Juana Aguilar Franco

Expediente 862/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
862/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Juana Aguilar Franco

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución de veinticinco de julio del presente año, dictada en el Conflicto Competencial 22/2023, de su índice, de la que advierte en su punto resolutivo Único, que el Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para seguir conociendo del juicio de amparo; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y en atención a su contenido, se toma conocimiento En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 19, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el cual este juzgado se declaró incompetente para seguir conociendo del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes; además a juicio de la suscrita NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL PARA SU CONSERVACIÓN. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula el expediente, en los libros electrónicos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, una vez que transcurran seis meses, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual transcribe el acuerdo de veintiocho de junio del año en curso, a través del cual informa que se ha instruido al personal correspondiente a efecto permitir realizar la consulta electrónica del expediente de amparo número 1392/2022 de su índice. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Jueza Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 398/2020, de su índice, en el cual realizó lo siguiente: i. Dejó sin efectos el emplazamiento realizado al demandado Salvador Barba Quintero -aquí quejoso-; ii. Declaró insubsistente todo lo actuado en los autos del citado sumario; y, iii. Ordenó la reposición del emplazamiento del referido demandado. De lo anterior, toma conocimiento este juzgado federal para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden de ideas, tomando en consideración que uno de los efectos del fallo protector fue para que el actuario adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos -autoridad ejecutora-, realice las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada, remita copia certificada del emplazamiento efectuado al demandado Salvador Barba Quintero -aquí quejoso-, ordenado en acuerdo de veintiséis de junio del año en curso, en el expediente natural. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de desacato, se le impondrá multa de cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Ahora, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1114/2022, promovido por Juana Aguilar Franco, contra actos de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis "CPS Femenil", Morelos, y otras autoridades; por las razones que expone. Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). No se acepta competencia declinada. Al respecto, respetuosamente este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, no acepta la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo de que se trata, atendiendo a las siguientes consideraciones: De la demanda de amparo promovida por Juana Aguilar Franco, por su propio derecho, se advierte que el acto que reclama en particular de la autoridad con residencia en la circunscripción territorial de este juzgado, de acuerdo a lo determinado por el homologo declinante es: "La tortura psicológica y falta de atención médica" Lo anterior porque así lo fijó al otorgar la suspensión de plano a la parte quejosa, en el proveído en el que declinó competencia. Sin embargo, a pesar de que únicamente hizo pronunciamiento respecto a dichos actos atribuidos a la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis "CPS Femenil", Morelos, para declinar la competencia a este juzgado, también remitió la totalidad del expediente, en el que se había señalado a diversos actos y autoridades responsables con residencia en su sede; expediente en el que incluso ya existe dictada una sentencia y un recurso de revisión en el que, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, ordenó reponer el procedimiento, para el efecto de que: "2. . recabe la constancias necesarias para acreditar que a la quejosa ya se le practicaron estudios de laboratorio y ultrasonido abdominal, para la valoración de la vesícula biliar y a que conclusión médica se llegó con esta información. además si ya se le proporcionaron los medicamentos necesarios para su enfermedad. 3. Dé vista a las partes con las constancias que allegó la responsable Jefe de Custodia del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, México, al juicio de amparo indirecto, en el término del artículo 117 de la legislación en cita.". En este sentido, este juzgado de distrito no acepta la competencia declinada en razón de que de la lectura integral de demanda presentada por la quejosa, así como de la ampliación de la demanda, y del contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el juzgado declinante es quien por razón de territorio debe conocer del juicio de amparo que nos ocupa, por las consideraciones que se exponen a continuación. La competencia de toda autoridad jurisdiccional es una cuestión que debe analizarse de oficio, por imperativo del artículo 16 constitucional, que se concreta con la disposición contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Es cierto que la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione, sin embargo, como ya se señaló, existen dos cuestiones por las cuales quien ahora resuelve considera que no corresponde a este juzgado conocer del presente asunto. El primero de ellos se basa en la falta de claridad en cuanto a que, pesar de que únicamente hizo pronunciamiento respecto de los actos atribuidos a la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis "CPS Femenil", Morelos, para declinar la competencia a este juzgado, también remitió la totalidad del expediente, en el que se había señalado a diversas autoridades con residencia en su sede, y en el que incluso ya se encuentra dictada una sentencia y resuelto un recurso de revisión en el que se ordenó reponer el procedimiento. De ahí que no pueda dividirse la continencia de la causa, aunado a que al margen de que se consideró como ampliación a su demanda, ello emergió a partir del traslado de la quejosa al centro penitenciario Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis "CPS Femenil", Morelos, posterior a la admisión de la demanda, resolución del juicio e incluso del recurso de revisión ya mencionado, por lo que respetuosamente se estima que se encuentran íntimamente relacionados. El otro motivo por el cual no se acepta la competencia declinada, lo es porque, los actos reclamados comenzaron a ejecutarse en la residencia del juez declinante, y en ese aspecto el citado artículo 37 de la Ley de Amparo dispone, en su segunda hipótesis, que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, lo que en la especie aquí acontece En ese orden, el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente para conocer del juicio de amparo en la vía indirecta, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; de ahí que si la omisión de la autoridad, tanto la señalada en el escrito inicial de demanda, como de la ampliación de la misma que dio origen a la incompetencia respecto a la que ahora se provee, fueron presentados ante el juez declinante; es evidente que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por una persona recluida en un lugar diverso, contra ese tipo de actos, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese sentido, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada, en razón de que de la lectura integral de la demanda presentada por la parte quejosa, así como del contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el juzgado declinante es quien por razón de territorio debe conocer del juicio de amparo que nos ocupa. Asimismo, dicho ordinal prevé que en el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En vía de orientación apoya a la anterior consideración la tesis 1a./J. 35/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena época, Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 169343, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." En consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado no acepta la competencia declinada por razón de territorio, por lo que se ordena devolver los autos el Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a quien se estima legalmente competente, por ser el que previno en el conocimiento de la misma y quien debe continuar conociendo de ella. Por tanto, sin proveer trámite alguno, ya que el juzgado declinante ya proveyó respecto a la suspensión de plano de los actos reclamados; previo cuaderno de antecedentes que se deje en su lugar, devuélvanse los presentes autos y anexos, solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente. Sin que con lo anterior se desatienda, la Jurisprudencia de rubro: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA." , sin embargo como ya se expuso en párrafos precedentes, el juez declinante ya conoció y resolvió el juicio respecto del reclamo de la parte quejosa, y la incompetencia planteada se dio por el traslado de la reclamante al centro penitenciario con residencia en esta ciudad, y no se advierte que el juzgado referido hubiere escindido la demanda únicamente por los actos que se atribuyen al Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis "CPS Femenil", de ahí que resulten un todo, que debe analizarse de manera integral por quien previno en el conocimiento de la demanda de amparo, de ahí que se estime que debe seguir conociendo del juicio el juez declinante, al no poderse dividir la continencia de la causa. Notifíquese.

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