JUANA ALAVEZ JUAREZ y Otros.

Expediente 617/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
617/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/07/2019

Partes del expediente

  • JUANA ALAVEZ JUAREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el dos de julio de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de garantías origen de este juicio se desechó, el presente expediente es destruible, después de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto en el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE..."

  2. Principal

    MESA II B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de julio de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por JUANA ALAVEZ JUAREZ, CRECENCIA MARTINEZ ZAFRA, CAROLINA HERNANDEZ CABERO, PAULINA ZAGUILAN RIOS, MARCELINO LOPEZ, CATALINA LOPEZ MATA, MAGDALENA SANTIAGO, FELIX GARCIA CRUZ y CLAUDIA DE JESUS RAMIREZ, contra actos del Presidente Municipal de la Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 617/2019. (...) Así las cosas, al resultar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación a los preceptos 5°, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente ES DESECHAR DE PLANO, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de que se trata. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizado únicamente para imponerse de autos a la persona que menciona. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de dos de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de amparo 617/2019; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de julio de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por *****, contra actos del Presidente Municipal de la Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 617/2019. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del examen de la demanda se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo anterior, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto, que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en: ". la omisión de dar respuesta a nuestro escrito petitorio; presentado ante la responsable, el días diecisiete de junio en curso." (sic). En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación a los preceptos 5°, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)." Ahora, los artículos 8o de la Constitución Federal y 13 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, disponen: "Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". "ARTICULO 13. Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quien se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario". Por su parte, los artículos 23 y 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, señalan: [CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS ESCRITOS Y PROMOCIONES A LA AUTORIDAD] "ARTÍCULO 23.- El administrado deberá promover lo que a sus derechos convenga ante las autoridades responsables a las que se refiere el ámbito de aplicación de la presente Ley, y la autoridad deberá respetar el derecho de petición a la que se constriñen los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pero si no lo hicieren, operará de inmediato la negativa ficta". "ARTÍCULO 26.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo para algún supuesto en particular, la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en un plazo no mayor a noventa días naturales. Transcurrido el plazo aplicable, sin que se haya dictado resolución, ésta se entenderá en sentido positivo o negativo al promovente, en términos de lo que disponga la Ley. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo. En el caso de que se recurra al sentido positivo o negativo según sea el caso, por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmado el sentido de la misma". En la especie, la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que mediante escrito de petición de diecisiete de junio pasado, que presentó ante el Presidente Municipal de la Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca, con la misma fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, solicitó lo siguiente: "Los Ciudadanos Tututepecanos exponemos lo siguiente con respecto a la obra que se está realizando a un costado de la Presidencia Municipal. -El Honorable Ayuntamiento no tiene la facultad de cancelar calles y mucho menos una de acceso directo a la plaza principal, cabe mencionar que en administraciones pasadas se reubicaron las canchas deportivas existentes en el mencionado espacio para mayor movilidad de la ciudadanía. -La obra en mención rompe con la armonía de las construcciones realizadas en la plaza y no se diga con la grandeza de Tututepec, no obstante que contradice la justificación que usted mismo dio cuando se realizó la obra de la plaza, donde enaltecía el aspecto arquitectónico de nuestros ancestro. -No existe acta de priorización de obra, por lo que consideramos de su parte abuso de autoridad y un abuso de autoridad, pisotea los derechos de los ciudadanos, ya que para dar inicio de esta obra se requería del consenso de por lo menos de 10% de los habitantes de esta población, cabe mencionar que en esos momentos no hay cavidad a una votación que el procedimiento tiene inconsistencias y no es retroactivo. -Lamentamos el nivel de desconocimiento con respecto a este proyecto, que ignoramos el monto asignado para la obra, así como la empresa que la está ejecutando y si la compañía constructora fue sometida a la licitación alguna Debido a lo antes mencionado exigimos la CANCELACIÓN de la obra, quedando sin valides cualquier acuerdo que pretenda tomar, porque consideramos una falta de respeto y una arbitrariedad de su parte, que primero de actué, luego se medió informe y a lo último lo someta a un consenso." Ahora, conforme a los numerales 23 y 26 de la invocada legislación del acto administrativo, la autoridad municipal debe dar contestación a lo peticionado por la solicitante en el plazo de hasta noventa días naturales, de manera que si dicha petición se presentó el diecisiete de junio de dos mil dieicinueve, tal plazo comprende del dieciocho de junio al quince de septiembre del dos mil diecinueve, por lo que si la demanda de amparo se presentó el uno de julio de la presente anualidad, es inconcuso que la autoridad administrativa se encuentra aún dentro del plazo legal para analizar y resolver lo correspondiente a la solicitud de la quejosa y hacerle de conocimiento lo determinado. Apoya lo anterior por identidad de razón, la tesis P./J. 5/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve, Libro sesenta y tres tomo I, febrero de dos mil diecinueve, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Constitucional y Administrativa, de rubro siguiente: "PETICIÓN. LA EMISIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE FIJA EL PLAZO MÁXIMO DE 45 DÍAS HÁBILES PARA QUE LAS AUTORIDADES DE ESE ESTADO, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEN RESPUESTA ESCRITA, FUNDADA Y MOTIVADA A LAS INSTANCIAS QUE LES SEAN ELEVADAS EN EJERCICIO DE AQUEL DERECHO HUMANO, SE SUSTENTA EN FACULTADES DE NATURALEZA COINCIDENTE. " El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retoma lo que ponderó en las ejecutorias relativas a las controversias constitucionales 31/97 y 14/2001, a la contradicción de tesis 350/2009, y a la acción de inconstitucionalidad 87/2015, respecto de los alcances e implicaciones del federalismo, de la diversidad y del pluralismo, inclusive en el ámbito de los derechos humanos, en lo que concierne a la definición de los niveles de protección de las normas sobre derechos y libertades, así como respecto a que los niveles de protección de los derechos humanos garantizados localmente podrían diferenciarse e, incluso, ampliarse sin coincidir necesariamente y en idénticos términos a los de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo en cuenta que, en esa materia, las entidades federativas gozan de un margen decisorio, al estar acotadas a actuar sin rebasar los principios rectores previstos en la Constitución Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violación a derechos humanos, o afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, así como a que, dadas las características normativas de los derechos fundamentales, éstos se representan primeramente a través de principios o mandatos de optimización. A partir de ello, se concluye que el Constituyente del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, para emitir el artículo 7 de la Constitución Política de esa entidad, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles a fin de que las autoridades de ese Estado, de sus Municipios y de los organismos autónomos locales, den respuesta escrita, fundada y motivada a toda persona que ejerza el derecho de petición ante ellas (a que alude el artículo 8o. de la Constitución General de la República), porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ninguno de sus dispositivos jurídicos reserva al orden jurídico constitucional, o al parcial federal, ni a algún otro, la posibilidad de regular sobre el particular, de modo que, en principio, las entidades federativas pueden emitir una ley al respecto (sin invadir la esfera de algún otro orden jurídico parcial), además de que con ello no se estableció ninguna restricción ni suspensión del derecho de petición, sino que se generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio y no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de las autoridades de ese Estado, de sus Municipios y de sus organismos autónomos (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, sin que esa previsión de orden constitucional local llegue al grado de definir el concepto de "breve término" a que se refiere el artículo 8o. citado. Luego, incluso si se analizara la norma local al tenor del artículo 1o. de la Carta Magna, en su vigencia actual, resultaría correcta, pues al final fue emitida en aras de proteger y garantizar el derecho humano de petición en el ámbito de competencia de la autoridad que la emitió. Así las cosas, al resultar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación a los preceptos 5°, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente ES DESECHAR DE PLANO, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de que se trata. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizado únicamente para imponerse de autos a la persona que menciona. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada ADRIANA ALEJANDRA RAMOS LEÓN, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el Secretario licenciado Román Fierros Zárate, quien autoriza y da fe.

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