Juana Aracely Angeles Mar

Expediente 988/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
988/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • JUANA ARACELY ANGELES MAR y Otros.
  • Juana Aracely Angeles Mar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL veinte de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 988/2020, promovido por Dora Pérez de la Rosa y Juana Aracely Ángeles Mar, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretaria de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, así como el informe justificado de la autoridad responsable. Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). Ahora bien, toda vez que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, sobre diferir la presente audiencia a efecto de que medie el plazo que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan de su contenido, no ha lugar a ello, pues lo único que traería sería el retardo del fallo y lo que se busca consagrar con la presente celebración es el principio contenido en el artículo 17 Constitucional; aunado a ello el sentido de la resolución no variaría. A continuación se abre el período probatorio: El Secretario da cuenta con las constancias que la parte quejosa y la autoridad responsable allegaron al presente cuaderno. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: Al no haber alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 988/2020, promovido por Dora Pérez de la Rosa y Juana Aracely Ángeles Mar, por conducto de su representante legal Joel Vicente Flores Sarno; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, ante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), recibido en este juzgado al día siguiente, comparecieron Dora Pérez de la Rosa y Juana Aracely Ángeles Mar, por conducto de su representante legal Joel Vicente Flores Sarno, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: a) El dejar de dictar auto motivado y exhaustivo de la promoción de fecha 10 de enero de 2020 y la violación el derecho de petición sobre la misma. b) El retraso en la administración de justicia al dejar de dictar las medidas necesarias y dejar de aplicar los medios de apremio a fin de que el crédito laboral en favor del trabajador en tiempo y forma. c) El dejar de hacer uso de los medios de apremio en forma progresiva y efectiva a fin de que el laudo definitivo sea cumplido. d) El dejar de librar y entregar físicamente oficio actualizado al Secretario de Salud y Subsecretario de Finanzas y Administración de dicha Secretaría a fin de que pongan a disposición de la actora el pago por la cantidad embargada Lo anterior dentro del expediente laboral 242/E08/2012." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró con el número 988/2020, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Sentencia. En tres de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, dictó sentencia en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo promovido por Dora Pérez de la Rosa y Juana Aracely Ángeles Mar, contra el acto que reclamaron del Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. CUARTO. Recurso de Revisión. Mediante escrito recibido en auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo al licenciado Joel Vicente Flores Sarno, en su carácter de representante legal de las quejosas Dora Pérez de la Rosa y Juana Aracely Ángeles Mar, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado dentro del presente juicio QUINTO. Testimonio de ejecutoria. Por ejecutoria de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro del amparo en revisión auxiliar RT.-25/2022, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO del juicio de amparo indirecto 988/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas." SEXTO. Recepción de ejecutoria. En proveído de diecinueve de mayo del presente año, se recibió la ejecutoria a que se hizo referencia y se señaló fecha para la audiencia constitucional, misma que se efectuó conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de tomar las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo, solicitado a través del escrito de diez de enero de dos mil veinte, dentro de los autos del expediente laboral número 242/E08/2012. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados los que enuncia el impetrante de amparo en su escrito de demanda, pues del estudio integral de la misma, así como de las constancias relacionadas con el juicio laboral de origen, se advierte que lo que el quejoso reclama es la omisión precisada. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La existencia o inexistencia de los actos reclamados, es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. Así, se tiene que el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, refirió que no es cierto el acto que se le atribuye, refiriendo que el dieciséis de enero de dos mil veinte dictó el acuerdo respectivo al ocurso motivo del presente amparo. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad citada autoridad responsable, que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Congruente con lo anterior, es decir, con la negativa del acto reclamado que la responsable expresa en su informe justificado, se suma la circunstancia de que dada la naturaleza del acto que se impugna, esto es, que se trata de la omisión de dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo dictado dentro del expediente natural, lo cual necesariamente supone el impulso de la parte ejecutante (como carga procesal). Ahora bien, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías, y en especial lo expresado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se desprende que mediante promoción de diez de enero de dos mil veinte, presentada ante la potestad laboral en esa misma fecha, la parte actora -aquí quejosa- impulsó el procedimiento de ejecución de laudo, solicitando que en alcance al embargo practicado el cuatro de junio de dos mil diecinueve, se librara el oficio correspondiente al Secretario de Salud y Subsecretario de Finanzas y Administración de dicha Secretaría en el Estado, a fin de que pusieran a disposición de la parte actora la cantidad embargada respecto al crédito laboral, y que en caso de desacato u omisión, se le apercibiera con el doble pago y medios de apremio, así como la expedición de certificación de personalidad del apoderado legal. A dicha promoción le recayó el auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, en el que la responsable tuvo por recibido el escrito referido, y en atención a su contenido, determinó comunicarle al promovente que no había lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que el sumario de origen se encuentra subjudice al recurso de revisión contra actos del presidente planteado por la parte demandada; y respecto a la expedición de la certificación de personalidad del apoderado legal, acordó de conformidad. Sin embargo, posterior a lo narrado en los párrafos que anteceden, dentro del presente sumario no se desprende que la impetrante de amparo haya gestionado lo conducente al respecto ante la autoridad responsable para que ésta estuviera vinculada a actuar en consecuencia después de la petición acordada en el auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, ni que haya hecho manifestación alguna respecto a lo acordado en el citado proveído. Lo anterior, se corrobora del análisis íntegro de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el expediente que se analiza, de donde no se advierte que la parte impetrante de amparo demuestre haber elevado diversa petición ante la autoridad laboral para impulsar el procedimiento de ejecución del laudo. Asimismo, de las constancias allegadas al sumario no se advierte promoción alguna pendiente de acordar, por lo que se está ante una omisión genérica de proveer las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; es decir, no es suficiente que el apoderado legal de la parte actora aquí quejosa haya solicitado a través de un escrito, la ejecución del laudo, pues tal y como ha quedado precisado en los párrafos que anteceden, el procedimiento de ejecución requiere necesariamente el impulso procesal del promovente ante la autoridad laboral para continuar con el mismo. De ahí la inexistencia de la omisión atribuida a la autoridad laboral. En ese sentido, debe precisarse que para que se actualice una omisión como la que se reclama, debe existir previamente una obligación correlativa o una facultad constitucional que ineludiblemente constriña a la autoridad responsable de que se hace mérito a realizarla, ya sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición. Así, lo expuesto, resulta lógico y jurídicamente razonable, sobre todo si se toma en cuenta que la autoridad responsable no está legalmente constreñida a acatar el laudo, de oficio, de manera que si la parte quejosa promovió este juicio para combatir la omisión genérica de la autoridad laboral de llevar a cabo la ejecución forzosa del laudo en los términos que refiere, es evidente que no existe el acto omisivo atacado en el juicio de amparo que nos ocupa, en los términos que han quedado precisados. A lo anterior, resulta de exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 2000025, y en la página 2772 del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. De igual forma, suma a lo anterior, por su idea jurídica, la tesis aislada 1a. XXIV/98, registro 196080, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Materia Común, Pagina 53, que reza: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Así también, la tesis aislada 2a. CXLI/97, registro 197269, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, Materia Común, Pagina 366, que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Asimismo, a lo anterior, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2000011, consultable en la página 2771, del libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En las condiciones relatadas, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia de la omisión reclamada a la responsable. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Dora Pérez de la Rosa y Juana Aracely Ángeles Mar, contra el acto que reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último del presente fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta copia certificada de la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión auxiliar RT.-25/2022, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO del juicio de amparo indirecto 988/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas.". Consecuentemente, acúsese recibo; agréguese la ejecutoria de referencia al expediente original que se recibe, así como el cuadernillo que se formó en ausencia de los presentes autos; debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de referencia, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, en la ejecutoria que se recibe se señaló lo siguiente: "En consecuencia, al haberse infringido en perjuicio de las quejosas, aquí recurrentes Dora Pérez de la Rosa y Juana Aracely Ángeles Mar, las reglas fundamentales que norman el procedimiento de amparo, resulta procedente revocar la sentencia recurrida y ordenar se reponga el procedimiento, a fin de que el Juzgador Federal, respetando el plazo de ocho días señalado en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el objeto de que las partes se impongan del informe justificado y estén en aptitud de manifestar lo que a su interés legal convenga, señale nuevamente fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional." En tal virtud, se deja insubsistente la audiencia constitucional de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio, y se repone el procedimiento dentro del presente asunto. Finalmente, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, notifíquese al Fiscal Federal adscrito a este juzgado lo anterior, a través del correo electrónico rafael.desantillana@pgr.gob.mx. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y al tercero interesado y por correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado, debiendo correrles traslado con la ejecutoria que se provee. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dos de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que remitió el amparo en revisión 24/2021, derivado del juicio de amparo 988/2020, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, para el apoyo en el dictado de la sentencia correspondiente en el citado expediente; de lo que este Juzgado toma nota para los efectos a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

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