Juana Alberta Sánchez Moran

Expediente 1665/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1665/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
09/02/2017

Partes del expediente

  • Juana Alberta Sánchez Moran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiéndose que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintiséis de enero de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, este Juzgado determinó en su único punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los términos siguientes: "[.] SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la protección federal concedida son para que el juez responsable, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: a) Deje insubsistente el auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 77/2014, de su índice; b) Subsane las irregularidades jurídicas destacadas (precise cuál sería la forma de caución (naturaleza) y cuál sería la consecuencia que derivara del incumplimiento); y, c) Una vez hecho ello, resuelva lo que en derecho proceda. [.]" Por auto de trece de enero del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a las autoridades responsables, dieran cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. Mediante oficio 291, recibido por este juzgado el veinticinco de enero de la presente anualidad, el Juez Mixto de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, informó y justificó, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, por lo tanto, realizando un análisis de las constancias que remite para acreditar el cabal cumplimiento de ejecutoria de mérito, se advierte que: EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUMPLIMIENTO DE AMPARO a) Deje insubsistente el auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 77/2014, de su índice; b) Subsane las irregularidades jurídicas destacadas (precise cuál sería la forma de caución (naturaleza) y cuál sería la consecuencia que derivara del incumplimiento); y, c) Una vez hecho ello, resuelva lo que en derecho proceda. Al respecto, la autoridad responsable, mediante auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, y dictó uno nuevo. Ahora bien, en el nuevo auto dictado por la responsable se puntualizó que para resolver sobre la forma y el monto de la caución se debía considerar: La naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; Las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; Los daños y perjuicios causados al ofendido; y. La sanción pecuniaria que pudiera imponerse al inculpado. Ahora, por lo que respecta a la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito, la responsable señaló que se atribuye a la inculpada el delito de lesiones culposas, previsto y sancionados por los artículos 127, fracciones II y IV, en relación al 14, fracción II, y 75, del Código Penal en vigor, consistente en causar un daño en la salud de una persona, que tarda en sanar más de quince días, y que disminuyó el normal funcionamiento de un miembro. Respecto a la gravedad del delito, precisó que el ilícito de lesiones culposas, conforme a lo dispuesto en el artículo 121, de la legislación procesal penal en vigor, no es considerado como delito grave. Asimismo, respecto al impacto en la víctima y efectos de la comisión del ilícito, considerando daños y perjuicios causados al ofendido, detalló la responsable que se ocasionó al ofendido fractura en la rodilla izquierda que tardo en sanar más de quince días y, que de acuerdo al certificado previo de lesiones, dejará secuelas para la deambulación; de ahí que resultó afectado el patrimonio del pasivo. Por cuanto ve a las circunstancias y características personales del activo y el ofendido, la responsable consideró la declaración preparatoria del activo (quejosa), de la que advirtió, que el grado de instrucción es suficiente para que comprenda el alcance y consecuencia de sus actos; indicando además, que la inculpada es una persona que no cuenta con algún impedimento físico o intelectual, y por ende se encuentra en posibilidad de trabar. En relación al posible riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, se indicó que no existe medio de prueba alguno que demuestre de manera fehaciente, que el hecho de que se conceda a la inculpada (quejosa), el beneficio de la libertad bajo caución, implique que ésta, se pudiera sustraer de la justicia. Finalmente, por cuanto a la sanción pecuniaria que en su caso pueda imponerse al inculpado, la responsable señaló, que el delito de lesiones culposas, previsto y sancionados por los artículos 127, fracciones II y IV, en relación al 14, fracción II, y 75, del Código Penal en vigor, establece que los delitos culposos se penarán con prisión de tres días a siete años, y de TRES A NOVENTA DÍAS MULTA. De ahí que, para que la inculpada Juana Alberta Sánchez Moran (quejosa), pueda gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, deberá garantizar los siguientes conceptos: $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de fianza personal, cantidad que consideró asequible a la imputada. $17,647.00 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), como garantía de reparación del daño, con base en diversas documentales agregadas por el pasivo a través de la Fiscalía de Procesos. $3,069.00 (TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.N), a razón de cincuenta días multa. Conceptos que indicó la responsable podrá garantizar (la imputada), bajo las siguientes formas de caución: Depósito en efectivo; Hipoteca; y, La fianza. Finalmente, la responsable indicó a la procesada Juana Alberta Sánchez Morán (quejosa), que en el término de diez días improrrogables, de manera voluntaria se pusiera a disposición del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, a través de su reclusión o, mediante el uso del beneficio de la libertad provisional bajo caución; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, se ordenara su reaprehensión, según lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales En consecuencia, en proveído de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con el oficio y anexos relativos al cumplimiento, a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que a la fecha hayan realizado manifestación alguna. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, SE HACE EVIDENTE QUE SE CUMPLIERON CON LOS POSTULADOS DEL FALLO PROTECTOR, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la Juez responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.....V

  2. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 10/02/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA JUANA ALBERTA SÁNCHEZ MORAN EL AUTO DE 09/02/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ACUERDO DE 09/02/2017 V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiéndose que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintiséis de enero de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, este Juzgado determinó en su único punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los términos siguientes: "[.] SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la protección federal concedida son para que el juez responsable, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: a) Deje insubsistente el auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 77/2014, de su índice; b) Subsane las irregularidades jurídicas destacadas (precise cuál sería la forma de caución (naturaleza) y cuál sería la consecuencia que derivara del incumplimiento); y, c) Una vez hecho ello, resuelva lo que en derecho proceda. [.]" Por auto de trece de enero del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a las autoridades responsables, dieran cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. Mediante oficio 291, recibido por este juzgado el veinticinco de enero de la presente anualidad, el Juez Mixto de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, informó y justificó, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, por lo tanto, realizando un análisis de las constancias que remite para acreditar el cabal cumplimiento de ejecutoria de mérito, se advierte que: EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUMPLIMIENTO DE AMPARO a) Deje insubsistente el auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 77/2014, de su índice; b) Subsane las irregularidades jurídicas destacadas (precise cuál sería la forma de caución (naturaleza) y cuál sería la consecuencia que derivara del incumplimiento); y, c) Una vez hecho ello, resuelva lo que en derecho proceda. Al respecto, la autoridad responsable, mediante auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, y dictó uno nuevo. Ahora bien, en el nuevo auto dictado por la responsable se puntualizó que para resolver sobre la forma y el monto de la caución se debía considerar: La naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; Las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; Los daños y perjuicios causados al ofendido; y. La sanción pecuniaria que pudiera imponerse al inculpado. Ahora, por lo que respecta a la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito, la responsable señaló que se atribuye a la inculpada el delito de lesiones culposas, previsto y sancionados por los artículos 127, fracciones II y IV, en relación al 14, fracción II, y 75, del Código Penal en vigor, consistente en causar un daño en la salud de una persona, que tarda en sanar más de quince días, y que disminuyó el normal funcionamiento de un miembro. Respecto a la gravedad del delito, precisó que el ilícito de lesiones culposas, conforme a lo dispuesto en el artículo 121, de la legislación procesal penal en vigor, no es considerado como delito grave. Asimismo, respecto al impacto en la víctima y efectos de la comisión del ilícito, considerando daños y perjuicios causados al ofendido, detalló la responsable que se ocasionó al ofendido fractura en la rodilla izquierda que tardo en sanar más de quince días y, que de acuerdo al certificado previo de lesiones, dejará secuelas para la deambulación; de ahí que resultó afectado el patrimonio del pasivo. Por cuanto ve a las circunstancias y características personales del activo y el ofendido, la responsable consideró la declaración preparatoria del activo (quejosa), de la que advirtió, que el grado de instrucción es suficiente para que comprenda el alcance y consecuencia de sus actos; indicando además, que la inculpada es una persona que no cuenta con algún impedimento físico o intelectual, y por ende se encuentra en posibilidad de trabar. En relación al posible riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, se indicó que no existe medio de prueba alguno que demuestre de manera fehaciente, que el hecho de que se conceda a la inculpada (quejosa), el beneficio de la libertad bajo caución, implique que ésta, se pudiera sustraer de la justicia. Finalmente, por cuanto a la sanción pecuniaria que en su caso pueda imponerse al inculpado, la responsable señaló, que el delito de lesiones culposas, previsto y sancionados por los artículos 127, fracciones II y IV, en relación al 14, fracción II, y 75, del Código Penal en vigor, establece que los delitos culposos se penarán con prisión de tres días a siete años, y de TRES A NOVENTA DÍAS MULTA. De ahí que, para que la inculpada Juana Alberta Sánchez Moran (quejosa), pueda gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, deberá garantizar los siguientes conceptos: $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de fianza personal, cantidad que consideró asequible a la imputada. $17,647.00 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), como garantía de reparación del daño, con base en diversas documentales agregadas por el pasivo a través de la Fiscalía de Procesos. $3,069.00 (TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.N), a razón de cincuenta días multa. Conceptos que indicó la responsable podrá garantizar (la imputada), bajo las siguientes formas de caución: Depósito en efectivo; Hipoteca; y, La fianza. Finalmente, la responsable indicó a la procesada Juana Alberta Sánchez Morán (quejosa), que en el término de diez días improrrogables, de manera voluntaria se pusiera a disposición del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, a través de su reclusión o, mediante el uso del beneficio de la libertad provisional bajo caución; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, se ordenara su reaprehensión, según lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales En consecuencia, en proveído de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con el oficio y anexos relativos al cumplimiento, a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que a la fecha hayan realizado manifestación alguna. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, SE HACE EVIDENTE QUE SE CUMPLIERON CON LOS POSTULADOS DEL FALLO PROTECTOR, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la Juez responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 27/01/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 26/01/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, mediante el cual remite copia certificada de las constancias con las que acredita dar cumplimiento al fallo; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y al tercero interesado con una copia del oficio que se provee y su anexo, por el término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa.

  4. Principal

    Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, mediante el cual remite copia certificada de las constancias con las que acredita dar cumplimiento al fallo; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y al tercero interesado con una copia del oficio que se provee y su anexo, por el término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa...V

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