Juana Aranda Mendoza
Expediente 1168/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1168/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juana Aranda Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, en razón de que obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, en razón de que obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvansele los documentos que se adjuntaron al escrito de demanda, previo desglose, cotejo y certificación que se realice, así como razón de recibo que se deje en autos. En la inteligencia de que si los mismos obran en el expediente electrónico no hay necesidad de dejar copia y bastará con que se relacionen en la razón de entrega. Finalmente, se hace de su conocimiento que dichos documentos le serán entregados después de que pueda agendar su cita y obtener su código QR a través de la página de internet: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home, en el apartado "Agenda OJ", para poder acceder a las instalaciones que ocupa este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el ocurso de cuenta, signado por Juana Aranda Mendoza, con seis copias que acompaña; en atención a su contenido se provee: Así, una vez analizada la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el oficio DPSH 024.300.302.6.0461/2022 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual el Jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto señalado como responsable, se pronunció sobre la solicitud de concubinato derivada del fallecimiento de José Porfirio Vázquez Torres. Ahora bien, al respecto la promovente manifiesta, bajo protesta de decir verdad, para lo que al caso interesa, que: 1. El once de octubre de dos mil veintiuno, falleció quien en vida llevara el nombre de José Porfirio Vázquez Torres. 2. Que promovió diligencias de jurisdicción voluntaria para acreditar la relación de concubinato que sostuvo la promovente con el ahora finado, resolviéndose dicho procedimiento mediante resolución de diez de febrero del año en curso, en la que se determinó la relación de concubinato aducida. 3. En el mes de febrero del presente año, solicitó a la responsable el otorgamiento de pensión por concubinato, por el fallecimiento de José Porfirio Vázquez Torres. 4. A través del oficio DPSH 024.300.302.6.0461/2022 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, aquí reclamado, la responsable le hizo de su conocimiento que hacía falta resolución o sentencia firme, en la que explícitamente se ordene al Instituto el registro de probable deudo con carácter de concubinario o concubina, para continuar con el trámite de otorgamiento o la transmisión de pensión, en caso de ser procedente. Manifestaciones que adquieren una eficacia demostrativa plena, según el contenido de los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que la misma se presume fue hecha por persona capacitada para obligarse. Ahora bien, conviene señalar que los artículos 5°, fracción I, 6° y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los artículos transcritos es posible advertir que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, conforme al artículo 6° de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 704 del tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1994, octava época, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contenida de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama.". En el caso, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable el oficio DPSH 024.300.302.6.0461/2022 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual le comunicó que no era posible el seguimiento a su petición en virtud de que hacía falta resolución o sentencia firme, en la que explícitamente se ordene al Instituto el registro de probable deudo con carácter de concubinario o concubina, para continuar con el trámite de otorgamiento o la transmisión de pensión, en caso de ser procedente; por lo que, de ninguna manera negó el otorgamiento de dicha pensión. Cierto, de la documental que acompaña se advierte que la autoridad atiende la solicitud de concubinato presentada por la quejosa pero, de ninguna manera constituye una negativa de plano a su solicitud, esto es, no se trata de una determinación definitiva por parte de la autoridad responsable en relación con el derecho pensionario pretendido; lo que hace patente que por sí solo el comunicado en comento ningún perjuicio le causa, pues no incluye la denegación de su petición, que implicaría el agravio al derecho que estima violado. Por tanto, esta juzgadora considera que dicho oficio no le restringe el derecho de seguridad social que invoca a su favor, pues, se insiste, para efecto de la promoción del juicio constitucional es menester que se haya emitido la determinación correspondiente, esto es, que exista una negativa de la petición de pensión solicitada por la quejosa. Por lo que, será hasta que la autoridad responsable emita una decisión respecto de la solicitud de otorgamiento de pensión cuando dicha determinación afecte en su esfera de derechos, lo cual haría procedente la promoción del juicio constitucional. De modo que, como ya quedó establecido, el acto reclamado no causa un perjuicio a la parte agraviada, por lo que resulta indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que nos ocupa, al actualizarse la causa invocada en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6°, a contrario sentido, todos de la ley de la materia, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Los argumentos anteriores se sustentan en el criterio establecido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 214/2022; el cual se invoca como orientador para efectos de lo aquí resuelto. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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