativa. En tales circunstancias, ante la inexistencia del acto que por esta vía se combate, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuidos a las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Este juzgado no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia y las partes no hicieron valer alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación esgrimidos son infundados aun suplidos en su deficiencia. Previo a constatar lo anterior, se precisan los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante sentencia definitiva de veintidós de febrero de dos mil seis, dictada en la causa penal 165/2001, el Juez Sexto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, condenó a Juana Arriaga Rodríguez, por los delitos de secuestro, robo equiparado y delincuencia organizada, a una pena de cincuenta años de prisión y multa; absolviéndosele por el ilícito de secuestro. 2. En desacuerdo con lo anterior, la sentenciada interpuso apelación, conociendo del recurso la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, Estado de México, quien mediante resolución de once de octubre de dos mil seis, dictada en el toca 299/2006, modificó la sentencia recurrida únicamente con relación a la forma de intervención de los activos del delito de delincuencia organizada. 3. No conforme con lo anterior, Juana Arriaga Rodríguez promovió amparo directo, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, y mediante ejecutoria de veintinueve de abril de dos mil diez, dictada en el expediente 16/2010, negó el amparo solicitado. 4. Asimismo, la referida sentenciada interpuso revisión extraordinaria ante la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, Estado de México, y mediante resolución de diecinueve de diciembre de dos mil doce, dictada en el toca 685/2012, declaró fundado pero inoperante dicho recurso para la reducción de la pena. 5. El dos de diciembre de dos mil trece, Juana Arriaga Rodríguez promovió incidente de reconocimiento de inocencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil trece, el Presidente del Máximo Tribunal del País, ordenó remitir el original del escrito de solicitud de reconocimiento de inocencia 00050/2013 de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, por lo que tocó conocer del mismo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, y mediante resolución de quince de mayo de dos mil catorce, dictada en el expediente 4/2014, lo declaró infundado. 6. La sentenciada nuevamente interpuso revisión extraordinaria, tocó conocer del recurso a la Segunda Sala Colegiada Penal, y por resolución de veinticinco de junio de dos mil catorce, dictada en el toca 363/2013, declaró infundado el recurso. 7. Mediante escrito ingresado el siete de enero de dos mil dieciséis, Juana Arriaga Rodríguez interpuso revisión extraordinaria, del que conoció la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, Estado de México, y mediante resolución de veintidós de abril de dos mil dieciséis, dictada en el toca 5/2016, declaró infundado el recurso. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora, en sus conceptos de violación la quejosa indica que se vulneran los artículos 1°, 14, 16, 20, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a través del recurso de revisión extraordinaria pretende se anule la sentencia condenatoria ejecutoriada, ya que fue detenida bajo el supuesto de lo establecido en el artículo 142, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la figura jurídica de flagrancia equiparada prevista en una legislación de diversa entidad, pero que el dispositivo en cita es de idéntico contenido. Indica también, que debe tomarse en consideración la teoría de la ley penal y aplicar la ley más favorable destacando los conceptos de ultractividad y retroactividad, pues el primero significa que una ley tiene vigencia después de su derogación tácita o expresa siempre que sea más benéfica para el sentenciado; y el segundo concepto consiste en aplicar una ley a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia, siempre y cuando le beneficie al sentenciado. No asiste razón a la quejosa. Previo a constatar lo anterior, es oportuno destacar que la autoridad responsable sostuvo en la resolución reclamada que existen tres supuestos de procedencia para la revisión extraordinaria según el contenido del dispositivo 306 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, a saber: Declarar, si procede, la inocencia del condenado y anular la sentencia condenatoria; Resolver sobre la reducción o sustitución de la pena en el caso de que se expida una ley posterior; y, Declarar la extinción de la potestad de ejecutar la pena, cuando al condenado se le otorgue el perdón, sin más trámite que la solicitud respectiva y la ratificación del perdón. Al respecto, precisó la Sala responsable que la recurrente instó ante su potestad con el objetivo de que se declarara su inocencia y se anulara la sentencia condenatoria dictada en su contra (supuesto 1), empero, que el recurso de revisión extraordinaria no es una instancia más dentro del proceso penal, pues no tiene como propósito estudiar y valorar nuevamente las pruebas existentes en la causa, las cuales sirvieron para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad penal de la recurrente en su comisión, sino que el citado recurso tiene por objeto declarar la inocencia del condenado en los casos en que se pruebe alguna de las hipótesis señaladas en el artículo 307 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, es decir, que la sentencia se haya fundado exclusivamente en pruebas declaradas falsas en otro juicio; que condenada una persona por el homicidio de otra que hubiese desaparecido, se presentaré ésta o alguna prueba indubitable de que vive; que después de la sentencia aparecieren medios convictivos que contundentemente invaliden los que sirvieron para fundar la condena; o bien que varias personas hayan sido declaradas culpables por la comisión del mismo delito y sea imposible que todas lo llevaran a cabo. En ese contexto, puntualizó la Sala, que al analizar las constancias que conforman la causa penal de origen, no advirtió la actualización de alguna de las hipótesis previstas en el numeral 307 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, pues si bien la recurrente ofreció como prueba la ejecutoria dictada en el amparo directo en revisión 6024/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho medio de convicción no tiene el alcance pretendido, dado que los supuestos previstos en las fracciones I y III del citado numeral 307, hacen depender el reconocimiento de inocencia de documentos que, por una parte, hagan evidenciar la falsedad de una prueba, y por la otra generen invalidez, con la limitante de que dichas documentales deben tener el carácter de pública y superveniente. Supuestos que en el caso no se actualizaron con la documental ofrecida por la recurrente, al no resultar novedosa de manera que lograra invalidar las pruebas que se tomaron en cuenta al resolver las instancias de la causa penal, por lo que la responsable determinó que no era procedente analizar las consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues las disposiciones del código adjetivo de la materia no establece atribuciones para que el procedimiento de reconocimiento de inocencia sea un medio que revalorice las consideraciones vertidas en una sentencia que resuelve un amparo directo en revisión. Consideraciones de la Sala responsable que se estiman correctas, dado que la naturaleza del reconocimiento de inocencia, no estriba en revalorar los elementos de convicción que ya fueron ofrecidos y apreciados en la sentencia pronunciada por el órgano jurisdiccional que conoció de la causa penal correspondiente y, que además ha adquirido el carácter de irrevocable, ya por haberse dictado en un procedimiento uniistancial o porque pronunciada en uno biistancial, ya se resolvió el recurso; dado que de no hacerlo así, tendría la implicación de reabrir otra instancia, para que se aquilataran pruebas que pudieron y debieron presentarse en las instancias ordinarias, o bien se valoren nuevamente las aportadas al proceso por las partes. Al respecto, es aplicable por las razones que la sustentan y en lo conducente la tesis III.4o.(III Región) 2 P (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en la página 2110, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EXTRAORDINARIA DE SENTENCIA EJECUTORIADA. EN ELLA NO PUEDEN REEXAMINARSE LAS MISMAS PRUEBAS QUE SE TOMARON EN CUENTA PARA FUNDAR EL FALLO CONDENATORIO, AUN CUANDO SEA DESDE DIVERSO ENFOQUE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA). La revisión extraordinaria de sentencia ejecutoriada que se dirige a obtener una declaratoria de inocencia, a la cual alude la fracción I del artículo 306 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, tiene una connotación excepcional y su objetivo es declarar, si procede, la inocencia del condenado, así como anular, en su caso, la sentencia condenatoria correspondiente, siempre y cuando se actualice alguna de las hipótesis previstas en el diverso 307 del citado código. Asimismo, esta figura jurídica se apoya, por regla general, en la demostración o aportación de hechos o pruebas novedosos y diferentes de los allegados al juicio penal de origen, que ostensiblemente demuestren la necesidad de reconocer la inculpabilidad de una persona que ya fue condenada por sentencia firme; tanto es así, que la totalidad de los supuestos previstos en el segundo de los preceptos mencionados, presupone la necesidad de que las probanzas allegadas al sumario de origen resulten desvirtuadas o se desvanezcan, o bien, que se presenten pruebas indubitables que demuestren plenamente la invalidez de aquellas que se tuvieron en cuenta para fundar una sentencia condenatoria o, en su caso, lo equivocado del fallo que se sustentó en esas mismas pruebas, puesto que lo perseguido es, justamente, evitar que se cometan injusticias cuando, con posterioridad a la emisión de una sentencia ejecutoriada, existen pruebas fehacientes que demuestran la inocencia de alguno o algunos de los condenados. De lo anterior se concluye que en dicha revisión extraordinaria no es válido reexaminar las mismas pruebas que se tomaron en cuenta para fundar el fallo condenatorio, aun cuando sea desde diverso enfoque, con el fin de advertir si se actualiza o no alguno de los supuestos en los cuales puede declararse la inocencia de una persona que ya fue condenada por sentencia ejecutoriada, pues ello equivaldría a someter los razonamientos de la responsable que constituyen la verdad legal a un nuevo análisis de legalidad; lo cual no tiene sustento en la normativa aplicable, al no constituir la revisión extraordinaria de una sentencia firme una instancia más del proceso penal." Por otra parte, la ahora solicitante del amparo no aportó probanza con el carácter de "prueba indubitable" "pública y superveniente", y por ende, no existe prueba idónea ni eficaz para poder confrontarse en el reconocimiento de inocencia, con las pruebas de cargo que tomó en consideración la autoridad de segunda instancia para fincar juicio de reproche en su contra, que destruya completamente los indicios fundamentales que la autoridad de instancia consideró para condenar a Juana Arriaga Rodríguez, lo cual, no acontece en el caso. Aunado a que si bien afirma la impetrante que fue ilegal su aseguramiento bajo la figura jurídica de la flagrancia equiparada, lo cierto es que tales probanzas, en su caso, siempre estuvieron a la vista de la sentenciada y su defensa, al formar parte de las actuaciones que integraron la causa penal respectiva, por lo que estuvieron en aptitud de controvertirlas, como efectivamente lo hicieron a través del recurso de apelación que hicieron valer en contra de la sentencia de primer grado, y con la tramitación del juicio de amparo directo, a través del cual impugnó el fallo emitido por el tribunal de apelación, sin lograr demostrar ese efecto que dice, dichas circunstancias generaron. De manera que los argumentos que vierte la ahora solicitante del amparo, relativos a que pretende la valoración de una prueba documental relativa a la ejecutoria del amparo directo en revisión 6020/2014, no son propios de analizarse con motivo de la revisión extraordinaria mediante el cual se pretende el reconocimiento de inocencia, ya que a través de ello intenta, que se revalore las actuaciones que obran en la causa penal de origen y con base en ello se determine su inocencia. En esa virtud, mediante el recurso de revisión extraordinaria que tiene por objeto el reconocimiento de inocencia no pueden aportarse las mismas pruebas para que sean revaloradas, porque ello equivaldría a abrir otra instancia para ponderar, nuevamente, los elementos de convicción desahogados con anterioridad, en tanto el reconocimiento de inocencia, como ya se dijo, exige de pruebas supervenientes, indubitables, de carácter públicas y supervenientes que por sí, invaliden las pruebas que sirvieron de base a la sentencia de condena, lo cual no aconteció en la especie, como acertadamente lo determinó la autoridad responsable. Por consiguiente, si dicho reconocimiento, es una institución de carácter extraordinario y excepcional, que bajo el principio de seguridad jurídica surgido con la sentencia definitiva, tiene por objeto corregir verdaderas injusticias cometidas por el juzgador penal y por ello, los medios de prueba que se ofrezcan en éste, deben ser de tal magnitud extraordinaria que invaliden aquéllas sobre las que descansa la sentencia condenatoria irrevocable, cuya valoración alcanzó con su emisión, la calidad de cosa juzgada, que de igual manera es una institución del sistema jurídico mexicano que se ubica precisamente en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes sobre las que aquél se desarrolla, de seguridad y certeza jurídica, además de constituir una verdad legal respecto de los hechos que quedaron demostrados con los medios de prueba que fueron aportados por las partes y valorados por el juzgador. Al respecto es ilustrativo el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 19/96, visible en la página 158, Tomo IV, Agosto de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA, REQUISITOS DE LA PRUEBA PARA HACER FACTIBLE EL. Los medios de convicción a que se refieren las diversas hipótesis del artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales, para actualizar el reconocimiento de inocencia, conforme a la naturaleza de esta figura deben ser posteriores a la sentencia, así como resultar idóneos para mostrar la invalidez de las pruebas en que originalmente se apoyó su condena; lo que no acontece cuando se propone, en el trámite de esta vía incidental, que se revaloricen los elementos de convicción ya apreciados en las instancias ordinarias, e incluso en el juicio de amparo, pues admitir lo contrario equivale a desvirtuar la esencia del reconocimiento solicitado, donde de manera inequívoca se exige que las nuevas pruebas recabadas hagan ineficaces a las originalmente consideradas, hasta el caso de que haga cesar sus efectos y de manera indubitable demuestren la inocencia del sentenciado". En las relatadas circunstancias, resultando infundados los conceptos de violación que se hicieron valer, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º fracción I, 37, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juana Arriaga Rodríguez, por propio derecho, contra el acto y autoridades especificadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en la parte final del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Juana Arriaga Rodríguez, por propio derecho, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario José Jiménez Sarmiento, que da fe; hasta el día de hoy dos de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, NOTIFICÓ POR LISTA LA SENTENCIA DE DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE INICIALES P.A.D.S. R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****, por propio derecho, contra el acto y autoridades especificadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en la parte final del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a ***, por propio derecho, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia.

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